mercado de deuda

El Gobierno colocó USD 101,2 millones del BONAR 2027 y convalidó una tasa del 5,59% en la reapertura del título

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El Gobierno nacional avanzó este viernes con una nueva colocación de deuda en dólares bajo legislación local, al adjudicar USD 101,20 millones del BONAR 2027 (AO27) en la segunda vuelta de la licitación realizada por la Secretaría de Finanzas. El proceso recibió ofertas por USD 217,82 millones, lo que derivó en un prorrateo del 46,46%, señal de que la demanda superó ampliamente el monto finalmente convalidado por el Tesoro.

La operación fijó un precio de corte de USD 1.011,98 por cada valor nominal de USD 1.000, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,59% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,45%. El resultado consolida la reapertura del título “Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027”, cuyo volumen total en circulación alcanza ahora USD 500 millones de valor nominal.

Más allá del monto relativamente acotado adjudicado, la licitación tiene una lectura política y financiera relevante: el Gobierno vuelve a utilizar instrumentos en moneda dura para medir el apetito del mercado por deuda argentina en un contexto donde la estabilización macroeconómica es uno de los pilares discursivos de la gestión.

La estrategia financiera: reaperturas y control del costo de financiamiento

La operación se inscribe dentro de la estrategia del Ministerio de Economía de reabrir títulos existentes para ampliar el stock en circulación sin lanzar nuevos instrumentos, un mecanismo que busca mejorar la liquidez de los bonos y facilitar su negociación en el mercado.

En este caso, el instrumento elegido fue el BONAR 2027, un bono en dólares que paga cupón del 6% anual y vence el 29 de octubre de 2027. La reapertura permitió sumar USD 100 millones de valor nominal adjudicado, equivalente a USD 101,20 millones de valor efectivo.

El dato central del proceso fue el nivel de demanda: las ofertas alcanzaron USD 217,82 millones, más del doble del monto finalmente adjudicado. La Secretaría de Finanzas decidió aceptar menos de la mitad de lo ofrecido, lo que obligó a aplicar un prorrateo cercano al 46,46%.

Esa decisión revela una lógica habitual en las licitaciones del Tesoro: administrar el volumen emitido para evitar convalidar tasas más altas o alterar la estrategia de financiamiento prevista.

El precio de corte de USD 1.011,98 por cada USD 1.000 de valor nominal indica que el bono se colocó por encima de la par, lo que se traduce en la TIREA del 5,59% que finalmente convalidó el mercado.

Qué lectura deja la licitación para el mercado

Aunque el monto adjudicado no es elevado en términos absolutos, la operación cumple varias funciones dentro del esquema financiero del Gobierno.

Primero, mantener activo el mercado de deuda en dólares bajo legislación local, un segmento que el Tesoro utiliza para captar financiamiento sin recurrir al endeudamiento externo.

Segundo, testear el nivel de demanda de los inversores por instrumentos argentinos en moneda dura. El hecho de que las ofertas hayan duplicado el monto adjudicado sugiere que existe interés por este tipo de activos, al menos en el tramo medio de la curva.

Tercero, ordenar el perfil de vencimientos del Tesoro. Al ampliar el volumen de un bono con vencimiento en 2027, el Gobierno extiende parte de sus compromisos hacia adelante sin concentrarlos en el corto plazo.

La tasa convalidada —5,59% efectiva anual— funciona además como una referencia para el costo de financiamiento en dólares dentro del mercado local.

Finanzas administra la deuda mientras busca consolidar el frente fiscal

La licitación se produce en un momento donde el Gobierno intenta sostener la consistencia fiscal y monetaria como eje de su programa económico. En ese marco, el manejo de la deuda aparece como una pieza central para evitar presiones adicionales sobre el financiamiento del Estado.

El Tesoro ha optado en varias oportunidades por limitar los montos adjudicados incluso cuando la demanda es mayor, una señal que busca transmitir disciplina en la gestión del endeudamiento.

El nuevo volumen del BONAR 2027 en circulación quedó fijado en USD 500 millones de valor nominal, tras la reapertura realizada en esta segunda vuelta.

La operación también forma parte de la dinámica habitual del calendario financiero del Gobierno, donde las licitaciones periódicas permiten refinanciar compromisos y sostener la presencia del Tesoro en el mercado de capitales.

Un indicador más dentro del tablero financiero

En el plano estrictamente financiero, la licitación ofrece una señal sobre el posicionamiento de los inversores frente a la deuda argentina en dólares. Sin embargo, su impacto no se mide solo por el monto colocado, sino por la capacidad del Gobierno para sostener acceso al mercado en condiciones relativamente estables.

La evolución de las próximas licitaciones, el comportamiento de las tasas y la profundidad de la demanda seguirán siendo variables clave para evaluar si el Tesoro logra consolidar un esquema de financiamiento previsible.

Por ahora, el resultado deja un dato concreto: hubo más demanda que oferta, pero el Gobierno optó por administrar el volumen emitido. En un mercado donde cada licitación funciona también como señal política, esa decisión forma parte de una estrategia que todavía está en desarrollo.

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El Gobierno amplía un bono por $100.000 millones para convertir deuda del BCRA y extender vencimientos a 2026

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El Gobierno amplió un bono en pesos por hasta $100.000 millones para convertir deuda del BCRA y extender vencimientos al primer trimestre de 2026

La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas dispusieron la ampliación del Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento en enero de 2026 (BONCAP T30E6) por un monto máximo de $100.000 millones para ejecutar una operación de conversión con el Banco Central. La medida busca administrar los próximos vencimientos de corto plazo y reorganizar el perfil de deuda dentro de los límites autorizados por el Presupuesto vigente.

Reordenamiento de vencimientos: el objetivo central de la Resolución Conjunta 59/2025

La Resolución Conjunta 59/2025, firmada por los secretarios de Hacienda y de Finanzas el 13 de noviembre de 2025, habilita una operación de conversión clave para el ordenamiento financiero del Estado nacional: el canje de instrumentos en manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Tesoro ofrecerá al organismo monetario dos activos:

  • BONCAP T30E6 (bono capitalizable en pesos, vencimiento 30/01/2026)
  • LELINK D16E6 (letra vinculada al dólar, cero cupón, vencimiento 16/01/2026)

A cambio de:

  • LECAP S28N5 (letra capitalizable en pesos, vencimiento 28/11/2025)
  • LELINK D28N5 (letra vinculada al dólar, cero cupón, vencimiento 28/11/2025)

El movimiento traslada vencimientos de noviembre de 2025 hacia enero de 2026, un paso central para evitar concentraciones de pagos en el último tramo del año y reforzar la sostenibilidad del programa financiero, según lo habilitado por el artículo 37 de la Ley 27.701 —presupuesto vigente por prórroga— y su planilla anexa.

La resolución recuerda que la operación se desarrolla bajo el marco del artículo 11 del Decreto 331/2022, incorporado a la Ley 11.672 y actualizado por el Decreto 846/2024, que permite suscribir nueva deuda mediante la entrega de instrumentos públicos preexistentes.

Cómo funciona el canje: precios, metodología y tope financiero

El artículo 1 fija la ampliación del BONCAP T30E6 por hasta $100.000 millones de valor nominal original, solo para concretar el intercambio con el BCRA y exclusivamente bajo las normas de procedimiento de la Resolución Conjunta 9/2019.

El artículo 2 define el mecanismo técnico del canje:

Fecha de realización: 13 de noviembre de 2025

Fecha de liquidación: 14 de noviembre de 2025

Determinación de precios: valores de mercado publicados en BYMA inmediatamente antes de las 13:30, con liquidación 24 horas

Todos los precios se tomarán en pesos, aun para letras vinculadas al dólar

Conversión mediante fórmula matemática que iguala el valor de mercado entregado y recibido, con redondeo a la denominación mínima de cada instrumento

La fórmula incluida en la resolución asegura transparencia contable y equivalencia económica en la operación: VNO BONCAP T30E6 = VNO LECAP S28N5 × (Precio LECAP S28N5 / Precio BONCAP T30E6). VNO LELINK D16E6 = VNO LELINK D28N5 × (Precio en pesos LELINK D28N5 / Precio en pesos LELINK D16E6)

El artículo 3 faculta a las áreas técnicas del Ministerio de Economía a emitir toda la documentación operativa necesaria.

Contexto normativo: un soporte legal construido desde 2022

La Resolución Conjunta 59/2025 opera sobre un marco jurídico amplio. Ley 24.156 (Administración Financiera): regula el sistema de crédito público y exige que toda operación esté prevista en el Presupuesto o en una ley específica. Ley 27.701 (Presupuesto 2023 prorrogado para 2025): autoriza el monto y destino de las operaciones de crédito para el ejercicio. Decretos 436/2023, 56/2023, 23/2024, 280/2024, 594/2024 y 1104/2024: modifican las autorizaciones del artículo 37. Decreto 331/2022 modificado por 846/2024: habilita utilizar deuda pública para suscribir nueva deuda, independientemente de la moneda. Decreto 1344/2007 y Decreto 820/2020: establecen que Hacienda y Finanzas actúan como órganos responsables del sistema de administración financiera.

Este entramado normativo respalda que el Tesoro pueda refinanciar obligaciones de corto plazo mediante conversión voluntaria y sin afectaciones al artículo 65 de la Ley 24.156, que regula renegociaciones compulsivas.

Estabilización del programa financiero y menor presión de corto plazo

El intercambio con el BCRA implica:

Descomprimir vencimientos concentrados en noviembre de 2025, un mes sensible por su proximidad al cierre fiscal.

Extender la vida media de la deuda del Tesoro sin emisión neta significativa, dado que el Estado intercambia títulos con otro ente público.

Sostener la estrategia de normalización financiera basada en instrumentos capitalizables en pesos y letras vinculadas al dólar.

Preservar capacidad de intervención del BCRA, que actualiza su stock de instrumentos sin pérdida patrimonial por diferencias de precio.

Para el sector privado, el mensaje clave es que el Gobierno ordena su curva de vencimientos mientras mantiene un marco operativo alineado con precios de mercado.

El impacto fiscal es acotado y se inscribe dentro de las autorizaciones vigentes, lo cual refuerza la consistencia del programa financiero 2025–2026.

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