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El mercado eléctrico argentino entra en su fase decisiva

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Argentina atraviesa una etapa clave en la transformación de su sistema eléctrico. Las nuevas reglas que comienzan a implementarse buscan reintroducir señales económicas, ordenar incentivos y atraer inversión privada, sin alterar los compromisos contractuales vigentes. Se trata de una transición estructural que podría redefinir el funcionamiento del mercado energético en los próximos años.

El tema fue analizado en el webinar “Mercado Eléctrico: ¿qué hay de nuevo?”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, realizado en el marco de la presentación de la nueva Diplomatura en Sector Eléctrico que impulsa la institución.  El encuentro fue moderado por Oscar Medina y contó con la participación de las especialistas María Fernanda Martínez y Nadia Sager, quienes analizaron el proceso de cambios que atraviesa el sector en el marco de la nueva normativa energética.

Durante el encuentro se explicó que el país se encuentra en una etapa de “normalización adaptada”. El proceso no implica romper con los contratos existentes, pero sí modificar de manera significativa la lógica de funcionamiento del sistema eléctrico, con el objetivo de recuperar señales de mercado y mejorar la eficiencia del sector.

Los mercados eléctricos modernos -con Europa como referencia conceptual- distinguen claramente entre actividades competitivas, como la generación y la comercialización de energía, y aquellas que constituyen monopolios naturales, como el transporte y la distribución. Mientras las primeras pueden operar bajo esquemas de competencia, las segundas continúan bajo regulación estatal.

Este modelo se apoya en dos pilares fundamentalescontratos de largo plazo que permitan financiar inversiones y un mercado spot que funcione como señal coyuntural de escasez o abundancia. En la experiencia internacional, ningún sistema eléctrico se sostiene únicamente con precios diarios para expandir su capacidad. Los contratos de abastecimiento, como los PPA, son considerados una condición necesaria para que los proyectos energéticos puedan financiarse de manera sostenible.

En el caso argentino, el mercado comienza a volver gradualmente a una lógica marginalista, aunque con un esquema de “costo marginal adaptado”. Actualmente, el precio spot proyectado ronda los 50 dólares por MWh, un valor inferior al de años anteriores. Esta situación genera una tensión en el sistema: mientras la demanda observa precios relativamente bajos y posterga la firma de contratos, los generadores requieren valores más altos para justificar nuevas inversiones.

Según los especialistas, esta brecha constituye uno de los principales desafíos de la transición energética. Si las señales económicas no se alinean adecuadamente, el riesgo no es inmediato, pero sí estructural: una menor inversión en generación que podría traducirse en tensiones de abastecimiento hacia el final de la década.

En cambio, si el proceso logra consolidarse, Argentina podría avanzar hacia un mercado eléctrico más competitivo y transparente, con la participación de nuevos actores -como comercializadores, sistemas de almacenamiento y grandes usuarios más activos- y con distribuidoras que asuman un rol más dinámico dentro del sistema.

Otro punto relevante del proceso es el papel de la CAMMESA. Durante la transición, el organismo mantiene funciones contractuales y de administración, aunque el objetivo de mediano plazo es que recupere principalmente su rol técnico-operativo como entidad responsable del despacho eléctrico, reduciendo su papel como gestor comercial centralizado.

La experiencia internacional muestra que ningún marco regulatorio permanece inalterado. Incluso Europa debió introducir ajustes tras la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el principio general se mantienecompetencia en la generación, regulación en las redes, contratos para financiar la expansión y precios que reflejen los costos reales del sistema.

En este contexto, el período de transición entre 2026 y 2029 será determinante para el futuro del sector eléctrico argentino. Lo que hoy aparece como un ajuste técnico podría convertirse, en la práctica, en una redefinición estructural del sistema energético del país.

El mercado ya comenzó a moverse. Ahora resta que las señales terminen de alinearse.

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El Gobierno activa subas en gas, luz y combustibles y recalibra el esquema tarifario en marzo

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Marzo comienza con una señal clara del Ejecutivo: la normalización tarifaria sigue en marcha. El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en gas natural, electricidad y combustibles que impactan desde el 1° de marzo y que, en el caso de los carburantes, se traducen en subas de entre 1% y 1,2% por la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, postergado desde principios de 2024. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema —con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio— y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia que combina reducción de subsidios, recomposición de ingresos en las empresas reguladas y dosificación del impacto inflacionario. La clave política está en ese equilibrio: sostener el sendero de corrección de precios relativos sin detonar una nueva espiral en un insumo transversal a toda la economía.

Regulación y discrecionalidad: cómo se arma la nueva factura

En gas, el aval del Ente Nacional Regulador del Gas permitió a las distribuidoras trasladar mayores costos al usuario final. Los cargos del sistema suben 8%, aunque el efecto en la boleta no es lineal. Depende del área de concesión, de los cuadros tarifarios vigentes y de los beneficios aplicables. En la zona núcleo el impacto es mayor; en áreas frías, más acotado.

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hasta 2,43% de aumento en el Costo Propio de Distribución. Ese componente es solo una parte de la factura, que también incluye el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios, bonificaciones e impuestos locales. Por eso el traslado al usuario será dispar según zona y categoría.

El caso de los combustibles tiene otra lógica. El Gobierno habilitó una porción del impuesto específico, que había sido diferido desde 2024. Aunque el tributo se fija en valores nominales, el impacto final se traduce en un aumento de entre 1% y 1,2%, al que se suman las remarcaciones que definan las petroleras. Desde la desregulación del mercado en 2024, los precios se mueven con mayor libertad y el Ejecutivo dejó de exigir informes públicos sobre actualizaciones. El resultado fue un 2024 con aumentos en 11 de 12 meses y un alza acumulada superior al 42%, por encima de la inflación anual informada por el Indec.

La dosificación impositiva revela la tensión central: recomponer recaudación sin trasladar de una sola vez el peso tributario al surtidor. Es una decisión fiscal con lectura macroeconómica.

Costos, salarios y consumo bajo presión

El encadenamiento es evidente. Energía y combustibles son insumos difundidos. Afectan transporte, producción industrial, logística y servicios. Cada ajuste impacta de manera directa en el gasto fijo de los hogares y de forma indirecta en la estructura de costos del sector productivo.

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), en 2025 los servicios públicos acumularon actualizaciones promedio de hasta 30%, un ritmo menor al shock de 2024 pero alineado con la inflación anual. El peso estimado de estos gastos ronda el 20% del ingreso mensual de los hogares, en un contexto de cuatro meses consecutivos sin mejora del salario real según el Indec.

Para las empresas energéticas y distribuidoras, la señal es de continuidad regulatoria. El esquema busca garantizar ingresos operativos y previsibilidad en la inversión. Para los consumidores, el efecto es más inmediato: mayor proporción del ingreso destinada a tarifas y combustibles, con menor margen para consumo discrecional.

El Gobierno intenta evitar un salto brusco que reavive expectativas inflacionarias. Sin embargo, la suma de ajustes parciales termina configurando una presión acumulativa. No es un shock único; es una secuencia.

Señales al mercado y clima político

La decisión consolida el rumbo de corrección tarifaria iniciado el año pasado. No hay congelamientos ni interrupciones en el proceso de recomposición de precios relativos. El Ejecutivo muestra coherencia con su política de reducción de subsidios y desregulación, pero también administra tiempos y porcentajes para evitar desbordes macroeconómicos.

El mensaje al mercado energético es de previsibilidad. El mensaje a los hogares es más complejo: la normalización continúa en un escenario donde el poder adquisitivo todavía no acompaña. Esa tensión define el clima económico del primer trimestre.

Marzo abre con tarifas en alza y con un esquema que combina regulación, impuestos y mercado. El impacto pleno se medirá en las próximas mediciones de inflación y en la dinámica del consumo. Por ahora, el ajuste avanza por tramos.

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El ENRE avala el nuevo control en Transnoa y Transnea y redefine el mapa eléctrico del norte

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La Resolución 83/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convalidó el cambio de control societario sobre Elecnorte S.A., llave accionaria de Transnoa y accionista relevante de Transnea. La operación, cerrada el 3 de septiembre de 2025, deja a Diego Héctor Castro y Melitón López en una posición decisiva sobre el transporte de energía en el NOA y el NEA. El dato central: Elecnorte posee el 57,76% de Transnoa y el 27,43% de las acciones clase A de Transnea. La señal es clara: el regulador habilita una concentración indirecta en un segmento estratégico del sistema eléctrico.

El movimiento no es menor. En un sector donde el transporte de energía opera bajo concesiones monopólicas regionales y fuerte regulación, cada cambio accionario exige una doble validación: la sectorial y la de competencia. Con la publicación en el Boletín Oficial, el ENRE cerró la instancia eléctrica de un proceso que se tramitó bajo el expediente de concentración económica “Conc. 2058”, activado tras la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La decisión ordena el tablero en el norte argentino, pero también abre una etapa de observación política y económica sobre cómo se administrará ese poder.

El marco regulatorio y la ingeniería societaria detrás del cambio

El eje formal de la operación fue la venta del 100% del capital social de Asisnort S.A. a favor de CO Desarrollo S.A. y Latam Inversores S.A., vehículos societarios vinculados a Castro y López. A través de esa adquisición en partes iguales, los empresarios tomaron control mayoritario indirecto de Elecnorte S.A., la sociedad que concentra la participación decisiva en las transportistas del norte.

Elecnorte posee: El 57,76% del capital de Transnoa S.A. El 27,43% de las acciones clase A de Transnea S.A.

En términos prácticos, eso implica manejar la empresa que define la estrategia en el transporte troncal del Noroeste Argentino y tener un peso determinante en la red del Noreste.

El ENRE evaluó la transacción bajo dos criterios clásicos del marco regulatorio eléctrico: Capacidad técnica de los adquirentes. Impacto sobre la competencia y la concentración del mercado.

    El organismo concluyó que la operación no vulnera los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 24.065 ni las incompatibilidades previstas en los pliegos de concesión. También sostuvo que no genera un aumento “indebido” en la concentración del mercado de transporte eléctrico.

    El regulador, sin embargo, dejó una nota lateral relevante: no se pronunció sobre un tramo vinculado a Norte Grande Eléctrico S.A., porque transferencias previas no habían sido oportunamente autorizadas. Ese detalle técnico revela que la arquitectura societaria fue más amplia que el núcleo formal aprobado.

    La aprobación, en todo caso, legitima el nuevo esquema de control. A partir de ahora, la responsabilidad sobre la gestión y las inversiones en las redes de alta tensión del norte tendrá nombres propios en el vértice decisorio.

    Transporte eléctrico: concentración permitida en un mercado monopólico

    El transporte de energía no es un mercado competitivo en sentido clásico. Cada empresa opera en un área de concesión exclusiva. Transnoa cubre la red troncal del NOA; Transnea cumple un rol equivalente en el NEA. Son monopolios regulados por definición.

    Eso cambia la naturaleza del análisis económico. La pregunta no es si habrá competencia en precios, sino cómo incide el nuevo control sobre variables como: Nivel de inversión en infraestructura. Mantenimiento de líneas y estaciones transformadoras. Calidad del servicio. Capacidad de respuesta ante fallas. Relación con las provincias y usuarios.

    En los últimos años, gobiernos provinciales y organismos de defensa de usuarios señalaron fallas recurrentes y déficits de inversión en el sistema del norte. En ese contexto, la concentración indirecta en manos de un mismo núcleo empresario puede tener dos lecturas opuestas.

    Por un lado, un control consolidado puede facilitar decisiones de inversión coordinadas y una estrategia más clara de expansión o modernización. Por otro, reduce la dispersión de poder económico en un segmento clave del sistema energético y fortalece la capacidad negociadora privada frente al Estado.

    La resolución del ENRE sostiene que no hay afectación indebida de la competencia. Pero en un mercado monopólico, la discusión real no es la competencia horizontal sino el equilibrio entre regulador y concesionario

    Señal política y mapa de poder eléctrico

    La aprobación de la operación no solo valida una compraventa. También envía una señal institucional: el regulador acepta una reconfiguración accionaria significativa siempre que se encuadre en la Ley 24.065 y supere el filtro técnico y de competencia.

    En términos políticos, el mensaje al mercado es de previsibilidad normativa. El Estado no bloquea el ingreso de nuevos controlantes si cumplen requisitos formales y técnicos. Eso reduce incertidumbre regulatoria en un sector donde las inversiones dependen de horizontes largos y reglas estables.

    Sin embargo, la concentración indirecta de control en Transnoa y la influencia relevante en Transnea reconfigura el mapa de poder del transporte eléctrico del norte. Provincias con sistemas frágiles y antecedentes de conflictos por cortes y colapsos de tensión observarán de cerca el desempeño de la nueva conducción.

    El desafío ahora no es jurídico, sino operativo. El expediente regulatorio está cerrado. La discusión económica empieza con la próxima ola de inversiones, los planes de mantenimiento y la respuesta ante fallas.

    El ENRE ya fijó su posición: la operación respeta la ley y no altera la competencia de manera indebida. El mercado tomó nota. Las provincias y los usuarios esperan otra cosa: resultados concretos en la red.

    La verdadera prueba del nuevo esquema no estará en la Resolución 83/2026, sino en la capacidad de transformar poder accionario en infraestructura efectiva.

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    El Gobierno adjudicó las concesiones hidroeléctricas clave

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    El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de las acciones y concesiones de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2124/2025, consolida uno de los procesos de privatización energética más relevantes de los últimos años, con un impacto directo en la estructura del mercado eléctrico, las finanzas públicas y la relación entre Nación y provincias productoras de energía.

    La resolución fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre como suplemento. Establece los adjudicatarios definitivos, los montos de venta de los paquetes accionarios, la aprobación de los contratos de transferencia y concesión, y fija el cronograma de toma de posesión a partir del 8 de enero de 2026.

    Un proceso de privatización anclado en la reforma del sector energético

    El esquema aprobado por el Ministerio de Economía se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, además de una serie de decretos que habilitaron la reversión de las concesiones hidroeléctricas y la posterior privatización de las sociedades creadas para administrarlas. En ese marco, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir cuatro sociedades anónimas específicas para cada complejo, con una participación accionaria inicial del 98% para ENARSA y del 2% para NASA.

    Posteriormente, la Ley 27.742 declaró sujetas a privatización a ambas empresas, habilitando la venta total o parcial de sus activos. El Decreto 286/2025 autorizó la privatización total de ENARSA mediante la separación de unidades de negocio, mientras que el Decreto 695/2025 avanzó con la privatización parcial de NASA. En paralelo, el Decreto 718/2024 dispuso la venta del paquete accionario mayoritario de las nuevas sociedades hidroeléctricas a través de un concurso público competitivo, nacional e internacional.

    La Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al proceso licitatorio, aprobó el pliego de bases y condiciones y fijó el cronograma, que luego fue ajustado mediante resoluciones complementarias. Tras la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Gobierno avanzó primero con la preadjudicación y finalmente con la adjudicación definitiva mediante la Resolución 2124/2025.

    Quiénes se quedan con los complejos y por cuánto dinero

    La resolución detalla con precisión los adjudicatarios y los montos comprometidos para cada complejo hidroeléctrico, todos expresados en dólares estadounidenses:

    • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al consorcio integrado por Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por un monto total de USD 162.040.002,17.
    • El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al grupo conformado por BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Green Energy S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
    • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al mismo consorcio que Alicurá, por USD 64.174.002,32.
    • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada a Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

    En todos los casos, la resolución precisa la distribución de las acciones clase A, B y C, y establece que los adjudicatarios deberán transferir el precio correspondiente antes del 6 de enero de 2026 a la cuenta indicada por la Tesorería General de la Nación. La toma de posesión de los complejos fue fijada para el 8 de enero de 2026 a las 12:00 horas.

    Impacto económico, institucional y proyección del mercado eléctrico

    Desde el punto de vista fiscal, el proceso apunta a maximizar los ingresos para el Estado nacional, criterio que fue validado a partir de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Según los considerandos de la resolución, los precios ofertados superaron incluso los escenarios proyectados en dicha valuación, reforzando el argumento oficial de razonabilidad económica de la operación.

    En términos institucionales, la medida consolida el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del proceso de privatización, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía. También implica un reordenamiento en la relación con las provincias de Neuquén y Río Negro, cuyos representantes participaron en la suscripción de los contratos de transferencia.

    Para el sector eléctrico, la adjudicación redefine el mapa de operadores privados en generación hidroeléctrica, con efectos potenciales sobre inversiones, mantenimiento de infraestructura y estrategias de largo plazo en un segmento clave del sistema energético argentino. La entrada en vigencia inmediata de la resolución y el cronograma acelerado de traspaso marcan una señal clara de continuidad en la política de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

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    Privatización energética: el Gobierno preadjudica centrales hidroeléctricas a Central Puerto, Edison y BML

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    El Gobierno preadjudicó las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila por más de USD 700 millones. La firma de contratos será en Cipolletti el 22 de diciembre

    El Ministerio de Economía formalizó la preadjudicación del Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2059/2025, consolida uno de los procesos más relevantes de privatización energética del año, con impactos directos sobre el mercado eléctrico, las cuentas públicas y la estrategia de desinversión del Estado nacional.

    La resolución, firmada el 18 de diciembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires por el ministro Luis Andrés Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa del procedimiento licitatorio y define los oferentes preadjudicatarios, los montos comprometidos, el orden de mérito y la estructura accionaria que regirá tras la transferencia.

    Marco normativo y antecedentes: reversión de concesiones y privatización

    El proceso se inscribe en un entramado normativo amplio, que combina las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, junto con una serie de decretos y resoluciones dictadas entre 1993 y 2025. Las concesiones originales de los complejos hidroeléctricos fueron otorgadas por los decretos 1661/1993 y 2665/1993, mientras que la actual etapa responde a la necesidad de revertir esas concesiones y redefinir su explotación.

    Con ese objetivo, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir sociedades específicas para asumir transitoriamente la generación eléctrica. Así nacieron Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A., con un esquema accionario del 98% en manos de ENARSA y 2% de NASA.

    La Ley 27.742 declaró a ambas empresas sujetas a privatización, en línea con la Ley 23.696, y los decretos 286/2025 y 695/2025 habilitaron la privatización total de ENARSA y parcial de NASA. En ese marco, el Decreto 718/2024 dispuso la realización de un Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades hidroeléctricas.

    El concurso, las ofertas y los montos preadjudicados

    El procedimiento licitatorio, identificado como Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25, avanzó con la apertura de sobres a través de la plataforma CONTRAT.AR. El 7 de noviembre de 2025 se abrieron las ofertas técnicas (Sobre N°1), y el 28 de noviembre de 2025, las ofertas económicas (Sobre N°2).

    Tras la evaluación de la Comisión Evaluadora “ad hoc” y la intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, el Ministerio resolvió preadjudicar:

    • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°1)
      A Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por USD 162.040.002,17.
    • Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°2)
      A BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Energy Green S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
    • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°3)
      A Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por USD 64.174.002,32, luego de una instancia de mejora de precios.
    • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°4)
      A Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

    En conjunto, las preadjudicaciones totalizan más de USD 700 millones, un ingreso relevante para el Tesoro en un contexto de consolidación fiscal y reducción del peso del Estado en la actividad empresaria.

    Impacto económico, energético e institucional

    La resolución también desestimó ofertas consideradas “precio vil o no serio”, como las presentadas por Hidroeléctrica Futaleufú S.A., Genneia S.A. y Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. para determinados renglones, y fijó con precisión la estructura accionaria que regirá tras la transferencia: en Alicurá y Cerros Colorados, Edison Holding S.A. adquirirá el 100% de las acciones; en El Chocón, BML Energía S.A. concentrará el 99%; y en Piedra del Águila, Central Puerto S.A. controlará la totalidad del capital.

    Desde una perspectiva económica, la operación redefine el mapa del mercado eléctrico argentino, al transferir activos estratégicos de generación hidroeléctrica a operadores privados con fuerte presencia en el sector. En términos fiscales, se alinea con la política de privatizaciones impulsada por la Ley 27.742, orientada a reducir el déficit, obtener recursos extraordinarios y disminuir la exposición del Estado a riesgos operativos.

    En el plano institucional, el proceso refuerza el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, conforme al Decreto 695/2024, y deja en manos de la Secretaría de Energía la firma de los contratos de concesión y transferencia, prevista para el 22 de diciembre de 2025 en Cipolletti, provincia de Río Negro. Los contratos adquirirán vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

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