Privatización de ENARSA: el Gobierno avanza con tres ofertas y activa la fase decisiva por el control de Transener
El Gobierno dio un paso concreto en la privatización de activos energéticos al aprobar, el 24 de abril mediante la Resolución 540/2026, la preselección de tres ofertas para la venta de las acciones de CITELEC, controlante de TRANSENER. La decisión, firmada por el Ministerio de Economía, ordena avanzar hacia la apertura de las ofertas económicas el 28 de abril a las 10:00. El dato no es menor: se trata de una pieza central del sistema eléctrico nacional. La pregunta que se abre es si este movimiento consolida el esquema de desinversión estatal o si tensiona el equilibrio entre regulación y control de infraestructura crítica.
Del mandato legal a la ejecución operativa
La operación se inscribe en el marco de la Ley 27.742, que declaró a ENARSA sujeta a privatización, y en la estrategia definida por el Decreto 286/2025, que habilitó un proceso por etapas. En esta primera fase, el foco está puesto en la venta del 50 % de participación que la empresa estatal posee en CITELEC, sociedad que controla el 52,65 % del capital accionario de TRANSENER, concesionaria del transporte de energía eléctrica en alta tensión.
El procedimiento elegido —concurso público nacional e internacional— no prevé preferencias para empleados ni programas de propiedad participada. Es una señal clara sobre el tipo de modelo que se busca implementar: apertura competitiva y sin mecanismos de reparto interno.
El 14 de abril se concretó la apertura del Sobre N° 1, con tres ofertas recibidas. Tras el análisis técnico, la Comisión Evaluadora recomendó la preselección de todas ellas, al verificar el cumplimiento de los requisitos del pliego. No hubo impugnaciones dentro del plazo previsto, lo que despeja el camino hacia la siguiente instancia.
Quiénes siguen en carrera y qué está en juego
Los oferentes que avanzan a la etapa económica son tres:
- CENTRAL PUERTO S.A.
- El consorcio integrado por EDISON TRANSMISIÓN S.A. y GENNEIA S.A.
- EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR)
La resolución no introduce cambios en el esquema del proceso, pero sí formaliza un punto de inflexión: a partir de ahora, la competencia se traslada al terreno de las propuestas económicas, donde se definirá quién accede a una posición clave dentro del sistema de transporte eléctrico.
El activo en disputa no es menor. A través de CITELEC, el futuro adjudicatario tendrá influencia directa sobre TRANSENER y, de manera indirecta, sobre otras compañías vinculadas al transporte eléctrico, incluso con proyección internacional.
Energía, mercado y Estado
El avance del proceso fortalece la hoja de ruta del Gobierno en materia de privatizaciones, con un esquema que combina decisión política y ejecución técnica. La ausencia de impugnaciones en esta etapa sugiere, al menos en lo formal, un proceso ordenado y sin conflictos visibles entre los actores participantes.
Al mismo tiempo, el movimiento reconfigura el mapa de poder en el sector energético. La eventual salida del Estado de una posición relevante en la red de alta tensión abre interrogantes sobre la futura articulación entre operadores privados y organismos regulatorios.
Desde el punto de vista económico, la operación también pone en juego el control de un segmento estratégico del sistema eléctrico, donde la estabilidad operativa y la inversión en infraestructura son variables sensibles. El diseño del proceso —con etapas, evaluación técnica previa y apertura económica diferida— busca reducir incertidumbre, pero no elimina los riesgos asociados a la transición.
La hora de las ofertas y las señales del mercado
El 28 de abril será una fecha clave. La apertura del Sobre N° 2 definirá no solo quién presenta la mejor oferta, sino también qué tipo de valoración hace el mercado sobre activos energéticos en un contexto de reconfiguración estatal.
A partir de ese momento, el proceso entrará en su fase más visible, donde la decisión final tendrá impacto directo en la estructura del sector eléctrico. También será una señal hacia otros procesos de privatización en marcha o en evaluación.
Quedan variables abiertas: el nivel de competencia real entre oferentes, las condiciones finales de adjudicación y el margen de intervención estatal futura. La política energética vuelve a cruzarse con la lógica de mercado, en un terreno donde cada movimiento redefine equilibrios.
