Sturzenegger y los inmobiliarios en un tenso cara a cara por la desregulación
La desregulación inmobiliaria avanza y encendió una fuerte alarma en todo el país. Representantes de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) mantuvieron una reunión tensa con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para intentar frenar la intención del Gobierno nacional de eliminar las restricciones al corretaje inmobiliario y permitir que cualquier persona pueda operar en el sector sin necesidad de matrícula profesional.
El vicepresidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Jorge Alberto Pighin, describió el encuentro como “duro” y con posiciones prácticamente irreconciliables. Según explicó, desde el Ministerio sostienen una visión cerrada sobre la desregulación, basada en el principio de que el Estado no debe impedir que nadie trabaje.
“La idea de ellos es que el Estado no tiene por qué prohibirle a nadie trabajar, entonces cualquiera va a poder hacer el corretaje”, resumió Pighin tras la reunión, dejando en claro que la postura oficial no mostró margen para modificaciones sustanciales.
Durante el encuentro, los representantes del sector defendieron la permanencia de los colegios profesionales y remarcaron que no representan un costo para el Estado nacional. Además, argumentaron que cumplen una función central en materia de seguridad jurídica, control ético y prevención de estafas, especialmente en operaciones de alto valor como las inmobiliarias.
Uno de los puntos centrales fue la defensa del sistema de matriculación profesional. Desde FIRA explicaron que la mayoría de las estafas inmobiliarias provienen de personas no matriculadas y que los tribunales de ética y disciplina permiten actuar rápidamente frente a irregularidades.
“El 95% de todo lo que es estafa viene por parte de personas que no están matriculadas”, sostuvo Pighin. Aunque reconoció que también existen casos de matriculados involucrados en fraudes, afirmó que representan una porción mínima y que justamente el sistema colegiado permite sancionarlos.
También se expuso la experiencia comparada con Estados Unidos, particularmente con Florida, donde existen esquemas de formación rápida pero siempre bajo supervisión de un broker habilitado. Según explicó, incluso allí existe un marco regulatorio que protege al consumidor y evita la total liberalización del corretaje.
Otro de los argumentos que se planteó fue la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables frente a posibles fraudes, especialmente adultos mayores, que suelen ser quienes realizan operaciones inmobiliarias y muchas veces quedan expuestos a maniobras fraudulentas a través de redes sociales.
“La mayor parte de las personas que reciben estafas a través de redes sociales son personas de 55 años hacia adelante, que son quienes compran inmuebles. Tenemos que cuidar a nuestros ancianos”, enfatizó.
Pese a la firme defensa del sector, el Gobierno mantuvo su postura y ratificó que no dará marcha atrás con la desregulación. Según relató Pighin, el ministro dejó entrever que el cambio podría avanzar por vía legislativa y no necesariamente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, lo que abriría una nueva etapa de disputa política en el Congreso.
Frente a ese escenario, desde los colegios inmobiliarios ya analizan una estrategia parlamentaria para bloquear el avance de la iniciativa. La prioridad ahora será trabajar con diputados provinciales y legisladores nacionales para evitar que cualquier proyecto de desregulación avance en comisiones.
“Las provincias van a seguir teniendo potestad, pero ya tenemos que empezar a trabajar con los diputados de cada provincia para que esto no pase”, sostuvo Pighin. En eso ya están los colegios provinciales, como el de Misiones, que lidera Mariela Amarilla, quien ya se puso en contacto con diputados provinciales y nacionales.
La discusión excede al sector inmobiliario y se inscribe en la avanzada general de desregulación impulsada por el Gobierno nacional, que busca eliminar colegiaciones obligatorias y reducir la intervención estatal en distintas actividades profesionales. En este caso, sin embargo, los corredores advierten que no se trata de una simple liberalización económica, sino de una cuestión de resguardo patrimonial y seguridad jurídica para millones de argentinos.
