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Reforma laboral: Moody’s advierte por los costos de transición y un impacto gradual en el empleo

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La calificadora de riesgo Moody’s consideró que la reforma laboral aprobada en Argentina mejora el clima de inversión y reduce rigideces estructurales del mercado de trabajo, pero advirtió que su implementación implicará costos de transición económicos y sociales, especialmente en el corto plazo.

En su último informe, la agencia señaló que el cambio en las reglas de contratación, despido e indemnizaciones apunta a reducir la informalidad laboral y mejorar la productividad, aunque remarcó que los beneficios no serán inmediatos.

Según Moody’s, la reforma podría generar inicialmente ajustes en el mercado laboral, incluyendo mayores despidos en algunos sectores mientras las empresas se adaptan al nuevo esquema normativo y al proceso de estabilización macroeconómica.

“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre sectores”, señaló el reporte, que también menciona riesgos de litigios laborales, resistencia sindical y desafíos de implementación.

Ajustes en el empleo y reconfiguración del mercado laboral

La calificadora explicó que los cambios en el sistema de indemnizaciones, la extensión de los períodos de prueba y la creación de nuevos mecanismos de cese laboral reducen costos para las empresas, pero implican una etapa de reorganización del mercado laboral.

Ese proceso podría traducirse en reacomodamientos empresariales y despidos en sectores que todavía atraviesan procesos de ajuste, en un contexto de consolidación fiscal y desaceleración económica.

El informe también remarca que el empleo formal privado en Argentina permanece prácticamente estancado desde 2010, mientras que la informalidad continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el tercer trimestre de 2025 el trabajo informal representó 43,3% del total del empleo, una proporción que limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y debilita los sistemas de seguridad social.

Impacto fiscal y presión sobre el sistema previsional

Uno de los principales costos de transición identificados por Moody’s está vinculado al frente fiscal.

El informe estima que las contribuciones a la seguridad social podrían caer entre 0,3% y 0,4% del PBI, debido a que una parte de los aportes patronales que antes se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social será redirigida al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado por la reforma.

Aunque el impacto fiscal directo sería manejable bajo el actual esquema de déficit cero impulsado por el gobierno de Javier Milei, la calificadora advirtió que en el corto plazo podría aumentar la presión sobre el sistema previsional nacional.

Ese efecto también podría trasladarse a las provincias que mantienen regímenes jubilatorios propios, cuyos equilibrios financieros dependen en parte de las transferencias de la ANSES.

Sectores con mayor impacto

En términos sectoriales, Moody’s sostiene que los principales beneficiarios de la reforma serán actividades intensivas en mano de obra, como construcción, manufactura, agroindustria y servicios.

La flexibilización de los convenios colectivos, la reducción de litigios laborales y la mayor previsibilidad en los costos de despido podrían mejorar la rentabilidad empresarial y favorecer nuevas inversiones.

Sin embargo, la calificadora remarcó que los beneficios dependerán de la estabilidad macroeconómica, la reglamentación de la ley y la interpretación judicial, factores que determinarán la velocidad real de los cambios en el mercado laboral.

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Récord de precariedad: más de 6 millones de argentinos trabajan en condiciones de desprotección laboral

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La Argentina alcanzó un nuevo máximo en precariedad laboral. Según el Indicador de Trabajo Desprotegido (IAG), elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), más de 6 millones de personas se desempeñan en puestos de baja calidad laboral, el nivel más alto desde que el INDEC publica esta serie en 2016. El dato refleja un deterioro estructural del mercado de trabajo, con fuerte impacto en jubilados y trabajadores mayores.

La dinámica del empleo argentino volvió a encender señales de alerta. Los datos correspondientes al tercer trimestre de 2025, comparados con igual período de 2023, muestran un fuerte avance de los puestos laborales desprotegidos, en contraste con un crecimiento mucho más moderado del empleo formal.

El saldo es elocuente:

  • +357.000 puestos desprotegidos
  • +164.000 puestos protegidos
  • -312.000 empleos en el sector público

Por primera vez, la cantidad de trabajadores en situación de desprotección supera los 6 millones de personas, rompiendo el techo histórico de la serie iniciada en 2016.

Qué mide el Indicador de Trabajo Desprotegido

El IAG busca identificar a los trabajadores —asalariados y cuentapropistas— que se desempeñan en ocupaciones de baja calidad. Para su construcción se toman en cuenta variables como:

  • La inexistencia de capital propio (por ejemplo, no contar con un vehículo o herramientas de trabajo).
  • El tamaño de la empresa en la que se trabaja.
  • La estabilidad o antigüedad en la actividad.
  • La inserción en microemprendimientos de muy baja escala.

El objetivo es ir más allá de la dicotomía formal-informal y detectar situaciones de fragilidad estructural dentro del mercado laboral.

El fenómeno golpea con más fuerza a los mayores de 66 años

Uno de los datos más preocupantes del informe es el fuerte crecimiento del trabajo desprotegido entre las personas de 66 años o más. En ese segmento etario, la cantidad de trabajadores en condiciones precarias creció un 27% respecto al tercer trimestre de 2023.

Además, en ese mismo grupo aumentó significativamente la tasa de actividad: más jubilados trabajan o buscan empleo.

El fenómeno refleja un deterioro sostenido del poder adquisitivo de los ingresos previsionales, en un contexto de suba desproporcionada de rubros que tienen alto peso en la canasta de los adultos mayores, como:

  • Medicamentos.
  • Cuotas de medicina prepaga.
  • Servicios esenciales.

El incremento del trabajo en edades avanzadas, en muchos casos bajo condiciones de baja calidad, evidencia una estrategia de supervivencia más que una elección voluntaria de permanencia laboral.

Un mercado laboral más frágil

El contraste entre el crecimiento de los puestos desprotegidos y la caída del empleo público configura un escenario de mayor vulnerabilidad estructural. El empleo crece, pero lo hace en segmentos de menor estabilidad, menor capitalización y mayor exposición a ciclos económicos adversos.

El récord de más de 6 millones de trabajadores en condiciones de desprotección no sólo marca un dato estadístico: consolida una tendencia de precarización que tensiona el sistema previsional, reduce la capacidad de consumo y amplía las brechas sociales.

La fotografía del tercer trimestre de 2025 deja un mensaje claro: el problema del empleo en la Argentina ya no es únicamente la desocupación, sino la calidad del trabajo disponible.

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Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

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En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

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La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y echará a más de 900 empleados

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El cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate no es solo el final de una empresa histórica: es la postal más contundente del retroceso industrial que atraviesa la Argentina. Con 920 despidos y el cese total de actividades en su planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, la firma de más de 80 años de trayectoria se convierte en uno de los símbolos más fuertes del actual ciclo económico.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”, informó la compañía en un comunicado oficial, en el que atribuyó la decisión a “los cambios en las condiciones de mercado”.

La empresa, que fue pionera en abastecer neumáticos radiales a la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, arrastraba años de crisis por caída de ventas, conflictos gremiales y pérdida de mercados de exportación.

Pero el impacto del cierre excede a la firma. Se produce en un contexto en el que el sistema productivo argentino viene reduciéndose a una velocidad sostenida.

La salida de Fate del mapa productivo no ocurre en el vacío. Se inscribe en un proceso más amplio de contracción del entramado empresario formal que viene profundizándose desde fines de 2023. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el sistema perdió 21.938 empleadores registrados. En el mismo período, el número de trabajadores formales cubiertos cayó en 290.602 personas. Si en noviembre de 2023 había 512.357 empresas y 9.857.173 trabajadores, dos años después los registros muestran 490.419 empleadores y 9.566.571 trabajadores. Solo en noviembre último el cierre neto fue de 892 empresas, y en los primeros once meses de 2025 la pérdida acumulada alcanzó a 9.722 empleadores.

La construcción aparece como el sector más golpeado por el freno de la obra pública y la retracción de la inversión privada, pero la industria manufacturera también viene mostrando señales persistentes de debilidad. En ese contexto, el caso Fate adquiere una dimensión simbólica: no se trata de una pyme marginal, sino de una firma con liderazgo tecnológico, presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina, y un rol estratégico dentro del complejo automotriz argentino.

La crisis de la compañía no comenzó este año. En 2019 aplicó una reducción de 450 puestos y volvió a ajustar en 2021 y 2022. En julio de 2024 solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados externos. La empresa sostuvo entonces que la demanda interna se había desplomado un 30% y que acumulaba pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en el primer semestre de 2024. En mayo de ese mismo año ya había anunciado cerca de 200 despidos para adecuar su estructura. Entre los factores señalados figuraban los elevados costos de producción, la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, la deficiente infraestructura, los sobrecostos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial.

El cierre de Fate deja así una doble lectura. Por un lado, el drama inmediato de casi mil trabajadores que pierden su empleo. Por otro, la confirmación de una tendencia estructural: la economía argentina atraviesa una etapa de fuerte reducción de su base empresaria formal. Con casi 22 mil empleadores menos en dos años, la pregunta que comienza a instalarse no es solo cuántas compañías más resistirán el nuevo escenario, sino qué perfil productivo quedará en pie una vez que el ajuste termine de reconfigurar el mapa industrial del país.

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El empleo se vuelca al cuentapropismo y redibuja el mala laboral urbano

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El mercado de trabajo argentino en los principales centros urbanos cambió de forma silenciosa, pero profunda. Entre el tercer trimestre de 2016 y el mismo período de 2025, el empleo por cuenta propia avanzó con mayor dinamismo que el trabajo asalariado y terminó reconfigurando la estructura ocupacional en los 32 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Hoy, sobre un total de 13,6 millones de ocupados urbanos, el 24,5% trabaja por cuenta propia, mientras que el 71,9% lo hace en relación de dependencia. En 2016, la proporción era distinta: los asalariados representaban el 75,4% y los cuentapropistas apenas el 20,5%. En menos de una década, el empleo independiente ganó 4,1 puntos porcentuales y el asalariado perdió 3,6.

La tendencia no fue lineal, pero sí persistente. Entre 2016 y 2020 el cuentapropismo creció de manera ininterrumpida, alcanzando el 25% del total en plena pandemia. Luego, entre 2021 y 2023, el empleo asalariado recuperó terreno, pero el ciclo volvió a invertirse en 2024 y 2025. En los últimos dos años el trabajo independiente sumó tres puntos porcentuales y se ubicó en su segundo nivel más alto de toda la serie histórica, solo por debajo del pico excepcional de 2020.

La transformación también se observa en números absolutos. En 2016 había 2,3 millones de cuentapropistas en los aglomerados urbanos; en 2025 son 3,3 millones: un crecimiento del 42,2%. En cambio, los asalariados pasaron de 8,7 millones a 9,8 millones, una suba del 13%. Más aún: el máximo histórico de empleo asalariado fue en 2023, con 10 millones de trabajadores. Desde entonces retrocedió 2,5%, mientras el cuentapropismo volvió a expandirse con fuerza.

(*) Incluye Patrones y Trabajadores familiares sin remuneración. Fuente: Politikon Chaco en base EPH-INDEC.

El fenómeno no es homogéneo. El mapa territorial revela diferencias marcadas. En el tercer trimestre de 2025, Mar del Plata encabeza el ranking con 32,5% de cuentapropistas sobre el total de ocupados. Le siguen Posadas (32,0%) y Gran Resistencia (30,7%). En el extremo opuesto, Río Gallegos registra apenas 9,2%, el único aglomerado con participación de un dígito, acompañado por Ushuaia-Río Grande con 14,5%.

La comparación entre 2016 y 2025 muestra que el avance fue particularmente intenso en el NEA. Gran Resistencia incrementó su cuentapropismo en 14,3 puntos porcentuales y Posadas en 11 puntos. En ambas ciudades, prácticamente uno de cada tres trabajadores urbanos es hoy independiente. Solo cinco aglomerados redujeron la participación del trabajo por cuenta propia en el período, entre ellos Santa Rosa-Toay y Río Cuarto.

El dato de fondo es que el cuentapropismo volvió a consolidarse como válvula de ajuste del mercado laboral urbano. Ya no se trata únicamente de un fenómeno asociado a la pandemia o a episodios coyunturales de crisis, sino de una modalidad que gana espacio estructuralmente frente al empleo asalariado.

La pregunta hacia adelante no es solo cuánto crece el empleo, sino bajo qué forma lo hace. El aumento del trabajo independiente puede reflejar dinamismo emprendedor, pero también fragilidad del mercado formal. Lo cierto es que, en muchas ciudades argentinas, el empleo dejó de expandirse principalmente a través del salario y comenzó a hacerlo, cada vez más, a través de la cuenta propia.

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