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Cosecha de pimientos en El Alcázar refuerza arraigo rural y desarrollo económico local

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La productora local Carmen Estachesen alcanzó un hito clave en su actividad agrícola al concretar una cosecha de pimientos fruto de un proyecto hortícola desarrollado de manera gradual en su chacra. La iniciativa, respaldada por el Ministerio de Agricultura Familiar y articulada con el municipio y el mercado de la soberanía alimentaria de El Alcázar, no solo garantiza continuidad productiva, sino que también promueve el arraigo rural y la generación de ingresos en la comunidad.

Articulación institucional y apoyo comunitario

Según explicaron desde el Ministerio de Agricultura Familiar, el proyecto contó con acompañamiento técnico y logístico permanente, lo que permitió consolidar la producción bajo estándares de sostenibilidad y eficiencia. “La coordinación con el municipio y la participación activa de las integrantes del mercado de la soberanía alimentaria fueron fundamentales para fortalecer la propuesta productiva y asegurar su continuidad en el tiempo”, destacaron desde el organismo provincial.

El proyecto se inscribe dentro de un marco de políticas públicas orientadas a la Agricultura Familiar, con énfasis en la provisión de recursos, capacitación técnica y promoción de la organización comunitaria. Este enfoque permite a los productores locales no solo mejorar la productividad de sus chacras, sino también acceder a canales de comercialización que favorecen el circuito local de alimentos frescos.

Impacto económico y social en la región

La cosecha de pimientos, destinada principalmente al consumo interno y la venta en mercados locales, constituye un ejemplo de cómo la articulación entre productores, Estado y comunidad puede generar beneficios económicos directos para las familias. La estrategia busca fomentar el arraigo rural, reducir la migración hacia centros urbanos y consolidar un modelo de producción familiar sustentable.

Especialistas en desarrollo rural señalan que iniciativas como la de Carmen Estachesen fortalecen la economía regional, al promover la diversificación de cultivos y abrir posibilidades de generación de ingresos complementarios. Además, se destaca el efecto multiplicador que tiene la capacitación y la organización comunitaria en el mediano plazo, creando redes de apoyo que trascienden la actividad agrícola individual.

Perspectivas y continuidad del proyecto

El respaldo institucional y la articulación territorial son clave para garantizar la sostenibilidad de proyectos hortícolas familiares. En este marco, el Ministerio de Agricultura Familiar prevé ampliar programas de acompañamiento técnico y financiamiento, consolidando experiencias como la de El Alcázar y replicando modelos exitosos en otras localidades de la provincia. La continuidad de la cosecha y la participación activa de las comunidades locales serán determinantes para asegurar el impacto económico y social esperado.

El caso de El Alcázar se presenta como un modelo de integración entre política pública, trabajo comunitario y producción familiar, que contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria local y la economía regional.

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El Tesoro emitirá siete títulos públicos para financiar al Estado sin asistencia del BCRA

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El Ministerio de Economía lanzó nueva licitación de deuda por más de $28 billones: emisión y ampliación de Letras y Bonos del Tesoro en pesos y dólar link

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, dispuso la emisión y ampliación de siete instrumentos de deuda pública por un monto total potencial superior a $28,4 billones y USD 3.500 millones, con vencimientos que se extienden entre febrero de 2026 y mayo de 2027. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 58/2025 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, busca asegurar liquidez en pesos, administrar los vencimientos del Tesoro y dar continuidad al financiamiento del gasto público sin acudir al Banco Central.

Estrategia de financiamiento: emisión de nuevos títulos y ampliación de series vigentes

La resolución —firmada por Alejandro Daniel Lew (Secretario de Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Secretario de Hacienda)— autoriza la emisión de tres nuevos instrumentos y la ampliación de cuatro series previamente colocadas, en el marco de las operaciones contempladas por el artículo 37 de la Ley de Presupuesto 27.701, prorrogada para el ejercicio 2025 por el Decreto 1131/2024.

Los nuevos instrumentos a licitar el 5 de noviembre de 2025 son:

  1. Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento 31 de agosto de 2026, por hasta $5 billones (VNO).
    • Fecha de emisión: 10 de noviembre de 2025.
    • Amortización: íntegra al vencimiento.
    • Interés: tasa efectiva mensual capitalizable (a determinar en la licitación).
    • Denominación mínima: $1.
    • Cotización: A3 Mercados S.A. y bolsas nacionales.
  2. Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026, también por hasta $5 billones (VNO).
    • Interés: tasa efectiva mensual TAMAR (plazo fijo mayorista promedio bancos privados), más un margen a determinar en la licitación.
  3. Bono del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa TAMAR con vencimiento 31 de mayo de 2027, por hasta $5 billones (VNO).
    • Condiciones: tasa TAMAR TEM capitalizable mensualmente; amortización íntegra al vencimiento.

En paralelo, la cartera económica autorizó la ampliación de cuatro emisiones vigentes, por los siguientes montos máximos:

  • Letra Capitalizable en Pesos (vto. 27/02/2026): hasta $4 billones (VNO).
  • Bono Capitalizable en Pesos (vto. 30/04/2027): hasta $4,9 billones (VNO).
  • Letra Vinculada al Dólar (vto. 30/04/2026, cero cupón): hasta USD 3.500 millones (VNO).

Con estos movimientos, el Tesoro continúa administrando su calendario de vencimientos y ampliando el menú de instrumentos ofrecidos al mercado, con una clara preferencia por colocaciones en pesos ajustadas por tasas de referencia (TAMAR) y dólar link, para mitigar el riesgo cambiario y contener presiones sobre la brecha financiera.

Continuidad de la política de deuda en pesos

El texto cita los fundamentos legales que respaldan las emisiones, en particular las disposiciones de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que ninguna entidad de la Administración Nacional puede formalizar operaciones de crédito público sin autorización expresa en el Presupuesto o en una ley específica.

Asimismo, la resolución se dicta bajo las facultades conferidas por el Decreto 1344/2007 (modificado por el Decreto 820/2020), que designa a las Secretarías de Finanzas y de Hacienda como órganos responsables de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.

Las colocaciones se realizarán conforme al Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública, aprobado originalmente por la Resolución Conjunta 9/2019 de ambas Secretarías, mediante licitación pública por efectivo. Los pagos de servicios se cursarán a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que actuará como agente de registro y liquidación (CRYL).

Todos los instrumentos gozarán de las exenciones impositivas vigentes, serán negociables en los principales mercados del país y su ley aplicable será la ley argentina, en línea con la estrategia del Tesoro de reducir exposición a jurisdicciones extranjeras y consolidar deuda local en moneda doméstica.

Estabilizar el mercado de deuda y sostener el financiamiento del Estado

El paquete de colocaciones forma parte de la estrategia de administración de pasivos del Tesoro Nacional para el cierre de 2025 y el primer semestre de 2026, en un contexto de elevada nominalidad y restricciones externas. Según fuentes del Palacio de Hacienda, el objetivo es reforzar el fondeo en pesos, refinanciar vencimientos de corto plazo y dar señales de previsibilidad al mercado.

En los últimos meses, la Secretaría de Finanzas viene alternando entre instrumentos capitalizables, tasa TAMAR y dólar link, buscando diversificar riesgos y mantener la curva de rendimientos doméstica activa.

La introducción de títulos capitalizables mensualmente y la extensión de plazos hasta mayo de 2027 reflejan la intención de prolongar el horizonte de financiamiento del sector público y disminuir el peso de los pagos concentrados en los primeros meses del próximo ejercicio.

Al mismo tiempo, la ampliación de series vinculadas al dólar —por USD 3.500 millones— apunta a absorber demanda de cobertura cambiaria del sector privado, sin recurrir a instrumentos indexados por inflación (CER), que en 2025 acumulan alta volatilidad.

Con la Resolución Conjunta 58/2025, el Ministerio de Economía profundiza la línea de gestión que combina orden fiscal, mercado de deuda doméstico y disciplina monetaria, pilares centrales del programa financiero en ejecución.

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