El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Quinta de Olivos a una delegación de alto nivel del Banco Mundial, en un encuentro que tuvo como eje el reciente paquete de garantías por US$ 2.000 millones aprobado por el organismo para respaldar el acceso de la Argentina a financiamiento internacional en mejores condiciones. La reunión se produjo apenas horas después de que el Banco Mundial oficializara la operación, considerada un paso estratégico para reducir el costo del endeudamiento y fortalecer el programa financiero del Gobierno.
Del encuentro participaron la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos. Acompañaron al mandatario el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno.
La reunión se desarrolló luego de una jornada de trabajo en el Palacio de Hacienda, donde las autoridades del organismo mantuvieron conversaciones con Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, para avanzar en los detalles del esquema de asistencia financiera.
El Presidente Javier Milei, acompañado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller, Pablo Quirno, recibió en la Quinta de Olivos a Susana Cordeiro Guerra, Vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 17, 2026
Un respaldo para refinanciar deuda en mejores condiciones
El paquete aprobado por el Banco Mundial contempla garantías destinadas a facilitar la obtención de un préstamo comercial por hasta US$ 2.000 millones. La estructura permitirá cubrir el 95% del servicio de esa deuda, reduciendo significativamente el riesgo para los acreedores y, en consecuencia, el costo financiero que enfrentará la Argentina.
El objetivo oficial es utilizar este instrumento para refinanciar vencimientos en moneda extranjera y consolidar la estrategia de acceso gradual a los mercados internacionales de crédito, uno de los principales desafíos del programa económico impulsado por el Gobierno.
Tras la reunión, Caputo destacó el alcance del acuerdo a través de sus redes sociales y afirmó que la garantía permitirá acceder a financiamiento “a una tasa de interés sustancialmente más baja que la vigente en el mercado”, lo que, según sostuvo, implicará “un ahorro muy significativo para todos los argentinos”.
El ministro también agradeció el respaldo institucional del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; de la vicepresidenta regional Susana Cordeiro Guerra; y del director gerente de MIGA, Tsutomu Yamamoto, organismo que participa junto al Banco Mundial en la operación.
La visita de las autoridades del Banco Mundial se interpreta como una nueva señal de apoyo de los organismos multilaterales al programa de estabilización económica de la administración de Javier Milei.
La garantía aprobada forma parte de una estrategia más amplia para mejorar el perfil financiero del país, reducir el costo del endeudamiento y generar condiciones que faciliten el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capitales.
En paralelo, el Gobierno continúa negociando nuevas líneas de financiamiento con otros organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el objetivo de reforzar el programa financiero previsto para los próximos años y consolidar la acumulación de reservas internacionales.
El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, una herramienta financiera que busca reducir el costo del endeudamiento externo y facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital. La decisión constituye un respaldo explícito a la estrategia económica del Gobierno y llega en un momento en que el riesgo país perforó los 430 puntos básicos, abriendo una ventana para retomar el financiamiento voluntario.
La operación permitirá respaldar el 95% del servicio de un nuevo préstamo comercial que el Estado argentino negociará con bancos internacionales. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso al crédito mediante una disminución del riesgo percibido por los inversores, al tiempo que fortalece la administración de los vencimientos en moneda extranjera previstos para 2026 y 2027.
El anuncio se produjo horas antes de la reunión que mantendrá en Buenos Aires la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, con el ministro de Economía, Luis Caputo, encuentro en el que ambas partes oficializarán el nuevo esquema de cooperación financiera.
Un respaldo para volver a emitir deuda en los mercados
El paquete aprobado combina una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con otra de MIGA, organismo especializado en la mitigación de riesgos para inversiones internacionales.
Gracias a esta estructura, Argentina podrá acceder a un préstamo comercial con un plazo de seis años y tres años de gracia, mientras que las garantías cubrirán el 95% de los pagos correspondientes al servicio de esa deuda.
Desde el Banco Mundial explicaron que el mecanismo apunta a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios, además de facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
Pero el alcance político y financiero de la decisión va más allá del préstamo en sí. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que uno de los principales objetivos es contribuir al regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital, un mensaje que el mercado interpreta como una señal de respaldo institucional a la estrategia económica del Gobierno.
La aprobación de las garantías coincide con una mejora sustancial de los indicadores financieros argentinos.
Luego de la reciente mejora de la calificación soberana por parte de Standard & Poor’s, que elevó la nota de la deuda argentina desde CCC+ hasta B-, y del contexto internacional más favorable tras la distensión geopolítica en Medio Oriente, el riesgo país descendió hasta los 425 puntos básicos, su menor nivel en aproximadamente ocho años.
Este escenario reavivó el debate entre analistas e inversores sobre la conveniencia de que el Ministerio de Economía aproveche las actuales condiciones para volver a emitir deuda en el mercado internacional antes de que cambie el ciclo financiero global.
Hasta ahora, Luis Caputo optó por postergar esa posibilidad, privilegiando una reducción adicional del costo de financiamiento antes de concretar una colocación externa.
Banco Mundial: “Facilitar el regreso de Argentina a los mercados”
La vicepresidenta regional del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que la institución mantiene su respaldo al proceso de estabilización macroeconómica y a la agenda de reformas impulsada por el Gobierno argentino.
Según afirmó, la estructura de garantías constituye una herramienta innovadora para facilitar el retorno del país a los mercados internacionales de capital, al tiempo que promueve inversiones privadas, incrementa la productividad y fortalece la resiliencia económica de largo plazo.
En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, destacó que la operación demuestra la capacidad del Grupo Banco Mundial para adaptar sus instrumentos financieros a las necesidades específicas de los países miembros, movilizando inversiones privadas mediante mecanismos de reducción del riesgo.
Las garantías internacionales forman parte del esquema de financiamiento que el equipo económico presentó durante la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El viceministro de Economía, José Luis Daza, había anticipado que el programa financiero correspondiente a 2026 ya cuenta con las principales fuentes de financiamiento identificadas y que las garantías de organismos multilaterales constituyen uno de sus pilares.
Además del respaldo del Banco Mundial y MIGA, el Gobierno espera concretar en los próximos días un nuevo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y avanzar hacia fines de julio con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), estimado entre USD 250 y USD 500 millones.
Más financiamiento y menor costo de la deuda
La estrategia oficial busca reemplazar gradualmente el financiamiento de corto plazo por instrumentos con mejores condiciones de plazo y tasa, aprovechando el respaldo de los organismos multilaterales para reducir el costo del endeudamiento.
En ese sentido, las garantías aprobadas por el Banco Mundial no representan un desembolso directo de USD 2.000 millones, sino un aval que mejora la calidad crediticia de la futura operación financiera y facilita el acceso del país a préstamos comerciales en condiciones más favorables.
El esquema se inscribe dentro de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, creada en 2024 con el objetivo de ampliar el uso de estos instrumentos en economías emergentes y elevar la emisión anual de garantías hasta USD 20.000 millones hacia 2030.
Para la Argentina, el respaldo llega en un momento decisivo: mientras el Gobierno intenta consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar el acceso al crédito voluntario, el acompañamiento de los organismos multilaterales se convierte en un factor determinante para reconstruir la confianza de los mercados internacionales.
El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 398/2026, mediante el cual modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para actualizar el listado de “jurisdicciones no cooperantes” a los fines tributarios. Al remover a la República de Filipinas, la República de Madagascar y la República de Trinidad y Tobago de la nómina —tras convalidar su estatus de transparencia ante la OCDE—, la medida reduce el costo impositivo por retenciones a empresas globales. Para los grandes consorcios foresto-industriales y las corporaciones yerbateras de Misiones que triangulan operaciones o importan bienes de capital, la normativa morigera la carga sobre los flujos de divisas, redefiniendo las matrices de planificación fiscal y de precios de transferencia.
La decisión del Gobierno nacional de excluir a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia tributaria modifica el mapa de riesgos fiscales para empresas argentinas con operaciones internacionales y puede tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del NEA, especialmente yerba mate, forestoindustria y comercio exterior.
El Decreto 398/2026 actualizó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y redefinió el universo de países considerados de baja cooperación fiscal. La medida responde a cambios en los estándares de intercambio de información promovidos por la OCDE y el Consejo de Europa. Para el sector privado, el dato central es que operar con empresas radicadas en esos países dejará de tener el tratamiento tributario agravado que rige para las jurisdicciones consideradas opacas.
En términos prácticos, esto reduce contingencias fiscales vinculadas a precios de transferencia, deducciones y controles sobre operaciones internacionales. Para economías regionales con creciente búsqueda de mercados alternativos, el movimiento no es menor.
Qué cambia para las empresas exportadoras
Las “jurisdicciones no cooperantes” son países que no intercambian información tributaria con Argentina o no cumplen estándares internacionales de transparencia. Cuando una firma argentina opera con compañías radicadas en esos territorios, ARCA y el sistema tributario aplican controles más estrictos y presunciones fiscales más gravosas.
Con la salida de tres países del listado: Se alivian requisitos de fiscalización sobre determinadas operaciones internacionales. Mejora la previsibilidad tributaria para exportadores y traders. Disminuye el riesgo de ajustes fiscales sobre estructuras comerciales vinculadas a esos mercados. Y se reduce el costo administrativo asociado a reportes y validaciones.
Para Misiones, donde muchas empresas medianas comenzaron a explorar mercados fuera del eje tradicional Mercosur-China-Estados Unidos, la señal tiene lectura estratégica. La provincia necesita diversificar destinos ante la desaceleración del consumo interno y la presión de costos logísticos.
Aunque el decreto no menciona economías regionales, la actualización tributaria tiene implicancias sobre el entramado exportador.
La industria tealera y yerbatera misionera viene buscando nuevos compradores en Asia y mercados emergentes. Filipinas, que deja de ser considerada “no cooperante”, aparece como un mercado potencialmente más accesible desde el punto de vista financiero y documental.
Para la forestoindustria ocurre algo similar. Empresas madereras del NEA operan frecuentemente mediante traders internacionales o estructuras logísticas trianguladas. Cuando esas operaciones involucran jurisdicciones observadas por el fisco, el costo financiero y legal aumenta.
La modificación también puede favorecer: Operaciones de financiamiento internacional. Apertura de cuentas y acuerdos bancarios. Menores alertas de compliance tributario. Mayor competitividad administrativa frente a exportadores brasileños o paraguayos.
La señal política detrás del decreto
El Gobierno sostiene una estrategia de alineamiento con estándares OCDE y de integración financiera internacional. La actualización del listado apunta a mostrar una Argentina más compatible con reglas globales de intercambio fiscal y menos aislada del sistema financiero internacional.
El movimiento también busca reducir fricciones para inversiones y operaciones internacionales privadas, especialmente en un escenario donde el Ejecutivo necesita aumentar generación genuina de divisas.
El dato que sigue de cerca el mercado es otro: la lista todavía mantiene a 72 jurisdicciones bajo observación. Entre ellas aparecen Bolivia, Cuba, Surinam, Irán y varios países africanos y asiáticos. Eso implica que los controles fiscales sobre operaciones internacionales seguirán siendo relevantes para empresas exportadoras.
La actualización del listado no cambia por sí sola la competitividad exportadora del NEA. El problema estructural sigue siendo logístico, cambiario y tributario. Pero sí muestra una tendencia: el Gobierno avanza hacia un esquema de menor intervención y mayor integración financiera internacional.
Para Misiones, donde el crecimiento exportador depende de abrir mercados y bajar costos ocultos, cada flexibilización regulatoria suma. El desafío es si esa apertura fiscal será acompañada por infraestructura, financiamiento y alivio impositivo que permitan transformar ventajas productivas en competitividad real.
El Banco Mundial confirmó que los mecanismos de fijación del precio del carbono triplicaron su recaudación en una década y ya cubren casi el 30% de las emisiones globales. El avance de estos sistemas empieza a redefinir competitividad, comercio exterior y acceso a financiamiento para sectores productivos intensivos en energía y recursos naturales.
Según un informe del Grupo Banco Mundial publicado el pasado 19 de mayo, los ingresos derivados de la fijación del precio del carbono se triplicaron en la última década: aumentaron de menos de US$30.000 millones en 2016 a movilizar más de US$107.000 millones para presupuestos públicos en 2025.
En el informe anual titulado State and Trends of Carbon Pricing 2026 (Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono 2026) se revela que actualmente existen 87 políticas de fijación de precios del carbono en el mundo, un aumento de siete con respecto al año anterior. Asimismo, se muestra que todas las grandes economías de ingreso mediano han implementado o tienen previsto implementar mecanismos de fijación directa del precio del carbono. India y Viet Nam son los países que realizaron avances más significativos en este ámbito en 2025. En la publicación también se señala que los precios directos del carbono han crecido un 7% desde la edición del año pasado del informe y que se han duplicado en la última década. El precio promedio del carbono es ahora de casi US$21/tCO2e.
Un poco más del 29% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en todo el mundo están ahora cubiertas por mecanismos de fijación directa del precio del carbono. Esta cifra aumentaría a alrededor de un tercio si los instrumentos actualmente en desarrollo se implementaran en más economías emergentes importantes.
“La fijación del precio del carbono y los mercados de carbono pueden desempeñar un papel importante al permitir que los países determinen su propia matriz energética”, dijo Paschal Donohoe, director gerente y oficial principal de Conocimientos del Grupo Banco Mundial. “Cuando están bien diseñados, pueden ayudar a impulsar la eficiencia y la innovación, al tiempo que movilizan recursos para las prioridades de desarrollo. Durante más de 20 años, este informe ha ayudado a los responsables de formular políticas y al sector privado a comprender mejor la evolución de estos mercados y las oportunidades que representan”.
En los mercados de créditos de carbono, el volumen total de las emisiones de créditos de carbono aumentó un 8% entre 2024 y 2025. En tanto, los precios de los créditos de carbono disminuyeron levemente durante 2025, pero algunos tipos de proyectos continuaron teniendo un sobreprecio, incluidos aquellos que pueden ser utilizados por aerolíneas internacionales o proyectos de conservación forestal y reforestación con alta calificación.
El Grupo Banco Mundial se ha comprometido a ayudar a los países a alcanzar sus propios objetivos de desarrollo para facilitar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible. Un área de apoyo es el creciente acceso al financiamiento disponible a través de los mercados de carbono. A tal fin, el Departamento de Clima del Grupo Banco Mundial complementa sus servicios básicos de financiamiento y asesoría con productos clave que respaldan a los clientes a lo largo de la cadena de valor de las soluciones climáticamente inteligentes.
El Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN) presentó un nuevo paquete de herramientas para medir la huella de carbono en cultivos de crucíferas, en un contexto donde la certificación ambiental dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito de acceso a mercados internacionales. La iniciativa, desarrollada con participación de las principales Bolsas del país, apunta a dotar al sector agroindustrial de instrumentos propios para competir bajo estándares globales, con criterios adaptados a la realidad productiva local.
El lanzamiento se produce en un escenario de creciente regulación ambiental en el comercio global, donde normativas como la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea (EU RED) o el esquema CORSIA exigen mediciones precisas y verificables para habilitar el ingreso de bioproductos. En ese marco, la capacidad de medir con parámetros propios aparece como un factor de poder económico.
Argentina gana soberanía técnica con el lanzamiento de herramientas para medir la huella de carbono de crucíferas en el entorno del PACN. Clave para acceder a mercados premium y competir sin barreras injustas al utilizar factores de emisión locales.
Soberanía técnica para competir en mercados de alta exigencia
En un escenario de comercio agroindustrial global crecientemente dinámico, la medición precisa del impacto ambiental ha dejado de ser una métrica voluntaria para convertirse en una condición de acceso a los mercados más exigentes. En este contexto, la certificación de baja huella ambiental ya no es solo un diferencial competitivo, sino un requisito técnico. Sin embargo, la forma en que se mide esa huella es tan relevante como el resultado en sí mismo.
En notas anteriores la Bolsa de Comercio de Rosario ha identificado la importancia estratégica de la certificación de baja huella ambiental como un diferencial competitivo. Hoy, bajo el paraguas del Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN), se da un paso fundamental con el lanzamiento del set de herramientas para la Mesa de Crucíferas.
Esta iniciativa, impulsada por las principales Bolsas de Cereales y de Comercio del país, busca no solo transparentar el desempeño ambiental de productos agroindustriales como en esta oportunidad de la colza, la camelina, la carinata y el cártamo, sino también proporcionar a los actores de la cadena la autonomía necesaria para gestionar y posteriormente poder certificar su balance de carbono bajo estándares internacionales. La importancia de este desarrollo radica en que los mercados premium, especialmente la Unión Europea con su Directiva de Energías Renovables (EU RED) o bien el régimen de CORSIA para la aviación sostenible, requieren evidencia robusta y cuantificada para permitir el ingreso de bioproductos y bioenergías. Este hito no solo mejora la capacidad de medición, sino que introduce un elemento crítico para la competitividad internacional: la capacidad de Argentina de medir su desempeño ambiental con criterios adaptados a su propia realidad productiva.
La Importancia de la Medición de Huella de CO2 en las Crucíferas
Las crucíferas oleaginosas están experimentando un crecimiento franco en el escenario productivo nacional, impulsadas principalmente por la demanda de biocombustibles sostenibles y aceites vegetales de exportación. No obstante, esta expansión enfrenta desafíos críticos en materia de gobernanza ambiental. Depender de calculadoras desarrolladas en los mercados de destino o bases de datos internacionales suele resultar en la penalización de la producción argentina, ya que estas herramientas utilizan factores por defecto que no capturan la realidad agronómica, climática y productiva de nuestros suelos. El uso de datos genéricos a menudo implica asumir prácticas (como la enmienda caliza, rutinaria en suelos ácidos europeos) que no reflejan la gestión local, castigando injustamente el desempeño de los productos nacionales. Por ello, el desarrollo de herramientas propias otorga soberanía metodológica, permitiendo que la huella de carbono sea el resultado de una contabilidad real y no de promedios foráneos. Esto es esencial para evitar barreras no arancelarias y para posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de biomasa de bajo carbono, especialmente ante normativas como la UE RED III o el esquema CORSIA para la aviación internacional.
Un sistema integral desarrollado localmente
Este paquete no solo permite cuantificar emisiones, sino también gestionar activamente la reducción de la huella, cerrando la brecha entre medición y acción.
El PACN, a través de un trabajo de 8 meses con empresas líderes del sector que actuaron como casos testigo, ha generado tres herramientas claves, complementarias y articuladas:
• Calculadora de Huella de Carbono (v1.0): Una herramienta desarrollada en formato de planilla de cálculo, modular y de sencilla aplicación, que abarca desde la producción primaria hasta la salida de la planta industrial. • Manual de Metodología de Cálculo de Balance de Carbono: Un documento técnico que estandariza los criterios de uso, asegurando que los cálculos se realicen bajo las normas ISO 14067, 14040 y 14044. • Manual de Buenas Prácticas Ambientales (BPA): Una guía de gestión enfocada en la mitigación, que vincula las acciones operativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los estándares Global Reporting Initiative (GRI).
Este paquete no solo permite cuantificar emisiones, sino también gestionar activamente la reducción de la huella, cerrando la brecha entre medición y acción. Frente al escenario global, el desarrollo de herramientas nacionales no es solo una mejora técnica: es una estrategia de posicionamiento internacional.
Diferenciales técnicos clave: donde el desarrollo local marca la diferencia
La calculadora se destaca por su arquitectura modular, permitiendo a productores, acopiadores e industriales calcular cuánto CO2eq genera cada unidad funcional (UF) producida. Las UF definidas en el sistema son:
• 1 tonelada de grano cosechado hasta la tranquera del campo, • 1 tonelada de grano en acopio intermedio, • 1 tonelada de aceite, y • 1 tonelada de pellet a la salida de la industria aceitera.
Arquitectura de Datos y Diferenciales Técnicos
La herramienta cuenta con más de 250 perfiles ambientales unitarios incorporados y analiza 211 compuestos químicos con factores de emisión actualizados al último reporte del IPCC (AR6). A diferencia de otras herramientas internacionales, la calculadora del PACN ofrece:
• Rigor en suelos: Utiliza mapas de existencias de carbono orgánico en suelo actualizados para Argentina (datos de Gaitán et al., 2025) y permite elegir entre métodos Tier 1 y Tier 2 (modelo AMG) del IPCC. • Representatividad energética: Incorpora matrices de energía eléctrica regionalizadas para la Argentina, evitando la distorsión de usar mix eléctricos europeos que sobrestiman las emisiones industriales locales. • Especificidad agronómica: Identifica correctamente a la Camelina con sus parámetros reales de grano oleaginoso, evitando tratarla como un forraje genérico, lo que previene la sobreestimación de emisiones de N2O por residuos de cultivo.
Visualización y Resultados
El módulo de resultados permite al usuario identificar rápidamente “hotspots” o puntos críticos de emisión. Incluye gráficas de Data Overview que desglosan las emisiones por sustancias (CO2, CH4, N2O) y por origen (fósil, biogénico y transformación del suelo). Un componente fundamental es la visual de Performance Review – Benchmarking, donde los resultados propios se comparan automáticamente con los valores por defecto de la Directiva Europea RED II. Si el valor calculado es menor al default europeo, el productor puede demostrar robustamente que su producto tiene acceso al mercado europeo.
En conclusión la calculadora del PACN permite:
• Reflejar condiciones agronómicas, climáticas y productivas reales • Incorporar datos primarios locales, evitando promedios globales • Alinear la medición con estándares internacionales (ISO, IPCC), pero desde una base propia • Reducir el riesgo de barreras no arancelarias encubiertas
En este sentido, el concepto central es claro: no se trata solo de medir la huella, sino de medirla correctamente desde Argentina.
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales: De la Medición a la Acción
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales completa el enfoque al transformar el diagnóstico en acción concreta. Propone en consecuencia, diez prácticas estratégicas y prospectivas presentadas mediante fichas técnicas diseñadas para ser funcionales y claras.
Las 10 BPA priorizadas para las Crucíferas:
• Optimización en el uso de nitrógeno aplicado en campo: Dado que la fertilización nitrogenada y sus emisiones de N2O son el rubro de mayor peso en la huella, esta práctica es central para la mitigación. • Restauración del suelo y secuestro de carbono: Promueve prácticas de conservación que aumenten el stock de carbono en el suelo. • Biodiversidad y polinización: Mejora de servicios ecosistémicos para estabilizar rendimientos productivos. • Descarbonización de la energía: Transición hacia fuentes renovables en campo e industria. • Potenciación de la economía circular: Valorización de subproductos y reducción de residuos. • Programa responsable de fitosanitarios: Manejo eficiente de herbicidas, insecticidas y fungicidas. • Mecanización: Eficiencia operativa de la maquinaria. • Fitomejoramiento: Selección de variedades adaptadas y eficientes. • Gestión de logística: Optimización del transporte entre eslabones. • Agua: Gestión responsable del recurso hídrico.
El manual integra estas prácticas con indicadores GRI (como el estándar 13.1 para emisiones de GEI) y los ODS (especialmente el 12 de Producción y Consumo Responsable y el 13 de Acción por el Clima), facilitando la construcción de reportes de sostenibilidad corporativa y el diálogo con el sector financiero para la aplicación a líneas de créditos verdes.
Conclusión: Hacia una Cadena de Valor como Unidad de Descarbonización
La implementación efectiva de estas herramientas requiere un marco de gobernanza ambiental que promueva la integración vertical de la cadena. Al utilizar datos primarios capturados sistemáticamente a través del calculador, la cadena de crucíferas argentina puede presentarse como una unidad de descarbonización sólida, donde la trazabilidad ambiental garantiza la identidad técnica y de sustentabilidad de cada tonelada de aceite o pellet exportado.
Este pack de herramientas representa mucho más que una innovación técnica, es un instrumento de defensa comercial, una base para la diferenciación internacional, y un paso clave hacia la soberanía en la medición ambiental
En un mundo donde los mercados se regulan cada vez más por métricas ambientales, quien define cómo se mide, define en gran parte quién puede competir. Argentina, a través de este desarrollo del PACN, avanza en esa dirección.
(*) Coordinadoras del Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN).
