MINISTERIO DE ECONOMIA

Biocombustibles: Energía oficializó valores para biodiesel y bioetanol en medio de presión de costos

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Energía oficializó nuevos precios para biodiesel y bioetanol, impacto inmediato en costos industriales y en la política de biocombustibles

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, estableció los nuevos precios oficiales del biodiesel y del bioetanol para mezcla obligatoria con gasoil y naftas, mediante las Resoluciones 485/2025 y 486/2025. La actualización rige desde su publicación en el Boletín Oficial y redefine el esquema de costos para refinerías, petroleras, ingenios y pymes aceitera–alcoholeras, en un contexto de presión por recomponer ingresos del sector y contener el impacto en surtidores.

Un paquete regulatorio clave: cómo quedan los precios y quiénes son los actores involucrados

Las Resoluciones 485/2025 y 486/2025 de la Secretaría de Energía —publicadas en el Boletín Oficial— fijaron nuevos valores para los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, en cumplimiento de los mandatos establecidos por la Ley 27.640 de Biocombustibles y su régimen de abastecimiento regulado.

Resolución 485/2025 – Biodiesel. Establece un nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. El artículo 1° fija el valor oficial aplicable para las operaciones entre las plantas habilitadas y las empresas refinadoras o comercializadoras. La resolución se dicta en el marco de la potestad regulatoria de la Secretaría de Energía para actualizar precios según variaciones de costos productivos, insumos y condiciones del mercado.

Resolución 486/2025 – Bioetanol. Determina los precios oficiales del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz, en línea con el régimen de cortes obligatorios de naftas. El artículo 1° fija el precio para el bioetanol de caña, mientras que el artículo 2° define el valor para el bioetanol derivado de maíz, ambos con vigencia inmediata.

Ambas normativas reafirman que los nuevos precios serán de cumplimiento obligatorio para toda operación comercial vinculada a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, y su aplicación queda sujeta a la fiscalización de la Secretaría de Energía.

Presión de costos, señales regulatorias y un mercado en transición

La actualización de precios ocurre en un contexto de tensiones entre la necesidad de sostener la viabilidad económica de las plantas de biocombustibles y la presión por contener aumentos en combustibles líquidos.

Los productores de biodiesel y bioetanol habían advertido durante los últimos meses sobre: incrementos en insumos claves (aceite de soja, maíz, caña y logística); variaciones del tipo de cambio; atraso acumulado en precios regulados respecto de los costos reales de producción.

La Secretaría de Energía fundamenta que las actualizaciones responden a la dinámica del mercado y a la obligación de sostener el abastecimiento, tal como prevé la Ley 27.640, que ordena asegurar “volúmenes y precios que permitan el normal funcionamiento del régimen de biocombustibles”.

A su vez, la medida se alinea con la política de recomposición progresiva del Precio de Paridad de Importación (PPI), que afecta directamente la estructura de costos de las petroleras y la forma en que éstas trasladan costos a los surtidores.

Impacto para petroleras, ingenios, pymes y provincias productoras

La fijación de nuevos precios tendrá efectos inmediatos en toda la cadena energética.

Para las petroleras. Aumentan los costos de adquisición de biodiesel y bioetanol para mezcla obligatoria. La señal de precios podría presionar al alza la estructura de costos de gasoil y naftas, aunque el Gobierno busca administrar el impacto final en surtidores.

Para el sector agroindustrial (soja, maíz y caña). La actualización de precios mejora el ingreso de plantas industriales en un año marcado por márgenes ajustados. Permite cierta previsibilidad a corto plazo, fundamental para la planificación financiera de pymes y cooperativas vinculadas a biocombustibles.

Para las provincias bioenergéticas. Las economías regionales de Tucumán, Salta y Jujuy (bioetanol caña) y las provincias cerealeras de la región centro (bioetanol maíz), además de Santa Fe (biodiesel), ven en estas actualizaciones un respiro frente a costos crecientes.

Para el mercado energético en general. El ajuste sostiene el cumplimiento del régimen de cortes obligatorios y evita desabastecimientos, un riesgo presente cuando los precios regulados quedan por debajo de los costos de producción.

Normalización gradual y un debate de fondo pendiente

Las Resoluciones 485/2025 y 486/2025 se inscriben en un proceso de “normalización regulatoria” que la Secretaría de Energía viene impulsando desde fines de 2024, con revisiones periódicas para recomponer precios y garantizar el abastecimiento interno.

Sin embargo, el debate estratégico continúa abierto: ¿Argentina avanzará hacia un esquema de precios más libre o sostendrá la regulación? ¿Se ampliarán los cortes obligatorios como plantea parte de la industria para aumentar inversiones? ¿Cómo impactará la evolución macroeconómica en los costos de producción durante 2026?

Por ahora, el Gobierno refuerza la señal de mantener un régimen regulado, pero con mayor periodicidad en las revisiones, buscando equilibrio entre sostenibilidad productiva y estabilidad de precios.

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Puertos argentinos: la ANPyN lanza un nuevo registro nacional y fija plazo de reinscripción hasta 2026

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El Gobierno actualiza el Registro Nacional de Puertos, todos los operadores deberán reinscribirse en el nuevo sistema digital antes de octubre de 2026

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso un plazo de un año para la regularización total del sistema portuario. La medida busca modernizar la gestión, eliminar registros superpuestos y fortalecer el control sobre la actividad portuaria nacional.

Reinscripción obligatoria y nuevo marco institucional del sistema portuario

Mediante la Resolución 51/2025, publicada en el Boletín Oficial el 27 de octubre, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la reorganización integral del Registro Nacional de Puertos, una herramienta clave prevista en la Ley 24.093 de Actividades Portuarias.

La norma establece un plazo de un año, contado desde su entrada en vigencia, para que todos los puertos públicos, privados y sujetos comprendidos en la Ley 24.093 cumplan con la obligación de inscripción, actualización o verificación de sus datos en el Registro Nacional de Puertos.

La presentación deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y el Registro Legajo Multipropósito (RLM) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), bajo carácter de declaración jurada.

De acuerdo con el texto oficial, el Registro Nacional de Puertos actuará en el ámbito de la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN, con funciones de identificación, inscripción, actualización, seguimiento y fiscalización de todos los actores portuarios.

Además, la ANPyN podrá intimar en cualquier momento a los operadores a ratificar o ampliar la información declarada, bajo apercibimiento de suspensión de actividades hasta que se cumpla con la inscripción.

Reestructuración institucional: un nuevo marco digital y transparente

La resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, es una pieza central en la implementación del nuevo régimen de administración portuaria derivado del Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025, que creó la Agencia como ente autárquico en reemplazo de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos S.A.U.

La norma deroga el Registro de Amarraderos Fluviales creado en 2016 para evitar duplicidades y superposiciones administrativas, y reemplaza el Anexo I de la Disposición 43/2018, actualizando los requisitos documentales y operativos conforme a los estándares modernos de gestión pública.

Según los considerandos, el objetivo es “promover una gestión pública transparente, ágil y eficiente”, garantizando un conocimiento integral y actualizado del sistema portuario nacional. La integración del GDE, el RLM y la plataforma TAD permitirá —por primera vez— una trazabilidad completa de los datos y una administración electrónica de los legajos.

El artículo 4° de la resolución dispone, además, que la inscripción en el Registro será condición obligatoria para cualquier trámite administrativo ante la ANPyN, consolidando su rol como autoridad de aplicación única de la Ley 24.093, tal como lo dispone el artículo 13 del DNU 3/2025.

Impacto y alcance de la medida: control, fiscalización y modernización del sector portuario

La regularización del Registro Nacional de Puertos impactará directamente en autoridades portuarias, concesionarios, operadores logísticos, terminales privadas, astilleros y puertos provinciales, que deberán adecuar su documentación dentro del plazo fijado.

El nuevo registro digital busca consolidar una base de datos unificada y verificable, que servirá como herramienta para políticas de control, planificación y desarrollo portuario, en línea con los principios de simplificación administrativa y transparencia establecidos en el Decreto 891/2017.

La medida refuerza además la capacidad de la ANPyN para fiscalizar el cumplimiento de la normativa, ya que el artículo 7° faculta al organismo a requerir información fehaciente o intimar a la inscripción en caso de incumplimiento, lo que podrá derivar en la suspensión de operaciones portuarias.

El texto ordena notificar la resolución a la Prefectura Naval Argentina, la Dirección General de Aduanas y otras entidades vinculadas al sistema portuario, con el fin de asegurar la articulación interinstitucional y la difusión de las nuevas disposiciones.

En su fundamento, la ANPyN resalta que “mantener actualizado el registro es esencial para la seguridad, eficiencia y competitividad del sistema portuario argentino”, especialmente en un contexto donde la infraestructura logística y la navegación interior cobran creciente relevancia en la matriz exportadora nacional.

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Más importaciones: Luz verde para 50.000 autos sin arancel

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El Gobierno autorizó un nuevo llamado a convocatoria para importar hasta 50.000 vehículos con motorización alternativa y valor FOB menor a USD 16.000. El régimen busca garantizar previsibilidad al sector y evitar la pérdida de cupos no utilizados durante 2025.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, oficializó este lunes la Resolución 377/2025, que convoca a empresas automotrices a solicitar cupos de importación de vehículos 0 km con motorización alternativa (eléctrica, híbrida o de bajas emisiones) bajo el beneficio de arancel cero en el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.).

El régimen se aplicará para el período 2026, con una cuota total de 50.000 unidades, y mantiene el tope de valor FOB unitario de USD 16.000, según lo establecido en el Decreto 49/2025.

Nuevo esquema de cupos: flexibilidad y reasignación de remanentes

De acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial, la asignación se dividirá en dos categorías equivalentes: 25.000 unidades para empresas terminales con producción local, y 25.000 unidades para importadores sin planta en Argentina.

El instrumento prevé reasignaciones automáticas de los cupos no utilizados por renuncia o incumplimiento, a fin de “evitar pérdidas por causas ajenas a los asignatarios y promover una planificación más eficiente”.

Además, se autoriza la prórroga de plazos de nacionalización siempre que las demoras respondan a motivos logísticos, aduaneros o de producción debidamente documentados.

En términos operativos, las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) hasta el 16 de octubre de 2025, mientras que la importación efectiva de las unidades podrá concretarse hasta el 31 de enero de 2027.

La resolución establece que el criterio de selección será el menor precio de venta al público en dólares, con un orden de prelación de menor a mayor, y que, en caso de igualdad, prevalecerá la fecha más próxima de nacionalización declarada.

Subconvocatoria 2025 y continuidad del régimen

La normativa también dispone una “subconvocatoria 2025”, destinada a reasignar los remanentes de cupos del presente año. Dichas unidades deberán nacionalizarse antes del 31 de enero de 2026, bajo las mismas condiciones arancelarias y metodológicas.

De esta manera, el Gobierno busca mantener la continuidad del programa de importación con arancel 0%, destinado a ampliar la oferta de vehículos con tecnologías limpias en el mercado local, favorecer la competencia de precios y alinear la política industrial con los compromisos de transición energética.

La medida se enmarca en la política de simplificación y promoción productiva impulsada por el Ministerio de Economía, que procura “garantizar una asignación más racional y equitativa de los beneficios del régimen” y mejorar la planificación del ingreso de unidades, según los considerandos de la resolución firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y titular interino de Industria y Comercio.

El Decreto 49/2025, que dio origen al esquema, había sido implementado a inicios de año para incentivar la renovación tecnológica del parque automotor argentino y reducir la brecha de precios frente a los vehículos importados.

En su primera etapa, el cupo de 50.000 unidades fue adjudicado en su totalidad, pero las renuncias y demoras logísticas generaron un remanente que ahora será redistribuido.

El régimen beneficia a modelos cuyo valor FOB no supere los USD 16.000, lo que permite el ingreso de unidades compactas, híbridas o eléctricas de gama media, mayormente procedentes de Asia y Europa del Este.
Desde el sector, se espera que la reapertura de cupos agilice la disponibilidad de modelos alternativos y reduzca los tiempos de espera en concesionarios.

En paralelo, la Secretaría de Industria y Comercio actualizó las condiciones de ingreso temporal de vehículos, permitiendo prórrogas y ajustes en la fecha de nacionalización sin pérdida de cupo, lo que aporta previsibilidad a las terminales en un contexto de demoras logísticas globales.

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Economía colocó ocho bonos en pesos por $821.576 millones y pagó todos los vencimientos

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El Ministerio de Economía colocó hoy una serie de bonos en pesos por los que obtuvo $821.576 millones, con lo que afrontó el pago de vencimientos por $725.062 millones.

De esta manera, “se obtuvo un financiamiento neto de $96.514 millones, lo que implicó un Roll Over de 113%”, destacó el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, a través de la red social X (ex Twitter).

Luego del mensaje del funcionario, el ministerio informó que en la licitación se recibieron 866 ofertas, que representaron un valor nominal ofertado total de $1,2 billones, de los cuales se adjudicaron $761.137 millones, lo que representó un valor efectivo de $821.576 millones.

Dos letras fueron reabiertas: una a tasa fija (S31O3) y una ajustable por CER -índice de precios- (X23N3), con vencimiento el 31 de octubre de 2023 y el 23 de noviembre de 2023 respectivamente.

En tanto, se colocó una nueva letra ajustada por CER con vencimiento el 18 de enero de 2024 (X18E4).

Además, se adjudicaron otros dos bonos nuevos ajustables por CER con vencimiento el 20 de mayo y el 19 de agosto de 2024, respectivamente.

Por último, se realizó la reapertura de tres bonos ajustados por CER: T2X4, T4X4 y T5X4, con vencimiento el 26 de julio, el 14 de octubre y el 13 de diciembre del año próximo, informó la secretaría de Finanzas.

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Pese al continuo ajuste sobre el gasto, las cuentas fiscales continúan en rojo

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Según un informe de la consultora Ecolatina, pese a la moderación en la caída de los ingresos y el continuo ajuste sobre el gasto, las cuentas fiscales continúan en rojo. 

Si bien el déficit primario de mayo mostró una disminución real en su comparación interanual, el rojo acumulado para los primeros 5 meses del año se sitúa como el más elevado para el periodo desde 2015 (exceptuando el 2020 de pandemia), superando -a falta de un mes- la meta acordada con el FMI para el primer semestre.

Consecuentemente, persisten las dudas sobre el sendero fiscal para lo que resta del año, no sólo por las metas acordadas con el FMI (probablemente serán flexibilizadas), sino también por el financiamiento disponible para cubrir las necesidades.

¿Cómo le fue al fisco en mayo? ¿Cuál es el balance para los primeros 5 meses del año? ¿Qué tanta incidencia tuvo el impacto negativo de la sequía? ¿Cómo fue la dinámica al interior de los ingresos y gastos? ¿Cuáles son las perspectivas de cara a los próximos meses?

¿Cómo le fue al fisco en mayo?

El Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) registró un déficit primario superior a los $247.000 M en mayo, mostrando una caída real de casi 30% i.a. en términos reales. A su vez, contabilizando el pago de intereses de la deuda pública por más de $383.000 M, el déficit financiero superó los $631.000 M, alcanzando el nivel más elevado en lo que va del año.

¿Cuál es el balance para los primeros 5 meses del año? Con esta dinámica, el rojo primario acumulado en lo que va del 2023 roza los $1,27 billones, lo que representa el 0,7% del PIB (según nuestras estimaciones). De esta manera, el Gobierno superó en mayo la meta acordada con el FMI para el primer semestre por $87.000 M.

Esto último implica que sería necesario mostrar un superávit primario en junio para poder cumplir con lo pactado originalmente, un desafío sumamente complejo dada la estacionalidad del gasto público y la caída esperada en los ingresos producto de la sequía.

De todas formas, estimamos que lo más probables es que las metas fiscales sean recalibradas vía una reformulación del programa que actualmente está negociando el Gobierno con el FMI.

¿Cuán relevante es el impacto negativo de la sequía en lo que va del año? Si la recaudación por Derechos de Exportación se hubiera mantenido estable en términos reales, no sólo se habría sobrecumplido la meta fiscal para el 1T, sino que el rojo primario en los primeros 5 meses del año habría sido apenas la mitad de lo evidenciado.

Leve moderación en la caída de los ingresos

Los ingresos cayeron en términos reales por séptimo mes consecutivo. No obstante, producto del buen desempeño en algunos tributos (IVA, Seguridad Social, Créditos y Débitos) y el impacto (acotado) del “dólar soja/agro”, la caída real en los ingresos se moderó: luego de ceder un 13% i.a. en marzo y un 9% i.a. en abril, en mayo se redujeron apenas un 2% i.a. al excluir extraordinarios.

Nuevamente, la caída interanual en la recaudación se explica principalmente por la reducción en los Derechos de Exportación. Pese a la implementación del “dólar soja/agro”, el aporte tributario de las retenciones se derrumbó un 45% i.a. en términos reales, a raíz del impacto negativo de la sequía, a lo que se sumaron problemas logísticos y de incentivos que perjudicaron la nueva edición del mecanismo.

Cuarto mes consecutivo de recorte real en el gasto

El ajuste en el Gasto primario continuó en mayo, evidenciando una caída del 7,5% i.a. en términos reales. Sin embargo, la dinámica a su interior fue heterogénea: mientras el Gasto Primario Corriente se contrajo un 10,5% i.a. en términos reales (similar a abril), el Gasto de Capital mostró un marcado incremento real del 36,5% i.a.

A su vez, algo similar ocurre al interior del Gasto Primario Corriente, donde las Prestaciones Sociales y las Transferencias a Provincias sufrieron fuertes reducciones reales (-20% i.a. y -29% i.a. respectivamente), pero los Subsidios Económicos (+14% i.a.), los Gastos en Funcionamiento (+5% i.a.) y las Transferencias a Universidades (+5% i.a.) mostraron incrementos reales.

 ¿Cuáles son las perspectivas de cara a los próximos meses?

Más allá de la posible recalibración de las metas, la fragilidad que expone el actual esquema de política económica, los límites para conseguir fuentes alternativas de financiamiento y la incertidumbre financiera típica de los procesos electorales limitan los posibles desvíos expansivos en materia fiscal.

La elevada dependencia del Tesoro del mercado de deuda en pesos obligará al Gobierno a reencauzar el sendero hacia la consolidación fiscal para mantener acotadas las necesidades de financiamiento.

Esto implicará necesariamente acelerar el ajuste en el gasto público en lo que resta del año, donde será clave la profundización de la segmentación tarifaria (impulsada en mayo) y la contención del gasto social pese al deterioro continuo de los ingresos de los hogares.

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