MINISTERIO DE ECONOMIA

Caputo anunció un plan de $2 billones para ampliar el crédito hipotecario con fondos de la Anses

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El Gobierno anunció este miércoles un nuevo esquema para intentar reactivar el crédito hipotecario en Argentina, con un programa de $2 billones destinado a generar fondeo de largo plazo para los bancos. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los recursos provendrán de licitaciones de depósitos a plazo fijo entre entidades financieras y tendrán como objetivo ampliar los préstamos para la compra, construcción, ampliación y refacción de la primera vivienda.

El anuncio fue realizado a las 10 en el Palacio de Hacienda, donde Caputo estuvo acompañado por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez; y el director del BCRA, Martín Vauthier. La iniciativa retoma una alternativa que el Gobierno ya había anticipado y pone al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses en el centro de una estrategia para generar ahorro de mayor plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo programa para ampliar la oferta de crédito hipotecario en Argentina, utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como fondeo de largo plazo para los bancos. El esquema contempla licitaciones por un total de $2 billones y apunta a facilitar préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La medida busca atacar uno de los problemas estructurales del sistema financiero argentino: el descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos hipotecarios que pueden extenderse durante 15, 20 o 25 años. La estrategia oficial consiste en que el FGS coloque depósitos a plazo fijo ajustados por UVA más una tasa adicional, mientras las entidades financieras utilizan ese fondeo para ampliar la cartera de créditos hipotecarios.

Según explicó Caputo durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el programa tendrá licitaciones de $200.000 millones cada una. Los depósitos podrán constituirse a uno o cinco años, con tasas mínimas de UVA más 2,5% para el primer tramo y UVA más 4,5% para el segundo. Los bancos, a su vez, no podrán otorgar con estos fondos créditos hipotecarios por encima de una tasa de UVA más 7,5%.

El programa estará destinado exclusivamente a primera vivienda y los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años. El monto máximo será equivalente a 150.000 UVA por crédito. La estimación oficial es que, tomando como referencia el monto promedio actual de los préstamos, el programa podría alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias, aunque esa cifra dependerá del valor promedio de los créditos que finalmente originen los bancos.

Caputo planteó que el objetivo excede al mercado inmobiliario. Para el ministro, el desarrollo del crédito hipotecario puede convertirse en un mecanismo de impulso para la construcción, el consumo asociado al equipamiento de los hogares y la formalización de trabajadores que hoy permanecen fuera del sistema financiero tradicional.

El diagnóstico oficial parte de una comparación que muestra la baja profundidad del crédito hipotecario argentino. Caputo señaló que el stock de préstamos hipotecarios representa actualmente alrededor del 2% del producto, frente a aproximadamente 27% en Chile y niveles históricamente mucho mayores en Estados Unidos. En pesos nominales, el stock pasó de unos $7,5 billones al inicio de la gestión a $16,8 billones, mientras que, medido en UVA, el crecimiento informado por el ministro fue del 57%.

El FGS como puente entre el ahorro y la vivienda

La innovación central del esquema no consiste en que la ANSES otorgue directamente las hipotecas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad aportará liquidez mediante depósitos de mayor plazo, pero serán los bancos los responsables de seleccionar a los tomadores, otorgar los préstamos y asumir el riesgo crediticio.

“Los bancos son los encargados de dar el crédito hipotecario, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio”, explicó Caputo al ser consultado sobre eventuales incumplimientos. Según precisó durante la presentación, la mora actual de los créditos hipotecarios se ubica en torno al 1,6%.

El diseño también apunta a preservar la lógica financiera del FGS. Juan Cruz Michele, representante del Fondo, explicó que el organismo trabajó durante varios meses junto con los ministerios de Economía y Capital Humano para encontrar una alternativa que permitiera canalizar recursos hacia el mercado hipotecario sin asumir directamente el riesgo de las familias.

La primera licitación está prevista para la próxima semana, por $200.000 millones. La continuidad del programa dependerá de la velocidad con la que los bancos transformen ese fondeo en nuevas hipotecas.

El Banco Central tendrá un papel operativo y de supervisión. Las licitaciones se realizarán mediante un sistema de subastas y el organismo deberá controlar que las entidades participantes destinen efectivamente los recursos recibidos a préstamos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por el FGS.

El desafío es que la cuota compita con el alquiler

La apuesta económica del Gobierno busca reconstruir un circuito que durante décadas tuvo escaso desarrollo: ahorro de largo plazo, financiamiento hipotecario y construcción. La dificultad está en que los bancos argentinos tienen depósitos predominantemente de muy corto plazo, mientras que una hipoteca exige fondeo compatible con plazos de 15 a 30 años.

En ese punto, el FGS funciona como un puente financiero. En lugar de colocar los recursos en instrumentos de duración más corta, el programa busca extender el plazo de los depósitos bancarios y permitir que las entidades tengan mayor capacidad para prestar a largo plazo.

El ejemplo presentado por Caputo permite dimensionar el esquema. Para una propiedad de algo más de US$100.000, con un préstamo equivalente a unos US$80.000, el ejercicio oficial plantea una cuota cercana a $865.000 mensuales a 25 años, bajo una tasa de UVA más 7,5%. El ingreso requerido, considerando que la cuota represente hasta el 25% de los ingresos, sería de unos $3,46 millones.

La referencia es particularmente relevante para el mercado inmobiliario porque ubica el debate en la relación entre cuota e ingreso, más que exclusivamente en el precio de las propiedades. La posibilidad de transformar un gasto mensual de alquiler en una cuota hipotecaria es, precisamente, uno de los argumentos centrales con los que el Gobierno busca estimular la demanda.

Construcción, crédito y dólares: el segundo frente

El anuncio se complementa con otra medida recientemente comunicada por el Gobierno: la posibilidad de que los bancos utilicen una parte de sus depósitos en dólares para financiar proyectos de personas jurídicas, bajo las normas macroprudenciales definidas por el Banco Central.

La combinación apunta a actuar sobre ambos lados del mercado. Por un lado, más financiamiento para desarrolladores y proyectos inmobiliarios; por otro, mayor disponibilidad de crédito hipotecario para compradores de primera vivienda.

El efecto esperado excede entonces al sistema financiero. Si el mecanismo logra traducirse en nuevas obras, puede impactar sobre construcción, materiales, equipamiento, servicios profesionales y empleo. Ese es el canal de transmisión que el Gobierno identifica como uno de los principales multiplicadores de la política.

El punto crítico estará en la ejecución. El programa tiene recursos definidos, límites de tasa, mecanismos de licitación y supervisión, pero su impacto económico dependerá de que los bancos efectivamente conviertan el fondeo en préstamos y de que una cantidad significativa de hogares pueda cumplir con las condiciones de acceso.

La primera licitación, prevista para la próxima semana, será por eso la primera prueba concreta del esquema. Más que el volumen anunciado, el indicador a seguir será cuánto de esos $200.000 millones logra transformarse en hipotecas y a qué velocidad.

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Economía recompra al BCRA USD 781 millones de Letras intransferibles

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El Gobierno nacional dispuso una nueva operación de recompra de Letras Intransferibles en dólares estadounidenses que están en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por un valor efectivo de USD 781,47 millones, en una maniobra orientada a avanzar en la cancelación de estos instrumentos y reducir su peso dentro de los registros de deuda pública.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La operación se encuadra en el mecanismo habilitado por el Decreto 453/2025, que autorizó a ambas dependencias del Ministerio de Economía a continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles que permanecen en cartera del BCRA.

El esquema establece que las Letras deben ser tomadas siguiendo el orden cronológico de sus vencimientos, comenzando por las de vencimiento más cercano. En este caso, la operación comprende dos instrumentos: una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 30 de junio de 2031 y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032.

Para la Letra que vence en 2031, el Gobierno fijó un valor nominal original de USD 76,25 millones y un precio de USD 64,363467 por cada USD 100 de valor nominal. El segundo instrumento, con vencimiento en 2032, posee un valor nominal original de USD 1.226,34 millones y será adquirido a un precio de USD 59,721453 por cada USD 100 de valor nominal.

La diferencia entre el valor nominal de los títulos y el monto efectivo desembolsado constituye uno de los aspectos centrales de la operación. En conjunto, el Gobierno utilizará USD 781,47 millones de valor efectivo para cancelar instrumentos cuyo valor nominal original supera los USD 1.300 millones. Los valores efectivos serán redondeados al entero más cercano y la operación quedó liquidada el lunes 10 de agosto.

El punto relevante para las cuentas públicas es que los títulos recibidos por el Tesoro serán dados de baja de los registros de la deuda pública. De esta manera, la operación no se limita a modificar la composición de los activos y pasivos entre el Tesoro y el BCRA, sino que implica una reducción efectiva del stock de deuda registrado por el Estado nacional.

Las Letras Intransferibles constituyen un instrumento utilizado históricamente para documentar el financiamiento del Tesoro al Banco Central y permanecen en la cartera del organismo monetario. La estrategia adoptada por la actual administración busca avanzar en su cancelación mediante operaciones de administración de pasivos, utilizando los mecanismos habilitados por la normativa presupuestaria y financiera.

El artículo 55 de la Ley 11.672 faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo compras, ventas y canjes de instrumentos financieros. El Decreto 453/2025 amplió específicamente el marco para continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles en poder del BCRA, utilizando recursos provenientes de organismos internacionales de crédito u otras fuentes que determinen ambas secretarías.

La operación también muestra una particularidad financiera relevante: el Gobierno no está recomprando estos títulos a su valor nominal, sino utilizando precios determinados sobre la base de los valores considerados para la transacción. Esto permite cancelar un volumen nominal superior al desembolso efectivo realizado, aunque el efecto final debe analizarse dentro del conjunto de activos, pasivos y relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

Desde la perspectiva de las cuentas públicas, la medida apunta a simplificar la estructura de deuda y continuar con el proceso de saneamiento de los instrumentos que vinculan al Tesoro con el BCRA. Para el mercado, el dato más concreto es la baja de deuda pública por los títulos adquiridos, en un contexto en el que la administración económica busca utilizar operaciones de manejo de pasivos para modificar la composición y el perfil de las obligaciones del Estado.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia el mismo día de su dictado.

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Simplifican la importación de maquinaria usada para inversiones industriales y acelera los trámites para nuevas líneas de producción

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En una nueva señal orientada a facilitar las inversiones productivas, el Ministerio de Economía actualizó el régimen de importación de líneas de producción usadas, un instrumento que desde 2016 permite a las empresas incorporar equipamiento industrial del exterior cuando forma parte de proyectos de inversión destinados a ampliar o modernizar la capacidad productiva.

A través de la Resolución 272/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa reemplazó buena parte de la reglamentación vigente con el objetivo de adaptar el sistema a las modificaciones introducidas por el Decreto 483/2026 y simplificar el acceso de las empresas al régimen.

La reforma no cambia la esencia del programa, pero sí redefine su funcionamiento. El eje central pasa por una mayor digitalización de los procedimientos, la unificación de requisitos en un Manual de Usuario y una reducción de la incertidumbre administrativa para quienes planifican inversiones industriales de mediano y largo plazo.

Uno de los principales cambios es la incorporación de una Consulta de Encuadre Previa No Vinculante, un mecanismo mediante el cual las empresas podrán presentar la descripción técnica de su proyecto antes de iniciar formalmente el trámite. La autoridad de aplicación deberá emitir una opinión técnica en un plazo máximo de diez días hábiles, lo que permitirá detectar eventuales observaciones antes de avanzar con la inversión.

La medida también redefine qué se entiende por una “línea de producción completa y autónoma”, incorporando conceptos vinculados con la industria moderna. A partir de ahora, se incluyen expresamente procesos de transformación química, física y biológica, siempre que los proyectos incorporen componentes tecnológicos que automaticen o monitoreen la producción mediante sensores, dispositivos electrónicos o sistemas digitales.

Con esta actualización, el Gobierno busca adecuar un régimen concebido hace una década a los nuevos procesos de automatización industrial, donde la incorporación de tecnología ya no depende únicamente de grandes máquinas, sino también de sistemas inteligentes capaces de mejorar la productividad y la trazabilidad.

Otro aspecto relevante es que la resolución simplifica la documentación exigida para acreditar la antigüedad de la maquinaria importada y establece criterios diferenciados según se trate de equipos con menos o más de veinte años de fabricación. En el caso de bienes de mayor antigüedad, deberán acreditar procesos de reconstrucción o modernización (“revamping”) realizados previamente en el exterior, junto con documentación técnica que respalde la extensión de su vida útil.

La normativa también introduce mayor previsibilidad durante la ejecución de los proyectos. Las empresas podrán solicitar una única ampliación de plazos para importar equipos o poner en marcha la línea de producción, mientras que determinados cambios menores dejarán de requerir autorizaciones previas, reduciendo cargas burocráticas durante el desarrollo de las inversiones.

En materia administrativa, otra innovación relevante será la emisión automática de la Constancia de Expediente en Trámite (CET). Hasta ahora, este documento dependía de una intervención administrativa. Con el nuevo sistema podrá generarse automáticamente una vez cargada correctamente la información requerida, permitiendo a las empresas avanzar con determinados trámites aduaneros mientras continúa la evaluación técnica del proyecto.

Al mismo tiempo, la resolución mantiene los mecanismos de control estatal. Continúan vigentes las garantías aduaneras equivalentes a los tributos exceptuados, las auditorías técnicas, las inspecciones de campo y los procedimientos para ejecutar garantías cuando se detecten incumplimientos respecto del proyecto aprobado.

La evaluación de las solicitudes seguirá siendo realizada conjuntamente por las áreas de Comercio Exterior e Industria, aunque ahora podrán apoyarse en información proveniente de entidades públicas o privadas para enriquecer el análisis técnico, sin que esos informes tengan carácter vinculante.

La actualización también establece reglas de transición para cientos de expedientes iniciados bajo la normativa anterior. Esos proyectos podrán adaptarse al nuevo procedimiento y acceder a la emisión de la CET, además de contar con nuevos plazos para presentar las rendiciones de cuentas, que en la mayoría de los casos se extenderán hasta el 30 de junio de 2027 o seis meses después de la aprobación definitiva del proyecto.

Desde la perspectiva económica, la modificación busca resolver uno de los principales obstáculos que enfrentaban muchas inversiones industriales: la demora administrativa. En sectores donde la incorporación de maquinaria usada de alta complejidad representa una alternativa mucho más accesible que adquirir equipos nuevos, reducir tiempos de aprobación puede significar una diferencia determinante para concretar inversiones.

Al mismo tiempo, el mantenimiento del requisito de incorporar bienes nuevos de origen nacional dentro de los proyectos procura preservar un efecto de arrastre sobre la industria local, combinando la importación de tecnología con demanda para fabricantes argentinos.

En un contexto en el que numerosas empresas buscan modernizar procesos sin afrontar el elevado costo de equipamiento completamente nuevo, el nuevo régimen intenta equilibrar dos objetivos: facilitar la inversión privada y mantener mecanismos de control que garanticen que los beneficios fiscales efectivamente se traduzcan en mayor capacidad productiva.

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El Gobierno adjudicó cuatro corredores viales por 20 años: quiénes operarán las rutas

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La privatización de Corredores Viales S.A. dio un nuevo paso con la adjudicación de cuatro tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones. A través de la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional oficializó los ganadores de la licitación pública internacional que definirá durante los próximos 20 años la operación, mantenimiento, ampliación y explotación de algunos de los corredores más importantes del país.

La medida representa uno de los hitos centrales del proceso de reorganización de la infraestructura vial impulsado por la administración nacional, que busca trasladar al sector privado la gestión de las rutas concesionadas bajo el esquema de obra pública por peaje, con el argumento de mejorar la calidad del servicio y reducir la participación estatal en la operación.

La resolución aprueba la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25 correspondiente a la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II-B, luego de que la comisión evaluadora analizara las propuestas económicas presentadas por las empresas precalificadas y concluyera que las ofertas seleccionadas eran las más convenientes para el interés público.

Los cuatro corredores adjudicados abarcan zonas de alto tránsito productivo y logístico, fundamentales para el transporte de granos, manufacturas y exportaciones.

El Tramo Mediterráneo fue adjudicado a la unión de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., que ofertó una tarifa de $1.989,67 sin IVA. El contrato tendrá una duración de veinte años.

Para el Tramo Puntano, la adjudicación quedó en manos de BASAA S.A. – CECOSA S.A., con una propuesta de $1.440,08 sin IVA.

En tanto, el Tramo Portuario Sur también será administrado por CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., cuya oferta ascendió a $1.256,03 sin IVA.

Finalmente, el Tramo Portuario Norte fue adjudicado a CPC S.A., con una tarifa propuesta de $1.856 sin IVA.

Todos los contratos tendrán una vigencia de veinte años e incluyen la construcción, explotación, administración, reparación, conservación, ampliación de infraestructura vial, mantenimiento integral, prestación de servicios al usuario y el desarrollo de actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales.

La licitación despertó un fuerte interés del sector constructor. Más de una decena de grupos empresarios participaron del proceso competitivo, entre ellos Roggio, Cartellone, Rovella Carranza, Panedile, Luciano Construcciones, Paolini Hermanos e IEB Construcciones, entre otros. Tras la evaluación técnica y económica, las ofertas seleccionadas fueron consideradas las más convenientes en términos de tarifa y cumplimiento de las exigencias establecidas en los pliegos.

Un dato relevante es que el dictamen de adjudicación no recibió impugnaciones durante el período reglamentario de publicidad en el sistema CONTRAT.AR, lo que permitió avanzar con la adjudicación definitiva sin nuevos obstáculos administrativos.

Qué cambia para quienes utilizan las rutas

Desde la perspectiva de los usuarios, el cambio no implica una modificación inmediata en el funcionamiento de las rutas, pero sí abre una nueva etapa en la administración de la infraestructura vial nacional.

Las empresas adjudicatarias asumirán la obligación de mantener las condiciones de transitabilidad, ejecutar obras comprometidas, conservar el estado de los corredores y prestar servicios de asistencia al usuario durante toda la vigencia de la concesión.

El esquema busca que las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura sean financiadas mediante el sistema de peajes, reduciendo el aporte directo del Estado en la operación cotidiana.

Para el sector productivo, especialmente las economías regionales, el transporte de cargas y las cadenas exportadoras, la expectativa oficial es que corredores en mejores condiciones permitan disminuir costos logísticos, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, el verdadero desafío será verificar durante los próximos años el cumplimiento efectivo de los planes de inversión comprometidos por las concesionarias y el equilibrio entre las mejoras en la infraestructura y la evolución de las tarifas de peaje, un aspecto que impacta directamente sobre transportistas, productores y usuarios particulares.

Con esta adjudicación, el Gobierno profundiza el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado sujeto a privatización por la Ley 27.742, consolidando un nuevo modelo de gestión para parte de la red vial nacional basado en concesiones privadas de largo plazo.

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Caputo descartó una nueva baja de retenciones en la Rural y condicionó futuros recortes al superávit fiscal

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En la antesala del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó un mensaje de cautela al sector agropecuario. Durante su visita al predio y tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), descartó que el presidente Javier Milei anuncie una nueva reducción de las retenciones el próximo domingo y dejó en claro que cualquier modificación futura estará supeditada a la consolidación del superávit fiscal.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda buscaron moderar las expectativas que se habían instalado en torno al tradicional discurso presidencial en la Rural, escenario históricamente elegido para comunicar definiciones vinculadas a la política agropecuaria. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó.

El mensaje confirma que la estrategia económica del Gobierno continúa priorizando el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar con una reducción gradual de la presión tributaria. En ese esquema, las retenciones dejan de aparecer como una herramienta de corto plazo y pasan a depender de la evolución de los ingresos fiscales y del sostenimiento del programa económico.

La última modificación del esquema de Derechos de Exportación (DEX) fue anunciada por Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se definió un cronograma de reducción progresiva para distintos complejos productivos, que comenzará a implementarse desde 2027 y se extenderá durante dos años.

Según ese cronograma, el trigo y la cebada reducirán sus retenciones del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciará un descenso gradual desde el 24% hasta el 15% hacia 2028. En el caso del maíz y el sorgo, la baja será escalonada mediante reducciones trimestrales hasta alcanzar el 5,5%, mientras que el girasol también seguirá un esquema progresivo que concluirá con una alícuota del 3%.

Para el sector agropecuario, la definición implica que no habrá modificaciones inmediatas en un contexto donde los productores continúan reclamando una menor carga impositiva para mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar con una reducción gradual, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

Caputo también aprovechó su visita para destacar la evolución de la economía y poner en valor la mejora de la calificación crediticia otorgada recientemente por Moody’s, que se suma a las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Según el ministro, esas decisiones reflejan un cambio estructural en la economía argentina y fortalecen la percepción internacional sobre el rumbo del programa económico. “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido cuando se elimina el efecto de la estacionalidad. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

Desde una perspectiva económica, la postura oficial refleja una estrategia de gradualismo fiscal. El Gobierno busca sostener la confianza de los mercados y preservar el superávit como principal ancla macroeconómica, aun cuando ello implique postergar demandas de sectores estratégicos como el agro. La señal hacia el campo es que las futuras rebajas tributarias continúan siendo parte del horizonte oficial, pero su ejecución dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer la estabilidad alcanzada.

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