Ministerio de Salud

Ya hubo más de 38 mil casos de virus sincicial respiratorio en el año

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El Virus Sincicial Respiratorio continúa siendo la principal causa de bronquiolitis y neumonía en menores de un año y concentra una parte importante de las internaciones pediátricas por enfermedades respiratorias graves. Según el Ministerio de Salud de la Nación, la mayor carga de enfermedad se registra durante el primer año de vida, especialmente en los primeros meses.

Se trata de un virus de circulación estacional, cuya presencia aumenta durante los meses más fríos. En ese período es responsable de entre el 60 y el 80 por ciento de los casos de bronquiolitis.

“Resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán enfermedad grave, ya que cerca del 80 por ciento de los casos ocurren en bebés previamente sanos, nacidos a término y sin factores de riesgo identificables”, explicó el médico pediatra y neonatólogo Néstor Vain, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía.

En Argentina, la incorporación de la vacunación materna al Calendario Nacional de Vacunación representó un avance importante para reducir las complicaciones provocadas por este virus. A ello se sumó este año la inclusión del anticuerpo monoclonal de acción prolongada nirsevimab para bebés prematuros y niños con cardiopatías congénitas, con el objetivo de disminuir la mortalidad y las internaciones asociadas al Virus Sincicial Respiratorio.

Sin embargo, especialistas advierten que aún existe una importante brecha de protección. Muchos bebés que atraviesan su primera temporada de circulación viral no reciben ninguna de estas herramientas preventivas.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de Córdoba decidió ampliar la estrategia sanitaria mediante la compra de cerca de 10.000 dosis de nirsevimab para inmunizar a todos los niños nacidos desde enero de 2026 que no cuenten con protección frente al virus.

La iniciativa busca garantizar el acceso tanto en el sistema público como en el privado. El anticuerpo se administra a los recién nacidos antes del alta de las maternidades y también a los niños que cumplen los criterios de elegibilidad en vacunatorios de la red provincial.

Persisten miles de casos

Los datos oficiales muestran que la enfermedad continúa teniendo un fuerte impacto sanitario. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, durante las primeras 22 semanas de 2026 se notificaron más de 38.000 casos de bronquiolitis y 563 internaciones por Virus Sincicial Respiratorio.

Los especialistas también observan un cambio en el comportamiento epidemiológico del virus. En los últimos años su circulación comenzó más tarde que lo habitual, coincidiendo con una mayor presencia de influenza, un fenómeno que también se registró recientemente en el hemisferio norte.

Por ese motivo, esperan un incremento de los casos en las próximas semanas y consideran que todavía existe una oportunidad para ampliar la protección de los lactantes antes del pico estacional.

Por qué algunos bebés quedan sin cobertura

La vacunación materna brinda una protección eficaz durante aproximadamente seis meses, gracias al pasaje de anticuerpos desde la madre al bebé. Sin embargo, al tratarse de una estrategia estacional, los niños nacidos fuera del período de inmunización no reciben esa protección inicial.

Además, tampoco quedan completamente protegidos los bebés de madres que no fueron vacunadas, los prematuros y aquellos nacidos antes de que transcurran los 14 días necesarios para que la madre genere y transfiera anticuerpos.

“Es importante proteger a todos los bebés durante el primer año de vida mediante una estrategia integral que combine la vacunación materna con el uso del anticuerpo monoclonal en quienes no recibieron esa protección”, sostuvo Vain.

Una estrategia integrada

El especialista destacó que actualmente existen herramientas preventivas que permiten reducir de manera significativa el impacto del Virus Sincicial Respiratorio.

En ese sentido, diversas sociedades científicas nacionales e internacionales respaldan un esquema combinado que incluya la vacunación materna y la utilización de anticuerpos monoclonales de acción prolongada para los lactantes que no estén adecuadamente protegidos.

Entre las entidades que promueven esta estrategia se encuentran la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

Todas coinciden en que el objetivo debe ser garantizar que ningún bebé enfrente su primera temporada de circulación del virus sin protección específica.

Vain concluyó que el impacto del Virus Sincicial Respiratorio trasciende las internaciones pediátricas. Además de representar una elevada demanda para el sistema de salud por consultas, camas hospitalarias, oxígeno y estudios complementarios, la infección puede dejar secuelas respiratorias como hiperreactividad bronquial, asma u otitis recurrentes.

“Hoy contamos con herramientas eficaces para reducir ese impacto. El desafío es lograr que todos los bebés puedan acceder a ellas durante su primer año de vida”, concluyó.

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Lugones redefine el rol sanitario de Nación y empuja un esquema federal con mayor peso de las provincias

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El ministro de Salud ratificó que las jurisdicciones deben asumir la gestión directa de los sistemas sanitarios mientras Nación conservará funciones estratégicas. El planteo reabre el debate sobre financiamiento, coordinación y capacidad operativa en las provincias.

El ministro de Salud de la NaciónMario Lugones, manifestó que, junto a sus pares provinciales, busca impulsar un “sistema sanitario verdaderamente federal”, al mismo tiempo en que ratificó que “cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad”.

Desde sus redes sociales, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que el Gobierno “va a continuar garantizando recursos estratégicos“, como por ejemplo, las vacunas del Calendario Nacional, y “acompañando a las jurisdicciones en los procesos vinculados a los medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos“.

“Las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios y conocen las necesidades de sus poblaciones. Para cuidar la salud de todos los argentinos, cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Orden, eficiencia y trabajo coordinado”, se sostuvo.

En la misma línea, el comunicado firmado por todos los ministros sanitarios del país se indicó que la salud en Argentina “es una responsabilidad jurisdiccional dentro de un sistema federal” y que, tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires, tienen a su cargo la gestión de los sistemas sanitarios locales y “conocen de cerca las necesidades de sus poblaciones”. 

Asimismo, subrayaron en el texto que Nación seguirá cumpliendo el rol de “rector indispensable” que “coordina políticas, fija estándares y garantiza recursos estratégicos“.

“Este trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, que se refleja en los encuentros mensuales del Consejo Federal de Salud, es el que permite fortalecer el sistema de salud y mejorar las respuestas para todos los argentinos”, concluyeron. 

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Recortan $63.000 millones en Salud: ajuste en medicamentos, cáncer y programas esenciales

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La decisión administrativa 20/2026 del Gobierno nacional volvió a poner a la salud pública en el centro de la discusión. El Ministerio de Salud sufrió un recorte superior a los 63.000 millones de pesos dentro del ajuste general del 2% aplicado sobre toda la Administración Pública Nacional, una poda que impacta de lleno en programas sensibles como Remediar, tratamientos oncológicos, provisión de medicamentos esenciales, VIH, trasplantes, salud sexual y prevención de enfermedades transmisibles.

El ajuste quedó plasmado en el anexo presupuestario de la normativa oficial y expone una reducción significativa en áreas estratégicas que sostienen la atención primaria, especialmente en provincias con menor capacidad financiera. Aunque desde la cartera que conduce Mario Lugones aseguran que no habrá desfinanciamiento de prestaciones sensibles y que se trata de una “optimización de recursos”, especialistas advierten que el impacto podría sentirse con fuerza en los sectores más vulnerables.

Uno de los principales focos de preocupación está en el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que sufrió una poda cercana a los 20.000 millones de pesos. Allí se encuentran el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, la provisión de medicamentos esenciales, la asistencia a pacientes trasplantados, tratamientos de alto costo, medicamentos judicializados y programas vinculados al cannabis medicinal.

También se recortaron 5.000 millones de pesos en el área de cáncer, que originalmente tenía previstos 15.000 millones para 2026 y quedó con apenas 10.000 millones vigentes. Hasta mediados de mayo, la ejecución presupuestaria apenas alcanzaba los 641 millones, equivalente al 6,2% del total disponible, un dato que genera fuerte inquietud entre especialistas y prestadores.

Otro capítulo crítico es el programa Remediar, una política pública histórica que desde 2002 garantiza medicamentos gratuitos en centros de atención primaria para poblaciones vulnerables. El ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, cuestionó duramente la reducción de este esquema y advirtió sobre las consecuencias sanitarias de trasladar esa carga financiera a las provincias.

“Claramente es una medida pro equidad que siguió funcionando en todas las gestiones. Se está desmantelando bajo el concepto de que todo lo tienen que bancar las provincias. Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios”, sostuvo.

En paralelo, el programa SUMAR+, vinculado al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, también sufrió un fuerte ajuste con una reducción de 25.000 millones de pesos. Esto golpea especialmente a las provincias del norte argentino, donde la dependencia de transferencias nacionales es mucho mayor y donde las brechas sanitarias suelen ser más profundas.

La poda alcanza además a programas de prevención y control de enfermedades endémicas, dengue, zoonosis, enfermedades transmisibles, VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra, salud sexual y provisión de anticonceptivos. También hubo recortes para organismos como el INCUCAI, la SEDRONAR, el ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación presupuestaria busca “ordenar la inversión sanitaria”, eliminar superposiciones y priorizar prestaciones de mayor impacto. Sin embargo, el debate de fondo gira en torno a cuánto puede resistir el sistema sanitario público cuando la demanda crece al mismo tiempo que se retrae la capacidad de financiamiento.

En un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento de la morosidad y más personas dependiendo exclusivamente del sistema público de salud, el recorte sanitario abre un frente político y social de alto voltaje que difícilmente pase desapercibido en las provincias.

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Equipos del programa provincial de Control de Tabaco refuerzan las actividades de prevención en el mes de mayo

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En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este 31 de mayo, equipos que integran el Programa Provincial de Control de Tabaco de distintos municipios refuerzan actividades de prevención, promoción de hábitos saludables y sensibilización sobre los daños que provoca el consumo de tabaco.

Las propuestas están destinadas a estudiantes, pacientes y comunidad en general, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y territorial que se viene desarrollando en los distintos efectores de la salud de la provincia.
Las actividades dieron inicio en la jornada de ayer en el Bachillerato N.º 11, con una intervención conjunta entre el equipo PROSAME, rotantes de la UCAMI y el equipo de consultorio de cesación de Campo Grande, donde se abordaron estrategias de prevención y concientización sobre tabaquismo.

El miércoles 13, a las 10 horas, el equipo del Hospital de Candelaria realizará en la sala de espera una charla abierta a la comunidad promoviendo información sobre el acompañamiento para dejar de fumar. Ese mismo día, a las 15 horas se desarrollará una charla en el CAPS Paraje Primavera, organizada por el Hospital de Alba Posse, con el eje de prevención, riesgos del tabaquismo y herramientas de acompañamiento para quienes desean abandonar el consumo de tabaco.

Las acciones continuarán el jueves 14 con una charla en la Escuela N.º 916 del barrio Samaritano, que está organizada por el CIC de San Vicente, destinada a la comunidad educativa.

Finalmente, el lunes 18 se llevará adelante una actividad en la Escuela N.º 826, coordinada junto al Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, reforzando la importancia de la prevención temprana y la promoción de entornos saludables libres de humo. Desde los equipos sanitarios que integran al programa remarcan que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte, asociado a patologías respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas por ello destacan la importancia de sostener espacios de información, escucha y acompañamiento para fomentar hábitos saludables.

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Habilitan vapeadores con control estatal y cambia el paradigma sanitario sobre nicotina

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El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril de 2026 un cambio de fondo en la política sanitaria sobre productos de nicotina: mediante la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud, dejó atrás el esquema de prohibición y habilitó la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina bajo un sistema obligatorio de registro, control y fiscalización. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, no es meramente técnica: redefine el rol del Estado frente a un mercado en expansión y expone una tensión de fondo —regular lo que ya circula o insistir con prohibiciones ineficaces— en un contexto donde el consumo adolescente alcanzó el 35,5% en el último año.

El movimiento abre un interrogante político más amplio: ¿es una flexibilización pragmática que busca recuperar capacidad de control o un cambio de enfoque que puede reconfigurar el debate sanitario y regulatorio en el Congreso?

Control estatal sobre un mercado que ya existía

La resolución deroga la prohibición vigente desde 2023 y establece un sistema integral que incorpora a los nuevos dispositivos dentro del régimen de la Ley 26.687. En términos concretos, los productos pasan a ser considerados equivalentes al tabaco tradicional, con exigencias de advertencias sanitarias, restricciones publicitarias y limitaciones en el diseño para evitar la atracción de menores.

El núcleo operativo de la norma es la creación del Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), que deberá organizarse en un plazo de 45 días. Este instrumento funcionará como base de datos centralizada para clasificar dispositivos, monitorear consumo y ajustar regulaciones según evidencia epidemiológica.

El cambio no es menor. Donde antes había un vacío de control efectivo —producto de una prohibición que, según el propio Ejecutivo, no logró frenar el acceso— ahora se instala un esquema de trazabilidad obligatoria. Importadores y fabricantes deberán inscribir cada producto, presentar fórmulas completas, información toxicológica, certificados de emisiones y datos sobre ventas y perfiles de consumo. La autorización tendrá una vigencia de cinco años.

Al mismo tiempo, el Gobierno delimita el alcance de la apertura: prohíbe los cigarrillos electrónicos descartables, restringe los sabores a tabaco y mentol, y veta elementos de marketing dirigidos a jóvenes. Es decir, habilita el mercado, pero bajo condiciones más estrictas que las que existían en la práctica informal.

Antecedentes y racionalidad política del giro

El nuevo esquema se inscribe en una secuencia normativa más amplia. La prohibición de dispositivos electrónicos, vigente desde 2011 y reforzada en 2023, se apoyaba en el principio precautorio. Sin embargo, el crecimiento del consumo —especialmente en adolescentes— erosionó su efectividad como herramienta de política pública.

El propio texto oficial reconoce ese límite: la circulación de estos productos persistió, con expansión global y presencia local creciente. En ese contexto, el Ejecutivo opta por un enfoque alineado con experiencias internacionales como Estados Unidos y Reino Unido, donde el control se ejerce a través de registros, estándares y fiscalización, no mediante prohibiciones absolutas.

La medida también activa un entramado institucional más amplio: intervienen áreas del Ministerio de Economía, organismos regulatorios, el sistema aduanero, el ente de comunicaciones y la autoridad sanitaria. Esa articulación sugiere que el Gobierno busca integrar la regulación sanitaria con herramientas de control comercial y fiscal, en lugar de abordarla como un problema exclusivamente médico.

Control estatal vs. apertura de mercado

En términos de correlación de fuerzas, la decisión fortalece la capacidad regulatoria del Ejecutivo en un terreno donde el Estado había perdido trazabilidad. El registro obligatorio y la exigencia de información técnica posicionan al Ministerio de Salud como autoridad central en un mercado que, hasta ahora, operaba en gran medida por fuera del radar formal.

Al mismo tiempo, introduce nuevas reglas de juego para importadores y fabricantes. La obligación de certificaciones, declaraciones juradas y monitoreo de ventas implica costos regulatorios, pero también habilita un marco de legalidad que antes no existía.

Desde el punto de vista político, el cambio puede tener impacto en la agenda legislativa. La regulación de productos de nicotina —especialmente en relación con menores— es un terreno sensible, donde confluyen argumentos sanitarios, económicos y de consumo. La decisión del Ejecutivo podría ordenar ese debate o, por el contrario, reactivarlo en el Congreso.

En clave económica, la formalización del mercado abre la puerta a mayor control sobre importaciones y comercialización, con efectos potenciales en recaudación y en la estructura competitiva del sector. Pero ese impacto dependerá de la capacidad efectiva de fiscalización.

Entre la evidencia y la política

El nuevo modelo apuesta a una lógica dinámica: monitorear, ajustar y regular según datos. El RNPTN no solo funcionará como registro, sino también como herramienta de vigilancia epidemiológica. Esa arquitectura sugiere que la política no queda cerrada, sino sujeta a revisión permanente.

Las próximas semanas serán clave para observar cómo se implementa el sistema —especialmente en el plazo de 45 días para su puesta en marcha— y qué nivel de adhesión logra entre los actores del mercado.

También quedará bajo análisis si la restricción de sabores y la prohibición de dispositivos descartables logran el objetivo explícito de reducir la iniciación juvenil, o si emergen nuevos formatos que vuelvan a tensionar la regulación.

El Gobierno eligió intervenir en un mercado que ya existía en la práctica. La pregunta que queda abierta no es solo sanitaria, sino política: si este cambio consolida un modelo de regulación más eficaz o si inaugura una nueva fase de disputa sobre cómo —y hasta dónde— debe intervenir el Estado en los consumos de riesgo.

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