El Gobierno nacional formalizó la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo organismo de coordinación destinado a fortalecer la prevención y la investigación del lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y otras formas de criminalidad económica en todo el país. La medida fue oficializada este 11 de marzo mediante la Resolución 230/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva.
El nuevo consejo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y tendrá como misión central generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para abordar la criminalidad económica, un fenómeno que, según el propio Gobierno, se volvió cada vez más complejo por la internacionalización de las operaciones financieras ilícitas.
La iniciativa introduce una herramienta institucional para ordenar el intercambio de información entre fuerzas federales, policías provinciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En términos políticos, la decisión refuerza la estrategia del Gobierno de colocar el seguimiento del dinero y los activos ilícitos en el centro de la política de seguridad.
Un organismo para mapear la criminalidad económica en todo el país
El Consejo Federal de Delitos Económicos tendrá un conjunto amplio de funciones orientadas a mejorar el diagnóstico y la prevención de delitos vinculados con el movimiento ilegal de dinero.
Entre sus tareas principales se encuentra recolectar y sistematizar información sobre delitos económicos cometidos en el territorio nacional, tanto a partir de fuentes abiertas como de datos provistos por las fuerzas policiales y de seguridad.
El organismo también deberá desarrollar indicadores e informes periódicos que sirvan como insumo para las investigaciones y para la elaboración de políticas públicas en materia de criminalidad económica.
Otro eje central será la elaboración de un mapa de situación del delito económico, con análisis a nivel nacional, regional y provincial. Ese diagnóstico permitirá identificar patrones, detectar nuevas modalidades delictivas y proponer medidas de prevención.
El consejo también tendrá la tarea de coordinar el intercambio de información entre organismos competentes para generar sistemas de alerta temprana frente a posibles maniobras financieras ilícitas.
Articulación entre Nación y provincias
El diseño del organismo refleja una lógica federal.
El Consejo estará integrado por un representante titular y un suplente de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que decidan adherir a la iniciativa, además de representantes de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos y de cada una de las fuerzas policiales y de seguridad federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.
La coordinación funcional quedará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal.
Ese organismo tendrá la responsabilidad de convocar las reuniones, conducir las mesas de trabajo y producir la documentación técnica que surja de las deliberaciones del consejo.
La resolución también establece que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán adherir formalmente mediante un acta de adhesión para participar del espacio.
Un enfoque centrado en la criminalidad financiera
La resolución oficial fundamenta la creación del consejo en la creciente complejidad de los delitos económicos.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, la criminalidad económica se caracteriza por operaciones legales e ilegales de alta complejidad, que en algunos casos pueden involucrar instituciones o funcionarios públicos y que generan beneficios económicos significativos.
En ese contexto, el seguimiento de los flujos financieros se convirtió en una pieza central de las investigaciones sobre criminalidad organizada.
El documento también menciona que delitos como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el soborno transnacional o la evasión fiscal suelen apoyarse en estructuras financieras internacionales que dificultan su rastreo.
Por ese motivo, el Gobierno sostiene que resulta necesario contar con un espacio federal que permita analizar estas modalidades delictivas de manera coordinada.
Compromisos internacionales y recuperación de activos
El marco jurídico que respalda la iniciativa incluye compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Entre ellos se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Estos acuerdos obligan a los Estados a desarrollar mecanismos para identificar bienes de origen ilícito y recuperar activos provenientes de actividades criminales.
El Consejo Federal de Delitos Económicos aparece así como una herramienta destinada a reforzar la capacidad institucional para cumplir con esos compromisos.
Un organismo sin presupuesto propio
La resolución establece que el funcionamiento del consejo no implicará erogaciones presupuestarias adicionales para el Estado nacional.
Los representantes que integren el organismo actuarán sin dejar sus funciones habituales y sin que su designación implique cargos superiores dentro de la estructura estatal.
El consejo deberá reunirse al menos una vez por año calendario, aunque la normativa también prevé una comunicación permanente entre las jurisdicciones participantes para actualizar el diagnóstico de la criminalidad económica.
Además, la Dirección de Investigación de Delitos Económicos podrá convocar a especialistas de organismos públicos, entidades privadas o instituciones internacionales cuando se requiera su participación en temas específicos.
Un nuevo eslabón en la arquitectura de seguridad
La creación del Consejo Federal de Delitos Económicos se inscribe dentro del esquema institucional que organiza el sistema de seguridad interior en Argentina.
El Ministerio de Seguridad Nacional tiene la conducción del esfuerzo policial del Estado y la coordinación de las fuerzas federales, mientras que el Consejo de Seguridad Interior funciona como órgano asesor en el diseño de políticas en la materia.
El nuevo organismo suma un espacio especializado enfocado exclusivamente en la dimensión financiera del delito.
Lo que viene: adhesiones provinciales y funcionamiento operativo
El funcionamiento efectivo del consejo dependerá ahora de la adhesión de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
La participación de las jurisdicciones será clave para que el organismo logre consolidar una red federal de información sobre delitos económicos.
También será determinante observar cómo se integran los distintos niveles de fuerzas policiales dentro del sistema y qué capacidad real tiene el consejo para transformar la información en estrategias concretas de prevención e investigación.
La criminalidad económica opera con estructuras cada vez más complejas y transnacionales. En ese escenario, el nuevo consejo abre un espacio institucional que busca ordenar el análisis y la coordinación entre jurisdicciones.
Su impacto dependerá de cómo evolucione ese trabajo conjunto y de si logra convertir el intercambio de información en herramientas efectivas contra los flujos financieros ilícitos.
