Misiones economía regional

El Banco Central cierra la regional Posadas y advierten por el encarecimiento financiero

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El plan de ajuste del Estado nacional llegó al Banco Central, que decidió cerrar las delegaciones regionales, entre ellas las de Posadas y generó alerta en el sistema financiero por el encarecimiento de los movimientos financieros. Las delegaciones son las que nutren de dinero a los bancos de la plaza local. 

La decisión del Central se conoció en las últimas horas y ya fue comunicada a los trabajadores, que deberán ser reubicados. En Misiones son cuatro los empleados, mientras que con el resto de las delegaciones son 32. Aunque hay resistencia, el cierre de las delegaciones comenzó a hacerse efectivo y se estima que en un mes se hará definitivo. Los bancos están averiguando si podrán guardar el efectivo, sino el costo del traslado se va a disparar, lo que, en última instancia, se trasladará a los usuarios del sistema financiero, señalaron fuentes oficiales.

La medida ya generó rechazo institucional en el Senado, donde advierten sobre un impacto económico, federal y social en las provincias afectadas. “Ejemplo de  la vida cotidiana: Mañana sale algún pago urgente  en la Provincia, hoy el Central le da en el momento al banco el dinero. Al no estar la delegación y si el banco no tiene ese efectivo, la agencia más cercana que va a quedar es en Corrientes. Eso es gasto, tiempo, logística”, indicó Rafael Ruiz Moreno, de la Bancaria. 

La resolución del Banco Central, que reduce de 21 a 9 las agencias regionales, se apoya en un diagnóstico: “menos uso de efectivo, mayor digitalización y necesidad de eficiencia”. Sin embargo, la lectura desde el interior del país es otra: menos presencia estatal, más costos y mayor centralización.

Los propios datos oficiales muestran que la regional Posadas no era marginal. En 2025, movió 324.960 millones de pesos entre depósitos y pagos, con una estructura reducida de apenas cuatro empleados.

Regional Empleados Capacidad Operativa ($ millones) Capacidad de Bóveda ($ millones) Depósitos ($ millones) Pagos ($ millones) Total Movido ($ millones)
Posadas 4 2.000 24.300 54.580 270.380 324.960
Corrientes 5 3.000 48.000 146.240 625.000 771.240
Rosario 9 6.000 80.000 210.820 542.000 752.820
Paraná 6 4.000 60.000 180.500 511.000 691.500
Tucumán 6 4.500 65.000 142.145 400.000 542.145
Córdoba 7 5.000 70.000 149.300 350.000 499.300
Neuquén 5 3.500 55.000 136.000 350.000 486.000
Mendoza 5 3.000 50.000 107.593 250.000 357.593

Posadas mueve $324.960 millones, pero queda afuera del nuevo esquema.

Sin embargo, ese volumen quedó relegado frente a otras plazas que el Banco Central consideró “estratégicas” dentro del nuevo esquema concentrado. La lógica aplicada fue simple: cerrar las agencias de menor escala relativa y concentrar la operatoria en nodos más grandes como Corrientes, Rosario o Córdoba.

El problema es que ese criterio económico no necesariamente contempla la realidad territorial.

El tema ya escaló al Congreso. Un proyecto de declaración presentado en el Senado expresa “preocupación y rechazo” por el cierre de las agencias regionales -incluida Posadas- al considerar que la medida “afecta gravemente las transacciones financieras y comerciales” al encarecer los costos operativos en las regiones.

Los fundamentos del proyecto profundizan esa crítica. Desde el punto de vista económico, advierten que la eliminación de estas sedes obligará a trasladar la logística de efectivo hacia otras provincias o directamente hacia Buenos Aires, lo que implica mayores costos transaccionales para bancos, empresas y comercios.

Pero el cuestionamiento va más allá. En el plano político, se señala que la medida vulnera el principio de igualdad federal al reducir capacidades operativas en el interior, mientras se concentran decisiones y recursos en menos puntos del país.

Y en el plano social, el documento pone el foco en un aspecto que el Banco Central relativiza: la persistencia del uso del efectivo. Según el proyecto, existe un “desconocimiento de los usos y costumbres” de amplios sectores de la población, especialmente adultos mayores y regiones con limitaciones tecnológicas, donde los medios digitales aún no reemplazan plenamente al dinero físico.

El caso de Posadas expone con claridad esa tensión. La capital misionera no solo es un centro administrativo, sino un nodo clave en la frontera con Paraguay, con una dinámica económica donde el efectivo sigue jugando un rol central.

Eliminar la regional implica que la provisión y manejo de billetes dependerá de otras plazas, principalmente Corrientes. Esto no solo agrega distancia geográfica, sino también complejidad logística en una provincia con fuerte circulación comercial transfronteriza y agrega un riesgo activo para la seguridad del transporte. 

En ese contexto, la pregunta es si el ahorro operativo que busca el Banco Central no termina trasladándose como costo al sector privado y a la economía regional.

El Banco Central sostiene que la decisión responde a una modernización inevitable del sistema de pagos: la digitalización avanza y el efectivo pierde peso relativo.

Pero también es cierto que ese proceso no es uniforme. Y que las decisiones de infraestructura financiera no son neutras: definen qué territorios ganan centralidad y cuáles la pierden.

El cierre de la regional Posadas sintetiza esa discusión. Desde la lógica del ajuste, es una medida de eficiencia. Desde la perspectiva del interior, es un nuevo paso en el repliegue del Estado nacional.

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Productores advierten: la desregulación hundió al sector yerbatero en Misiones

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Productores yerbateros de San Pedro reclaman reactivar el INYM y recuperar un precio justo. Reclaman cambios en el Instituto y denuncian pagos en cheques sin fondos.

La crisis del sector yerbatero sumó un nuevo capítulo con el reclamo de productores de la localidad de San Pedro, quienes advierten que la desregulación del mercado profundizó la desigualdad y dejó en una situación crítica a pequeños y medianos colonos. Desde la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, su referente Waldemar Schwider remarcó que el objetivo central es “recuperar el funcionamiento pleno del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con autoridades designadas y un rumbo claro que defienda al productor”.

Desregulación y caída de ingresos

Los yerbateros apuntan a las consecuencias del vaciamiento institucional del INYM y la liberalización del mercado impulsada en los últimos años. Schwider advirtió que la desregulación “no fue la solución, sino que empeoró la situación de los colonos”. Según explicó, la eliminación de controles favoreció a grandes grupos económicos y dejó a los productores más chicos a merced de pagos diferidos, en muchos casos con cheques a 120, 180 o incluso 300 días.

“Mientras los insumos, el combustible y los alimentos deben pagarse al contado, a los productores nos pagan con diferidos que muchas veces no se pueden comercializar. En otros casos, incluso aparecen cheques sin fondos o con denuncias, lo que significa que se trabaja todo un año para terminar con papeles que no valen nada”, sostuvo.

El dirigente remarcó que, al cierre de la última cosecha, el precio en efectivo de la hoja verde rondó los $320 por kilo, mientras que algunos compradores ofrecían hasta $370, aunque en efectivo. Sin embargo, los pagos diferidos reducen drásticamente la rentabilidad: “Un precio de $150 o $180 a 90 días no nos deja nada”, aseguró.

El rol del INYM y la necesidad de reformas

El testimonio recogido en San Pedro también subraya la importancia de reactivar al Instituto Nacional de la Yerba Mate, al que los productores ven como herramienta central para equilibrar la cadena. “El INYM es indispensable, pero debe ser un organismo sano, con nuevas autoridades y una orientación clara hacia la defensa del pequeño y mediano productor”, explicó Schwider.

El dirigente criticó además que, en el pasado, el instituto favoreció a grandes plantadores, lo que incentivó la expansión de superficies en manos de capitales externos. “En San Pedro se plantaron miles de hectáreas de yerba por parte de gente que ni siquiera es del sector, y hoy eso repercute negativamente en toda la sociedad”, denunció.

Los yerbateros consideran que la solución no pasa únicamente por la designación de un presidente en el INYM, sino por un proceso más profundo de reconstrucción institucional: “Ahí recién va a empezar la verdadera lucha, porque hay que cambiar de raíz la forma en que se gestionó hasta ahora. Necesitamos dirigentes con credibilidad, que no se vendan por una moneda”, afirmó.

Hacia la reconstrucción de la confianza

La Casa de la Familia Yerbatera busca impulsar un movimiento de unión entre colonos, en un contexto marcado por la fragmentación interna y la pérdida de confianza. “El productor es reacio, pero si ve que quienes estamos al frente no tenemos intereses creados y realmente defendemos al sector, se va a volver a sumar”, señaló Schwider.

En paralelo, advierten que, sin cambios de fondo, el riesgo es la desaparición progresiva de los medianos productores, quienes hoy concentran las mayores inversiones en tecnología y fertilizantes. “Si no hay precio justo y reglas claras, el colono va a abandonar la actividad. Y eso no solo es un problema productivo: también es un problema social y económico para toda la región”, concluyó.

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