En las instalaciones del ITUREM, en Puerto Iguazú, se realizó el lanzamiento oficial de NATIVA LATAM 2026, la Cumbre Latinoamericana de Turismo de Naturaleza y Aventura que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en la ciudad de las Cataratas.
La presentación fue impulsada por la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura (AAETAV) y contó con la participación de la subsecretaria de Ecoturismo del Ministerio de Turismo de Misiones, Liza Carlzon; la presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones (AOCA), Patricia Durán Vaca; el presidente del ITUREM, Leopoldo Lucas; y el presidente de AAETAV, Diego Noia.
NATIVA LATAM 2026 reunirá en Misiones a líderes, operadores, gobiernos, inversores y referentes internacionales del turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo, en un espacio orientado a generar oportunidades de negocios, intercambios y aprendizaje para el ecosistema turístico regional.
Durante el lanzamiento, Carlzon destacó la importancia de que Puerto Iguazú haya sido elegida como sede del encuentro y remarcó “que Misiones sea referente de turismo de naturaleza a nivel nacional y regional no es una casualidad; es resultado de una política de Estado provincial que destina recursos al cuidado de nuestra selva paranaense y de la articulación de un turismo responsable y sostenible en las áreas naturales protegidas”.
En este sentido, se destacó el potencial de la selva paranaense, las áreas protegidas, las experiencias de ecoturismo consolidadas, la conectividad internacional y el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer un turismo sostenible.
Por su parte, Diego Noia remarcó que NATIVA 2026 será “una plataforma de transformación para el turismo de naturaleza y aventura en América Latina”, abordando temas vinculados a sostenibilidad, innovación, inversión, desarrollo local y nuevas tendencias del viajero global.
Durante las jornadas se desarrollarán paneles de expertos, casos de éxito, rondas de negocios y espacios de articulación entre operadores internacionales y la oferta turística de la región, promoviendo oportunidades de crecimiento y posicionamiento comercial para los destinos participantes.
El encuentro se proyecta como una respuesta concreta a los desafíos actuales del turismo, impulsando un modelo que combine desarrollo económico, conservación ambiental e inclusión social, en línea con las nuevas demandas del turismo internacional.
Con este evento, Misiones continúa fortaleciendo su perfil como destino referente en turismo de naturaleza y experiencias sostenibles, proyectando al mundo su biodiversidad y su capacidad para liderar iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza y de eventos internacionales.
El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.
El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.
La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.
En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.
Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.
Qué implica el avance del pliego para Misiones
La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.
Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.
Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.
La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.
La Justicia federal volvió al centro de la negociación política
El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.
La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.
En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.
Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.
La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.
En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.
El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:
Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.
Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.
Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.
Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.
Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.
Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.
Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.
Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.
Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.
Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.
Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.
Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.
Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.
Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.
Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.
Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.
Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.
Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.
Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.
Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.
María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.
Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.
Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.
Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.
María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.
Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.
Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.
Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.
Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.
Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.
Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.
Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.
Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.
Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.
Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.
Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.
Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.
Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.
Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.
Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.
José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.
Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.
Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.
María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.
Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.
Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva operación financiera orientada a recomponer el balance del Banco Central y reducir pasivos del Tesoro. Según informó el Ministerio de Economía, el BCRA puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a dividendos del ejercicio 2025, recursos que serán destinados en parte a reforzar depósitos oficiales y, principalmente, a cancelar Letras Intransferibles en poder de la autoridad monetaria.
La medida implica la utilización de $18,4 billones para recomprar Letras Intransferibles por un valor nominal estimado de USD 21.700 millones. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación reducirá la deuda bruta del Tesoro en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto.
El restante de los fondos, unos $6 billones, será utilizado para constituir depósitos del Tesoro en el Banco Central, en un movimiento que el oficialismo presenta como parte de una estrategia de fortalecimiento patrimonial y estabilización monetaria.
El Gobierno apunta a desarmar uno de los pasivos históricos del BCRA
Las Letras Intransferibles fueron emitidas en años anteriores como mecanismo para compensar el uso de reservas internacionales por parte del Tesoro Nacional. Según explicó Economía, esos instrumentos reemplazaron activos líquidos —como dólares de reservas— por títulos “ilíquidos y sin valor de mercado”.
El comunicado oficial remarcó que esa operatoria había deteriorado el activo del Banco Central en un contexto de déficit fiscal y cierre del financiamiento voluntario. El Gobierno sostuvo además que, al inicio de diciembre de 2023, las reservas netas eran negativas en más de USD 11.000 millones.
La recompra de esos instrumentos aparece ahora como una de las piezas centrales del proceso de saneamiento del balance del BCRA iniciado por la administración de Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
El movimiento se conoció luego de que el Directorio del Banco Central aprobara los estados contables correspondientes a 2025, ejercicio en el que la entidad registró una ganancia de $34,3 billones. Según los datos oficiales, el resultado implicó una mejora del 34% respecto de 2024, mientras que el patrimonio neto alcanzó los $51,3 billones.
El BCRA atribuyó parte de esa mejora al recupero generado por la recompra de Letras Intransferibles y al incremento de reservas internacionales, que ascendieron a USD 41.095 millones al cierre de 2025.
El organismo también vinculó la mejora patrimonial con operaciones financiadas mediante desembolsos del FMI, acuerdos REPO con bancos internacionales y la valorización del oro.
La operación tiene además una lectura institucional y política. El Gobierno intenta mostrar consistencia fiscal y capacidad de ordenamiento financiero en un contexto donde la acumulación de reservas y la credibilidad monetaria siguen siendo variables observadas por el mercado y los organismos internacionales.
La decisión de utilizar utilidades contables del BCRA para cancelar deuda intraestado busca además reducir uno de los principales cuestionamientos históricos sobre la calidad de los activos del Central.
En paralelo, el Banco Central informó que continuará durante 2026 con el proceso de saneamiento de su hoja de balance y con un programa de compra de reservas preanunciadas, apoyado —según indicó— en la remonetización de la economía.
Qué cambia para la economía real
Aunque la operación ocurre dentro del sector público, el movimiento tiene efectos indirectos sobre el esquema económico general. La reducción de pasivos del Tesoro y la recomposición patrimonial del BCRA apuntan a fortalecer la estabilidad monetaria y financiera, dos variables clave para la estrategia antiinflacionaria del Gobierno.
También busca consolidar señales hacia acreedores e inversores en medio de un programa económico que mantiene el equilibrio fiscal como principal ancla.
El propio Banco Central destacó la reducción de intereses pagados por pasivos monetarios y la caída de los gastos de emisión, en línea con la política de contracción monetaria aplicada durante el último año.
Si el proceso de saneamiento financiero logra sostener la desaceleración inflacionaria y mejorar las condiciones de financiamiento, sectores productivos regionales podrían beneficiarse de una menor volatilidad cambiaria y monetaria. Sin embargo, el escenario todavía depende de variables externas, del nivel de reservas y de la capacidad oficial para sostener el equilibrio fiscal sin frenar la actividad.
El Gobierno exhibe la cancelación de Letras Intransferibles como una señal de normalización financiera y fortalecimiento institucional del Banco Central. Sin embargo, la consistencia de ese proceso seguirá atada a la evolución de reservas, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento.
La atención del mercado ahora se concentra en cómo evolucionará la estrategia de acumulación de divisas y en qué medida el saneamiento del balance del BCRA puede traducirse en una mayor estabilidad económica durante 2026.
La desaceleración de la inflación convivió con un nuevo aumento de las líneas de pobreza e indigencia. La Canasta Básica Total trepó 2,5% mensual y consolidó una suba interanual de 32,4%, en un escenario donde el consumo sigue bajo presión.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,1% en abril respecto de marzo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba de 2,5%. Con estos datos, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.469.786 para no caer bajo la línea de pobreza y $665.053 para cubrir únicamente los alimentos mínimos y no ser indigente.
La publicación se conoció en paralelo al dato de inflación de abril, que fue de 2,6%, y volvió a mostrar una desaceleración respecto de los meses previos. Sin embargo, la dinámica de las canastas sociales expone que el costo de sostener ingresos básicos continúa en niveles elevados, aun con menor presión inflacionaria.
Qué muestran las nuevas líneas de pobreza e indigencia
Según el organismo estadístico, la CBA acumuló una variación de 12,8% en lo que va de 2026 y de 32,4% en términos interanuales. La CBT, que incorpora además bienes y servicios no alimentarios, avanzó 12,3% en el año y también alcanzó un incremento interanual de 32,4%.
El informe detalla distintos escenarios familiares. En un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, se necesitaron $529.460 para cubrir la canasta alimentaria y $1.170.106 para acceder a la canasta total.
En tanto, para un hogar integrado por un hombre y una mujer de 30 años con tres hijos pequeños, el umbral de indigencia ascendió a $699.490 y el de pobreza alcanzó los $1.545.872.
El INDEC recordó que la CBA se calcula tomando como referencia los requerimientos nutricionales mínimos de un adulto equivalente, mientras que la CBT amplía esa base incorporando gastos no alimentarios mediante el coeficiente de Engel.
La diferencia entre la inflación general de abril y la evolución de las canastas revela una tensión económica que el Gobierno sigue monitoreando: la baja del índice general no implica automáticamente una recuperación del poder de compra.
Mientras la CBA mostró una variación mensual más moderada, la CBT avanzó casi al mismo ritmo que el IPC. Eso significa que servicios, transporte, educación, indumentaria y otros consumos esenciales continúan presionando sobre los ingresos familiares.
El dato adquiere relevancia política porque las canastas funcionan como referencia directa para medir pobreza e indigencia. También son variables sensibles en negociaciones salariales, asistencia social y actualización de ingresos.
El frente social sigue siendo una variable crítica para el Gobierno
La administración nacional viene sosteniendo como eje central de su estrategia económica la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal. Sin embargo, los números del INDEC muestran que el proceso todavía convive con niveles altos de exigencia para los hogares urbanos.
La suba de la CBT por encima de la CBA también deja entrever que el peso de los servicios y consumos no alimentarios mantiene tensión sobre las economías familiares, aun cuando algunos alimentos desaceleraron sus aumentos.
En ese contexto, la evolución del consumo privado, los salarios y la capacidad de recuperación del mercado interno aparecen como variables centrales para los próximos meses.
La desaceleración de la inflación abrió una nueva etapa para la política económica, pero las cifras de pobreza e indigencia continúan condicionadas por el comportamiento de los ingresos reales y del consumo.
El mercado y el Gobierno seguirán de cerca si la baja del IPC logra consolidarse en los próximos meses y si eso se traduce efectivamente en una mejora del poder adquisitivo. También habrá atención sobre el impacto de tarifas, salarios y actividad económica en la evolución futura de las canastas básicas.
El diputado Carlos Rovira anunció este jueves, durante una nueva reunión de Encuentro Misionero, que la próxima semana ingresaría a la Cámara de Representantes un proyecto de reforma electoral provincial. La iniciativa plantea incorporar la boleta única partidaria y acotar la cantidad de sublemas a un máximo de cuatro candidatos por espacio político, por municipio.
La propuesta será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial, donde se abrirá el debate parlamentario. Según adelantó Rovira, la intención es convocar a todos los sectores políticos e institucionales interesados en participar de la discusión.
El planteo forma parte de una agenda de reformas que Encuentro Misionero viene instalando en las últimas semanas, luego de haber adelantado su acompañamiento a la eliminación de las PASO en el Congreso Nacional y de abrir el debate sobre cambios en la Ley de Lemas en Misiones.
Boleta única partidaria: un sistema híbrido para simplificar la elección
La reforma apunta a avanzar hacia un sistema híbrido, más ágil y más claro para el elector. En ese esquema, la boleta única partidaria permitiría ordenar la oferta electoral dentro de cada espacio político, pero sin eliminar por completo la posibilidad de competencia interna a través de sublemas.
Uno de los puntos centrales será la limitación de candidaturas. La propuesta prevé reducir la cantidad de sublemas a cuatro por lema, lo que, según el criterio expuesto por Rovira, permitiría mantener un grado de representatividad, pero de manera más acotada y funcional.
Desde Encuentro Misionero consideran que el sistema actual resulta incómodo para el votante por la proliferación de boletas, nombres y opciones que muchas veces terminan dificultando la elección. La boleta única partidaria buscaría simplificar ese proceso, sin caer en un esquema de boleta única tradicional que, según la mirada del espacio, podría restringir demasiado la oferta electoral.
El debate se dará en un contexto donde distintos sectores políticos vienen reclamando una actualización del régimen electoral provincial. En febrero, legisladores opositores también habían impulsado una comisión para analizar una reforma electoral en Misiones, con eje en la Ley de Lemas y la modernización del sistema de votación.
Con este nuevo proyecto, la discusión electoral vuelve al centro de la agenda institucional de Misiones. La clave estará en si la Legislatura logra construir consensos para ordenar el sistema, reducir la dispersión de candidaturas y facilitarle al ciudadano una elección más simple, sin resignar representación política.
