Modernización Del Estado

ARCA digitaliza las importaciones personales desde 2026 y ordena el régimen

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha desde 2026 una modernización administrativa del régimen de importaciones personales que reemplaza trámites en papel por procesos digitales. Aunque no modifica topes, tributos ni productos habilitados, la medida reaviva dudas en un contexto de mayor trazabilidad y control fiscal.

A partir de este año, ARCA activó una serie de cambios operativos que vuelven a poner bajo la lupa a las importaciones personales. El eje de la reforma no está en lo que se puede ingresar al país, sino en cómo se tramitan esas operaciones. Con menos papel y más digitalización, el organismo busca ordenar un régimen que, con el paso del tiempo, había quedado fragmentado en múltiples excepciones, formularios y criterios dispares entre aduanas.

Desde ARCA insisten en que no se trata de una reforma de fondo sino de una actualización administrativa, orientada a adaptar los procedimientos a herramientas digitales acordes a los procesos actuales. Sin embargo, cada modificación sobre importaciones activa un reflejo inmediato de dudas y temores sobre un eventual endurecimiento de controles, aun cuando la normativa no altere las condiciones sustantivas del régimen.

Qué cambia desde 2026: simplificación del trámite sin cambios en topes ni tributos

Según la normativa oficial, el alcance del régimen de importaciones personales se mantiene sin modificaciones. Está destinado exclusivamente a personas humanas que ingresan bienes nuevos o usados para consumo propio, sin fines comerciales ni industriales. En ese marco, no se amplían ni se restringen los productos permitidos, ni se modifican topes, tributos o controles vigentes.

La novedad central radica en el soporte del trámite y en la interacción del usuario con la Aduana. El objetivo declarado es simplificar los procedimientos administrativos y reducir instancias presenciales, sin alterar el esquema de fondo que regula estas operaciones.

Desde el organismo remarcan que la medida busca ordenar un sistema que había acumulado excepciones y formularios específicos, generando complejidad operativa tanto para los usuarios como para las dependencias aduaneras.

El formulario OM-2153-A deja el papel y pasa a un sistema digital

Uno de los cambios más relevantes es la digitalización del formulario OM-2153-A, un documento clave para quienes ingresan productos del exterior bajo el régimen de importaciones personales. A partir de 2026, este formulario deja de utilizarse en formato papel y pasa a ser digital e interactivo.

El nuevo esquema permitirá cargar la información de manera online, reduciendo pasos presenciales y mejorando la trazabilidad de cada operación. En los hechos, el formulario digital apunta a ordenar un proceso que hasta ahora dependía, en gran medida, del criterio operativo de cada aduana y del manejo manual de la documentación.

Si bien desde ARCA subrayan que no hay cambios en los controles ni en las obligaciones, especialistas del sector advierten que la digitalización suele implicar una mayor capacidad de fiscalización, ya que los datos quedan registrados y pueden ser cruzados en tiempo real. Esto no supone nuevas prohibiciones, pero sí menos margen para errores o zonas grises en la operatoria.

Unificación de regímenes y aplicación gradual en las aduanas

Otro aspecto clave del nuevo esquema es la eliminación de regímenes especiales que hasta ahora convivían dentro de las importaciones personales. Casos como el ingreso de obras de arte mediante declaración jurada o el régimen particular para productos de línea blanca quedarán integrados bajo un único marco normativo.

La intención, según fuentes del comercio exterior, es evitar superposiciones regulatorias y criterios dispares entre aduanas. “Es una actualización tecnológica y normativa, no una reforma estructural”, sintetizan desde el sector.

La implementación del formulario digital no será automática ni uniforme en todo el país. ARCA aclaró que la aplicación será gradual y dependerá de cada aduana. El foco inicial estará puesto en aduanas de frontera, especialmente en pasos de alto movimiento como los cruces con Chile, donde el sistema digital funcionará como una opción adicional y no reemplazará de manera obligatoria a los esquemas tradicionales.

Cada dependencia aduanera podrá definir si adopta un sistema totalmente digital o uno mixto, en función de su volumen operativo y capacidad técnica, lo que anticipa una transición escalonada durante 2026.

Impacto y lectura política de la medida

Para los particulares que ingresan productos del exterior, las reglas de fondo no cambian, pero el trámite será más ordenado, digital y trazable. En términos institucionales, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia de modernización del Estado y de fortalecimiento del control a partir de herramientas tecnológicas, sin recurrir —al menos por ahora— a cambios normativos de mayor alcance.

No obstante, en un contexto de sensibilidad sobre importaciones y controles aduaneros, el reordenamiento vuelve a encender alertas en sectores acostumbrados a un régimen flexible. El verdadero impacto de la medida se verá en la práctica: si la digitalización logra reducir burocracia sin convertirse en un filtro más restrictivo para el ingreso de bienes de uso personal.

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Posadas: desde 2026 rige la Tasa de Barrido y Limpieza con hasta 30% de descuento

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Desde el 1° de enero de 2026, la Municipalidad de Posadas pondrá en vigencia la Tasa de Barrido y Limpieza, que sustituirá a la Tasa General de Inmuebles, derogada al 31 de diciembre de 2025. La medida forma parte de un proceso de modernización y simplificación administrativa que busca unificar tributos, optimizar recursos municipales y ofrecer beneficios económicos concretos a los contribuyentes, en un contexto nacional de restricción fiscal y necesidad de mayor eficiencia del Estado local.

El nuevo esquema redefine la estructura tributaria municipal al eliminar conceptos dispersos y concentrar el cobro en una sola tasa, manteniendo exenciones vigentes y ampliando incentivos por pago anticipado y adhesión a débito automático.

Unificación tributaria y continuidad de exenciones

La Tasa de Barrido y Limpieza reemplaza a la Tasa General de Inmuebles y unifica, desde 2026, los conceptos que hasta ahora integraban la boleta municipal: Tasa General de Inmuebles, Tasa de Padrón y Estadística y Contribución por Mejoras. Con esta modificación, el Municipio apunta a simplificar la relación con los contribuyentes y mejorar la previsibilidad del sistema.

La nueva tasa mantiene los mismos criterios de exención vigentes, respetando derechos adquiridos y contemplando situaciones sociales, institucionales y patrimoniales. Continuarán exentos, de acuerdo con los requisitos establecidos, los inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y demás cultos religiosos; propiedades del Estado provincial y municipal; establecimientos educacionales; bibliotecas públicas oficiales; asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica y clubes; institutos y establecimientos de asistencia social gratuita y hospitales; bienes declarados patrimonio histórico, urbano o arquitectónico; jubilados, pensionados o personas con discapacidad; la propiedad única de agentes municipales estabilizados, activos o pasivos; y la propiedad única de excombatientes, veteranos de la Guerra de Malvinas y soldados movilizados entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

En el caso de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, la normativa eleva el tope de ingreso mínimo requerido para acceder a la exención, ampliando el universo de beneficiarios alcanzados por este régimen.

Descuentos, pago anticipado y nuevos incentivos

El rediseño del tributo viene acompañado de una mejora sustancial en los beneficios económicos. Se establece una bonificación del 30% por pago total anual, válida hasta el 15 de enero de 2026, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés a través de Banco Macro (Macro Click).

Este beneficio amplía el esquema anterior, en el que el pago anual anticipado solo aplicaba a la Tasa General de Inmuebles y otorgaba un descuento del 20%. A partir de 2026, con la unificación del tributo, el 30% de descuento se aplicará sobre el total de la nueva Tasa de Barrido y Limpieza.

Además, los contribuyentes ya adheridos al débito automático con tarjeta de crédito para la Tasa General de Inmuebles no deberán realizar trámites adicionales: continuarán accediendo automáticamente a los beneficios bajo el nuevo régimen.

Como incentivo adicional, el Municipio incorpora un beneficio especial por pago mensual mediante débito automático con tarjetas Visa o Naranja. Quienes se adhieran obtendrán una bonificación del 15% mensual durante los primeros 12 meses y, a partir del mes 13°, un descuento permanente del 5% mensual.

Implementación, canales de gestión y acceso a boletas

Las boletas estarán disponibles en el sitio web de la Municipalidad de Posadas y también podrán retirarse de forma presencial en las oficinas de Rentas municipales a partir del 2 de enero de 2026.

Para adherirse a los distintos beneficios, el Municipio prioriza canales digitales, aunque mantiene atención presencial. La adhesión puede realizarse online en www.posadas.gov.ar, o en las oficinas de Rentas Municipales del Edificio Central (San Martín Nº 1579, esquina Rivadavia, de 7 a 19), en los Centros de Atención al Vecino de Urquiza (Av. Urquiza Nº 4095, de 7 a 18), Dolores Norte (Av. Pueyrredón Nº 3858, de 7 a 13), Itaembé Miní (Calle 146 Nº 7158, de 7 a 18) y en el puesto del Hiper Libertad (Paseo), de 7 a 19. También se ofrece asistencia vía WhatsApp al +54 9 3764 10-2189.

Para completar el trámite se deberá acreditar titularidad o vínculo con el titular del inmueble, presentar DNI y contar con tarjeta de crédito Visa de cualquier banco o Naranja. Los pagos podrán efectuarse tanto de manera digital como presencial.

Impacto institucional y proyección

Con la puesta en marcha de la Tasa de Barrido y Limpieza, Posadas avanza hacia una política tributaria más clara, equitativa y previsible, que reduce la complejidad administrativa, optimiza la gestión de recursos públicos y mejora la experiencia del contribuyente. La unificación de tasas y la ampliación de descuentos buscan equilibrar las necesidades de financiamiento municipal con el alivio fiscal para los vecinos, en un escenario económico desafiante que exige eficiencia y cercanía del Estado local.

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Puertos argentinos: la ANPyN lanza un nuevo registro nacional y fija plazo de reinscripción hasta 2026

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El Gobierno actualiza el Registro Nacional de Puertos, todos los operadores deberán reinscribirse en el nuevo sistema digital antes de octubre de 2026

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso un plazo de un año para la regularización total del sistema portuario. La medida busca modernizar la gestión, eliminar registros superpuestos y fortalecer el control sobre la actividad portuaria nacional.

Reinscripción obligatoria y nuevo marco institucional del sistema portuario

Mediante la Resolución 51/2025, publicada en el Boletín Oficial el 27 de octubre, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la reorganización integral del Registro Nacional de Puertos, una herramienta clave prevista en la Ley 24.093 de Actividades Portuarias.

La norma establece un plazo de un año, contado desde su entrada en vigencia, para que todos los puertos públicos, privados y sujetos comprendidos en la Ley 24.093 cumplan con la obligación de inscripción, actualización o verificación de sus datos en el Registro Nacional de Puertos.

La presentación deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y el Registro Legajo Multipropósito (RLM) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), bajo carácter de declaración jurada.

De acuerdo con el texto oficial, el Registro Nacional de Puertos actuará en el ámbito de la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN, con funciones de identificación, inscripción, actualización, seguimiento y fiscalización de todos los actores portuarios.

Además, la ANPyN podrá intimar en cualquier momento a los operadores a ratificar o ampliar la información declarada, bajo apercibimiento de suspensión de actividades hasta que se cumpla con la inscripción.

Reestructuración institucional: un nuevo marco digital y transparente

La resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, es una pieza central en la implementación del nuevo régimen de administración portuaria derivado del Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025, que creó la Agencia como ente autárquico en reemplazo de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos S.A.U.

La norma deroga el Registro de Amarraderos Fluviales creado en 2016 para evitar duplicidades y superposiciones administrativas, y reemplaza el Anexo I de la Disposición 43/2018, actualizando los requisitos documentales y operativos conforme a los estándares modernos de gestión pública.

Según los considerandos, el objetivo es “promover una gestión pública transparente, ágil y eficiente”, garantizando un conocimiento integral y actualizado del sistema portuario nacional. La integración del GDE, el RLM y la plataforma TAD permitirá —por primera vez— una trazabilidad completa de los datos y una administración electrónica de los legajos.

El artículo 4° de la resolución dispone, además, que la inscripción en el Registro será condición obligatoria para cualquier trámite administrativo ante la ANPyN, consolidando su rol como autoridad de aplicación única de la Ley 24.093, tal como lo dispone el artículo 13 del DNU 3/2025.

Impacto y alcance de la medida: control, fiscalización y modernización del sector portuario

La regularización del Registro Nacional de Puertos impactará directamente en autoridades portuarias, concesionarios, operadores logísticos, terminales privadas, astilleros y puertos provinciales, que deberán adecuar su documentación dentro del plazo fijado.

El nuevo registro digital busca consolidar una base de datos unificada y verificable, que servirá como herramienta para políticas de control, planificación y desarrollo portuario, en línea con los principios de simplificación administrativa y transparencia establecidos en el Decreto 891/2017.

La medida refuerza además la capacidad de la ANPyN para fiscalizar el cumplimiento de la normativa, ya que el artículo 7° faculta al organismo a requerir información fehaciente o intimar a la inscripción en caso de incumplimiento, lo que podrá derivar en la suspensión de operaciones portuarias.

El texto ordena notificar la resolución a la Prefectura Naval Argentina, la Dirección General de Aduanas y otras entidades vinculadas al sistema portuario, con el fin de asegurar la articulación interinstitucional y la difusión de las nuevas disposiciones.

En su fundamento, la ANPyN resalta que “mantener actualizado el registro es esencial para la seguridad, eficiencia y competitividad del sistema portuario argentino”, especialmente en un contexto donde la infraestructura logística y la navegación interior cobran creciente relevancia en la matriz exportadora nacional.

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Modernización normativa en el Instituto Nacional de Vitivinicultura

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El Instituto Nacional de Vitivinicultura avanza en la desburocratización del sector con la derogación de normas obsoletas. La Resolución 35/2025 elimina regulaciones en desuso y se enmarca en el plan nacional de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con sede en Mendoza, dispuso mediante la Resolución 35/2025, publicada el 6 de octubre en el Boletín Oficial, la derogación de un conjunto de resoluciones consideradas obsoletas o innecesarias.

La medida, firmada por el presidente del organismo, Carlos Raúl Tizio Mayer, se enmarca en el proceso de simplificación y modernización del Estado Nacional, establecido por los Decretos 891/2017 y 90/2025, que instruyen a los organismos públicos a revisar, ordenar y actualizar su normativa interna.

El texto oficial detalla que la Dirección Nacional de Fiscalización del INV realizó un relevamiento normativo que permitió identificar resoluciones que habían perdido vigencia o cuya aplicación respondía a contextos temporales específicos. Entre ellas, se incluyen aquellas que fijaban anualmente el grado alcohólico de los vinos para su circulación —una disposición que por su naturaleza agrícola se actualiza cada año— y otras que exigían información puntual ante situaciones excepcionales.

“Diversas resoluciones del Instituto han perdido actualidad y relevancia en el proceso de desburocratización que está llevando a cabo el Estado Nacional”, señala la norma en sus considerandos.

Un paso en el proceso de simplificación administrativa nacional

La resolución se dicta en cumplimiento de las “Buenas Prácticas en Materia de Simplificación” establecidas por el Decreto 891/2017, que promueve una gestión pública más ágil, transparente y orientada a resultados.

Posteriormente, el Decreto 90/2025 dispuso la realización de un relevamiento normativo integral en todo el sector público, con el objetivo de identificar y derogar normas en desuso que obstaculicen la gestión o generen superposición de funciones.

En el caso del INV, el análisis técnico-jurídico permitió determinar que muchas de las resoluciones vigentes carecían de efectos prácticos en la actualidad, por lo que su derogación busca reducir cargas administrativas, mejorar la eficiencia institucional y favorecer la competitividad del sector vitivinícola argentino.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos del organismo intervino en el proceso, garantizando que las medidas adoptadas se ajustaran a las facultades conferidas por las Leyes 14.878 y 24.566 y el Decreto 684/2025, que regulan las competencias del INV.

“Corresponde dejar sin efecto las resoluciones que, por sus características, son pasibles de ello”, establece el artículo primero del texto normativo.

Impacto y proyección en la industria vitivinícola

Si bien la Resolución 35/2025 no afecta las normas operativas vigentes sobre la producción, comercialización o fiscalización de vinos, representa un avance en la digitalización y simplificación de los procesos administrativos del INV, un aspecto clave en un contexto donde el sector vitivinícola enfrenta desafíos de competitividad, costos logísticos y acceso a mercados internacionales.

La eliminación de regulaciones en desuso contribuye a agilizar los trámites para productores, bodegas y exportadores, reduciendo tiempos y requisitos innecesarios, en línea con los objetivos generales del Gobierno de modernizar el Estado y facilitar la interacción entre organismos públicos y privados.

Asimismo, la medida se inscribe dentro del proceso de armonización normativa que busca dotar de mayor coherencia al entramado regulatorio que rige la actividad vitivinícola, una industria estratégica para las economías regionales de Cuyo y el noroeste argentino.

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