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El Poder Judicial de Misiones digitaliza el Fuero Penal con nuevas herramientas tecnológicas del SIGED

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El Poder Judicial de Misiones incorpora nuevas herramientas digitales para optimizar la gestión en el Fuero Penal. La implementación de la funcionalidad “Perfil de usuario no vinculado” y la digitalización de presentaciones de exención de prisión y excarcelación marcan un paso clave hacia la modernización del sistema judicial misionero.

Innovación judicial: digitalización en el fuero penal

El Poder Judicial de Misiones avanza en su proceso de transformación tecnológica con la incorporación de nuevas herramientas digitales dentro de la plataforma SIGED (Sistema de Gestión Electrónica de Documentos), específicamente destinadas al Fuero Penal.

Este martes, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, se presentó oficialmente el desarrollo denominado “Perfil de usuario no vinculado, presentación de Exención de Prisión y Excarcelación”, que permitirá agilizar la interacción entre la ciudadanía, la defensa y los organismos judiciales, mediante un acceso digital seguro y simplificado.

La actividad fue encabezada por el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de enlace con el Fuero Penal, Juan Manuel Díaz, acompañado por Natalia Skeppstedt, responsable del Departamento Jurídico Informático de la Secretaría de Tecnología Informática (STI), y Daniel Viglianco, integrante del Gabinete Informático Jurisdiccional.

Participaron alrededor de 30 profesionales de manera presencial y representantes de las cinco circunscripciones judiciales vía Zoom. El encuentro constituyó la etapa de capacitación técnica para su puesta en marcha, prevista a partir del 1 de diciembre, luego de una fase piloto de prueba y validación funcional.

Un modelo de gestión abierto, participativo y transparente

Durante la presentación, el ministro Juan Manuel Díaz destacó que el nuevo desarrollo forma parte de un plan integral de modernización tecnológica del fuero penal, con un enfoque “abierto y participativo”, que involucra activamente a magistrados, funcionarios y personal técnico en la construcción de soluciones digitales para el sistema judicial.

“Creemos no solo en la capacidad demostrada por nuestros magistrados y funcionarios que llevan adelante el fuero penal, sino también en su potencial para transmitir ideas que signifiquen un aporte altamente valorativo al desarrollo de herramientas innovadoras”, expresó Díaz.

El ministro remarcó que la innovación judicial “no se limita al uso eficiente de la tecnología”, sino que implica también “derribar barreras en la gestión, desburocratizar procesos y acercar la justicia a la ciudadanía”, promoviendo una mayor accesibilidad y transparencia institucional.

Además, agradeció el trabajo conjunto de la presidenta del STJ y directora ejecutiva del Centro de Capacitación Judicial, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y del ministro de enlace ante la Secretaría de Tecnología Informática, Cristian Marcelo Benítez, quienes acompañaron la ejecución técnica y metodológica del proyecto.

“El esfuerzo por legitimar nuestra función es parte esencial del desarrollo del Poder Judicial como institución. Este proceso de continuo fortalecimiento reafirma el valor de nuestra tarea y consolida los principios de transparencia y responsabilidad”, subrayó Díaz al cierre de su exposición.

Tecnología e institucionalidad: un cambio estructural

La Secretaría de Tecnología Informática (STI) del Poder Judicial de Misiones, a través de su equipo técnico y jurídico, viene implementando un proceso progresivo de digitalización en los distintos fueros. En el ámbito penal, la incorporación de esta nueva herramienta representa un salto cualitativo, ya que permitirá:

  • Optimizar los tiempos procesales en las presentaciones de exención de prisión y excarcelación.
  • Ampliar el acceso digital mediante el perfil de “usuario no vinculado”, garantizando que personas externas al sistema judicial puedan realizar gestiones con trazabilidad y seguridad.
  • Reducir la burocracia administrativa y los traslados físicos de documentación.
  • Fortalecer la trazabilidad de las actuaciones judiciales y la integridad de los expedientes electrónicos.

La implementación de la funcionalidad se inscribe en la política de modernización judicial impulsada por el STJ de Misiones, que busca integrar innovación tecnológica, gestión participativa y transparencia pública como pilares de su estrategia institucional.

De acuerdo con fuentes del organismo, la fase piloto permitirá evaluar la usabilidad del sistema, su interoperabilidad con otros módulos del SIGED y la capacitación continua de los usuarios finales antes de su despliegue completo.

Hacia una justicia más ágil y accesible

La experiencia del Poder Judicial de Misiones en materia de innovación digital se ha convertido en un modelo de referencia regional. La integración del expediente electrónico, las notificaciones digitales y las plataformas de gestión remota son parte de un ecosistema tecnológico en expansión que busca consolidar una justicia moderna, ágil y al servicio del ciudadano.

El nuevo módulo para el Fuero Penal representa un avance sustantivo en esa dirección, alineado con los estándares nacionales e internacionales en gobierno digital judicial y con la tendencia global hacia la despapelización y la eficiencia institucional.

La implementación plena del sistema a partir de diciembre fortalecerá la capacidad operativa de los juzgados penales y reducirá los tiempos de tramitación en instancias sensibles para la libertad de las personas, consolidando a Misiones como una de las provincias pioneras en innovación judicial.

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La Cámara de Representantes de Misiones reconoce el libro del juez Juan Manuel Lezcano

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Misiones declaró de Interés Provincial la nueva edición del libro “Derecho Civil – Parte General” y refuerza su estrategia de modernización institucional

La Cámara de Representantes de Misiones declaró de Interés Provincial la nueva edición del libro “Derecho Civil – Parte General” del juez Juan Manuel Lezcano, mediante resolución aprobada el 4 de septiembre de 2025. La obra, presentada el 13 de agosto de 2025 en la Universidad Católica de Santa Fe – sede Posadas, se consolida como un insumo técnico relevante para la actualización doctrinaria y el fortalecimiento institucional del sistema judicial misionero.

La decisión legislativa se apoya en el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, presidida por la diputada Anazul Centeno y acompañada por la vicepresidenta Blanca Raquel Núñez y los vocales Analia Bibiana Labandoczka, María del Carmen Méndez Asón, Héctor Rafael Pereyra Pigerl, Ariel Fernando Pianesi, Elvio Ceferino Rodríguez, Juan José Szychowski, Lilian Catalina Tartaglino, entre otros.

Un reconocimiento institucional con impacto académico y judicial

La declaración destaca el “beneplácito por la presentación de la Nueva Edición del libro Derecho Civil – Parte General”, y ordena remitir copia al Poder Ejecutivo provincial y a la Universidad Católica de Santa Fe – sede Posadas, según consta en la resolución C.R./D. 813-2025/26 y en el dictamen N.º 42-2025/26.

El reconocimiento legislativo apunta a reforzar la calidad técnica de la formación jurídica en Misiones en un momento donde la actualización doctrinaria resulta crítica para la aplicación práctica del Código Civil y Comercial de la Nación. En particular, la obra del Dr. Lezcano sistematiza jurisprudencia reciente, doctrina vigente y análisis operativo del derecho privado, convirtiéndose en un manual de referencia tanto para litigantes como para magistrados.

Además, el autor se desempeña como juez del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Apóstoles, un órgano reconocido por la eficiencia de su gestión y la ausencia de mora judicial. Su trayectoria docente y su participación en los programas de capacitación del Centro de Capacitación Judicial de la Provincia refuerzan la relevancia institucional de su aporte.

Contexto político, académico y económico de la decisión

La declaración se inscribe en la estrategia provincial de fortalecer la profesionalización judicial y mejorar la calidad regulatoria en sectores sensibles como propiedad, contratos, familia y responsabilidad civil. Estos campos, centrales para la actividad económica, requieren actualización permanente por su impacto directo en:

  • Seguridad jurídica para inversiones y transacciones comerciales.
  • Reducción de litigiosidad a partir de mejores prácticas interpretativas.
  • Eficiencia institucional en juzgados de primera instancia.
  • Formación continua para abogados, funcionarios y estudiantes.

En un escenario donde la economía regional depende crecientemente de la estabilidad normativa —desde el desarrollo inmobiliario hasta la industria del conocimiento—, el aval legislativo a una obra técnica de referencia opera como un gesto político de alineamiento entre los poderes del Estado en favor de la modernización jurídica.

La decisión también consolida la relación entre la Cámara de Representantes y el sistema universitario local, reforzando el rol de las instituciones académicas en la producción de conocimiento aplicado y capacitación profesional.

Qué puede cambiar para el sistema jurídico misionero

El reconocimiento legislativo probablemente genere efectos en tres niveles:

1. Sistema judicial

  • Mayor difusión de criterios interpretativos homogéneos.
  • Herramientas actualizadas para operadores del derecho.
  • Fortalecimiento de los programas de capacitación judicial.

2. Sistema académico

  • Incorporación del texto como bibliografía obligatoria en cátedras de Derecho Civil.
  • Impulso a la investigación local en derecho privado.
  • Mayor interacción entre juzgados y universidades.

3. Sector económico y productivo

  • Más previsibilidad en contratos y operaciones comerciales.
  • Mejora en la calidad de dictámenes y asesoramientos jurídicos.
  • Reducción de costos transaccionales por mayor certeza normativa.

En síntesis, la declaración no constituye solo un reconocimiento simbólico: se integra en una política de fortalecimiento institucional que busca elevar los estándares técnicos del ecosistema jurídico provincial.

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