Modernización Laboral

Reforma laboral: Cordero defendió el proyecto y afirmó que “no quita ningún derecho esencial”

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En vísperas del debate legislativo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que el proyecto de reforma laboral enviado al Senado busca preservar derechos, reducir costos y facilitar la incorporación de más trabajadores al empleo formal, en un contexto de fuerte tensión política y sindical. La iniciativa —impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano— redefine componentes centrales del régimen laboral argentino y deja planteado un nuevo escenario para gremios, empresas y trabajadores.

Un proyecto que apunta a “modernizar sin quitar derechos”: lineamientos, objetivos y puntos sensibles

Durante un reportaje concedido a Ámbito y La Nación, Cordero sostuvo que la reforma “no elimina derechos adquiridos” y que constituye una propuesta “pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”. En sus palabras: “Lo que tiene de magnífica esta reforma es que no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores y, por otro lado, da y otorga derechos apuntando a generar empleo”.

El proyecto modifica aspectos clave del sistema laboral, entre ellos:

  • Retención de aportes sindicales: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención. El mecanismo será opcional “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Según fuentes oficiales, los gremios deberán desarrollar sus propios sistemas de cobro, aprovechando “mecanismos digitales existentes”.
  • Fuero laboral: se refuerza el traspaso de competencias judiciales desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Indemnizaciones: el texto aclara que el aguinaldo no integra la base de cálculo por despido. Además, propone una fórmula explícita de actualización judicial: inflación del INDEC más 3%.
  • Costos laborales: la contribución que realizan las empresas a las obras sociales se reduce del 6% al 5%.
  • Ultraactividad: se habilita la modernización de convenios colectivos. Las cláusulas normativas se mantienen salvo acuerdo, mientras que las obligacionales deberán renegociarse.
  • Jornadas y banco de horas: se habilita la posibilidad de reorganizar horas laborales mediante sistemas de compensación acordados por convenio, sin eliminar las horas extra.
  • Vacaciones: se introduce un esquema de fraccionamiento con un mínimo de siete días continuos, atendiendo a nuevas dinámicas del uso del tiempo libre.

Cordero remarcó que la reforma busca corregir “distorsiones judiciales” y adaptar reglas laborales a un mercado donde emergen la inteligencia artificial, la robótica y modalidades autónomas de trabajo. Según explicó: “La relación de dependencia requiere dependencia jurídica, técnica y económica; si alguna falta, el vínculo es autónomo”.

Reacciones políticas y sindicales: entre el apoyo parcial y el conflicto abierto

A pesar del énfasis oficial en el carácter “proactivo” de la reforma, la CGT convocó a una movilización para el 18 de diciembre en rechazo al proyecto. Cordero relativizó el conflicto y argumentó que algunos gremios “toman posiciones de liderazgo en defensa de intereses propios”, aunque diferenció a un “sindicalismo sano” que reconoce la urgencia de incorporar trabajadores al empleo formal.

Sostuvo: “Muchas veces es difícil permanecer cómodo cuando hay muchas otras personas que están incómodas. Hay personas en la informalidad y a través de los años no se ha logrado corregir este problema”.

También afirmó que la iniciativa no es antisindical: “Es una ley en favor de, no una ley anti nada. Es pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”.

En materia legislativa, Cordero se mostró confiado en que existen condiciones políticas para que el Congreso avance: “La ciudadanía está pidiendo desesperadamente que algo hagamos. Es una obligación moral”. No obstante, aclaró que los tiempos dependen exclusivamente del Parlamento.

Implicancias económicas y laborales: formalización, costos y previsibilidad jurídica

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá: Reducir cargas sobre el empleo, especialmente para pymes. Ofrecer previsibilidad respecto de indemnizaciones y litigios. Habilitar nuevas modalidades de trabajo autónomo para jóvenes. Actualizar convenios colectivos antiguos que dificultan la expansión de la actividad. Formalizar trabajadores actualmente en la economía informal.

Para Cordero, el “primer derecho” es el acceso al trabajo: “No se da cuando hay un régimen jurídico conflictivo o complejo como el que vivimos hasta hoy”.

La inclusión del banco de horas, la posibilidad de fraccionar vacaciones y la reducción de contribuciones se orientan a flexibilizar costos y tiempos sin eliminar figuras tradicionales como la hora extra.

En materia de negociación colectiva, el final de la ultraactividad obligacional implica revisar aportes, capacitaciones y beneficios históricos que se acumularon “a través del tiempo”, lo que podría redefinir la estructura financiera de varios gremios.

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Milei convocó a extraordinarias: Presupuesto 2026 y reformas clave definirán el cierre del año político

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El Presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias con un temario económico y penal de alto voltaje institucional

Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025, con un temario focalizado en reformas estructurales: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y adecuación de la Ley de Glaciares. El paquete se formalizó mediante el Decreto 865/2025, publicado el 9 de diciembre de 2025, y coloca al Congreso frente a un cierre de año dominado por debates clave para el ordenamiento macroeconómico y el rediseño del régimen penal y ambiental del país.

Un temario económico y penal para cerrar el año legislativo

El Decreto 865/2025, firmado por el Presidente y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece en su Artículo 1° la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre de 2025.

El Artículo 2° incorpora el Anexo I (IF-2025-135305231-APN-JGM), donde se enumeran los seis asuntos que integran el temario:

  1. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 (Msje. JGM 104/25, Exp. 14-JGM-2025).
  2. Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal (Msje. 14/25, Exp. 3-PE-2025).
  3. Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Msje. 29/25, Exp. 11-PE-2025).
  4. Proyecto de Ley de Modernización Laboral (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  5. Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  6. Proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos de Glaciares – Ley Nº 26.639 (a ser enviado por el Ejecutivo).

El texto se ampara en los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario y a fijar la agenda temática.

Un Congreso presionado a definir las anclas de 2026

La inclusión del Presupuesto 2026 como primer punto deja en claro la urgencia del Ejecutivo en asegurar el marco fiscal para el próximo año, en un escenario donde el ordenamiento de cuentas públicas es central para la estrategia económica oficial.

El paquete se completa con dos iniciativas fiscales. Inocencia Fiscal: un proyecto ya ingresado a Diputados, orientado a modificar o establecer reglas sobre el accionar del contribuyente. Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: también en trámite legislativo.

La convocatoria incorpora además tres proyectos aún no remitidos, lo que sugiere negociaciones en curso: una Modernización Laboral, clave en los planteos del Gobierno sobre competitividad. Una Reforma del Código Penal, cuyo alcance no fue detallado. La adecuación de la Ley 26.639 de Glaciares, un tema ambiental sensible en la agenda política federal.

El decreto fue registrado con fecha 5 de diciembre de 2025 y publicado el 9 de diciembre, según el cierre del Boletín Oficial.

Escenarios legislativos y tensiones posibles

La amplitud y profundidad del temario anticipan un diciembre de negociaciones densas entre bloques, gobernadores y el Poder Ejecutivo. La presencia de iniciativas fiscales, penales, laborales y ambientales, todas de alto impacto, perfila un cierre de año legislativo con potenciales tensiones entre oficialismo, oposiciones y actores sectoriales.

En particular: El Presupuesto 2026 marcará la hoja de ruta económica del próximo año. La Modernización Laboral podría activar resistencias sindicales. La Reforma Penal y la adecuación de la Ley de Glaciares impactarán en provincias, organizaciones ambientales y el sistema de justicia.

La convocatoria a extraordinarias se convierte así en un test político para medir la capacidad del Gobierno de avanzar con reformas estructurales en un Congreso que será la arena principal de disputa institucional en el cierre de 2025.

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El Gobierno adelanta el documento del Consejo de Mayo y avanza sin acuerdo con la CGT

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El Gobierno acelera la reforma laboral sin consensos y anticipa la presentación del Consejo de Mayo para el 9 de diciembre

En una Casa Rosada atravesada por tensiones internas y desacuerdos entre sectores clave, el Gobierno decidió adelantar al 9 de diciembre la presentación del documento final del Consejo de Mayo, luego de constatar la falta de consensos necesarios para tratar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias que iniciarán el 10 de diciembre. La CGT manifestó su rechazo y advirtió que “no hubo ni ha habido consenso”, mientras el oficialismo apunta a avanzar con su propio texto.

Reunión sin acuerdos: reclamos sindicales, posiciones divergentes y presión por los tiempos legislativos

La jornada tuvo lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y duró cerca de una hora y media. Participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el titular de la UOCRA y representante sindical, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

El calendario parlamentario obligó al Consejo a adelantar la presentación del documento final del 15 al 9 de diciembre, una señal clara de que el Gobierno pretende llegar a las sesiones extraordinarias con una propuesta cerrada, aun sin consenso.

Los cuestionamientos más fuertes provinieron de la CGT. Martínez expresó: “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, y ante la consulta sobre si ese planteo estaba contemplado en el borrador del Ejecutivo respondió: “Veremos”.

Horas después amplió su crítica: “No hubo ni ha habido consenso. Los integrantes del Consejo de Mayo no sabemos cuál es el contenido”.

Fuentes oficiales remarcaron que, pese a las reuniones, la central obrera rechaza una reforma que aún no fue presentada formalmente: “Antes de leer el proyecto salieron a decir que estaban en contra”, señalaron.

El Ejecutivo avanza con su texto: capítulos clave y temas que quedaron afuera

Aunque la intención inicial del Consejo era elaborar un documento de consenso, el Gobierno ya dejó en claro que, de no lograr acuerdos, enviará al Congreso su propio texto, actualmente en etapa final de redacción.

Según informaron participantes del encuentro, el borrador incluye los siguientes capítulos:

  • Ultraactividad
  • Relación entre convenios colectivos
  • Cargas fiscales
  • Peajes y financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias
  • Derechos colectivos
  • Trabajo individual
  • Trabajadores autónomos
  • Democracia sindical
  • Derivaciones varias

En paralelo, dos temas centrales quedaron excluidos:

  • la redistribución de fondos coparticipables, y
  • la reforma previsional,
    pese a que figuran en los puntos 5 y 9 del acuerdo firmado en Tucumán. El Gobierno planea tratarlos más adelante, luego de mejorar el diálogo con los gobernadores, una tarea asignada al ministro del Interior, Diego Santilli.

Durante la reunión, Sturzenegger presentó además un ranking internacional que ubica a la Argentina entre los países “más restrictivos del mundo” para importar y exportar, como argumento para promover reformas estructurales.

Un escenario incierto en la antesala del debate legislativo

El proceso evidencia una fractura entre sindicatos, Gobierno y sectores empresariales, que aguardan definiciones para evaluar impactos. Mientras la UIA planteó sus objeciones “en los detalles”, el dirigente del PRO Cristian Ritondo anticipó que el documento final reflejará “la impronta del Ejecutivo”.

La falta de consenso abre interrogantes sobre la recepción política de la reforma en el Congreso, en un clima en el que los gremios buscan preservar derechos adquiridos y el Gobierno pretende avanzar con una transformación profunda en materia laboral, sindical y fiscal.

Asimismo, la anticipación del documento al 9 de diciembre busca evitar demoras en un contexto donde la velocidad legislativa será decisiva para el oficialismo. De no prosperar acuerdos, el Ejecutivo confía en impulsar su texto propio, incluso a costa de tensiones con la CGT.

La central obrera anticipó nuevas instancias de diálogo, aunque hasta el momento no recibió convocatoria formal. “Hubo voluntades, pero no fechas”, señalaron desde el sector sindical.

El desenlace dependerá de los próximos días: si se logra una instancia extra de negociación o si la administración Milei avanza hacia un proyecto unilateral que podría ampliar el conflicto político y gremial.

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Reforma laboral: el Gobierno impulsa una ley para flexibilizar contratos y bajar costos empresariales

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El Gobierno relanza la reforma laboral, el proyecto busca flexibilizar contratos y reducir costos empresariales.

La iniciativa, impulsada por la diputada Romina Diez con respaldo del oficialismo, propone cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, beneficios fiscales para nuevas contrataciones y nuevas reglas para PyMES. Se reabre el debate sobre modernización laboral en el Congreso.

Un nuevo intento para reformar el sistema laboral argentino

El Gobierno nacional retomará el debate legislativo sobre la reforma laboral, una de las piezas clave del programa económico y político que impulsa el oficialismo desde el Consejo de Mayo. La propuesta fue presentada por la diputada Romina Diez bajo el título de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, y busca —según su fundamentación— modernizar el régimen laboral argentino con el objetivo de incentivar la formalidad, atraer inversiones y reducir litigiosidad.

El texto, acompañado por un grupo de legisladores oficialistas y aliados, entre ellos Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Lorena Villaverde y Carlos Zapata, introduce cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), actualizando principios, modalidades y derechos laborales que datan de 1974.

El proyecto, que será eje de discusión en las próximas sesiones del Congreso, redefine la relación empleador-trabajador, amplía la flexibilidad contractual, establece incentivos fiscales a la creación de empleo y habilita mecanismos de pago en cuotas para indemnizaciones y sentencias laborales.

“La Argentina necesita una legislación laboral moderna, ágil y competitiva, que acompañe los nuevos modelos productivos sin afectar los derechos básicos de los trabajadores”, señala el texto en su exposición de motivos.

Flexibilización contractual y nuevos incentivos para el empleo

Entre los puntos más relevantes, la iniciativa modifica artículos centrales de la LCT vinculados a la movilidad funcional y geográfica, la irrenunciabilidad de derechos y los beneficios sociales no remunerativos. El empleador podrá introducir cambios razonables en las condiciones de trabajo —como horarios, funciones o lugar de prestación— siempre que no alteren aspectos esenciales del contrato.

En cuanto a los beneficios sociales, se detalla una lista de prestaciones no remunerativas, entre ellas almuerzos, útiles escolares o servicios de telefonía e internet, que no integrarán el salario a los fines previsionales.

El proyecto también flexibiliza las licencias, vacaciones y sanciones, habilitando el fraccionamiento de las vacaciones en períodos mínimos de una semana y el goce conjunto para matrimonios o uniones familiares que trabajen en una misma empresa. Además, se establece un plazo de 30 días para impugnar sanciones disciplinarias.

En materia de enfermedad o accidente laboral, se mantienen los plazos de pago de remuneraciones de tres o seis meses, según la antigüedad, y de seis o doce meses para quienes tengan cargas familiares. Se introduce la posibilidad de verificación médica a través de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones.

El proyecto también ajusta el régimen de intereses en créditos laborales, limitando el monto máximo a la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa pura del 3% anual. Asimismo, se establece que los honorarios de abogados en juicios laborales no podrán superar el 20% del monto total

Reducción de costos para PyMEs y beneficios fiscales a la contratación

Uno de los capítulos más destacados apunta a la promoción del empleo formal, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. Se prevé la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal aplicable al pago de impuestos nacionales, para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley.

El beneficio será del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes empresas, siempre que la incorporación de personal implique un incremento neto en la nómina.

Además, se habilita la posibilidad de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, medida que busca aliviar la carga financiera de las PyMEs y reducir los costos asociados a la desvinculación laboral.

En paralelo, el texto modifica el régimen del trabajo agrario, excluyendo del sistema a trabajadores de sectores industriales, turísticos o de servicios no directamente vinculados a la actividad agrícola.

Proyección política y debate legislativo

El proyecto de Reforma Laboral se enmarca en la estrategia del oficialismo de consolidar una agenda de desregulación y simplificación normativa que atraviesa la política económica del Gobierno. Luego de la experiencia parcial de la Ley Bases, el nuevo texto apunta a construir consensos parlamentarios para avanzar en la modernización de las relaciones laborales, un reclamo histórico de sectores empresariales e industriales.

No obstante, su tratamiento en el Congreso abrirá un debate político intenso. Mientras los bloques afines al oficialismo destacan el potencial de la norma para impulsar el empleo formal, desde sectores sindicales y opositores advierten sobre los riesgos de pérdida de derechos laborales y precarización.

La presentación reabre así un eje central de la discusión económica argentina: cómo compatibilizar competitividad, productividad y protección social en un contexto de contracción económica y alto desempleo juvenil.

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