Modernización Laboral

Ganancias exime alquileres y compraventas para dinamizar el mercado inmobiliario

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El Decreto 406/2026 modificó la reglamentación del Impuesto a las Ganancias para precisar el alcance de las exenciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral.

La nueva estructura reglamentaria, publicada en el Decreto 406/2026 es complementaria al Decreto 862/2019, define con precisión técnica el alcance del concepto “casa-habitación”, delimitando que la dispensa abarca tanto al valor locativo presunto como a los montos cobrados por amoblamientos o servicios conexos. La medida rige con retroactividad para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2026, independientemente de la fecha de suscripción de los contratos de alquiler. Para el mercado corporativo y los tomadores de decisiones del sector inmobiliario en el Noreste Argentino (NEA), esta reforma altera el cálculo del rendimiento neto de las carteras de activos fijos, promoviendo la formalización contractual a cambio de inmunidad fiscal frente al impuesto nacional.

La medida modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias con el objetivo de brindar certeza y garantizar la aplicación efectiva de los beneficios incorporados por el Capítulo II del Título XXIV de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.

La reconfiguración procedimental establece pautas de alivio fiscal directo sobre la renta y el capital inmobiliario:

Inmunidad para Multi-propietarios: La exención del impuesto alcanza a todas las unidades que una persona humana o sucesión indivisa destine a la locación de vivienda, eliminando topes anteriores por cantidad de inmuebles.

Desgravación de la Enajenación: Quedan exentos los resultados derivados de la compraventa y cesión de boletos de compraventa de inmuebles encuadrados en el artículo 99 de la ley, concretados desde el 1° de enero de 2026.

Ampliación Conceptual: El beneficio absorbe los ingresos extras facturados a los inquilinos en concepto de locación de muebles, accesorios o servicios adicionales provistos por el arrendador.

Exclusiones Técnicas Específicas: Se bloquea la deducción complementaria para locadores cuando estos revistan la condición de personas humanas o condóminos individuales, resguardando la simetría del esquema fiscal unificado.

El freno al incentivo fronterizo y la presión sobre el stock habitacional

Para la economía misionera, el impacto de este reordenamiento impositivo adquiere matices estructurales que difieren radicalmente de los observados en las grandes urbes de la Pampa Húmeda. En Capital Federal o Rosario, la desgravación de Ganancias busca volcar el excedente financiero tradicional hacia la oferta de viviendas para paliar la crisis de alquileres. En Misiones, en cambio, la plaza de locaciones convive con agudas asimetrías fronterizas. Ciudades como Posadas y Puerto Iguazú sufren una persistente presión sobre su stock de inmuebles debido a la demanda de alquileres temporarios o comerciales impulsados por la brecha de precios con Paraguay y Brasil, restando unidades al mercado de vivienda permanente.

La flexibilización del Decreto 406/2026 actúa como un contrapeso propositivo para equilibrar la rentabilidad del locador tradicional misionero frente al negocio transfronterizo. Sin embargo, persisten distorsiones en la macroeconomía local. Al ser Misiones una provincia perjudicada históricamente en el reparto secundario de la coparticipación federal, el erario público provincial no cuenta con recursos excedentes para subsidiar de forma directa la construcción de viviendas a gran escala. Por ende, la oferta habitacional depende casi exclusivamente de los incentivos que el Gobierno nacional otorgue al capital privado. La eliminación de Ganancias sobre los alquileres residenciales estables busca que los inversores locales prefieran el arrendamiento familiar permanente en lugar de resguardar el valor del capital en instrumentos financieros externos.

La efectividad del decreto estará ligada a la velocidad con la que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) unifique los formularios de declaración jurada, evitando que la burocracia en los aplicativos informáticos retenga retenciones de forma indebida sobre operaciones inmobiliarias formalizadas durante el primer semestre del año.

La variable crítica para monitorear en los próximos trimestres será el índice de reinversión de las utilidades desgravadas dentro del mercado de la construcción en el NEA. Si el incentivo del 100% de exención en los resultados de enajenación logra que los capitales acumulados en la agroindustria (madera, yerba y tabaco) se canalicen hacia desarrollos inmobiliarios residenciales en la provincia, Misiones logrará morigerar el encarecimiento relativo de los alquileres. Los tomadores de decisiones deben seguir de cerca la elasticidad de la oferta de viviendas en los municipios del interior, ya que una oferta rígida ante este shock fiscal simplemente ampliaría el margen neto del propietario sin traducirse en una mejora real para el bolsillo del inquilino misionero.

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Certificado laboral digital: ARCA acelera la despapelización y redefine costos administrativos para empresas y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio estructural en la administración laboral: desde ahora, el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo podrá emitirse y entregarse de forma digital a través de la plataforma oficial del organismo. La medida moderniza un trámite históricamente burocrático y apunta a reducir costos operativos, tiempos administrativos y litigios laborales vinculados a documentación de desvinculación.

La Resolución General 5848/2026 elimina el viejo esquema basado en formularios físicos obligatorios y habilita que los trabajadores accedan online a sus certificados laborales mediante el servicio “Trabajo en Blanco”. Para provincias como Misiones, donde predominan pymes comerciales, forestales, yerbateras y turísticas con estructuras administrativas reducidas, el impacto puede ser más profundo que en grandes centros urbanos.

Qué cambia concretamente

Hasta ahora, muchas empresas debían emitir manualmente documentación laboral al finalizar una relación laboral, con procesos que combinaban carga de datos, impresión, firma y entrega física. El nuevo esquema digitaliza el circuito completo.

Las principales modificaciones

  • El certificado laboral podrá emitirse en formato digital o físico.
  • La generación será obligatoria a través de “Simplificación Registral”.
  • El trabajador accederá al documento mediante el portal “Trabajo en Blanco”.
  • El certificado digital no requerirá firma manuscrita ni firma digital adicional.
  • Se elimina el régimen anterior regulado por la Resolución General 2.316.
  • Se incorpora validación mediante sistemas electrónicos y trazabilidad online.

ARCA también amplió las funciones del sistema “Trabajo en Blanco”, permitiendo que los trabajadores consulten: altas y bajas laborales registradas. Remuneraciones declaradas. Aportes previsionales. Certificados digitales de ingresos laborales. Observaciones o irregularidades detectadas.

Menos papel, más trazabilidad laboral

La resolución también fortalece el control estatal sobre relaciones laborales registradas.

El nuevo sistema cruza automáticamente: altas y bajas laborales. Declaraciones juradas. Liquidaciones salariales. Aportes y contribuciones previsionales. Eso reduce margen para inconsistencias documentales y aumenta la capacidad de fiscalización digital.

Desde la óptica empresaria, el cambio tiene dos lecturas: Beneficios menor burocracia. Simplificación operativa. Reducción de tiempos administrativos. Menos costos de archivo y certificación. Mayor previsibilidad documental. Riesgos mayor exposición de inconsistencias registrales. Incremento de controles automatizados. Necesidad de mantener información laboral actualizada en tiempo real.

La medida se inscribe dentro de la lógica de modernización laboral impulsada tras la Ley 27.802, que busca digitalizar procesos y reducir litigiosidad.

En economías regionales, donde muchas empresas todavía operan con estructuras administrativas tradicionales, el desafío será adaptarse rápidamente a sistemas digitales obligatorios.

El dato relevante es que el trabajador podrá acceder directamente a información laboral sensible sin intermediación del empleador. Eso fortalece transparencia, pero también aumenta la exposición frente a errores registrales históricos.

El dato político detrás de la resolución

ARCA avanza hacia un modelo donde la fiscalización laboral deja de depender del papel y pasa a basarse en interoperabilidad digital de datos.

La transformación no apunta solamente a simplificar trámites: también busca construir un sistema de control más automatizado, con menor margen de informalidad y mayor capacidad de auditoría remota.

Para el sector privado, el mensaje es claro: la formalización documental ya no será opcional ni podrá sostenerse sobre estructuras administrativas precarias.

El éxito de la medida dependerá menos de la norma y más de la capacidad operativa del sistema digital. En provincias periféricas como Misiones, donde todavía existen brechas tecnológicas y problemas de conectividad en algunas zonas productivas, la implementación práctica será determinante.

También habrá que observar si la digitalización efectivamente reduce litigios laborales o si, por el contrario, multiplica conflictos derivados de inconsistencias detectadas automáticamente por el sistema.

Para las empresas misioneras, el escenario abre una oportunidad de profesionalización administrativa, pero también exige adaptación rápida a una lógica laboral completamente digitalizada.

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Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

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En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

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Según la Cámara Fintech, el 87% de los argentinos quiere libertad para cobrar su salario

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La Cámara Argentina Fintech reafirmó que el país necesita con urgencia una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI. No obstante, advirtió como contradictorio que, en ese mismo proceso, se haya excluido del debate el artículo que proponía la libre elección del canal de acreditación salarial, al considerar que introducía mayor libertad y competencia en el sistema.

Según un informe reciente de la consultora Isonomía, nueve de cada diez argentinos consideran que deberían poder elegir dónde cobrar su sueldo. Entre los jóvenes, ocho de cada diez creen que hacerlo a través de billeteras virtuales sería más práctico y siete de cada diez las perciben como una opción más segura. Además, el 64% de los trabajadores en relación de dependencia no eligió el banco donde actualmente percibe su salario.

Desde la entidad señalaron que la propuesta excluida ampliaba alternativas dentro de un marco regulado. Recordaron que las billeteras virtuales operan bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina, con normas de prevención de lavado de activos, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones. En ese sentido, sostuvieron que no existe vacío normativo ni informalidad, sino un esquema de competencia dentro de un sistema plenamente integrado.

La Cámara consideró que mantener la obligatoriedad bancaria en el cobro de salarios no responde a una necesidad técnica ni a la estabilidad del sistema financiero, sino a la preservación de un esquema que garantiza a las entidades tradicionales la administración de millones de cuentas sueldo. A su entender, permitir la libre elección no debilita al sistema financiero, sino que lo impulsa a competir por el cliente.

Asimismo, enfatizaron que ampliar opciones implica ampliar derechos y que postergar el debate no resuelve el problema de fondo, dado que la normativa vigente ya no refleja la forma en que los argentinos administran su dinero ni el modelo de libertad económica que demandan.

Finalmente, la Cámara anticipó que continuará impulsando el tratamiento del tema en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que el artículo vuelva a ser incorporado en la discusión legislativa, al considerar que reconocer el derecho de los trabajadores a elegir el canal de acreditación salarial constituye una actualización necesaria para fortalecer el espíritu de la reforma laboral.

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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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