modernización tecnológica

Migraciones licita un nuevo sistema para modernizar la recaudación y el control financiero

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La Dirección Nacional de Migraciones autorizó el llamado a una Licitación Pública Internacional por el sistema ReCoBa, una plataforma integral destinada a modernizar la gestión de recaudación y conciliación bancaria del organismo. La iniciativa será financiada en el marco de un programa de fortalecimiento tecnológico respaldado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y busca avanzar sobre uno de los puntos más sensibles de la administración pública: contar con información financiera integrada, trazable y disponible para tomar decisiones con mayor precisión.

La Disposición 907/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, habilitó formalmente la Licitación Pública Internacional N° 1-LPI/2026 para contratar el desarrollo, implementación, migración de información y soporte de postproducción del sistema denominado “Recaudación y Conciliación Bancaria” (ReCoBa). El proyecto contempla una solución integral para la Dirección Nacional de Migraciones y se encuadra en las reglas de adquisiciones aplicables a los programas financiados con recursos del BCIE.

El proyecto forma parte de una iniciativa de mayor alcance que comenzó a estructurarse en 2022 y que contempla hasta US$25 millones de financiamiento del BCIE para fortalecer tecnológicamente al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y a Migraciones. El préstamo N° 2314 fue autorizado por el directorio del organismo multilateral en noviembre de 2022 y el contrato con la Argentina fue suscripto en mayo de 2023.

En el caso específico de Migraciones, el programa busca dejar atrás sistemas fragmentados y avanzar hacia una administración sustentada en información integrada y procesos automatizados. Según surge de los fundamentos de la disposición, el objetivo es mejorar la velocidad y seguridad en el procesamiento de datos, optimizar los mecanismos de administración y control y reducir costos operativos asociados a tareas manuales, errores y duplicación de procesos.

La contratación de ReCoBa apunta precisamente a ese núcleo operativo. El sistema deberá contemplar no solamente su desarrollo e implementación, sino también la migración de la información existente y el soporte posterior a la puesta en producción, un aspecto relevante en organismos que administran grandes volúmenes de operaciones y cuya continuidad operativa resulta crítica.

El proyecto también introduce un componente de modernización que puede tener impacto más allá de la infraestructura tecnológica. Una plataforma de conciliación bancaria integrada permite vincular con mayor precisión las operaciones de recaudación con los movimientos financieros efectivamente registrados, reduciendo espacios para inconsistencias y facilitando los controles internos. En términos de gestión pública, el desafío no pasa solamente por incorporar software, sino por transformar datos dispersos en información útil para auditar, planificar y corregir desvíos.

La propia documentación administrativa establece que el programa pretende reducir riesgos y errores y mejorar la toma de decisiones basada en información confiable. Ese enfoque convierte a la digitalización en una herramienta de gestión y no simplemente en una renovación tecnológica: el beneficio esperado está en la capacidad del Estado para conocer con mayor rapidez qué recauda, cómo se registran esos recursos y dónde pueden existir diferencias que requieran intervención.

La licitación llega después de un proceso técnico y administrativo que incluyó la intervención de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), observaciones técnicas y su posterior respuesta por parte de Migraciones. El área de Sistemas y Tecnologías de la Información del organismo otorgó además la conformidad definitiva al documento base que regirá el proceso licitatorio.

El financiamiento internacional agrega otra capa de control al proceso. La contratación se realizará bajo las políticas de adquisiciones del BCIE, cuya no objeción al Plan General de Adquisiciones fue otorgada en agosto de 2024 y posteriormente actualizada en enero de 2026. La convocatoria deberá publicarse en COMPR.AR y ser comunicada a las embajadas o consulados de los países socios del organismo multilateral que tengan representación en la Argentina.

La disposición también conformó el Comité Ejecutivo de la licitación, aprobó el documento base estándar y dejó constancia de que existe crédito presupuestario suficiente para atender la contratación. De esta manera, el expediente ingresa en la etapa concreta de competencia entre proveedores internacionales para seleccionar la solución tecnológica.

El desafío de fondo será que la inversión no termine reducida a la adquisición de una nueva plataforma. La verdadera medida del éxito estará en su capacidad para integrar información, automatizar controles, mejorar la trazabilidad de los recursos públicos y generar información confiable para la conducción de Migraciones. En un Estado donde la transformación digital suele evaluarse por la cantidad de sistemas incorporados, el resultado relevante será cuánto mejora la calidad de la gestión a partir de esos sistemas.

La apuesta del programa financiado por el BCIE es, precisamente, avanzar en esa dirección: utilizar tecnología para disminuir costos y riesgos, acelerar procesos y fortalecer la capacidad estatal para administrar información crítica. Para Migraciones, ReCoBa será una pieza de esa transformación y, si la implementación cumple con los objetivos planteados, puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera del organismo.

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Importación de maquinaria usada: el Gobierno flexibiliza el régimen y apunta a acelerar inversiones industriales

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El Ejecutivo modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas y amplió el alcance de los bienes que podrán ingresar al país para proyectos industriales. La reforma incorpora equipamiento para modernización tecnológica, almacenes inteligentes y sistemas ambientales, al tiempo que redefine plazos y requisitos para las empresas.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 483/2026, representa uno de los cambios más significativos en materia de inversión productiva de los últimos años. El nuevo esquema deja de enfocarse exclusivamente en la importación de maquinaria usada y pasa a vincular el beneficio con proyectos de mejora de competitividad aprobados por la autoridad de aplicación.

Para el sector industrial, el cambio implica una ampliación de las herramientas disponibles para modernizar procesos productivos en un contexto donde el acceso a tecnología de última generación suele requerir elevados desembolsos de capital. La norma habilita que las líneas de producción incorporen bienes usados importados junto con equipos nuevos nacionales o importados, e incluso contempla equipamiento destinado a proveedores directos de la empresa beneficiaria bajo contratos específicos.

Un régimen más amplio y orientado a la productividad

La modificación redefine qué proyectos pueden acceder al beneficio. A partir de ahora, las líneas de producción deberán estar vinculadas a una nueva planta, una ampliación de capacidad instalada, una diversificación productiva o una modernización tecnológica que incremente el valor agregado por unidad producida. También podrán destinarse a la generación de energía eléctrica.

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de bienes usados destinados al tratamiento o eliminación de contaminantes de aire, suelo o agua cuando formen parte de establecimientos productivos. La medida busca facilitar inversiones ambientales sin obligar a las empresas a adquirir exclusivamente equipamiento nuevo.

La norma también incorpora expresamente los llamados “almacenes inteligentes”, sistemas automatizados que combinan software, equipos de manipulación y estructuras de almacenamiento para optimizar la logística interna de las plantas industriales.

La posibilidad de incorporar maquinaria usada con hasta 20 años de antigüedad, o incluso hasta 30 años cuando haya sido reconstruida o actualizada tecnológicamente, amplía significativamente el universo de activos elegibles.

En provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde muchas empresas enfrentan desafíos de escala para renovar líneas completas de producción, la medida puede mejorar la relación entre inversión y capacidad productiva, especialmente en actividades exportadoras o con alto componente industrial.

La industria nacional sigue siendo condición obligatoria

La flexibilización no elimina el componente de integración local. Las empresas deberán adquirir bienes nuevos de origen nacional por un monto equivalente a, al menos, 10% del valor FOB de los equipos usados importados incorporados al proyecto.

La exigencia busca generar un efecto multiplicador sobre proveedores locales de maquinaria, componentes y servicios industriales, evitando que la modernización productiva se traduzca exclusivamente en compras externas.

Además, los bienes nacionales podrán destinarse tanto a la línea de producción principal como a otras actividades de la empresa o incluso a proveedores directos vinculados al proyecto.

Otro aspecto central de la reforma es la simplificación administrativa. Los proyectos deberán contar con un dictamen técnico elaborado por organismos estatales, universidades o ingenieros matriculados, aunque dicho informe no será vinculante para la decisión final.

La puesta en marcha deberá concretarse dentro de un año desde la aprobación del proyecto, con posibilidad de prórroga en casos justificados. También se establecen mecanismos para agilizar expedientes históricos que permanecían pendientes de cierre y liberación de garantías.

Claves para las empresas

Aspectos más relevantes del nuevo régimen permite importar líneas de producción con maquinaria usada para proyectos de competitividad industrial. Habilita equipamiento ambiental para tratamiento de contaminantes. Incorpora sistemas automatizados de almacenamiento o “almacenes inteligentes”. Autoriza bienes usados con hasta 20 años de antigüedad o 30 años si fueron reconstruidos. Exige compras de bienes nacionales por al menos 10% del valor importado. Establece plazos más precisos para ejecución y puesta en marcha de proyectos.

La efectividad de la reforma dependerá menos de la letra del decreto que de la velocidad con que la Secretaría de Industria reglamente los procedimientos y apruebe los proyectos. Para las empresas del NEA, el desafío será identificar oportunidades donde la incorporación de tecnología usada permita aumentar productividad, reducir costos operativos o expandir capacidad sin comprometer la rentabilidad de la inversión. Si la implementación logra evitar los cuellos de botella administrativos que el propio decreto reconoce, el régimen podría convertirse en una herramienta relevante para la renovación del capital productivo industrial argentino.

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Posadas moderniza su radar y refuerza el control del tránsito aéreo regional

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La renovación integral del radar secundario del Aeropuerto Internacional de Posadas marca un nuevo hito en el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia del Tránsito Aéreo de la República Argentina. La puesta en servicio del equipamiento modernizado mejora la calidad de la información en tiempo real, amplía la capacidad operativa y refuerza la seguridad aérea en una región estratégica del país, con impacto directo en la conectividad, la actividad económica y la infraestructura de transporte.

La actualización se realizó en el marco del Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea, una política orientada a modernizar 22 radares distribuidos en todo el territorio nacional. Con la entrada en operación del sistema de Posadas, ya son ocho los radares renovados en los últimos meses, consolidando una mejora sustancial en la infraestructura tecnológica de los Servicios de Navegación Aérea.

Modernización tecnológica y salto en la capacidad operativa

La intervención en el radar de Posadas incluyó el reemplazo de los componentes electrónicos centrales y la incorporación de tecnologías avanzadas como Modo S y ADS-B, estándares internacionales que permiten una identificación más precisa de las aeronaves y una mayor cantidad de datos asociados a cada vuelo.

Estas mejoras brindan a los controladores de tránsito aéreo información más completa y confiable sobre el movimiento de aeronaves, optimizando la gestión de los vuelos y fortaleciendo la seguridad operacional en toda la zona de cobertura del sistema. En términos prácticos, el nuevo radar ofrece mayor calidad y cantidad de datos en tiempo real en comparación con el equipamiento anterior, reduciendo márgenes de error y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones operativas complejas.

Impacto regional y fortalecimiento del control aéreo

Por su ubicación estratégica, el radar de Posadas cumple un rol clave en el noreste argentino. La información generada por el sistema actualizado se integra directamente al Centro de Control de Área (ACC) de Resistencia, fortaleciendo la cobertura radar en una región de alta relevancia para la conectividad aérea.

Este refuerzo tecnológico permite optimizar la gestión del tránsito aéreo y habilitar una mayor cantidad de vuelos, lo que impacta positivamente en la actividad aerocomercial, el turismo y las economías regionales. En el plano institucional, la actualización mejora la eficiencia de los servicios de navegación aérea y acompaña la expansión de la demanda en un corredor estratégico del país.

Un programa nacional con alcance federal

La renovación del radar de Posadas se suma a las modernizaciones recientes realizadas en La Rioja, San Luis, Bariloche, Bahía Blanca, Quilmes y Santa Rosa, desarrolladas por la empresa INVAP, junto con el nuevo radar del Aeropuerto de Ezeiza, provisto con tecnología Indra. Este despliegue evidencia un esquema de inversión sostenida en infraestructura crítica, con participación de proveedores tecnológicos de referencia.

Con estos avances, se consolida el proceso de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica aérea en todo el territorio nacional y se afianza el posicionamiento de la Argentina como referente regional en la prestación de servicios de navegación aérea, un aspecto central para la competitividad logística, la integración territorial y la seguridad del transporte.

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