Cierre de Le Utthe: la Municipalidad asegura que no había multas firmes
El cierre de la franquicia de indumentaria Le Utthe en Posadas generó un fuerte impacto y abrió un debate público sobre la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y la presión impositiva. En ese contexto, apareció una versión de la empresa sobre una multa de 190 millones por parte de la Municipalidad de Posadas que aceleró el cierre. Sin embargo, la situación tiene varios matices. Lo que se sabe es que la firma tenía sanciones por no cumplir con las ordenanzas fiscales pero ninguna estaba firme.
En diálogo con Open1017, el secretario de Hacienda municipal, Martín Leiva Varela, explicó que el reclamo tributario se trata de un procedimiento administrativo habitual dentro del sistema municipal. Aunque el funcionario no habló sobre casos puntuales, por el secreto fiscal, ante la insistencia periodística, aseguró que “no la multa no está firme”.
“Es un proceso de análisis que se inicia con una vista de actuación, que es una instancia provisoria”, señaló.
Leiva Varela evitó referirse al caso puntual por cuestiones de secreto fiscal, pero describió el mecanismo general: cuando el municipio detecta inconsistencias en el cumplimiento tributario -como diferencias en declaraciones juradas o incumplimientos como agente de percepción- se inicia una “vista de actuación”, que funciona como advertencia preliminar.
Ese procedimiento abre una instancia de defensa para el contribuyente, quien puede presentar documentación y realizar descargos antes de que exista una resolución definitiva.
“Se remite una estimación provisoria y el contribuyente tiene derecho a defensa. A partir de la documentación que presenta, se analiza y recién ahí se define la situación final”, explicó el funcionario.
De este modo, la cifra que trascendió públicamente -una exigencia cercana a los 190 millones de pesos- no constituía una obligación exigible ni confirmada, sino una estimación preliminar sujeta a revisión.
Uno de los puntos en discusión fue la condición de Le Utthe como agente de percepción de tasas municipales. Según explicó Leiva Varela, esta figura alcanza a determinados contribuyentes según normativa vigente, independientemente del tipo de venta.
“Los agentes de percepción están definidos por normativa. Si se detecta alguna inconsistencia en su cumplimiento, se inicia el procedimiento correspondiente”, sostuvo.
En este sentido, el funcionario evitó confirmar si la empresa estaba correctamente encuadrada, pero ratificó que el municipio actúa bajo criterios normativos generales.
Más allá del caso puntual, Leiva Varela puso el foco en el contexto económico adverso, que afecta directamente al comercio minorista.
Reconoció que, pese a que la economía nacional mostró crecimiento en 2025, sectores clave como comercio, industria y construcción continúan por debajo de los niveles de 2023, lo que impacta en ventas, empleo y sostenibilidad de los negocios.
“El volumen de actividad económica termina afectando los ingresos y la posibilidad de sostener los costos fijos de cada local comercial”, advirtió.
A esto se suma un factor estructural en Posadas: las asimetrías con Paraguay, que profundizan la competencia y presionan sobre el comercio local.
Desde la Municipalidad defendieron la política tributaria y remarcaron que el nivel de cumplimiento en Posadas es elevado en comparación con otras jurisdicciones.
Sin embargo, el funcionario dejó en claro que no hay margen para excepciones individuales, incluso en contextos de crisis.
“No se pueden hacer tratamientos particulares porque implicaría romper la equidad del sistema”, afirmó.
Al mismo tiempo, destacó que los recursos municipales -provenientes principalmente de tasas y coparticipación- son esenciales para sostener servicios básicos como limpieza, mantenimiento urbano y funcionamiento general del Estado local.