MUNDO

La liberalización comercial nunca benefició a todos

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Por Jomo Kwame Sundaram / IPS Noticias – El presidente Donald Trump ha culpado a la liberalización comercial defendida por los globalistas de la desindustrialización de Estados Unidos. En cambio, su propio uso de las políticas, los instrumentos y las instituciones económicas como armas pretende «Hacer a Estados Unidos  grande otra vez (Maga)».

Durante su primer gobierno (2017-2021), en el llamado Trump 1.0, el gobernante afirmaba hacerlo mediante la «repatriación» de industrias que se habían trasladado al extranjero.

En el Trump 2.0, que comenzó en enero de 2025, el presidente ultraconservador recurre a más amenazas para asegurar inversiones, mercados y otras ventajas económicas para las grandes empresas estadounidenses, a costa de otros, incluidos los aliados y, especialmente, el Sur global.

Aunque rechaza la afirmación de los globalistas de que la liberalización comercial potencia el crecimiento, el empleo y los ingresos para todos, sus propias políticas de «Estados Unidos Primero» están frenando la economía mundial, incluida la de Estados Unidos.

Política comercial de la posguerra

Estados Unidos ha dominado las relaciones y las instituciones internacionales, incluida la gobernanza económica multilateral, desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El Congreso de Estados Unidos rechazó la Carta de La Habana de 1948, que proponía la creación de la Organización Internacional del Comercio (OIC).

La liberalización comercial selectiva fue clave para el «neoliberal» Consenso de Washington, que ha sido recomendado, si no exigido, por las instituciones económicas multilaterales desde la década de 1980.

Mientras tanto, la era neoliberal se ha asociado a un crecimiento más lento y volátil que la «edad de oro» keynesiana de la posguerra, correspondiente al primer cuarto de siglo tras la Segunda Guerra Mundial.

Occidente impulsó la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para consolidar el orden económico internacional sobre una base neoliberal. El Acuerdo de Marrakech de 1994, por el que se estableció la OMC, dejó poco margen para iniciativas de política de desarrollo.

Para muchos en Occidente, la liberalización comercial neoliberal terminó con la primera presidencia de Trump, a partir de 2017. Sin embargo, el cambio de rumbo había comenzado antes, a principios del siglo XXI, especialmente tras la crisis financiera mundial (en realidad, occidental) de 2008-2009.

No obstante, hay que reconocer a Trump el mérito de haber utilizado descaradamente los instrumentos de comercio e inversión internacionales como arma contra el resto del mundo, incluidos los aliados de Estados Unidos.

Hegemonía

El destacado economista indo-estadounidense y defensor del libre comercio Jagdish Bhagwati demostró que cualquier alternativa al multilateralismo comercial —incluidos los acuerdos de libre comercio plurilaterales y bilaterales— es subóptima e injusta.

Los compromisos, incluidos los promovidos por las instituciones financieras internacionales y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), han reforzado, por el contrario, la hegemonía de Estados Unidos y Occidente.

La descolonización de Asia y África tras la guerra ha provocado un creciente descontento con las instituciones multilaterales, lo que ha llevado a Occidente a socavar selectivamente el multilateralismo tras la Guerra Fría.

Incapaces de garantizar que el sistema de solución de diferencias de la OMC proteja y promueva de forma coherente sus intereses, Estados Unidos lo ha paralizado bloqueando nombramientos clave desde la presidencia de Obama.

La firmeza colectiva de los países en desarrollo en los foros multilaterales ha mitigado algunas de las consecuencias adversas de la integración económica internacional bajo los auspicios occidentales.

La liberalización comercial parcial y desigual ha limitado la industrialización del Sur Global. La reciente desindustrialización ha reducido la participación de la industria manufacturera en la producción nacional de muchos países en desarrollo.

En África se ha desarrollado poca capacidad manufacturera nueva, más allá de algunas actividades mínimas de sustitución de importaciones y de transformación de recursos protegidas por los elevados costes de transporte.

Divide y vencerás

Las concesiones económicas, como las preferencias comerciales, otorgadas a los países en desarrollo se han utilizado para dividir al Sur global, incluidos los «países menos adelantados» y los «pequeños Estados insulares en desarrollo», lo que ha debilitado de hecho su fuerza negociadora colectiva.

La liberalización comercial también ha reducido los ingresos arancelarios, especialmente importantes para los países en desarrollo más pobres, donde a menudo representaban hasta la mitad de la recaudación fiscal total.

Los impuestos adicionales, normalmente sobre el consumo o la renta, nunca han compensado las pérdidas de ingresos arancelarios debidas a la liberalización comercial. Esto ha socavado sus ya débiles capacidades fiscales, lo que a menudo les ha obligado a endeudarse aún más.

Se suponía que el fomento de la agricultura alimentaria en los países africanos supuestamente «con abundancia de tierras» les proporcionaría una mayor seguridad alimentaria e incluso les haría más competitivos en materia de exportación, pero no hay pruebas de que esto haya ocurrido.

Los países en desarrollo llevan mucho tiempo pidiendo, sin éxito, al Norte Global que elimine las subvenciones agrícolas, los aranceles y las barreras no arancelarias a la importación que protegen su producción.

Esto haría que la producción alimentaria de los países en desarrollo fuera más competitiva. Sin embargo, los países ricos llevan mucho tiempo insistiendo en que los países en desarrollo deben primero «corresponder», por ejemplo, eliminando sus aranceles sobre los productos manufacturados.

El ajuste estructural también ha socavado las infraestructuras agrícolas y la productividad de los pequeños agricultores en muchos países en desarrollo. Mientras tanto, la reducción de las ayudas agrícolas en Europa ha provocado un aumento de los precios de muchas importaciones de alimentos en el Sur.

¿Beneficios del comercio?

Los supuestos beneficios de la liberalización comercial suelen ser meramente teóricos o beneficios puntuales derivados de una interpretación estática de la ventaja comparativa, sin potencial acumulativo.

Las afirmaciones sobre los beneficios de la liberalización comercial presuponen capacidades productivas y de exportación competitivas a nivel internacional, capaces de generar una respuesta de la oferta sólida y positiva.

Es poco probable que se den tales condiciones previas en la mayoría de los países en desarrollo, especialmente en los más pobres, y es necesario desarrollarlas, normalmente mediante la protección frente a las presiones de los mercados externos.

La mayoría de los estudios sobre los resultados realistas que podrían alcanzarse en las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, iniciadas en 2001 —incluidos los realizados para el Banco Mundial—, preveían pérdidas netas para la mayoría de las economías en desarrollo, salvo para unas pocas economías asiáticas.

Tampoco hay pruebas sólidas de que la liberalización comercial reduzca significativamente la pobreza y el hambre. Los países en desarrollo, especialmente los más pobres y los del África subsahariana, saldrían perjudicados.

Cabe preguntarse por qué hay que sobornar a los países en desarrollo con «ayuda para el comercio» si lo mejor para sus propios intereses es comprometerse con la liberalización comercial, ya sea multilateral o de otro tipo.

Peor aún, la liberalización comercial ha hecho que el desarrollo sostenible sea casi imposible al reducir significativamente las opciones de política de los Estados que aspiran al desarrollo, especialmente en materia de comercio, industria, inversión y tecnología.

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Asamblea ambiental insta a una financiación que provoque una inflexión en la defensa de la naturaleza

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Por Cecilia Russel / IPS Noticias – «Aunque las presiones sobre los presupuestos públicos son cada vez mayores y las tensiones geopolíticas van en aumento, puede resultar tentador considerar la financiación medioambiental como algo opcional. No lo es», declaró este viernes 5 Claude Gascon, director ejecutivo interino del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), durante la clausura de su Octava Asamblea, celebrada en  del FMAM celebrada en  Samarcanda, en Uzbekistán.

Para los países del Sur en desarrollo, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países frágiles y vulnerables, la ayuda al desarrollo exterior es la piedra angular para defender su biodiversidad.

«Porque lo que está en juego no es solo un conjunto de objetivos internacionales. Lo que está en juego es la calidad de vida futura en este planeta. Lo que está en juego es si los niños heredarán ríos que sigan fluyendo limpios, bosques que sigan en pie, costas que sigan protegiendo a las comunidades y economías que puedan prosperar sin destruir los sistemas naturales de los que depende toda prosperidad»., dijo Gascon.

El presidente de la Asamblea, Aziz Abdukhakimov, asesor del presidente de Uzbekistán en materia de medio ambiente y presidente del Comité Nacional de Ecología y Cambio Climático, señaló que la asamblea resultó «especialmente productiva», con más de 50 encuentros paralelos, reuniones bilaterales e intercambios informales.

«El Consejo del FMAM revisó y mejoró decisiones clave, incluidas las orientaciones de programación del FMAM-9″, la novena reposición del Fondo, afirmó, al tiempo que acogió con satisfacción el fuerte énfasis en la programación integrada, la financiación innovadora y la participación inclusiva, incluido el objetivo de destinar al menos 20 % de los recursos del FMAM-9 a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Afirmó que el mensaje del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, de que su país se convertirá en un país donante reflejaba el «compromiso del país con la sostenibilidad medioambiental».

«Esto demuestra nuestra disposición no solo a beneficiarnos de la cooperación, sino también a contribuir a las relaciones medioambientales globales», dijo Abdukhakimov.

Poco antes, en una mesa redonda de alto nivel,  Rosina Bierbaum, presidenta del Panel Asesor Científico y Técnico (STAP) del FMAM, recordó a la Asamblea que, si bien la mitad del producto interno bruto (PIB) mundial depende de la naturaleza, existe un «déficit de financiación de la biodiversidad de 700 millones de dólares al año».

Sin embargo, señaló, un análisis de la internacional consultora McKinsey confirma que la implementación de los objetivos de biodiversidad «30 para 2030», destinados a conservar de manera efectiva al menos 30 % de la superficie terrestre y los océanos del planeta para 2030, generará importantes beneficios en materia de conservación y objetivos socioeconómicos, y sacará a la gente de la pobreza.

Aunque el debate sobre la financiación se producía en un momento difícil, Kenneth Lay, director general sénior de la estadounidense firma de inversión RockCreek y extesorero del Banco Mundial, señaló que la buena noticia era que el sector privado podía ayudar a abordar los problemas.

Al detallar cómo el fondo común de ahorro mundial ha crecido de forma espectacular «impulsado por 15 años de mercados excepcionales», señaló que había billones (millones de millones) de dólares disponibles en fondos de pensiones y fondos soberanos, reservas del sector asegurador y otros, y que estos fondos podrían destinarse a invertir en la naturaleza, pero «los propietarios de los activos no estaban presentes».

Lay sugirió que el FMAM convocara a los responsables de los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los reguladores de valores, entre otros, y se asegurara de que «invertir en la naturaleza sea tan natural como invertir en infraestructuras». Asegurarse de que invertir en la naturaleza sea tan natural como invertir en infraestructuras.

Valerie Hickey, directora de Medio Ambiente del Grupo del Banco Mundial, afirmó que el FMAM tenía un papel que desempeñar en la creación de una normativa propicia y una previsibilidad de las políticas para ayudar al sector privado a gestionar el riesgo.

Para ello, consideró, hay que centrarse en lo que denominó la combinación «Goldilocks (crecimiento constante)» de financiación concesional y comercial para amortiguar los fracasos de las inversiones, al tiempo que se garantiza que la inversión tenga rentabilidad comercial y sea lo suficientemente sólida desde el punto de vista financiero como para movilizar capital privado que genere «resultados medioambientales cuantificables».

También hubo advertencias.

Líderes y delegados de gobierno, de Uzbekistán y del FMAM posan para la foto de familia al concluir la octava Asamblea del FMAM en la ciudad uzbeca de Samarcanda. Imagen: Stella Paul / IPS

Rachel Kyte, representante especial para el clima del Reino Unido, advirtió de que un estudio revelaba que su país era «altamente vulnerable al colapso de los ecosistemas».

«¿Qué significa eso? Significa que, para una familia británica, su capacidad para llenar el carrito del supermercado con lo necesario para mantener sanos a sus hijos está totalmente ligada a la integridad de la cuenca del Congo. Y que, si algo llegara a amenazarla aún más, habría implicaciones para la seguridad y la defensa», agregó.

Implicar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas a través de soluciones centradas en las personas, inclusivas y económicamente viables era clave, afirmó Joyelle Clarke, ministra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Acción Climática y Empoderamiento de la Ciudadanía de San Cristóbal y Nieves. Explicó cómo el mercado del carbono azul estaba infravalorado y a menudo resultaba difícil de comprender.

Clarke puso como ejemplo un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que conserva tortugas, en una zona donde la dieta de la comunidad pesquera incluía este animal. Al ofrecer oportunidades laborales alternativas en la industria turística, se logró obtener el apoyo de la comunidad para el sitio.

Gascon, el líder del FMAM, recordó a la plenaria conclusiva de la octava Asamblea que el medioambiente no era una «cuestión secundaria».

«En primer lugar, debemos defender y reforzar la ayuda pública al desarrollo para los países… Por lo tanto, la continuidad de la AOD (ayuda oficial al dsarrollo) pública no es solo un compromiso moral. Es una inversión en la estabilidad global, en la seguridad humana y en el futuro compartido de todas las naciones», remarcó.

A continuación, afirmó que «los países deben armonizar sus políticas nacionales con los resultados medioambientales que persiguen. No podemos decir que estamos comprometidos con la sostenibilidad mientras seguimos premiando la destrucción de los ecosistemas, el uso excesivo de los recursos naturales o la contaminación del aire, la tierra y el agua».

En tercer lugar,dijo,  el FMAM debería liberar todo el potencial del capital privado y garantizar que el sector privado se convierta «no solo en una fuente de financiación, sino en un verdadero socio en la gobernanza y la consecución de resultados medioambientales a escala mundial».

Y, por último, se necesitaban «el compromiso de todo el gabinete y la participación de toda la sociedad» para alcanzar los objetivos medioambientales.

«Necesitamos liderazgo nacional, pero también necesitamos implicación local. Eso significa escuchar y trabajar con las comunidades, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, la sociedad civil, los científicos, las autoridades locales, los agricultores, los trabajadores y los empresarios. Significa reconocer que las soluciones duraderas no se imponen, sino que se construyen juntos, planteó Gascon.

Por último, el director ejecutivo interino del FMAM afirmó que el impulso final hacia 2030 «debe ser más que una cuenta atrás. Debe ser un punto de inflexión».

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¿Quiere alimentar al mundo? Invierta en los sistemas alimentarios

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Por Busani Bafana / IPS Noticias – A medida que el objetivo mundial de erradicar el hambre para 2030 se aleja rápidamente, invertir en cómo se alimenta el mundo es la única forma de evitar una crisis.

Invertir en los sistemas agroalimentarios —desde la producción y el procesamiento hasta la distribución y el consumo— es crucial para que el sector agrícola mundial sea más resiliente ante las amenazas a la seguridad alimentaria, afirmó Mohamed Manssouri, subdirector general y director del Centro de Inversiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«Los sistemas agroalimentarios se están viendo sometidos hoy a una prueba sin precedentes debido a los fenómenos climáticos extremos, la disminución de los recursos naturales, las crisis económicas y las interrupciones en el suministro, la inestabilidad política y la restricción del gasto público», declaró Manssouri a IPS en una entrevista exclusiva.

«La pandemia de covid-19, la guerra en Ucrania y ahora los conflictos en Medio Oriente son un claro recordatorio de que cada vez más países y socios comerciales están conectados a las cadenas de suministro mundiales», detalló.

Manssouri dirige un equipo multidisciplinar global de más de 200 expertos y 500 consultores que operan en 120 países. El equipo ofrece soluciones de inversión y financiación a los países miembros de la FAO, a instituciones financieras internacionales y nacionales, y a inversores públicos y privados.

El Centro de Inversiones de la FAO diseña estrategias y políticas de inversión para apoyar programas de inversión agroalimentaria públicos y privados. Dirige mecanismos financieros innovadores destinados a reducir el riesgo y aprovechar la inversión privada.

Manssouri señaló que los conflictos en Medio Oriente han sumado presión a las ya frágiles cadenas de suministro mundiales de productos básicos, amenazando la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los alimentos, especialmente en los países importadores netos de alimentos.

Según un análisis de la FAO, las actuales interrupciones en el estrecho de Ormuz han cortado entre 30 % y 35 % del comercio mundial de urea. La urea es un fertilizante fundamental que aporta nitrógeno a los cultivos. Los precios de la urea han subido entre 14 % y 60 %. El precio del gas natural, esencial para los fertilizantes nitrogenados, ha aumentado hasta 90 %.

Estos son algunos extractos de la entrevista de IPS con Mohamed Manssouri.

Mohamed Manssouri, Subdirector General y Director del Centro de Inversiones de la FAO. Imagen: FAO

IPS: ¿Cuáles son algunas de las mayores amenazas a las que se enfrentan hoy en día los sistemas agroalimentarios?

MOHAMED MANSSOURI: Las actuales perturbaciones de los sistemas comerciales y de distribución se ven agravadas por el aumento de los precios de la energía y la volatilidad de los mercados de fertilizantes. Esto está incrementando los costes de producción y afectando a los rendimientos, lo que supone una amenaza para la producción de alimentos, los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria a nivel mundial.

Otros retos actuales incluyen la necesidad de producir alimentos más saludables y nutritivos para alimentar a la creciente población mundial, pero con una menor huella ambiental. Equilibrar los sistemas agroalimentarios en los países en desarrollo es fundamental para alcanzar la Agenda 2030, pero el déficit de financiación sigue ascendiendo a cientos de miles de millones de dólares.

En el África subsahariana, tres de cada cuatro microempresas agroalimentarias carecen de acceso suficiente a la financiación debido a la falta de capacidad para gestionar préstamos, a los costes de transacción prohibitivos y al riesgo percibido de la agricultura.

También existen retos específicos como el envejecimiento de la mano de obra agrícola, el desempleo juvenil y los rápidos avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, la IA, que exigen nuevas competencias laborales.

Los informes de la FAO revelaron que más de 20 % de los jóvenes a nivel mundial no se encontraban ni estudiando, ni trabajando, ni en formación en 2023, lo que significa que sus competencias no se ajustan al mercado laboral.

IPS: ¿Por qué es crucial invertir en los sistemas agroalimentarios?

MM: Es importante porque invertir consiste en sacrificar algo hoy para tener algo mejor mañana. No podemos esperar resultados si no invertimos. La inversión saca a las personas de la pobreza y el hambre. El director general de la FAO y yo creemos que el derecho a la alimentación es un derecho humano básico y que la paz es un requisito previo para la seguridad alimentaria, que a su vez también es un requisito previo para la paz. Esa convicción guía todo nuestro trabajo.

El informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025» muestra que el hambre mundial descendió de 8,5 % a 8,2 % en 2024. Esto es alentador, aunque el margen sea pequeño. Pero el progreso es desigual, con un aumento de la inseguridad alimentaria en África y Asia Occidental.

Alrededor de 673 millones de personas se enfrentaban al hambre en 2024, y 2330 millones sufrían inseguridad alimentaria moderada o grave. Queda mucho trabajo por hacer y muchas inversiones por realizar.

Necesitamos transformar urgentemente los sistemas agrícolas para que sean más sostenibles, resilientes e inclusivos. La inversión es fundamental para esa transformación. Crea empleo; casi 1300 millones de personas trabajaban en los sistemas agrícolas en 2022.

Necesitamos políticas y estrategias de inversión que vayan más allá de la agricultura y abarquen el transporte, el almacenamiento, la transformación y los mercados mayoristas y minoristas. Esto ayuda a que los pequeños agricultores, las empresas agroindustriales y los emprendedores rurales prosperen al conectarlos con los mercados, la financiación, la innovación y la tecnología.

Se trata de aspirar a una escala de inversión, desde la pública hasta la privada, y de cómo reducir el riesgo de esas inversiones para lograr la seguridad alimentaria para todos.

IPS: ¿Cómo lo lleva a cabo la FAO a través de su Centro de Inversiones?

MM: La FAO es una agencia técnica de las Naciones Unidas que apoya a los sectores agroalimentarios desde la producción hasta la transformación, incluyendo la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la acuicultura.

Trabajar en inversiones significa trabajar con otros. La colaboración está en nuestro ADN. Llevamos más de 60 años colaborando con países y entidades financieras. Somos un equipo multidisciplinar que actúa como punto único de entrada para inversiones de alto impacto y soluciones climáticas.

Cada año, trabajamos en 120 países. En 2025, el Centro ayudó a diseñar 43 grandes programas de inversión en 44 países, aprobados por socios financieros por un total de 7800 millones de dólares.

También desarrollamos docenas de estrategias de inversión nacionales y estudios de políticas, y apoyamos los diálogos sobre políticas. La cartera global en la que apoyamos la implementación asciende a unos 50 000 millones de dólares, con socios principales como el Banco Mundial, el Fida, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones.

En la actualidad, estamos innovando con instrumentos de financiación como la financiación combinada para reducir el riesgo de las inversiones privadas, ya que las inversiones públicas por sí solas son insuficientes, especialmente con un margen presupuestario cada vez más ajustado debido al endeudamiento.

Trabajamos en estrecha colaboración con las instituciones financieras locales para cambiar su percepción de los riesgos de financiar la agricultura mediante una mejor comprensión de los calendarios de cultivo y un acceso oportuno a la financiación. Cada dólar de nuestras inversiones tiene un potencial de rendimiento y un impacto sobre el terreno mucho mayores.

IPS: Ha mencionado que la inversión pública en el sector agroalimentario no es suficiente. ¿Qué está haciendo el Centro de Inversiones de la FAO para movilizar financiación?

MM:  Los gobiernos están recortando el gasto, por lo que necesitamos atraer más inversión pública, privada y mixta. Una forma de reducir el riesgo de las inversiones agroalimentarias es a través del conocimiento, los datos y una profunda experiencia.

Durante casi 30 años, hemos apoyado los esfuerzos para hacer que los sistemas agroalimentarios sean más ecológicos e inclusivos. Nuestra nueva colaboración con la Fundación Gates se centra en integrar innovaciones agroalimentarias transformadoras en los proyectos de inversión.

Una colaboración renovada con el Banco Asiático de Desarrollo da prioridad a las inversiones en agricultura digital y basada en la inteligencia artificial. Junto con el Banco Europeo de Inversiones, apoyamos a los bancos comerciales nacionales y locales del África subsahariana a través de actividades de preinversión, desbloqueando 190 millones de euros en préstamos agroalimentarios para pequeños agricultores y pymes agrícolas.

También colaboramos con la Unión Europea en materia de financiación combinada, prestando servicios de asesoramiento para movilizar 200 millones de euros (unos 235 millones de dólares) en cuatro vehículos de inversión combinada. En Ghana, trabajamos con un instrumento denominado AgriFI que proporcionó 2,5 millones de dólares en préstamos garantizados a una empresa local de tecnología agrícola.

Por último, la Iniciativa Mano de la Mano de la FAO, guiada por datos geoespaciales avanzados, ayudó a presentar oportunidades de inversión agroalimentaria por valor de 17 000 millones de dólares en el foro de inversión del año pasado, mejorando la seguridad alimentaria y la resiliencia climática de cientos de millones de personas.

IPS: ¿Cuáles son algunas de las áreas estratégicas en las que el Centro de Inversiones de la FAO prestará apoyo este año?

MM: En primer lugar, en África, nos centraremos en el empleo agroalimentario y el crecimiento inclusivo. Casi uno de cada dos bebés nace en África. Esto significa que habrá una población cada vez más joven en el continente.

Muchos jóvenes tendrán dificultades para encontrar empleos de calidad. Estamos intensificando los esfuerzos para crear empleos agroalimentarios significativos a lo largo de las cadenas de valor y promover las futuras generaciones de profesionales del sector agroalimentario a través de la formación y la educación.

En segundo lugar, estamos trabajando en tecnologías más eficientes y sostenibles para salvar las brechas de producción, trasladar excedentes a regiones deficitarias, reducir los precios y generar empleo justo.

Estamos ampliando el apoyo integrado a la inversión en cadenas de valor estratégicas como el cacao en Ghana, Costa de Marfil y Camerún; los anacardos en Mozambique, Togo y Benín; y el café desde Uganda hasta América Latina. También estamos trabajando en cultivos alimentarios, como el trigo en Europa y Asia Central, el arroz en África y Asia, y los productos lácteos en Asia Central y África.

Apoyamos plataformas de inversión como el Corredor de Lobito entre Angola, Zambia y la República Democrática del Congo, que pueden reforzar la producción nacional y la seguridad alimentaria.

Por último, estamos incorporando más tecnología e innovación financiera a las inversiones agroalimentarias. Muchos países, especialmente en África, presentan un retraso en materia de productividad. Necesitamos producir más con menos, utilizando soluciones basadas en la naturaleza.

Estamos explorando más opciones de financiación combinada, financiación climática, seguros, garantías y asociaciones público-privadas.

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Las crisis mundiales sitúan la geoeconomía en el centro del escenario 

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Escribe Umar Manzoor Shah / IPS Noticias – En el Foro de Geoeconomía organizado por Foreign Policy, en paralelo a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial -del lunes 13 al sábado 18 de abril-, los ponentes señalaron repetidamente un mundo marcado por las crisis, en el que las cadenas de suministro, los flujos energéticos y la tecnología se han convertido en herramientas de poder.

«La geoeconomía ya no es un telón de fondo de la política mundial. Es el elemento clave y fundamental», afirmó el director ejecutivo de Foreign Policy, Andrew Sollinger, en su discurso de apertura el miércoles 15 de abril.

La urgencia de ese cambio está estrechamente ligada al conflicto en curso en el Golfo, que ha perturbado los mercados energéticos y puesto de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas comerciales mundiales, y que vive una tregua de 10 días desde el jueves 16.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano ha hecho comprender al mundo la rapidez con la que las crisis regionales pueden derivar en inestabilidad económica mundial, afectando a todo, desde los precios del combustible hasta la producción industrial.

Los participantes en el foro describieron un orden mundial transformado en el que los gobiernos utilizan cada vez más herramientas económicas que antes se consideraban neutrales o técnicas.

La política comercial, los flujos de capital y las cadenas de suministro sirven ahora a objetivos estratégicos.

Los minerales críticos, esenciales para los semiconductores y los sistemas de inteligencia artificial, se han convertido en puntos de influencia geopolítica.

Adicionalmente, las rutas energéticas, como el estrecho de Ormuz, se han transformado en posibles puntos de estrangulamiento con consecuencias globales, en lugar de ser meros corredores de tránsito.

«La geopolítica y la economía siempre han estado vinculadas. Estamos volviendo a una corriente de pensamiento que las considera inseparables», afirmó durante su participación Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de Estados Unidos.

Helberg señaló la creciente competencia por los minerales de tierras raras, donde China domina el procesamiento y ha comenzado a utilizar los controles de exportación como herramienta estratégica. Al mismo tiempo, los corredores logísticos y los centros de fabricación han surgido como puntos de presión adicionales en el sistema global.

«Todo está totalmente interrelacionado», afirmó, refiriéndose a la cadena que va desde las materias primas hasta la tecnología acabada. «Hay puntos de estrangulamiento en cada nivel», confirmó.

El foro volvió repetidamente a un tema central: la fragmentación.

Los países se están adaptando a un mundo «propenso a las crisis», marcado por los conflictos, las pandemias y la inestabilidad financiera. Esto ha llevado a un alejamiento de la integración global hacia bloques económicos más regionales y estratégicos.

Las potencias medias, en particular, se enfrentan a decisiones difíciles. A medida que se intensifica la competencia entre Estados Unidos y China, muchas naciones están sopesando cómo alinear su futuro económico y tecnológico.

Pedro Abramovay, vicepresidente de Programas de Open Society Foundations, argumentó que el momento actual ofrece tanto riesgos como oportunidades para estos países.

«Debemos asegurarnos de que las potencias medias actúen como potencias medias y no solo como intermediarios», afirmó, subrayando que la democracia puede moldear su papel en un orden cambiante.

Abramovay señaló que el momento actual ha puesto de manifiesto desequilibrios de larga data en el sistema global.

«Pone al descubierto la realidad que existía antes», dijo, refiriéndose a acuerdos mundiales anteriores que a menudo no servían a los intereses del Sur global.

Señaló que la presión política interna está redefiniendo ahora la forma en que los países interactúan a nivel mundial. Los líderes ya no pueden alinearse externamente sin responder a sus electores internos.

«Esa presión interna puede empoderar a esas potencias medias para que hagan valer su soberanía y negocien de manera efectiva», afirmó Abramovay.

El foro puso de relieve los crecientes llamamientos a un orden internacional reformulado, basado en la soberanía y el interés público, en lugar de en el mero beneficio económico.

«Necesitamos tener una agenda muy clara. Necesitamos el compromiso de aquellos líderes que expresen que están ahí, no representando a grandes corporaciones o, de nuevo, a intereses y organizaciones que hablan por sí mismas, sino hablando exactamente en nombre y representando a la mayoría del mundo», destacó Abramovay.

Frank McCourt, fundador de Proyecto Libertad, advirtió contra la idea de plantear el futuro como una elección binaria entre el dominio del sector privado estadounidense y los modelos estatales chinos.

«Se trata de una falsa dicotomía», afirmó, abogando por una tercera vía que alinee la tecnología con los valores democráticos.

Destacó la creciente inquietud entre los países que se sienten atrapados entre sistemas rivales, señalando que muchos están explorando marcos alternativos para la gobernanza digital y la cooperación económica.

El impacto humano detrás de la estrategia

Aunque gran parte del debate se centró en la estrategia de alto nivel, los ponentes reconocieron las consecuencias humanas de los cambios geoeconómicos.

Las crisis energéticas se traducen en mayores costes para los hogares. Las interrupciones en la cadena de suministro afectan al empleo y al acceso a los bienes. Las decisiones tomadas en las salas de juntas y los ministerios tienen repercusiones en comunidades de todo el mundo.

«Los planes mejor trazados pueden verse interrumpidos por circunstancias imprevistas. Hay que dar un giro, adaptarse y construir mejor», afirmó Sollinger.

Ese mensaje resonó a lo largo de todas las participaciones en el foro.

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Transporte marítimo busca certidumbres para alcanzar las cero emisiones netas

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Escribe Kizito Makoye / IPS Noticias – Mientras el sector marítimo mundial se prepara para otra ronda de negociaciones de alto riesgo, una mezcla volátil de aumento de los costes del combustible, tensiones geopolíticas y profundas divisiones políticas está poniendo a prueba el frágil consenso en torno a un Marco de Cero Emisiones Netas propuesto, destinado a descarbonizar una de las industrias más contaminantes del mundo.

Las negociaciones, convocadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) se van a producir en un momento de gran incertidumbre. Una crisis en el estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y el gas, poniendo de manifiesto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro mundiales y agudizando los desacuerdos sobre la rapidez -y la equidad- con la que el sector del transporte marítimo debería abandonar los combustibles fósiles.

El Marco de Cero Emisiones Netas (NZF en inglés) se acordó en abril 2025 dentro de la OMI y se consideró entonces como histórico. Fija normas obligatorias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques, con metas de 20 % para 2030 y 70 % para 2040.

Se pretende así dejar los GEI marítimos lo más cerca posible de las emisiones nulas. Para alcanzar ese objetivo, se establece un costo por tonelada de CO2 equivalente de 100 dólares desde 2028, lo que se denomina pago de unidades correctivas, subiendo a 340 dólares por tonelada en casos especiales de incumplimiento.

Pero en octubre del año pasado, los países miembros de la OMI se vieron forzados a retrasar la aprobación definitica del marco un año por la intransigente presión de Arabia Saudi y Estados Unidos.

Sucedó después que en agosto una sesión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino forzó una votación especial con la participación del propio presidente Donald Trump en el debate.

El propio secretario de Estado, Marco Rubio, se involucró personalmente llamando a altos funcionarios de diferentes países y amenazando con sanciones y aranceles extraordinarias si no se plegaban al aplazamiento de la aprobación del NZF hasta octubre de este año, en un proceso que se calificó de «beligerancia extrema» por parte de Washington.

Ahora, en un encuentro con un grupo de periodistas en línea, expertos en el sector marítimo advirtieron de que el NZF pone en juego mucho más que la regulación marítima.

El resultado, afirmaron, podría determinar el ritmo de la transición energética mundial, la estabilidad de los mercados de combustibles y si los países en desarrollo quedan protegidos o marginados en el cambio hacia un transporte marítimo más limpio.

«La crisis de Ormuz ha hecho subir los precios del petróleo y el gas, al menos a corto plazo», afirmó Tristan Smith, profesor de Energía y Transporte en el University College de Londres. «Los detractores del Marco de Cero Emisiones Netas -encabezados por Estados Unidos y otros con intereses creados en el GNL (gas natural licuado) como combustible marítimo- están presionando de hecho para ampliar su uso en el transporte marítimo», aseguró.

Smith advirtió de que tal cambio podría tener consecuencias de gran alcance.

«Si los precios del GNL ya son elevados, esto introduciría una nueva fuente importante de demanda procedente de un sector que actualmente no depende de él, lo que obligaría a competir con países que dependen del gas para la electricidad y las necesidades energéticas básicas», dijo.

Y agregó: «Eso corre el riesgo de hacer subir aún más los precios, beneficiando a los principales exportadores como Estados Unidos y Qatar, al tiempo que crea desventajas significativas para los países importadores y aquellos que dependen de productos derivados del gas, como los fertilizantes».

El núcleo del debate es si el NZF -acordado por primera vez en 2025- se adoptará como un paquete integral que combine normas de emisiones con un mecanismo de fijación de precios global, o si se diluirá bajo presión política.

Para muchos países del Sur en desarrollo, la distinción es fundamental.

«El marco aprobado en 2025 se diseñó cuidadosamente como un paquete que combinaba normas sobre combustibles y un mecanismo de fijación de precios», afirmó Michael Mbaru, experto en descarbonización marítima de la Oficina del Enviado Especial para el Clima de Kenia.

A su juicio, «el elemento de fijación de precios no es opcional: si desaparece, todo el marco desaparece».

Sin ese pilar financiero, advirtió Mbaru, la carga de la transición recaería de forma desproporcionada sobre las naciones más pobres.

«Sin él, los países en desarrollo corren el riesgo de tener que hacer frente a los costes de la transición sin las herramientas para gestionarlos, lo que haría que el sistema fuera menos justo y menos atractivo para la inversión», remarcó.

Añadió que la fragmentación —en la que las regiones adoptan normas distintas— complicaría aún más las cosas. «La fragmentación aumentaría la complejidad y los costes, especialmente para África, por lo que seguimos comprometidos con un único conjunto de normas globales y no estamos dispuestos a reabrir el marco», dijo el funcionario keniano.

Lo que está en juego ya es visible sobre el terreno. Mbaru señaló el aumento de los precios del combustible en Kenia, donde las recientes subidas de los costes de la gasolina y el diésel han tenido un efecto dominó en la economía, lo que pone de relieve lo vulnerables que siguen siendo muchos países a la volatilidad de los combustibles fósiles.

Más allá de la economía, las negociaciones también se perfilan como una prueba para el multilateralismo.

La reunión de la OMI de agosto del año pasado terminó en un punto muerto después de que una intervención de última hora de Estados Unidos y sus aliados interrumpiera lo que parecía ser un camino hacia la adopción.

Desde entonces, los países se han reorganizado y las alianzas -especialmente entre las naciones africanas- se han fortalecido.

«Estados Unidos es un factor disruptivo importante, pero esto no es simplemente un debate entre Estados Unidos y la ambición climática», dijo Mbaru. «El propio sector del transporte marítimo está pidiendo un marco global porque necesita previsibilidad y seguridad en las inversiones», explicó.

De hecho, uno de los aspectos más llamativos de las negociaciones actuales es la inusual alineación entre los reguladores y la industria.

«El sector del transporte marítimo es muy resistente, pero se ve limitado por la incertidumbre», afirmó Femke Spiegelenberg, del no gubernamental Foro Marítimo Global. «Sabemos que se avecinan cambios importantes, pero no sabemos cuándo ni cómo», lamentó.

Para los armadores y los inversores, esa incertidumbre se traduce en decisiones retrasadas y oportunidades perdidas.

«El NZF proporciona la certeza y las herramientas que el sector está pidiendo: normas claras, igualdad de condiciones y la capacidad de planificar e invertir», afirmó Spiegelenberg. «Está diseñado para reducir el riesgo y facilitar la inversión, y debilitarlo aumentaría la incertidumbre y socavaría la transición».

El impulso del sector a favor de la regulación marca un cambio notable en un rubro tradicionalmente receloso de las normas globales. Pero con miles de millones ya invertidos en combustibles alternativos como el amoníaco verde y el metanol, las empresas buscan cada vez más claridad sobre la dirección a seguir.

«Soy cautelosamente optimista», afirmó Rockford Weitz, de la Escuela Fletcher de la estadounidense Universidad de Tufts. «Si observamos los mercados energéticos mundiales y los miles de millones que ya está invirtiendo la industria, el transporte marítimo está liderando la transición», consideró.

Weitz señaló el creciente impulso en Europa y Asia, donde los principales actores están avanzando hacia los combustibles sin emisiones de carbono. «Para mí, el futuro está claro: es un futuro del transporte marítimo sin emisiones de carbono, aunque la política genere perturbaciones a corto plazo», anticipó.

Sin embargo, señaló, la política sigue siendo una fuerza poderosa.

«La administración Trump publicó su estrategia y un plan de acción para febrero de 2026, centrado principalmente en revitalizar la construcción naval estadounidense», detalló.

A juicio de Weitz, «si se analizan los detalles, en realidad debería apoyar esta transición, y lo mismo se aplica a Arabia Saudí».

«En cambio, la ideología se interpone en el camino de políticas que se alinean con sus propios intereses económicos, y ahí es donde reside la verdadera oportunidad», criticó.

El contexto geopolítico también está redefiniendo el cálculo económico de la descarbonización. El aumento de los precios de los combustibles fósiles, provocado por el conflicto en Medio Oriente, está haciendo que los combustibles alternativos sean más competitivos y reforzando los argumentos a favor del transporte marítimo ecológico.

Los analistas afirman que estos acontecimientos podrían acelerar la inversión en infraestructuras de energías renovables, especialmente en regiones con abundantes recursos solares y eólicos.

Para los países de África, Asia y América Latina, el NZF podría abrir nuevas oportunidades para la industrialización verde, si se aplica de manera eficaz.

Aun así, el camino a seguir sigue siendo incierto.

Los negociadores se enfrentan a tres grandes escenarios: un nuevo impulso para adoptar el NZF tal y como se acordó; un giro hacia medidas más débiles y de carácter meramente técnico, preferidas por algunos países; o un compromiso que retrase las decisiones mientras se busca un nuevo consenso.

Cada uno conlleva riesgos.

Un marco debilitado podría ralentizar la transición y agravar las desigualdades. Un sistema fragmentado podría aumentar los costes y la complejidad. Y nuevos retrasos podrían minar la confianza de los inversores en un momento crítico.

Por ahora, los expertos coinciden en un punto: el margen para una acción decisiva se está reduciendo.

Las decisiones que se tomen en las próximas semanas, afirman, tendrán repercusiones mucho más allá de las rutas marítimas, y determinarán el comercio mundial, los sistemas energéticos y los resultados climáticos durante las próximas décadas.

Como señaló Mbaru, lo que está en juego es tanto inmediato como a largo plazo: garantizar que la transición para abandonar los combustibles fósiles no solo sea ambiciosa, sino también justa.

«El marco debe reducir la exposición a largo plazo a las crisis de los combustibles fósiles», afirmó, «al tiempo que garantiza que los países con menor margen fiscal no se vean obligados a soportar la carga más pesada».

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