Narcopentecostales: las pandillas de Río de Janeiro que se ven a sí mismas como los “soldados del crimen” de Dios

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Escriben Lebo Diseko y Julia Carneiro / BBC MundoCuando la policía de Río de Janeiro confisca paquetes de cocaína y marihuana, es muy probable que los encuentre marcados con un símbolo religioso: la estrella de David.

No es una referencia a la fe judía, sino a la creencia de algunos cristianos pentecostales de que el regreso de los judíos a Israel conducirá a la segunda venida de Cristo.

El cartel que vende estas drogas de marca es el Tercer Comando Puro, uno de los grupos criminales más poderosos de Río, famoso tanto por hacer desaparecer a sus oponentes como por su fanatismo cristiano evangélico.

Tomaron el control de un conjunto de cinco barrios de favelas en el norte de la ciudad, conocido ahora como el Complejo Israel, después de que uno de sus líderes tuvo lo que él creyó una revelación de Dios, afirma la teóloga Vivian Costa, autora del libro “Traficantes evangélicos”.

Costa explica que estos mafiosos se ven a sí mismos como “soldados del crimen”, con Jesús como “el dueño” del territorio que dominan.

Algunos los han apodado, de forma controvertida, “narcopentecostales”.

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Pie de foto, Las bandas de narcotraficantes usan la violencia para expulsar a las religiones no cristianas de las favelas.

Un rifle y la Biblia

Un hombre que tiene experiencia en el crimen y la religión -aunque en su caso, no a la vez- es el pastor Diego Nascimento, quien se convirtió al cristianismo después de escuchar el evangelio de boca de un gánster con un arma en la mano.

A simple vista es difícil creer que este ministro metodista wesleyano de 42 años de aspecto infantil, con una sonrisa fácil y hoyuelos en las mejillas, fuera en el pasado miembro de la notoria pandilla criminal Comando Rojo de Río, dirigiendo sus actividades en la favela Vila Kennedy de la ciudad.

Cuatro años en prisión por tráfico de drogas no fueron suficientes para que abandonara el crimen. Pero, cuando se volvió adicto al crack, su posición en la banda cayó.

“Perdí a mi familia. Viví prácticamente en la calle durante casi un año. Llegué al punto de vender cosas de mi casa para comprar crack“, relata.

Fue entonces, cuando estaba en su peor momento, cuando un conocido traficante de drogas de la favela lo llamó.

“Comenzó a predicarme, diciéndome que había una salida, que había una solución para mí, que era aceptar a Jesús”, recuerda.

El joven adicto siguió ese consejo e inició su camino hacia el púlpito.

El pastor Nascimento todavía pasa tiempo con criminales, pero ahora es a través de su trabajo en las cárceles donde ayuda a las personas a cambiar sus vidas, como hizo él.

Pese a haber sido convertido por un mafioso, considera una contradicción la idea de criminales religiosos.

“No los veo como creyentes evangélicos”, afirma.

“Los veo como personas que van por el camino equivocado y tienen miedo de Dios porque saben que Dios es quien guarda sus vidas”.

“No existe la combinación de las dos cosas, ser evangélico y matón. Si una persona acepta a Jesús y sigue los mandamientos bíblicos, no puede ser traficante de drogas”.

Ilustración de una pistola, sobres de cocaína y bloques de cocaína con la estrella de David estampada.
Pie de foto, En las favelas de Río se vende cocaína con la estrella de David estampada.

“Vivir bajo asedio”

Según algunas predicciones, el cristianismo evangélico superará al catolicismo como la religión más importante de Brasil a finales de esta década.

En su expansión, el carismático movimiento pentecostal ha resonado particularmente entre la gente que vive en las favelas plagadas de pandillas, y ahora algunas de estas están recurriendo a elementos de la fe con la que crecieron para ejercer su poder.

Una de las acusaciones de las que son objeto es que utilizan la violencia para reprimir a las religiones afrobrasileñas.

Christina Vital, profesora de sociología en la Universidad Federal Fluminense de Río indica que las comunidades pobres de Río de Janeiro llevan mucho tiempo viviendo “bajo asedio” de las bandas criminales, y esto ahora está afectando a su libertad de religión.

“En el Complejo de Israel no se puede ver a personas con otras creencias religiosas practicándolas públicamente. No es una exageración hablar de intolerancia religiosa en ese territorio”, explica.

Vital dice que también se han cerrado centros religiosos afrobrasileños de Umbanda y Candomblé en los barrios circundantes, y que los pandilleros a veces dibujan mensajes en las paredes como “Jesús es el Señor de este lugar”.

Los fieles de las religiones afrobrasileñas se han enfrentado a prejuicios durante mucho tiempo, y los traficantes de drogas no son las únicas personas que los han atacado.

Rita Salim, quien dirige el Departamento de Delitos Raciales e Intolerancia de la policía de Río, afirma que las amenazas y los ataques de las bandas de narcotraficantes tienen un impacto especialmente poderoso.

“Estos casos son más graves porque son impuestos por una organización criminal, por un grupo y su líder, que siembra el miedo en todo el territorio que domina”.

Señala que se ha emitido una orden de arresto contra el hombre que se considera el jefe criminal número uno en el Complejo Israel por supuestamente ordenar a hombres armados que atacaran un templo afrobrasileño en otra favela.

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Pie de foto, El ‘Complejo Israel’ es un grupo de favelas dirigido por una de las bandas más peligrosas de Río.

“Neocruzada”

Si bien las acusaciones de extremismo religioso en las favelas de Río comenzaron a llamar la atención a principios de la década de los 2000, el problema ha “aumentado drásticamente” en los últimos años, según Marcio de Jagun, coordinador de Diversidad Religiosa del Ayuntamiento de Río.

Jagun, quien es un babalorixá (sumo sacerdote) de la religión Candomblé, asegura que el problema ahora es nacional, con ataques similares registrados en otras ciudades brasileñas.

“Es una forma de neocruzada”, lamenta. “El prejuicio detrás de estos ataques es tanto religioso como étnico, con forajidos que demonizan las religiones de África y afirman desterrar el mal en nombre de Dios”.

Pero la religión y el crimen han estado entrelazados durante mucho tiempo en Brasil, asevera la teóloga Vivian Costa. En el pasado, los gánsteres pedían protección a las deidades afrobrasileñas y a los santos católicos.

“Si nos fijamos en el nacimiento del Comando Rojo, o el nacimiento del Tercer Comando, las religiones afro (y el catolicismo) han estado ahí desde el principio. Vemos la presencia de San Jorge, la presencia de Ògún (deidad afrobrasileña), los tatuajes, los crucifijos, las velas, las ofrendas.

“Por eso, llamarlo narcopentecostalismo es reducir esa relación tan histórica y tradicional entre crimen y religión. Yo prefiero llamarlo ‘narcoreligiosidad'”, sentencia.

Sin importar cómo se denomine a esta mezcla de fe y criminalidad, una cosa parece clara: pone en peligro la libertad religiosa, un derecho consagrado en la Constitución brasileña.

Y es una forma más con la que los narcotraficantes violentos causan daño a las comunidades obligadas a vivir bajo su dominio.

Lebo Diseko, corresponsal de religión global de BBC News

Julia Carneiro



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¿Existe una alternativa real a Bukele contra el crimen?

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Por Tamara Taraciuk Broner / AQ – La seguridad se puede mejorar sin comprometer los derechos. Miren a Bogotá, São Paulo y Guatemala.

Es difícil hablar de seguridad pública en América Latina hoy sin hablar de El Salvador y de su presidente, Nayib Bukele. En una región donde la preocupación por la delincuencia es alta y los grupos del crimen organizado están expandiendo su alcance en muchos lugares, El Salvador se destaca. Bajo el mandato de Bukele, las tasas de homicidios y extorsiones del país se han desplomado, y barrios enteros, antes dominados por pandillas armadas, ahora son seguros para que los residentes caminen.

Pero esos resultados han tenido un costo aterrador: decenas de miles de personas encarceladas sin el debido proceso, un estado de emergencia constantemente extendido y una aguda concentración de poder debido a controles y equilibrios inexistentes. Pocos se detienen a preguntarse si los avances contra el crimen son sostenibles, o a calcular los costos para la democracia y las libertades civiles. Y El Salvador no es el único caso que sugiere que, al vivir con miedo, los ciudadanos latinoamericanos están cada vez más dispuestos a sacrificar derechos a cambio de seguridad. El porcentaje de personas en nuestra región dispuestas a aceptar un gobierno no democrático si resuelve sus problemas aumentó de 46% en 2016 a 51% en 2023, según Latinobarómetro.

A medida que los políticos de la región hacen dudosas promesas de llevar políticas de mano dura al estilo de Bukele a sus países de origen, vale la pena preguntarse: ¿existe una alternativa viable para América Latina hoy? ¿Se puede mejorar la seguridad pública sin que suponga un costo masivo para los derechos individuales?

La respuesta es un sí tentativo. Ningún modelo es perfecto ni se puede replicar automáticamente, pero en Guatemala, São Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia), una combinación de investigación y sanción eficaces con políticas sociales destinadas a la inclusión social ha dado resultados tangibles sin comprometer el estado de derecho. Vale la pena mirar estos ejemplos para ver cómo se lograron los resultados.

Avances de Guatemala

Guatemala fue uno de los países más violentos de la región a principios de la década de 2010, pero desde entonces ha visto una reducción progresiva de la violencia letal. Mientras que en 2009 la tasa de homicidios fue de 45,6 por cada 100.000 habitantes, en 2023 alcanzó un mínimo histórico de 16,7, aunque persisten muchos problemas, como la violencia contra las mujeres y el narcotráfico.

El país logró esto a través del fortalecimiento institucional, el aumento de la capacitación y el equipamiento, y la sustitución del enfoque caso por caso de los fiscales por investigaciones dirigidas a las estructuras criminales. Paralelamente, el gobierno implementó un programa social llamado “escuelas abiertas”, que extendió el horario extraescolar y permitió a los jóvenes pasar tiempo en un entorno seguro, limitando su exposición a las organizaciones criminales.

La fiscalía y la policía guatemaltecas continuaron investigando los homicidios de manera estratégica a pesar de la división política del país, el desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la persecución de funcionarios de justicia que investigaban delitos políticamente sensibles, muchos de los cuales fueron procesados u obligados a exiliarse.

El caso de São Paulo

São Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, alcanzó un máximo de 52,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2000. Esa tasa bajó a 6,1 en 2018 y se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, siendo la tasa de 2023 de 7,8. La mayoría de los cambios en las políticas públicas para mejorar la seguridad y reducir los homicidios comenzaron en 1995 y continuaron a lo largo de dos gobiernos sucesivos del Partido de la Social Democracia (PSD) de Brasil.

Un factor clave fue que el departamento de policía civil responsable de investigar los homicidios en los que se desconocía quién era el autor. En 2001, un plan para investigar los homicidios cometidos por reincidentes hizo que el número de asesinos encarcelados se multiplicara por siete, y las tasas de resolución de casos alcanzaron el 65% en 2005, mientras que la unidad responsable de asesinatos en masa y homicidios múltiples logró una tasa de resolución del 95% en 2003. Las autoridades invirtieron en sistemas de información para rastrear los homicidios. Eso les permitió asignar mejor los recursos y el personal. Con alrededor del 67% de los homicidios cometidos con armas de fuego, otras medidas se centraron en confiscar y destruir estas armas. Vale la pena señalar que, si bien los homicidios disminuyeron, la letalidad policial sigue siendo una preocupación.

Las autoridades también implementaron programas sociales y comunitarios, como el “Joven Aprendiz”, que, a partir de 2000, brindó capacitación a jóvenes de 14 a 17 años de origen vulnerable para prepararlos para el mercado laboral y luego les asignó un trabajo remunerado para aplicar sus habilidades. En 1997 se puso en marcha un modelo de policía comunitaria, en el que los agentes se encomendaban a grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales para diagnosticar y abordar los problemas relacionados con la seguridad.

Trayectoria de Bogotá

En 2022, la ciudad de Bogotá alcanzó una tasa de homicidios de 12,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1984. (Aunque ese progreso puede estar disminuyendo: en 2023, la tasa de homicidios aumentó un 5,3%).

El modelo “Mockus y Peñalosa”, que lleva el nombre de exalcaldes, implementado entre 1995 y 2003, se centró en programas de concientización sobre el consumo de alcohol y medidas de control de armas de fuego. También incluyó la asistencia social a las poblaciones desplazadas y a los jóvenes consumidores de drogas, así como la rehabilitación de zonas degradadas, siguiendo la “teoría de las ventanas rotas” que indica que los espacios con signos visibles de abandono pueden incitar a conductas delictivas. Las autoridades promulgaron reformas institucionales, supervisando y evaluando la conducta policial e invirtiendo importantes recursos para renovar el equipo de transporte y comunicación de la policía.

Una mejor alternativa para la región

Las políticas implementadas en estas áreas no son perfectas. Por ejemplo, una deficiencia significativa en las estrategias, tanto en São Paulo como en Bogotá, es que no necesariamente se enfocan en delitos perpetrados por el crimen organizado, una preocupación creciente en la región, o con armas de fuego obtenidas ilegalmente.

Pero muestran un camino en la dirección correcta: hacia una política de seguridad eficaz basada en el estado de derecho. Los dos ingredientes cruciales a este respecto son una política eficaz de aplicación de la ley penal con las debidas garantías procesales para investigar y enjuiciar a quienes cometen delitos, junto con una política de prevención social para abordar las condiciones que llevan a las personas, especialmente a los jóvenes, a la delincuencia. Este enfoque combinado debe trascender la polarización basada en la ideología mediante la articulación de políticas punitivas típicamente promovidas por la derecha y políticas sociales generalmente propuestas por la izquierda.

Dada la complejidad de abordar las causas estructurales de la delincuencia, es necesario elaborar políticas de seguridad duraderas, que requieren esencialmente cierto nivel de consenso entre los diversos actores políticos. Debido al alcance transnacional de la delincuencia organizada, la coordinación y la cooperación regionales también son esenciales.

También es vital una política estratégica de comunicación y la sensibilidad hacia las principales preocupaciones de la población. La narrativa es moldeada por quien actúa primero, y actualmente, son los defensores de la mano dura. Una estrategia alternativa debe llegar a públicos más amplios y diversos, especialmente a los jóvenes. Esto requiere emplear nuevos formatos, contenidos, plataformas y un lenguaje diferente, apelando a las emociones en lugar de a los datos duros.

La región necesita un líder democrático dispuesto a asumir este desafío. Quienquiera que tenga éxito será capaz de abordar una preocupación primordial —el derecho de las personas a la seguridad y la obligación del Estado de garantizarla— y contribuir a frenar el retroceso democrático demostrando que, para variar, la democracia puede cumplir.

Tamara Taraciuk Broner directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano

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¿La nueva presidenta de México logrará detener la violencia?

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Por Ioan Grillo, escritor basado en México que investiga temas relacionados con tráfico de drogas, violencia y crimen organizado en Latinoamérica. Reportando desde Técpan de Galeana y Ciudad de México. New York Times. En un pueblo en la sierra de Guerrero, los habitantes huyeron de sus casas: unos drones sobrevolaban el lugar y lanzaban bombas improvisadas. Durante meses, los integrantes de los cárteles habían estado utilizando estos artefactos comerciales para lanzar explosivos atados en carcasas metálicas e incendiaban hogares, agujeraban las paredes y lanzaban esquirlas que perforan la carne humana.

En marzo viajé al estado, en el sur de México, y visité algunos de esos pueblos y conocí a personas que habían empacado sus pertenencias y huido del terror. Y aunque los ataques con drones son una novedad sombría, no son más que un ejemplo de la violencia que azota México cada día desde hace casi dos décadas de intensa guerra entre cárteles, un enfrentamiento que ha dejado cientos de miles de mexicanos desplazados, asesinados o desaparecidos.

Esta violencia es el reto más formidable al que Claudia Sheinbaum, a quien la nación acaba de elegir por un amplio margen para ser su primera mujer presidenta, tendrá que enfrentarse cuando asuma el poder en octubre. Y, sin embargo, no ha trazado una estrategia clara para gobernar un país tan violento, signado por fosas comunes en campos y vertederos de basura. Sheinbaum estará a cargo de una nación asolada por más de 30.000 asesinatos al año, el 90 por ciento de los cuales quedan impunes, y tendrá que enfrentarse a los poderosos cárteles que están detrás de esas cifras, que ahora son redes de delincuencia organizada paramilitar y están profundamente arraigados en las comunidades. En la actualidad, estos grupos no solo trafican con drogas como el fentanilo, sino que también dirigen un portafolio de delitos que van desde el tráfico de personas a la extorsión generalizada.

La campaña electoral fue una de las más violentas de la historia reciente de México. Decenas de candidatos fueron asesinados; un hombre armado disparó a un aspirante a la alcaldía mientras estrechaba la mano de sus partidarios en una cancha de básquet. Sheinbaum no puso este derramamiento de sangre en el centro de su campaña. La próxima presidenta del país, ingeniera energética de 61 años e integrante del partido gobernante, Morena, ganó las elecciones con la promesa de continuar los programas sociales del actual presidente, su mentor Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Presentó propuestas interesantes en materia de energías renovables y de lucha contra la escasez de agua.

Su falta de una visión pública sólida sobre la seguridad de México es preocupante, dado que sus tres predecesores fracasaron en este frente. Felipe Calderón asumió el poder en 2006 y encabezó una ofensiva militar contra los cárteles, pero la violencia solo se intensificó; su secretario de Seguridad Pública fue condenado más tarde en Nueva York por tráfico de cocaína. De 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto intentó cambiar la narrativa y hablar del potencial económico de México, pero la violencia también empeoró bajo su mandato. Durante su mandato, 43 estudiantes desaparecieron mientras estaban bajo custodia de policías vinculados a un cártel. Y AMLO ha sido objeto de burlas por su llamamiento a hacer frente a los cárteles mediante “abrazos, no balazos”, mientras presidía el periodo más violento de la historia reciente de México.

Dicho todo esto, Sheinbaum ha demostrado que puede adoptar un enfoque pragmático frente al crimen. Como jefa de gobierno de Ciudad de México de 2018 a 2023, inundó la ciudad con cámaras de seguridad y desplegó a la policía en ciertas áreas de alta criminalidad. Los asesinatos se redujeron aproximadamente a la mitad en la ciudad durante su mandato, de acuerdo con los datos oficiales. La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, dijo que Sheinbaum manipuló esas cifras para ocultar los homicidios, y existe un debate legítimo sobre el verdadero número de víctimas mortales de la violencia de los cárteles en todo México. Pero hoy, muchos habitantes de la capital se sienten notablemente más seguros, según una encuesta oficial.

Por supuesto, controlar los niveles de delincuencia en una sola ciudad no es lo mismo que enfrentarse a una crisis nacional generalizada que en algunos estados se asemeja a una guerra en toda regla. En estados como Zacatecas y Michoacán, escuadrones de pistoleros de los cárteles recorren las ciudades en convoyes exhibiendo sus Kalashnikovs, haciendo bloqueos en carreteras y utilizando artefactos explosivos y lanzagranadas. El país está salpicado de fosas clandestinas, que esconden víctimas que van desde agentes de los cárteles asesinados por sus rivales hasta personas inocentes que se cruzaron con las personas equivocadas. Probablemente, la mayor fosa común clandestina descubierta hasta ahora, hallada en 2016 en el estado suroriental de Veracruz, contenía casi 300 cráneos.

A la mayoría de la gente le encantaría poner fin a esta guerra, acabar con la impunidad con la que operan los cárteles y acabar con la corrupción endémica de las fuerzas de seguridad. Son problemas hercúleos que llevará años superar. Sheinbaum debería adoptar el mismo enfoque práctico que utilizó en Ciudad de México: perseguir objetivos concretos que puedan al menos reducir la violencia y convertir una crisis de seguridad nacional en un problema de seguridad pública más manejable.

Para ello, la nueva presidenta debería dar prioridad a la persecución de los actores más violentos, incluidos ciertos comandantes de cárteles y escuadrones de asesinos en las zonas más homicidas del país. Las fuerzas de seguridad mexicanas no pueden acabar con todos los cárteles a la vez, y los principales narcotraficantes son fácilmente sustituidos por otros ávidos de las enormes ganancias. Pero atacar sistemáticamente a los más letales podría reducir el número de víctimas y hacer que otros traficantes se muestren menos dispuestos a desatar asesinatos en masa.

Sheinbaum también necesita una campaña enérgica para luchar contra la extorsión desenfrenada que está asolando las vidas de muchos mexicanos trabajadores. Si lucha contra la extorsión, ganará el apoyo de empresas grandes y pequeñas, y ayudará a la economía.

Por último, Sheinbaum necesita crear un programa de prevención eficaz dirigido a los jóvenes reclutados por los cárteles. Como escribí en mi libro en 2021, un integrante veterano de la infame pandilla Barrio Azteca, que opera en Ciudad Juárez, me contó en 2017 cómo su banda buscaba jóvenes enojados y abandonados para que se unieran a la organización. “Aquellos que son maltratados por sus padres y tienen una mirada fría”, dijo, “sí que sirven para este jale”. Y añadió: “Son buenos malandros”.

Tanto Peña Nieto como AMLO hablaron de esta idea, pero no lograron diseñar ninguna política realmente eficaz. El programa de becas de AMLO para estudiantes de secundaria, cuyo objetivo es mantener a los adolescentes en la educación, es un buen comienzo, pero puede pasar por alto a los jóvenes que tienen más probabilidades de unirse a los cárteles. Un programa más constructivo tiene que centrarse más en los jóvenes con más problemas de las partes más violentas del país. México ya cuenta con trabajadores sociales capaces sobre el terreno que podrían realizar esta labor si dispusieran de los recursos necesarios.

Incluso un progreso gradual supondría un gran avance. Si el gobierno de Sheinbaum puede reducir el número de asesinatos aunque solo sea en un tercio, la gente empezará a sentirse más segura. Si hay menos homicidios, los investigadores estarán menos inundados de casos y se podrán resolver más. Si más gente denuncia la extorsión, otros pueden animarse a hacerlo.

Por otro lado, a juzgar por la violencia en México durante las dos últimas décadas, las cosas podrían empeorar fácilmente. Y si los presidentes que proponen cambios siguen fracasando en su lucha contra la delincuencia, podría aparecer un contendiente más radical que prometiera seguridad a un costo muy elevado, incluida una total erosión de los derechos humanos.

Ioan Grillo es un escritor afincado en México que investiga el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado en América Latina. Es autor de Blood Gun Money: How America Arms Gangs and Cartels.

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La Iglesia criticó la política social del Gobierno y alertó: “Avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico”

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Los obispos, reunidos en Asamblea Plenaria del Episcopado, difundieron un mensaje con un crudo diagnóstico sobre la actualidad. Advirtieron que muchos jubilados enfrentan “el drama de elegir entre comer o comprar medicamentos”

La conducción de la Iglesia Católica emitió esta mañana un crudo diagnóstico sobre la situación social que atraviesa la Argentina y alertaron sobre un avance de la “pandemia silenciosa del narcotráfico”. La declaración de los obispos de todo el país surgió al finalizar la 124° Asamblea Plenaria del Episcopado, con un mensaje al Pueblo de Dios titulado “En tiempos difíciles, amar a los demás y alegrar sus vidas”.

Avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial”, señalaron los obispos, que estuvieron reunidos durante toda la semana en la Casa de Retiros “El Cenáculo” del partido bonaerense de Pilar.

Tras esa alerta, la Conferencia Episcopal, que preside monseñor Oscar Ojea, advirtió que en la actualidad “a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día”.

“Se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación; asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos; también familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos; hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria”, consideraron los obispos.

Con estas definiciones, la Iglesia retomó las críticas que viene planteando al gobierno de Javier Milei, principalmente por la política en materia de asistencia social, donde hasta ahora las organizaciones sociales y piqueteras tenían un rol central, pero que Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, decidió desplazar de la distribución de la ayuda a los sectores más vulnerables. El Episcopado sólo tuvo una reunión, el 12 de marzo pasado, con el presidente Milei en Casa Rosada. Allí, el primer mandatario escuchó a los obispos de la Conferencia Episcopal y delegó en esa funcionaria la atención de las demandas y reclamos.

Según informó la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal, los obispos después de precisar y enumerar las dificultades que se viven en nuestro país, rescataron la esperanza y paciencia del pueblo y plantearon un llamado, basado en una frase de San Alberto Hurtado, a “no cansarse de amar a los demás y alegrar sus vidas”

“Son tiempos complejos, por momentos contradictorios, en los que conviven una esperanza y paciencia honda de nuestro pueblo, que habla de su grandeza de corazón, con una incertidumbre y una creciente vulnerabilidad de las personas”, aseguró en el mensaje que difundió la CEA.

“En el actual contexto económico y social argentino es fundamental sostenernos en esa alegría, una alegría profunda y duradera, la que nace del encuentro con el Señor. Es una alegría que nos libera de la desesperanza y del desaliento, evitando transformarnos en profetas de calamidades que sólo desparraman pánico y angustia”, plantearon los obispos al concluir la 124° Asamblea Plenaria.

Y concluyeron: “La alegría y la esperanza van inseparablemente unidas. Pidamos el don de la esperanza que nos sostiene en tiempos difíciles y a la vez nos anima hacia adelante sin bajar los brazos, tomados de la mano de los más vulnerables con los que vamos haciendo camino para, entre todos, construir la Patria de fraternidad que anhelamos y por la que tantos dieron su vida”.

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Destituyeron al jefe de Interpol en Paraguay por fallas en seguimiento al narco uruguayo Marset

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La Policía Nacional de Paraguay destituyó hoy al jefe de Gabinete de Interpol en ese país, luego de que se descubrieran irregularidades en el levantamiento de la alerta roja que pesaba sobre el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia paraguaya por narcotráfico.

“La Policía Nacional informa que en seguimiento a la intervención del Departamento de Interpol OCN Asunción, la Directora Interina de la Dirección Científica y Técnica Crio. Ppal. MCP. María Rossana Chávez Leal, resuelve reemplazar al Jefe de Gabinete Comisario MGAP. Rodolfo Olivier Fernández Almada por Resolución N.° 14/2023 firmada el día de la fecha nombrando al Comisario MGAP. Víctor Hugo Flores Montiel como Jefe de Gabinete del Departamento de Interpol”, publicó la fuerza en sus redes, según la agencia de noticias Sputnik.

La decisión surgió por las sospechas de que un integrante de Interpol ocultó las alertas rojas, permitiendo así que la pareja del prófugo, Gianina García Troche, y José Estigarribia, un exfuncionario de la Fiscalía paraguaya, pudieran regresar a Paraguay sin ser detectados.

Hasta esa tarde, la fuerza no había logrado identificar al agente que habría ocultado las notificaciones de captura y la institución señaló que no puede verificarlo, ya que estas se encuentran activas nuevamente.

Para esclarecer el hecho, Interpol Paraguay solicitó informes a la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en Francia.

Marset, de 32 años, es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 marzo de 2022 a pedido de Paraguay.

Considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), Marset logró escapar el 29 de julio, cuando la Policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, junto a su mujer y sus cuatro hijos.

El prófugo logró ocultarse en Bolivia desde 2019 usando tres identidades, incluyendo su nombre real, además de una boliviana (Gabriel De Souza Beumer) y otra brasileña, Luis Paulo Amorín Santos.

Su peligrosidad está vinculada con las actividades que desarrollaría como narcotraficante y es buscado en numerosos países.

Por otra parte, Javier Benech, vocero del fiscal general de Uruguay, Juan Gómez, afirmó que el Ministerio Público “no negocia con narcotraficantes”, en relación con un eventual acuerdo con Marset y su familia.

La declaración del funcionario se debe a que Marset, en una entrevista que concedió en la clandestinidad y fue emitida el domingo pasado por el Canal 4 de Montevideo, dijo que confiaba en la justicia uruguaya y pidió que su hermano Diego, su esposa Gianina y su cuñado Mauro García Troche tengan “garantías” para entregarse en Uruguay y ser juzgados allí.

“Lo que nosotros pretendemos es que sean enjuiciados en Uruguay, en su país”, sostuvo el abogado uruguayo de Marset, Santiago Moratorio -también presente en la entrevista-, y señaló que la acusación a los parientes de su cliente es “aberrante, liviana y sin prueba de evidencia alguna”.

Benech afirmó asimismo que los tres fiscales involucrados en el caso de Marset (Mónica Ferrero, de Estupefacientes; Enrique Rodrígez, de Lavado de Activos, y Diego Pérez, de Flagrancia) le dijeron que tuvieron contactos con Moratorio, quien expresó voluntad de acordar con los procuradores, pero aseguró que “no hay nada en concreto”, según el Portal de Medios Públicos.

Por otra parte, el director de Investigaciones de la Policía, Juan Rodríguez, advirtió: “La opción es la detención y puesta a disposición con la Fiscalía especializada. A nivel policial no podemos negociar”.

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