¿Existe una alternativa real a Bukele contra el crimen?
Por Tamara Taraciuk Broner / AQ – La seguridad se puede mejorar sin comprometer los derechos. Miren a Bogotá, São Paulo y Guatemala.
Es difícil hablar de seguridad pública en América Latina hoy sin hablar de El Salvador y de su presidente, Nayib Bukele. En una región donde la preocupación por la delincuencia es alta y los grupos del crimen organizado están expandiendo su alcance en muchos lugares, El Salvador se destaca. Bajo el mandato de Bukele, las tasas de homicidios y extorsiones del país se han desplomado, y barrios enteros, antes dominados por pandillas armadas, ahora son seguros para que los residentes caminen.
Pero esos resultados han tenido un costo aterrador: decenas de miles de personas encarceladas sin el debido proceso, un estado de emergencia constantemente extendido y una aguda concentración de poder debido a controles y equilibrios inexistentes. Pocos se detienen a preguntarse si los avances contra el crimen son sostenibles, o a calcular los costos para la democracia y las libertades civiles. Y El Salvador no es el único caso que sugiere que, al vivir con miedo, los ciudadanos latinoamericanos están cada vez más dispuestos a sacrificar derechos a cambio de seguridad. El porcentaje de personas en nuestra región dispuestas a aceptar un gobierno no democrático si resuelve sus problemas aumentó de 46% en 2016 a 51% en 2023, según Latinobarómetro.
A medida que los políticos de la región hacen dudosas promesas de llevar políticas de mano dura al estilo de Bukele a sus países de origen, vale la pena preguntarse: ¿existe una alternativa viable para América Latina hoy? ¿Se puede mejorar la seguridad pública sin que suponga un costo masivo para los derechos individuales?
La respuesta es un sí tentativo. Ningún modelo es perfecto ni se puede replicar automáticamente, pero en Guatemala, São Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia), una combinación de investigación y sanción eficaces con políticas sociales destinadas a la inclusión social ha dado resultados tangibles sin comprometer el estado de derecho. Vale la pena mirar estos ejemplos para ver cómo se lograron los resultados.
Avances de Guatemala
Guatemala fue uno de los países más violentos de la región a principios de la década de 2010, pero desde entonces ha visto una reducción progresiva de la violencia letal. Mientras que en 2009 la tasa de homicidios fue de 45,6 por cada 100.000 habitantes, en 2023 alcanzó un mínimo histórico de 16,7, aunque persisten muchos problemas, como la violencia contra las mujeres y el narcotráfico.
El país logró esto a través del fortalecimiento institucional, el aumento de la capacitación y el equipamiento, y la sustitución del enfoque caso por caso de los fiscales por investigaciones dirigidas a las estructuras criminales. Paralelamente, el gobierno implementó un programa social llamado “escuelas abiertas”, que extendió el horario extraescolar y permitió a los jóvenes pasar tiempo en un entorno seguro, limitando su exposición a las organizaciones criminales.
La fiscalía y la policía guatemaltecas continuaron investigando los homicidios de manera estratégica a pesar de la división política del país, el desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la persecución de funcionarios de justicia que investigaban delitos políticamente sensibles, muchos de los cuales fueron procesados u obligados a exiliarse.
El caso de São Paulo
São Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, alcanzó un máximo de 52,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2000. Esa tasa bajó a 6,1 en 2018 y se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, siendo la tasa de 2023 de 7,8. La mayoría de los cambios en las políticas públicas para mejorar la seguridad y reducir los homicidios comenzaron en 1995 y continuaron a lo largo de dos gobiernos sucesivos del Partido de la Social Democracia (PSD) de Brasil.
Un factor clave fue que el departamento de policía civil responsable de investigar los homicidios en los que se desconocía quién era el autor. En 2001, un plan para investigar los homicidios cometidos por reincidentes hizo que el número de asesinos encarcelados se multiplicara por siete, y las tasas de resolución de casos alcanzaron el 65% en 2005, mientras que la unidad responsable de asesinatos en masa y homicidios múltiples logró una tasa de resolución del 95% en 2003. Las autoridades invirtieron en sistemas de información para rastrear los homicidios. Eso les permitió asignar mejor los recursos y el personal. Con alrededor del 67% de los homicidios cometidos con armas de fuego, otras medidas se centraron en confiscar y destruir estas armas. Vale la pena señalar que, si bien los homicidios disminuyeron, la letalidad policial sigue siendo una preocupación.
Las autoridades también implementaron programas sociales y comunitarios, como el “Joven Aprendiz”, que, a partir de 2000, brindó capacitación a jóvenes de 14 a 17 años de origen vulnerable para prepararlos para el mercado laboral y luego les asignó un trabajo remunerado para aplicar sus habilidades. En 1997 se puso en marcha un modelo de policía comunitaria, en el que los agentes se encomendaban a grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales para diagnosticar y abordar los problemas relacionados con la seguridad.
Trayectoria de Bogotá
En 2022, la ciudad de Bogotá alcanzó una tasa de homicidios de 12,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1984. (Aunque ese progreso puede estar disminuyendo: en 2023, la tasa de homicidios aumentó un 5,3%).
El modelo “Mockus y Peñalosa”, que lleva el nombre de exalcaldes, implementado entre 1995 y 2003, se centró en programas de concientización sobre el consumo de alcohol y medidas de control de armas de fuego. También incluyó la asistencia social a las poblaciones desplazadas y a los jóvenes consumidores de drogas, así como la rehabilitación de zonas degradadas, siguiendo la “teoría de las ventanas rotas” que indica que los espacios con signos visibles de abandono pueden incitar a conductas delictivas. Las autoridades promulgaron reformas institucionales, supervisando y evaluando la conducta policial e invirtiendo importantes recursos para renovar el equipo de transporte y comunicación de la policía.
Una mejor alternativa para la región
Las políticas implementadas en estas áreas no son perfectas. Por ejemplo, una deficiencia significativa en las estrategias, tanto en São Paulo como en Bogotá, es que no necesariamente se enfocan en delitos perpetrados por el crimen organizado, una preocupación creciente en la región, o con armas de fuego obtenidas ilegalmente.
Pero muestran un camino en la dirección correcta: hacia una política de seguridad eficaz basada en el estado de derecho. Los dos ingredientes cruciales a este respecto son una política eficaz de aplicación de la ley penal con las debidas garantías procesales para investigar y enjuiciar a quienes cometen delitos, junto con una política de prevención social para abordar las condiciones que llevan a las personas, especialmente a los jóvenes, a la delincuencia. Este enfoque combinado debe trascender la polarización basada en la ideología mediante la articulación de políticas punitivas típicamente promovidas por la derecha y políticas sociales generalmente propuestas por la izquierda.
Dada la complejidad de abordar las causas estructurales de la delincuencia, es necesario elaborar políticas de seguridad duraderas, que requieren esencialmente cierto nivel de consenso entre los diversos actores políticos. Debido al alcance transnacional de la delincuencia organizada, la coordinación y la cooperación regionales también son esenciales.
También es vital una política estratégica de comunicación y la sensibilidad hacia las principales preocupaciones de la población. La narrativa es moldeada por quien actúa primero, y actualmente, son los defensores de la mano dura. Una estrategia alternativa debe llegar a públicos más amplios y diversos, especialmente a los jóvenes. Esto requiere emplear nuevos formatos, contenidos, plataformas y un lenguaje diferente, apelando a las emociones en lugar de a los datos duros.
La región necesita un líder democrático dispuesto a asumir este desafío. Quienquiera que tenga éxito será capaz de abordar una preocupación primordial —el derecho de las personas a la seguridad y la obligación del Estado de garantizarla— y contribuir a frenar el retroceso democrático demostrando que, para variar, la democracia puede cumplir.
Tamara Taraciuk Broner directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano
