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Causa Espert-Machado: la Justicia allanó el Congreso y el domicilio del diputado libertario

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Allanan el despacho y la vivienda de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado.

La Justicia Federal de San Isidro dispuso allanamientos simultáneos en el domicilio del diputado y en su despacho del Congreso. La investigación, originada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

La Justicia avanza sobre Espert por presuntos vínculos con una red internacional

Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron este jueves allanamientos en el domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.

Las medidas se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que señala al legislador por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente imputado y detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue ejecutado bajo secreto de sumario por orden del fiscal federal Federico Domínguez. Durante el allanamiento en su vivienda, Espert entregó voluntariamente un teléfono celular, que quedará en poder de la Justicia hasta su peritaje forense.

El propio legislador recibió a los agentes en su domicilio acompañado por su equipo de abogados. Paralelamente, en el Congreso, la Cámara de Diputados autorizó el ingreso de la PFA al despacho del legislador, en cumplimiento del pedido judicial remitido por Mirabelli, conforme al procedimiento previsto para funcionarios con fueros parlamentarios.

El despacho de Espert quedó clausurado con fajas de seguridad, mientras personal judicial retiraba documentación y equipos electrónicos.

La denuncia de Grabois y la transferencia investigada

La causa tuvo origen en una transferencia de USD 200.000 que, según registros financieros del Bank of America, fue realizada por una empresa vinculada a Fred Machado a nombre de Espert. La denuncia plantea que esos fondos podrían provenir de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, juzgada por la justicia federal del Estado de Texas (EE.UU.), y que podrían configurar el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal argentino.

El nombre del diputado libertario aparece además en documentación contable paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.

En su descargo público, Espert explicó que el pago correspondía a un “adelanto de honorarios profesionales” por un asesoramiento económico a la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presuntamente vinculada al empresario.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Era un contrato de un millón de dólares, del cual recibí un anticipo de 200 mil”, afirmó Espert en un video difundido en redes sociales.

Según su versión, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia y porque, tras su participación electoral de 2019, no retomó la actividad profesional privada.

Efectos políticos: licencia, renuncia y crisis interna en La Libertad Avanza

El escándalo judicial derivó en una serie de decisiones políticas inmediatas por parte del legislador. En primer lugar, renunció a su candidatura electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego solicitó licencia en su banca de la Cámara de Diputados. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los espacios de mayor influencia legislativa dentro del oficialismo.

En paralelo, la Policía Federal también allanó la vivienda de Fred Machado en Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. En ese procedimiento, los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo, en el que se consignaba un pago total de USD 1.000.000 a favor de Espert.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación busca determinar si existió una intermediación financiera o societaria orientada a encubrir operaciones de lavado internacional de activos a través de contratos de asesoría ficticios.

La resolución de Mirabelli se inscribe en una línea de cooperación judicial con Estados Unidos, que desde 2023 mantiene abierta una causa espejo vinculada a las operaciones financieras del empresario argentino.

De comprobarse los vínculos, el caso podría derivar en una acusación formal contra el diputado por lavado de dinero y asociación ilícita, con potencial impacto político sobre el bloque de La Libertad Avanza, que enfrenta su primera crisis institucional de magnitud desde la asunción de Javier Milei.

Por el momento, el expediente continuará bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados y las transferencias bancarias detectadas en el exterior.

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La Justicia pidió autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra Espert

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El juez federal Lino Mirabelli le envió un oficio a Martín Menem para que la Cámara habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes del legislador investigado por el cobro de US$200.000

El juez federal Lino Mirabelli solicitó a la Cámara de Diputados permiso para allanar y secuestrar bienes del legislador de La Libertad Avanza, investigado por recibir una transferencia de US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

El pedido judicial y el alcance de la investigación

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, elevó este martes un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que autorice medidas de registro y secuestro sobre bienes del diputado José Luis Espert, quien se encuentra protegido por los fueros parlamentarios.

La solicitud judicial, presentada a través del fiscal Fernando Domínguez, se enmarca en una causa por lavado de dinero iniciada a partir de una denuncia formulada por Juan Grabois, tras detectarse una transferencia de US$200.000 enviada a Espert por el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y en proceso de extradición a Estados Unidos.

Mirabelli no puede avanzar con allanamientos ni secuestros hasta que la Cámara baja habilite el procedimiento, según lo establecido en la Ley de Fueros (Ley 25.320), que dispone que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones sin la autorización de la respectiva Cámara”.

La decisión ahora recae sobre Menem, quien deberá definir si somete el pedido directamente al pleno de Diputados o si lo remite previamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.

El contrato hallado y las pruebas en la causa

En el marco de la misma causa, el juez Mirabelli ordenó un allanamiento en el domicilio de Viedma donde Machado cumplía arresto domiciliario, hasta que fue trasladado a un destacamento policial tras la aprobación de su extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía Federal Argentina hallaron un contrato roto y parcialmente quemado, dentro de un tacho de basura, que registra un acuerdo de US$1 millón firmado entre Machado y Espert el 7 de junio de 2019, quince días antes de que el economista se presentara oficialmente como candidato a presidente.

El documento, firmado por Espert y Machado, estipulaba una asesoría económica para la firma guatemalteca Minas del Pueblo, una empresa vinculada al empresario y actualmente bajo investigación en la justicia estadounidense.

La transferencia por US$200.000, detectada por el Bank of America y agregada a la causa que se tramita en el Distrito Judicial Este de Texas, figura también en documentación oficial utilizada como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de activos.

Según Espert, ese pago correspondía a un anticipo por trabajos de consultoría económica. Sin embargo, el contrato encontrado en el allanamiento contempla pagos por US$100.000 mensuales durante nueve meses, además de un adelanto inicial, lo que eleva el total a US$1 millón.

Implicancias institucionales y próximos pasos

El fiscal Domínguez, además de imputar a Espert, solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del legislador para rastrear movimientos financieros y determinar el origen y destino de los fondos.

La investigación apunta a establecer si el dinero recibido provino de una estructura de lavado internacional vinculada al narcotráfico, en la que Machado habría operado a través de una red de empresas pantalla y operaciones financieras trianguladas.

La causa tiene potenciales derivaciones políticas e institucionales, dado que involucra a un diputado en ejercicio y exige la intervención del Congreso para autorizar medidas de prueba. De concretarse la autorización, sería la primera vez en el actual período legislativo que la Cámara baja habilita un procedimiento judicial de este tipo sobre un miembro de su cuerpo.

Mientras tanto, Machado, señalado por la justicia norteamericana como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, permanece detenido a la espera de su extradición definitiva a Estados Unidos, tras la resolución favorable de la Corte Suprema.

El Poder Ejecutivo Nacional ya adelantó que no se opondrá al traslado, lo que podría acelerar el envío del empresario al exterior y aportar nuevos elementos a la causa local.

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La justicia rechazó que Santilli encabece la lista de LLA: irá Karen Reichardt

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La Plata. La Fiscalía Federal N° 1 con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires dictaminó que, tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, el lugar de privilegio en la lista deberá ser ocupado por una mujer. La resolución se apoya en una interpretación armónica de la Ley de Paridad de Género, el Código Electoral y los principios constitucionales que garantizan la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en la representación política.

El caso se originó luego de que Espert, junto con otras dos candidatas mujeres —Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea—, presentaran sus renuncias. Los apoderados de la alianza habían solicitado que se aplicara un “corrimiento” que permitiera ubicar en el primer lugar a Diego Santilli. Sin embargo, la fiscal María Laura Roteta consideró que tal interpretación implicaría una regresión en materia de derechos políticos de las mujeres.

“Frente a la renuncia del primer candidato varón, corresponde un corrimiento ascendente respetando el orden original, lo que ubica en primer lugar a Karina Celia Vázquez, segunda en la nómina”, sostuvo la fiscal.

Fundamentos constitucionales

El dictamen recordó que la Ley 27.412 de Paridad de Género y el Decreto 171/2019 se inscriben dentro del mandato constitucional de garantizar igualdad real de oportunidades en el acceso a cargos electivos (artículo 37 de la Constitución Nacional). Además, se citó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado argentino a adoptar medidas afirmativas para evitar retrocesos en materia de participación política femenina.

“Una interpretación que privilegie el ascenso de un candidato varón en este contexto ampliaría la brecha de género en el ámbito parlamentario, en contradicción con el espíritu de la ley de paridad”, argumentó la fiscalía.

La decisión marca un precedente clave en la aplicación de la paridad, ya que ratifica que la normativa debe ser entendida en su espíritu protector y no de manera meramente formal. En la práctica, garantiza que La Libertad Avanza deberá llevar a una mujer encabezando la lista de diputados nacionales por Buenos Aires, en un escenario electoral donde apenas un reducido número de nóminas son lideradas por candidatas.

De esta manera, Karina Celia Vázquez quedará como la primera postulante en la boleta, consolidando una interpretación judicial que refuerza el principio de igualdad sustantiva en la representación política.

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La Corte dio luz verde a la extradición de “Fred” Machado y el Gobierno tiene diez días para resolver

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La Corte Suprema habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos y el caso queda en manos de Javier Milei

El máximo tribunal confirmó por unanimidad la entrega del empresario acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. El Poder Ejecutivo tiene ahora diez días hábiles para definir si concede la extradición.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es “procedente” la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por conspiración para cometer delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Con este fallo, el trámite judicial quedó cerrado y la decisión final pasa al Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, que tiene un plazo de diez días hábiles para definir si concede la entrega.

El caso adquiere un matiz particular, ya que el abogado que representa desde hace años a Machado en el expediente, Francisco Oneto, es también el abogado personal del presidente Milei. Pese a ello, el empresario negó cualquier interferencia política: “Comparto abogado, pero es como compartir cocinera. El Presidente no le va a pedir permiso al abogado para firmar la extradición”, declaró en una entrevista radial.

La resolución del máximo tribunal fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en que están dadas las condiciones legales y procesales para acceder al pedido formal del gobierno estadounidense.

Un expediente de más de cuatro años: cronología y fundamentos de la decisión

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en la ciudad de Neuquén, por orden del juez federal Gustavo Villanueva, tras un requerimiento internacional emitido por Estados Unidos. Desde entonces, se encontraba bajo arresto domiciliario en Viedma, en espera de la resolución definitiva de su caso.

El 12 de abril de 2022, el juez Villanueva había declarado por primera vez “procedente la extradición”, decisión que fue apelada por la defensa. En abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor de la entrega y dejó el expediente en condiciones de ser resuelto por la Corte Suprema.

Sin embargo, el proceso se demoró tras un planteo de Oneto, quien solicitó revisar la situación judicial de Debra Mercer-Erwin, exsocia de Machado condenada en EE.UU. por narcotráfico, argumentando que una sentencia favorable a su hija podría modificar los cargos que pesaban sobre su cliente.

Federico “Fred” Machado, el empresario que está acusado de conspiración para cometer delitos de narcotráfico

En agosto de 2025, la Corte Suprema pidió a Villanueva que, a través de la Cancillería argentina, solicitara información a la Justicia de Estados Unidos sobre ese fallo. La respuesta llegó a fines de septiembre: Washington confirmó que el pedido de extradición se mantenía vigente y sin cambios. Con ese informe, el expediente regresó al máximo tribunal, que este lunes dictó su fallo definitivo, poniendo fin a un proceso que se extendió por más de cuatro años y cinco meses.

Durante ese tiempo, la defensa de Machado presentó múltiples recursos y planteos de nulidad, todos rechazados. El juez Villanueva podría ahora revisar las condiciones del arresto domiciliario ante el riesgo de fuga, y disponer su traslado a una unidad penitenciaria mientras se completa el trámite de extradición.

La decisión política: Milei deberá definir la entrega

La Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal establece que la última palabra en materia de extradiciones corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, que puede aprobar o rechazar la entrega del requerido por “razones de soberanía nacional, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado”.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá recibir el expediente judicial y elevarlo al Presidente de la Nación. Desde entonces, el Ejecutivo contará con diez días hábiles para responder. Si no lo hace, la norma prevé que el silencio del Gobierno implica la concesión de la extradición.

Si la entrega se aprueba, Estados Unidos dispondrá de treinta días corridos desde la comunicación oficial para trasladar al detenido, en coordinación con el juzgado federal de Neuquén y los organismos de seguridad nacionales.

Machado está acusado en EE.UU. por su presunta participación en una red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, vinculada al uso de aeronaves registradas en su nombre para operaciones ilícitas. Los cargos incluyen conspiración para distribuir cocaína y fraude financiero, delitos por los cuales enfrenta penas severas bajo la legislación estadounidense.

Francisco Oneto, abogado de Fred Machado y de Javier Milei

Un caso con implicancias institucionales

El expediente reviste especial sensibilidad institucional, no solo por la gravedad de los cargos sino también por el vínculo indirecto con el entorno del presidente Milei. Francisco Oneto, actual abogado defensor de Machado, fue durante la campaña electoral asesor legal del entonces candidato libertario y hoy mantiene su rol como abogado personal del mandatario.

Más allá de esa coincidencia, el trámite judicial siguió su curso normal, con dictámenes favorables tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal. La Corte, en su resolución, se limitó a confirmar la validez formal del pedido de extradición y la existencia de los requisitos previstos por los tratados internacionales firmados por la Argentina.

De concretarse la entrega, el caso marcaría un precedente clave en la cooperación judicial entre ambos países, en un momento en que el Gobierno argentino busca fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.

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Tres semanas para votar: qué dice el termómetro social, Espert y la cuesta arriba para el oficialismo

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A tres semanas de las elecciones legislativas, un relevamiento nacional de 1.900 casos realizado entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre arroja un panorama complejo para el Gobierno. La aprobación presidencial se sostiene en apenas un 35,3%, contra un 64,7% de desaprobación. El dato se combina con un clima social en el que dos de cada tres argentinos (65,3%) creen que “lo peor no pasó” en materia económica. 

El Gobierno buscó reforzar su posicionamiento con gestos internacionales, como la reciente visita a Estados Unidos y el encuentro con Donald Trump, pero el efecto político fue limitado, según el último estudio de Zuban & Córdoba. 

El 62,7% de la ciudadanía se siente “lejano” a esa referencia y un 64,6% cree que la gira presidencial no traerá inversiones sino que fue un gesto simbólico. El alineamiento con Washington y con Trump, en lugar de ampliar la base, aparece como un capital político de corto alcance, poco útil frente a la centralidad que conserva la agenda doméstica.

Las expectativas económicas resultan el núcleo más delicado. De cara a 2026, el 59,7% de los encuestados cree que Argentina no podrá afrontar el pago de su deuda, y más del 64% no confía en las estadísticas oficiales sobre pobreza, incluso rechazando la afirmación presidencial de que “12 millones salieron de la pobreza”

El déficit de credibilidad sobre los datos oficiales se convierte así en un condicionante directo para cualquier relato de logros, ya que el público exige mejoras palpables en los ingresos y en los precios más que narrativas optimistas.

El pronóstico electoral tampoco acompaña: 56% de los ciudadanos anticipa que La Libertad Avanza perderá las legislativas. Frente a un eventual mal resultado, la mayoría no plantea profundizar el rumbo, sino introducir correcciones: un 27% incluso llega a pedir la renuncia de Milei, y entre quienes no comparten esa opción, la prioridad es cambiar políticas económicas o reestructurar el gabinete. Solo el 12% respalda seguir con la misma línea sin modificaciones.

El panorama se agrava por el “caso Espert”, que dejó de ser un episodio personal para convertirse en un problema nacional de campaña. Su imagen es 71% negativa, y un 63,7% no cree en su inocencia. Tres de cada cuatro consultados afirman que el episodio golpea negativamente al Gobierno, y un 62,9% considera que debería renunciar a su candidatura. El tema amenaza con horadar el núcleo duro del oficialismo y reordenar la conversación pública en las últimas semanas previas a la votación.

A este telón de fondo se suma la desconfianza en el manejo económico: la eliminación de las retenciones al agro que duró apenas 48 horas fue percibida como un retroceso que quebró expectativas en un sector clave. El informe advierte que recomponer la confianza perdida “puede ser una tarea titánica”.

El oficialismo entra en el tramo final de campaña con un triple desafío: recomponer poder adquisitivo, recuperar credibilidad estadística y sostener un relato que no dependa solo de gestos externos. La oposición, por su parte, capitaliza el malhumor social pero aún no ofrece una narrativa programática clara. Lo que ocurra el 26 de octubre no solo definirá ganadores y perdedores de la elección, sino también el tipo de corrección que la sociedad exigirá al Gobierno el día después. 

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