Ocurrió cerca del Parque Provincial Urugua-í, los funcionarios detectaron 1.838 kilos del estupefaciente que estaban acondicionados en una vivienda.
Se pudo constatar que la moto había sido robada en la República Federativa de Brasil.
Anoche, en medio de la espesura del monte, los funcionarios del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” mientras patrullaban por la Ruta Provincial N° 17, observaron a un motociclista que salió de un camino secundario a gran velocidad y al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza, cambió su dirección y se dio a la fuga.
Inmediatamente, se empleó un intenso rastrillaje que tuvo como resultado el hallazgo de la moto, un casco y un bolso que dentro poseía un bulto con paquetes similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes.
A raíz de ese hallazgo, la Fiscalía y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú ordenó que se realice un allanamiento en una vivienda cercana, la cual se encontraba sin moradores.
Durante la madrugada de hoy, los gendarmes inspeccionaron el domicilio y hallaron 80 bultos que poseían 2.156 paquetes rectangulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest dio como resultado positivo para marihuana con un peso total de 1.838 kilos 275 gramos.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó hoy, desde un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, el “Plan Paraná”, que tendrá como objetivo fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay-Paraná, mediante un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
El Gobierno lanzó el “Plan Paraná” para blindar la Hidrovía y reforzar el control fluvial con radares, drones y patrullas integradas
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó oficialmente el “Plan Paraná”, una iniciativa estratégica que busca recuperar el control y fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país. El programa incluye patrullajes coordinados entre fuerzas federales, monitoreo satelital, incorporación de drones y radares, y la instalación de un comando unificado en Isla del Cerrito, Chaco.
Un plan integral para recuperar la soberanía y combatir el delito en la Hidrovía
La presentación se realizó este lunes desde el guardacostas GC-24 Mantilla de la Prefectura Naval Argentina, con una videoconferencia en directo con la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien encabezó un acto simultáneo en Isla del Cerrito (Chaco) junto al Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, y autoridades de las provincias de Chaco y Corrientes.
Acompañaron a la ministra el Subprefecto Nacional Naval, Alejandro Annichini, el Director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Veliz, el Director Nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, y el Secretario General de Prefectura, Marcelo del Giorgio, entre otros funcionarios y representantes de las fuerzas federales.
El Plan Paraná forma parte de la estrategia nacional de seguridad fluvial y complementa las operaciones “Plan Güemes”, en la frontera noroeste, y “Plan Guaçurarí”, en la frontera con Brasil. Según Bullrich, el objetivo es “blindar la Hidrovía, recuperar la presencia del Estado y garantizar que lo que circule por el río sean bienes, trabajo y producción, no delito, droga ni violencia”.
La iniciativa, afirmó la ministra, “apunta a devolver al Estado el control efectivo de una vía de más de 1.700 kilómetros, vital para el transporte, el comercio y la logística del país”.
Comando unificado, tecnología y coordinación interinstitucional
El Plan Paraná contará con un comando unificado en Isla del Cerrito (Chaco), que centralizará la información y coordinará los despliegues de las distintas fuerzas federales: Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en articulación con Aduana, Migraciones y las fuerzas provinciales.
El dispositivo integrará radares, drones, sensores térmicos y monitoreo satelital, con el fin de reforzar la vigilancia aérea, fluvial y terrestre en puntos estratégicos de la Hidrovía, especialmente en zonas críticas donde se detectan actividades de contrabando, narcotráfico y tráfico de personas.
Durante la presentación, Bullrich subrayó que “la Hidrovía es una vía estratégica para el comercio y la producción nacional, pero también un punto vulnerable que debemos proteger”. Y agregó: “El crimen se combate con organización, presencia y tecnología”.
Por su parte, el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, agradeció “la confianza del Presidente de la Nación y del Ministerio de Seguridad” y sostuvo que “el control territorial del río debe ser una política de Estado permanente”.
Un nuevo esquema de control con impacto regional
La implementación del Plan Paraná busca articular el trabajo de las agencias nacionales con los países que integran la cuenca fluvial —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay—, donde la Hidrovía Paraguay–Paraná se consolida como uno de los principales corredores de transporte de América del Sur.
La Mesa Nacional de Seguridad Fluvial, coordinada por la Secretaría de Seguridad, será el órgano rector del plan, con responsabilidad en el seguimiento, la planificación y la cooperación internacional.
La secretaria Monteoliva destacó que la medida apunta a “enmarcar el esfuerzo de diferentes áreas del Estado hacia una construcción de seguridad sostenible”, y adelantó que se prevé una expansión progresiva del sistema de vigilancia tecnológica y patrullajes integrados.
El Ministerio de Seguridad remarcó que el programa se desarrollará sin afectar la operatividad comercial ni la libre navegación, pero fortalecerá los controles aduaneros, migratorios y de inteligencia criminal sobre cargas y embarcaciones.
Con este lanzamiento, el Gobierno nacional busca consolidar un modelo de control fronterizo basado en tecnología, cooperación federal y coordinación regional, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de seguridad portuaria y lucha contra el crimen organizado.
Allanan el despacho y la vivienda de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado.
La Justicia Federal de San Isidro dispuso allanamientos simultáneos en el domicilio del diputado y en su despacho del Congreso. La investigación, originada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
La Justicia avanza sobre Espert por presuntos vínculos con una red internacional
Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron este jueves allanamientos en el domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.
Las medidas se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que señala al legislador por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente imputado y detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.
Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue ejecutado bajo secreto de sumario por orden del fiscal federal Federico Domínguez. Durante el allanamiento en su vivienda, Espert entregó voluntariamente un teléfono celular, que quedará en poder de la Justicia hasta su peritaje forense.
El propio legislador recibió a los agentes en su domicilio acompañado por su equipo de abogados. Paralelamente, en el Congreso, la Cámara de Diputados autorizó el ingreso de la PFA al despacho del legislador, en cumplimiento del pedido judicial remitido por Mirabelli, conforme al procedimiento previsto para funcionarios con fueros parlamentarios.
El despacho de Espert quedó clausurado con fajas de seguridad, mientras personal judicial retiraba documentación y equipos electrónicos.
La denuncia de Grabois y la transferencia investigada
La causa tuvo origen en una transferencia de USD 200.000 que, según registros financieros del Bank of America, fue realizada por una empresa vinculada a Fred Machado a nombre de Espert. La denuncia plantea que esos fondos podrían provenir de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, juzgada por la justicia federal del Estado de Texas (EE.UU.), y que podrían configurar el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal argentino.
El nombre del diputado libertario aparece además en documentación contable paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.
En su descargo público, Espert explicó que el pago correspondía a un “adelanto de honorarios profesionales” por un asesoramiento económico a la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presuntamente vinculada al empresario.
“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Era un contrato de un millón de dólares, del cual recibí un anticipo de 200 mil”, afirmó Espert en un video difundido en redes sociales.
Según su versión, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia y porque, tras su participación electoral de 2019, no retomó la actividad profesional privada.
Efectos políticos: licencia, renuncia y crisis interna en La Libertad Avanza
El escándalo judicial derivó en una serie de decisiones políticas inmediatas por parte del legislador. En primer lugar, renunció a su candidatura electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego solicitó licencia en su banca de la Cámara de Diputados. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los espacios de mayor influencia legislativa dentro del oficialismo.
En paralelo, la Policía Federal también allanó la vivienda de Fred Machado en Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. En ese procedimiento, los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo, en el que se consignaba un pago total de USD 1.000.000 a favor de Espert.
Fuentes judiciales confirmaron que la investigación busca determinar si existió una intermediación financiera o societaria orientada a encubrir operaciones de lavado internacional de activos a través de contratos de asesoría ficticios.
La resolución de Mirabelli se inscribe en una línea de cooperación judicial con Estados Unidos, que desde 2023 mantiene abierta una causa espejo vinculada a las operaciones financieras del empresario argentino.
De comprobarse los vínculos, el caso podría derivar en una acusación formal contra el diputado por lavado de dinero y asociación ilícita, con potencial impacto político sobre el bloque de La Libertad Avanza, que enfrenta su primera crisis institucional de magnitud desde la asunción de Javier Milei.
Por el momento, el expediente continuará bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados y las transferencias bancarias detectadas en el exterior.
El juez federal Lino Mirabelli le envió un oficio a Martín Menem para que la Cámara habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes del legislador investigado por el cobro de US$200.000
El juez federal Lino Mirabelli solicitó a la Cámara de Diputados permiso para allanar y secuestrar bienes del legislador de La Libertad Avanza, investigado por recibir una transferencia de US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
El pedido judicial y el alcance de la investigación
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, elevó este martes un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que autorice medidas de registro y secuestro sobre bienes del diputado José Luis Espert, quien se encuentra protegido por los fueros parlamentarios.
La solicitud judicial, presentada a través del fiscal Fernando Domínguez, se enmarca en una causa por lavado de dinero iniciada a partir de una denuncia formulada por Juan Grabois, tras detectarse una transferencia de US$200.000 enviada a Espert por el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y en proceso de extradición a Estados Unidos.
Mirabelli no puede avanzar con allanamientos ni secuestros hasta que la Cámara baja habilite el procedimiento, según lo establecido en la Ley de Fueros (Ley 25.320), que dispone que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones sin la autorización de la respectiva Cámara”.
La decisión ahora recae sobre Menem, quien deberá definir si somete el pedido directamente al pleno de Diputados o si lo remite previamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.
El contrato hallado y las pruebas en la causa
En el marco de la misma causa, el juez Mirabelli ordenó un allanamiento en el domicilio de Viedma donde Machado cumplía arresto domiciliario, hasta que fue trasladado a un destacamento policial tras la aprobación de su extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía Federal Argentina hallaron un contrato roto y parcialmente quemado, dentro de un tacho de basura, que registra un acuerdo de US$1 millón firmado entre Machado y Espert el 7 de junio de 2019, quince días antes de que el economista se presentara oficialmente como candidato a presidente.
El documento, firmado por Espert y Machado, estipulaba una asesoría económica para la firma guatemalteca Minas del Pueblo, una empresa vinculada al empresario y actualmente bajo investigación en la justicia estadounidense.
La transferencia por US$200.000, detectada por el Bank of America y agregada a la causa que se tramita en el Distrito Judicial Este de Texas, figura también en documentación oficial utilizada como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de activos.
Según Espert, ese pago correspondía a un anticipo por trabajos de consultoría económica. Sin embargo, el contrato encontrado en el allanamiento contempla pagos por US$100.000 mensuales durante nueve meses, además de un adelanto inicial, lo que eleva el total a US$1 millón.
Implicancias institucionales y próximos pasos
El fiscal Domínguez, además de imputar a Espert, solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del legislador para rastrear movimientos financieros y determinar el origen y destino de los fondos.
La investigación apunta a establecer si el dinero recibido provino de una estructura de lavado internacional vinculada al narcotráfico, en la que Machado habría operado a través de una red de empresas pantalla y operaciones financieras trianguladas.
La causa tiene potenciales derivaciones políticas e institucionales, dado que involucra a un diputado en ejercicio y exige la intervención del Congreso para autorizar medidas de prueba. De concretarse la autorización, sería la primera vez en el actual período legislativo que la Cámara baja habilita un procedimiento judicial de este tipo sobre un miembro de su cuerpo.
Mientras tanto, Machado, señalado por la justicia norteamericana como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, permanece detenido a la espera de su extradición definitiva a Estados Unidos, tras la resolución favorable de la Corte Suprema.
El Poder Ejecutivo Nacional ya adelantó que no se opondrá al traslado, lo que podría acelerar el envío del empresario al exterior y aportar nuevos elementos a la causa local.
La Plata. La Fiscalía Federal N° 1 con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires dictaminó que, tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, el lugar de privilegio en la lista deberá ser ocupado por una mujer. La resolución se apoya en una interpretación armónica de la Ley de Paridad de Género, el Código Electoral y los principios constitucionales que garantizan la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en la representación política.
El caso se originó luego de que Espert, junto con otras dos candidatas mujeres —Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea—, presentaran sus renuncias. Los apoderados de la alianza habían solicitado que se aplicara un “corrimiento” que permitiera ubicar en el primer lugar a Diego Santilli. Sin embargo, la fiscal María Laura Roteta consideró que tal interpretación implicaría una regresión en materia de derechos políticos de las mujeres.
“Frente a la renuncia del primer candidato varón, corresponde un corrimiento ascendente respetando el orden original, lo que ubica en primer lugar a Karina Celia Vázquez, segunda en la nómina”, sostuvo la fiscal.
Fundamentos constitucionales
El dictamen recordó que la Ley 27.412 de Paridad de Género y el Decreto 171/2019 se inscriben dentro del mandato constitucional de garantizar igualdad real de oportunidades en el acceso a cargos electivos (artículo 37 de la Constitución Nacional). Además, se citó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado argentino a adoptar medidas afirmativas para evitar retrocesos en materia de participación política femenina.
“Una interpretación que privilegie el ascenso de un candidato varón en este contexto ampliaría la brecha de género en el ámbito parlamentario, en contradicción con el espíritu de la ley de paridad”, argumentó la fiscalía.
La decisión marca un precedente clave en la aplicación de la paridad, ya que ratifica que la normativa debe ser entendida en su espíritu protector y no de manera meramente formal. En la práctica, garantiza que La Libertad Avanza deberá llevar a una mujer encabezando la lista de diputados nacionales por Buenos Aires, en un escenario electoral donde apenas un reducido número de nóminas son lideradas por candidatas.
De esta manera, Karina Celia Vázquez quedará como la primera postulante en la boleta, consolidando una interpretación judicial que refuerza el principio de igualdad sustantiva en la representación política.
