NEA

Habilitan a Aerowise para prestar servicios de rampa y operaciones

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La autorización otorgada a Aerowise S.A.S. amplía el universo de prestadores aeroportuarios bajo el esquema de desregulación del mercado aerocomercial. Para las economías regionales, la incorporación de nuevos operadores puede traducirse en una mayor competencia en servicios clave para la logística aérea y la conectividad.

El Ministerio de Economía autorizó a Aerowise S.A.S. a prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en la Argentina, una actividad estratégica para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos y el movimiento de pasajeros y cargas. La habilitación, oficializada mediante la Disposición 14/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, se enmarca en el proceso de apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional desde 2024.

La decisión no implica la incorporación de una nueva aerolínea sino de un proveedor de infraestructura y asistencia en tierra, un segmento históricamente concentrado y determinante para la eficiencia operativa de las terminales aéreas.

Un mercado que suma nuevos jugadores

La autorización fue concedida luego de que la empresa acreditara los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera exigidos por el Código Aeronáutico y recibiera dictámenes favorables de las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El régimen vigente, reglamentado mediante el Decreto 599/2024 y la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, establece que estas autorizaciones tienen una vigencia de 15 años, con renovación automática condicionada al cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

El objetivo oficial es ampliar la competencia en un segmento esencial para el transporte aéreo, donde las empresas de rampa realizan tareas como asistencia a aeronaves durante las operaciones en tierra. Carga y descarga de equipajes y mercaderías. Servicios operacionales en plataforma. Apoyo logístico para vuelos de pasajeros y carga.

Estas actividades inciden directamente sobre los tiempos de rotación de las aeronaves, los costos operativos de las compañías aéreas y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria.

Qué impacto puede tener para las economías regionales

La incorporación de nuevos prestadores cobra relevancia para provincias cuya competitividad depende cada vez más de la conectividad aérea y del transporte de productos de alto valor agregado.

En el NEA, donde los aeropuertos cumplen un rol creciente para el turismo, la exportación de productos perecederos y la movilidad empresarial, una mayor oferta de servicios aeroportuarios puede contribuir a reducir costos operativos y mejorar la disponibilidad de servicios para las compañías que operan o proyectan nuevas rutas.

Aunque la disposición no modifica las condiciones comerciales de los aeropuertos ni garantiza reducciones inmediatas de tarifas, sí profundiza un esquema de competencia que busca eliminar barreras de ingreso para nuevos operadores privados.

La estrategia oficial de desregulación

La autorización a Aerowise se inscribe dentro del proceso de liberalización del mercado aerocomercial iniciado durante la actual gestión, que reemplazó un sistema con mayores restricciones administrativas por un régimen basado en autorizaciones sujetas al cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad.

El nuevo modelo separa con mayor claridad dos funciones: por un lado, el acceso al mercado para prestar servicios; por otro, la fiscalización permanente de la seguridad operacional, responsabilidad que continúa bajo la órbita de la ANAC.

Para el sector privado, esta diferenciación reduce incertidumbre regulatoria y facilita la incorporación de inversiones en actividades complementarias al transporte aéreo.

La medida introduce algunos elementos relevantes para operadores aeroportuarios y empresas vinculadas a la logística Aerowise S.A.S. queda habilitada para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país. La autorización tendrá una vigencia de 15 años, renovable automáticamente si mantiene los estándares exigidos. La empresa acreditó solvencia técnica y financiera, conforme al Código Aeronáutico. El Gobierno continúa ampliando la competencia en actividades auxiliares del transporte aéreo.

La apertura del mercado de servicios de rampa será relevante en la medida en que logre traducirse en mayor competencia efectiva dentro de los aeropuertos argentinos. Para las provincias del NEA, donde la conectividad aérea es un factor de competitividad para el turismo, el comercio y las exportaciones, la incorporación de nuevos operadores puede mejorar la eficiencia logística. El desafío será verificar si esta mayor oferta termina reflejándose en menores costos operativos para las aerolíneas y, en consecuencia, en una red aérea más dinámica para las economías regionales.

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Impuesto a los combustibles: el Gobierno autoriza un aumento parcial de $22 por litro de nafta y $31 por litro de gasoil

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La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.

La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.

Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.

Un incremento parcial para contener el traslado a precios

El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.

Los incrementos fiscales fijados son:

  • Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.

La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.

Una herramienta para administrar el impacto inflacionario

Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.

La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.

La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.

Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.

Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal

La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.

Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.

Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.

El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.

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El Gobierno congela la base del subsidio SUBE y cambia el cálculo de la tarifa social para contener el gasto nacional

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La Secretaría de Transporte modificó el esquema de financiamiento del atributo social de la tarjeta SUBE. Desde el 1° de julio, el descuento del 55% para los beneficiarios se mantendrá, pero el aporte del Estado nacional dejará de actualizarse automáticamente con cada aumento del boleto provincial o municipal. El cambio introduce una tarifa de referencia fija por jurisdicción, una medida orientada a dar previsibilidad al gasto público sin alterar las facultades tarifarias de las provincias.

La Resolución 40/2026 redefine uno de los principales mecanismos de subsidios al transporte público. Aunque los usuarios alcanzados por la tarifa social seguirán accediendo al 55% de descuento, ese beneficio será calculado sobre una tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026, que permanecerá congelada hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.

La modificación apunta a resolver un problema fiscal que el Gobierno identifica desde hace meses: cada incremento del boleto decidido por provincias y municipios elevaba automáticamente el costo del subsidio financiado por el Tesoro Nacional, aun cuando esas jurisdicciones definieran sus cuadros tarifarios sin intervención de la Nación.

Un cambio que separa la política tarifaria del financiamiento nacional

Hasta ahora, el monto subsidiado evolucionaba junto con las tarifas locales. Con el nuevo esquema, la Nación fija un valor de referencia para calcular el beneficio, independientemente de los futuros aumentos que aprueben las autoridades provinciales o municipales.

Desde la óptica fiscal, la decisión incorpora un mecanismo de mayor previsibilidad presupuestaria. Si una provincia incrementa el valor del boleto por encima de la tarifa de referencia, el descuento nacional continuará calculándose sobre ese valor congelado y no sobre la nueva tarifa plena.

Para los usuarios beneficiarios, el descuento formal del 55% permanece vigente, pero el aporte efectivo del Estado nacional puede perder peso relativo si las tarifas continúan aumentando y las referencias no son actualizadas.

El cambio adquiere relevancia para provincias que utilizan el sistema SUBE fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. En esos distritos, donde las actualizaciones tarifarias suelen responder a mayores costos operativos, salarios o combustibles, la resolución traslada una parte creciente del esfuerzo financiero a las administraciones locales si desean preservar el mismo nivel de subsidio para los pasajeros.

La Secretaría de Transporte aclara expresamente que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios mantienen intactas sus competencias para fijar el precio del boleto. También podrán establecer descuentos superiores o incluso gratuidades utilizando la infraestructura tecnológica de SUBE, siempre que definan su propio mecanismo de financiamiento.

Para las administraciones provinciales, esto implica que cualquier política adicional de contención tarifaria deberá sostenerse con recursos propios y ya no mediante un incremento automático de los aportes nacionales.

Previsibilidad para el Tesoro, mayor responsabilidad para las jurisdicciones

Uno de los argumentos centrales de la resolución es la necesidad de administrar con mayor precisión los recursos del Fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, desde donde se financian estos beneficios.

Los informes técnicos incorporados al expediente sostienen que la dispersión tarifaria entre jurisdicciones generaba una expansión imprevisible de las erogaciones nacionales, dificultando la planificación presupuestaria.

El nuevo criterio también busca uniformar el cálculo del atributo social mediante un parámetro único y verificable para todas las ciudades donde opera SUBE.

Se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social SUBE. El cálculo dejará de hacerse sobre las futuras tarifas locales y utilizará como base las vigentes al 30 de junio de 2026. Las tarifas de referencia regirán desde el 1 de julio hasta que la Secretaría de Transporte disponga su actualización. Las provincias podrán mantener beneficios superiores, pero deberán financiarlos con recursos propios. Nación Servicios adaptará los sistemas para implementar el nuevo mecanismo.

La resolución introduce un cambio estructural en la relación financiera entre Nación y provincias respecto del transporte urbano. Para operadores, gobiernos provinciales y municipios, la evolución futura dependerá de dos variables: la velocidad con que continúen ajustándose las tarifas locales y la frecuencia con la que la Secretaría de Transporte actualice las tarifas de referencia. Esa brecha será determinante para medir cuánto del costo social del transporte continuará absorbiendo el Estado nacional y cuánto recaerá sobre las administraciones locales o directamente sobre los usuarios.

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Argentina abre la consulta pública para reconocer 130 Indicaciones Geográficas de Brasil: una decisión clave para la yerba mate

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inició el proceso para reconocer y proteger en Argentina un total de 130 Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) de Brasil, en cumplimiento del acuerdo del Mercosur aprobado por la Ley N° 27.765. La medida abre un período de consulta pública de 30 días durante el cual empresas, productores y entidades podrán presentar objeciones fundadas. Para las economías regionales del Nordeste Argentino (NEA), especialmente la cadena de la yerba mate, el procedimiento adquiere una relevancia estratégica porque involucra la protección de activos de propiedad intelectual vinculados al origen geográfico de los alimentos y bebidas dentro del mercado regional.

La convocatoria, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, constituye uno de los primeros pasos operativos derivados del Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias de los Estados Parte del Mercosur, instrumento que busca fortalecer la protección jurídica de productos con identidad territorial dentro del bloque.

Aunque el procedimiento alcanza productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos brasileños, el impacto excede el aspecto registral: establece reglas comunes para la valorización comercial de productos regionales y genera un precedente que también alcanza a las economías regionales argentinas que cuentan con Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Un mecanismo que fortalece la competencia basada en el origen

Brasil remitió oficialmente a la Argentina un listado integrado por 130 Indicaciones Geográficas, distribuidas entre Indicaciones de Procedencia (IP) y Denominaciones de Origen (DO).

El reconocimiento no será automático. La Resolución SAGyP N° 67/2026 establece un procedimiento administrativo que contempla la participación de terceros mediante una consulta pública.

Durante 30 días corridos desde la publicación de la convocatoria, cualquier persona humana o jurídica que acredite un interés legítimo podrá formular observaciones u oposiciones por escrito si considera que alguno de los nombres protegidos puede afectar derechos existentes o inducir a error al consumidor.

La normativa contempla diversas causales de objeción. Entre ellas se incluyen que el nombre sea considerado genérico en Argentina, que coincida con una marca registrada previamente, que resulte idéntico o similar a otra denominación protegida, que pueda generar confusión respecto del verdadero origen geográfico del producto o que entre en conflicto con variedades vegetales o razas animales.

Las presentaciones deberán incorporar la identificación completa del interesado, los fundamentos jurídicos y técnicos correspondientes, la documentación probatoria y un domicilio legal constituido en el país. Las solicitudes que no cumplan con esos requisitos podrán ser rechazadas conforme a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Una herramienta con impacto para la yerba mate y otras producciones regionales

Más allá del trámite administrativo, la decisión tiene implicancias económicas para las producciones regionales del NEA.

Las Indicaciones Geográficas funcionan como instrumentos de diferenciación comercial porque vinculan la calidad, reputación o características de un producto con un territorio determinado. Ese reconocimiento permite agregar valor, proteger denominaciones tradicionales y reducir riesgos de utilización indebida de nombres asociados a determinadas regiones productivas.

Para cadenas agroindustriales como la yerba mate, uno de los principales productos identitarios de Misiones y el nordeste argentino, el fortalecimiento del sistema regional de protección representa un elemento relevante dentro de la estrategia de posicionamiento en mercados internacionales.

El acuerdo de reconocimiento mutuo dentro del Mercosur también busca otorgar mayor previsibilidad al comercio intrabloque al establecer criterios homogéneos sobre la protección de nombres geográficos y productos con identidad territorial.

La publicación oficial aclara que las fichas técnicas correspondientes a las 130 Indicaciones Geográficas brasileñas estarán disponibles para consulta pública en el portal de Alimentos Argentinos, donde los interesados podrán analizar las características de cada producto antes de formular eventuales observaciones.

Un paso institucional dentro de la integración del Mercosur

La convocatoria se enmarca en la implementación de la Ley N° 27.765, mediante la cual Argentina aprobó el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias en los territorios de los Estados Parte del Mercosur.

El procedimiento representa una etapa previa al reconocimiento formal de cada denominación brasileña dentro del sistema argentino de protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Desde una perspectiva institucional, el mecanismo incorpora transparencia al proceso mediante la consulta pública y permite compatibilizar la protección internacional de las denominaciones con los derechos previamente adquiridos por productores, empresas y titulares de marcas registradas en Argentina.

Para el sector productivo del NEA, el seguimiento de esta instancia resulta relevante porque el fortalecimiento del régimen regional de Indicaciones Geográficas puede convertirse en una herramienta adicional para consolidar el valor diferencial de productos vinculados al territorio y ampliar la protección jurídica de activos estratégicos asociados a las economías regionales.

Impactos para el sector productivo se abre una consulta pública por 30 días para el reconocimiento de 130 Indicaciones Geográficas brasileñas. Productores, empresas y cámaras podrán presentar objeciones si consideran afectados derechos adquiridos. El procedimiento fortalece la aplicación del Acuerdo Mercosur sobre Indicaciones Geográficas, aprobado por la Ley N° 27.765. La medida involucra productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos. Para el NEA, el avance del sistema regional de protección adquiere importancia por su potencial incidencia sobre productos con identidad territorial como la yerba mate y otras economías regionales.

Concluido el período de consulta pública, la autoridad de aplicación deberá analizar las oposiciones que eventualmente se presenten antes de avanzar con el reconocimiento definitivo de las Indicaciones Geográficas brasileñas. El desarrollo de este procedimiento marcará un antecedente para futuras solicitudes dentro del Mercosur y será observado por los sectores productivos que buscan consolidar la protección internacional de productos asociados al origen geográfico.

Aviso MIN DE ECONOMÍA – SEC AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA by CristianMilciades

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Dos jornadas, un mismo compromiso: fortalecer el sistema de donación y trasplante en el NEA

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Durante los días 24 y 25 de junio, Chaco fue sede de la Jornada Regional de Procuración y Trasplante y de la reunión de la Comisión Regional de Trasplante (CORETRA). Estos encuentros reunieron a autoridades nacionales, provinciales y equipos de salud de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con el objetivo de compartir experiencias, analizar desafíos y consolidar estrategias conjuntas.

La actividad contó con la participación de representantes del INCUCAI, autoridades locales y equipos hospitalarios de diversas áreas, incluyendo enfermería, trabajo social, terapia intensiva, nefrología y comunicación, además de los cursantes de la Capacitación en Gestión Hospitalaria de Procuración y Trasplante. En representación de Misiones, asistieron el CUCAIMis y las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) de los hospitales Madariaga, Samic Oberá y Samic Eldorado.

En el marco de este encuentro, la jornada del 24 de junio cerró con la entrega de diplomas a los becarios de las diferentes jurisdicciones que se incorporan oficialmente al Sistema Nacional de Donación y Trasplante. Con estas acciones, se continúa trabajando de manera articulada para construir un sistema de salud más eficiente, federal y comprometido en brindar más oportunidades de vida a quienes esperan un trasplante.

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