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Impulsan una agenda legislativa unificada y reúnen a concejales con diputados en un encuentro inédito en Misiones

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Este martes 28 de abril, en el Palacio Legislativo de Misiones, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, encabezó el primer Encuentro Misionero Legislativo, una convocatoria que reunió a 150 concejales de 70 municipios junto a diputados provinciales. La jornada dejó como resultado la construcción de una agenda común con ejes técnicos definidos y una señal política: avanzar en una coordinación más directa entre territorio y legislación en un contexto que los propios participantes definieron como “bisagra”.

El encuentro se inscribe en una lógica de fortalecimiento institucional que busca reducir la distancia entre la agenda legislativa provincial y las demandas locales. Según lo expresado durante la jornada, el objetivo es integrar la diversidad territorial en un esquema de toma de decisiones más alineado.

Desde la conducción de la Cámara, Macias planteó el evento como un “hito” orientado a consolidar una política con mayor presencia territorial. La iniciativa apunta a ordenar la representación política bajo un esquema de coordinación que permita traducir demandas municipales en iniciativas legislativas concretas.

En términos operativos, la convocatoria incluyó a referentes de distintos espacios territoriales: el Foro de Concejales de la Zona Sur, el Alto Paraná, el Alto Uruguay y la Red de Concejalas Misioneras, lo que amplía la base de interlocución dentro del sistema político provincial.

Agenda común y ejes técnicos definidos

El encuentro no se limitó a una instancia de intercambio político. Funcionó como plataforma para delinear una hoja de ruta con tres ejes centrales:

Soberanía económica: Se abordó la necesidad de fortalecer la estabilidad provincial, en una exposición a cargo del diputado José Pastori.

Innovación tecnológica: La incorporación de inteligencia artificial en la agenda pública fue planteada por la secretaria legislativa Flavia Bojanovich como un vector de modernización.

Seguridad comunitaria: El subjefe de la Policía, Marcos López Asencio, expuso sobre estrategias para reforzar la protección ciudadana.

Además, se planteó la necesidad de intensificar la presencia territorial y transformar demandas sociales en políticas públicas con mayor velocidad de ejecución.

Fortalecimiento de la conducción legislativa

La convocatoria posiciona a la presidencia de la Cámara como articuladora de una red política que integra niveles municipales y provinciales. La capacidad de reunir a representantes de 70 municipios bajo una agenda común refuerza la centralidad del poder legislativo en la coordinación política interna.

Al mismo tiempo, el esquema planteado ordena la representación territorial, canalizando las demandas locales a través de una estructura más alineada con la agenda legislativa provincial. Esto puede traducirse en mayor cohesión política y previsibilidad en la construcción de iniciativas.

No se registraron disidencias explícitas en el marco del encuentro, lo que refuerza la señal de unidad institucional en torno a los ejes definidos.

Si bien el encuentro no incluyó medidas económicas concretas, el eje de soberanía económica sugiere una orientación hacia políticas que busquen sostener estabilidad en el plano provincial.

La incorporación de la inteligencia artificial como tema legislativo también abre un frente vinculado a la modernización del Estado y potenciales impactos en productividad y gestión pública.

Integración territorial como eje de gestión

El diseño de una agenda común con participación de 70 municipios plantea un esquema de mayor integración regional dentro de Misiones. La conexión directa entre concejales y diputados podría facilitar la canalización de demandas específicas de cada localidad.

Aunque no se detallaron medidas concretas por región, el formato del encuentro sugiere un intento de homogeneizar criterios de gestión sin perder la diversidad territorial.

El resultado político del encuentro abre interrogantes sobre su traducción en políticas concretas. La efectividad del esquema dependerá de la continuidad de estos espacios de articulación y de la capacidad de transformar los ejes definidos en iniciativas legislativas.

Entre las variables a observar aparecen la frecuencia de estos encuentros, el nivel de institucionalización de la agenda común y su impacto real en la dinámica legislativa provincial.

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Energía: el tarifazo en el NEA acumula casi un 3000% y empuja la inflación mas alta del país

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El ajuste se ve en números concretos. En el noreste argentino las tarifas eléctricas escalaron hasta un 2.374% desde noviembre de 2023. En Formosa, los usuarios de ingresos bajos pasaron de pagar $2.976 a $73.625. Los de ingresos medios, de $3.752 a ese mismo valor. Los sectores de mayores ingresos, en cambio, subieron 226%, partiendo de $22.571. 

El NEA no sólo tiene los aumentos más altos del país. También concentra una de las claves del nuevo esquema tarifario. La modificación central no fue sólo la quita de subsidios. Fue el rediseño del bloque de consumo subsidiado, que en estas provincias es determinante por razones climáticas.

Hasta el verano, el Gobierno había reconocido esa particularidad. En zonas “muy cálidas” del NEA, el bloque subsidiado se había elevado a 550 kWh mensuales para cubrir el mayor uso de aire acondicionado y ventiladores . Era un reconocimiento explícito: en el Norte, la electricidad no es un consumo discrecional.

Pero ese esquema duró poco. Con la implementación del nuevo régimen de subsidios, ese bloque se redujo drásticamente. En los meses siguientes, el tope subsidiado cayó a apenas 150 kWh mensuales . Todo consumo por encima de ese nivel pasa a pagarse a tarifa plena.

En el noreste argentino las tarifas eléctricas escalaron hasta un 2.374% desde noviembre de 2023.

Ahí está el punto crítico. El consumo promedio de un hogar en el NEA supera ampliamente ese umbral en meses de calor. Es decir, la mayor parte del consumo queda fuera del subsidio. El esquema no elimina el beneficio pero lo vuelve una asistencia marginal.

El efecto sobre la factura es implacable. El usuario subsidiado deja de estar protegido en la mayor parte de su consumo. Y en provincias donde las temperaturas obligan a consumir más energía, eso se traduce en un salto automático del gasto.

A esto se suma el componente mayorista. El precio de la potencia subió 9.906% y el costo del transporte eléctrico más de 6.800% . Son aumentos que explican por qué, aun con subsidio parcial, la factura final se dispara.

El problema es que el NEA parte de una situación estructural más frágil. Son provincias con menores ingresos promedio y, además, con baja cobertura de gas por red. Por eso, la electricidad no sólo se usa para refrigerar, sino también para cocinar o calefaccionar en algunos casos.

Ahí aparece el segundo impacto. La actualización del precio de la garrafa, oficializada en el Boletín Oficial este lunes, pega sobre los mismos hogares que ya enfrentan tarifas eléctricas más altas. En el Norte, donde el gas natural no llega, la energía se paga dos veces.

El resultado ya se refleja en los indicadores. El NEA lidera la inflación del país con un 4,1%, un 20,6% arriba que el promedio nacional. La suba de la energía se traslada a alimentos, servicios y comercio. Es un efecto cascada que empieza en la factura y termina en la góndola.

En las provincias, el margen de respuesta es limitado. En Formosa, el gobierno sostiene subsidios sobre el Valor Agregado de Distribución para amortiguar el impacto. Pero los componentes principales, generación, potencia y transporte, dependen de Nación.

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Salud y Seguridad fortalecen el trabajo conjunto en la frontera norte del país

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La articulación entre ambos ministerios incluye la vacunación del personal esencial, capacitaciones en enfermedades vectoriales y acciones de prevención en zonas de mayor riesgo epidemiológico.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de avanzar en las acciones implementadas para proteger al personal de las Fuerzas de Seguridad que presta servicio en zonas de frontera y regiones estratégicas del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA) del país. Las mismas incluyen la inmunización del personal esencial, la capacitación sobre prevención de enfermedades transmitidas por vectores y el control focal de las enfermedades presentes en la región.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo realizado hasta el momento. En este sentido se destacó la campaña de vacunación antigripal que ha permitido inmunizar al personal esencial de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina, y la realización de capacitaciones específicas con foco en la prevención y el autocuidado frente a enfermedades como dengue, chikungunya, paludismo y leishmaniasis. La capacitación más reciente, realizada en marzo de 2026, contó con la participación de 250 efectivos que cumplen funciones en zonas de frontera.

En función del escenario epidemiológico actual, ambas carteras avanzaron también en la definición de nuevas acciones, entre las que se incluye la priorización del personal que se desempeña en zonas de frontera en la vacunación contra dengue. Por otro lado, se propuso trabajar en la unificación de los protocolos de atención y el manejo clínico de las enfermedades con mayor prevalencia en la región del NOA.

Cabe destacar que desde el año 2024 la cartera sanitaria viene asistiendo a las Fuerzas Armadas, Defensa Civil y personal de Seguridad en capacitaciones de actualización y sensibilización para la prevención y control vectorial de dengue y chagas. Esta articulación se inscribe en el trabajo de vigilancia epidemiológica y entomológica que lleva adelante la cartera sanitaria nacional.

El objetivo de ambos ministerios es fortalecer la prevención, la detección temprana y el control de focos. De esta manera, se consolida una estrategia conjunta para cuidar la salud del personal de seguridad y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de sus tareas en todo el país.

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Proponen un régimen de “frontera comercial” que habilite compras directas en Brasil y Paraguay

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El comerciante posadeño Alexis Jerushalmi impulsa una iniciativa para crear un esquema de “frontera comercial” que permita a pequeñas y medianas empresas de Misiones comprar productos en Brasil y Paraguay y venderlos formalmente en la provincia. La propuesta, que ya comenzó a circular entre actores del sector y ámbitos institucionales, apunta a ordenar una práctica existente y darle marco legal para evitar pérdida de actividad, empleo y recursos fiscales.

“Es un proyecto para ordenar una realidad de frontera que ya existe”, explicó Jerushalmi, quien planteó que el objetivo es formalizar la operatoria y generar trazabilidad. El planteo se da en un contexto que el propio comerciante definió como crítico: “La crisis que tenemos hoy, en mis 14 años de comerciante, nunca la he visto”.

Frontera, aduana y límites del esquema actual

La iniciativa se inserta en una tensión estructural de Misiones: su condición de provincia fronteriza con Brasil y Paraguay. Según el diagnóstico del sector, el régimen actual no contempla esa particularidad y genera desventajas competitivas.

Jerushalmi lo sintetizó con una definición territorial: “No podemos tener un régimen aduanero igual a las otras provincias, porque somos diferentes a todas”. En ese sentido, el proyecto busca apoyarse en herramientas legales existentes para habilitar convenios sin interferir con competencias nacionales, particularmente las vinculadas a la aduana.

El esquema evitaría crear nuevos aranceles o estructuras paralelas, y se orienta a encuadrar la operatoria dentro de mecanismos formales. La clave institucional será, según lo planteado, articular con Nación sin invadir su jurisdicción.

De compras informales a circuito PyME regulado

El núcleo del proyecto propone un cambio operativo concreto: permitir que PyMES registradas puedan adquirir mercadería en países vecinos y comercializarla en Misiones con facturación y controles fiscales.

“La idea es que uno pueda ir a Paraguay o Brasil y traer los productos, no como consumidor final, sino como PyMES y venderlos formalmente”, explicó. Para eso, se prevé un sistema de empadronamiento con requisitos de formalidad: inscripción impositiva, habilitación municipal y trayectoria comprobable.

El esquema funcionaría bajo un programa específico —denominado de manera preliminar “convenio fronterizo comercial”— que identifique a las empresas habilitadas. El objetivo es diferenciar la operatoria formal de prácticas informales o especulativas.

El planteo también incluye una segmentación inicial: se prevé comenzar con productos de menor sensibilidad sanitaria, como bazar, autopartes o textiles, excluyendo rubros como alimentos cárnicos.

Reconfiguración del debate

El proyecto revela un movimiento del sector comercial hacia soluciones propias frente a un escenario que consideran crítico. Jerushalmi fue explícito al señalar que “no es un problema de la provincia, es del Gobierno nacional”, aunque advirtió que el tiempo de espera es limitado.

En términos políticos, la propuesta reabre el debate sobre el rol de Nación en economías de frontera y coloca a la provincia como posible articuladora de un esquema intermedio. También muestra una convergencia con otros actores del sector, con quienes el impulsor reconoce haber trabajado para dar forma a la iniciativa.

La discusión no es menor: implica revisar cómo se regula el comercio en zonas limítrofes sin afectar competencias federales, pero al mismo tiempo evitando la pérdida de actividad local.

Precios, consumo y fuga de divisas

El diagnóstico económico es directo. Según el comerciante, la diferencia de precios con países vecinos genera una salida constante de consumo que no deja ingresos fiscales en la provincia ni en la Nación.

“Lo que buscamos es poder ser competitivos, tener precios acordes a la realidad y que la gente pueda acceder a productos a mejor precio”, sostuvo. En ese marco, el proyecto apunta a que las compras se realicen dentro del circuito formal local, con facturación e impuestos.

El objetivo es doble: recuperar ventas para el comercio misionero y aumentar la recaudación. También se plantea como una herramienta para sostener empleo en un contexto donde, según el propio diagnóstico, “todos los rubros que no sean de primera necesidad están afectados”.

Misiones como laboratorio de política comercial

La propuesta se apoya en una característica distintiva: la fuerte integración territorial de Misiones con ciudades de Brasil y Paraguay. “Nosotros no competimos con otras provincias, competimos con otros países”, explicó Jerushalmi.

En ese contexto, el proyecto busca transformar una desventaja estructural en una oportunidad, habilitando un flujo comercial regulado en lugar de restringido o informal. La intención es que el esquema tenga alcance provincial y no quede limitado a Posadas.

Viabilidad política y articulación con Nación

El futuro del proyecto dependerá de su capacidad para avanzar en dos planos: la formalización técnica y la validación política. Según lo planteado, será necesario involucrar tanto a la provincia como al Gobierno nacional para garantizar su implementación.

Entre las variables a observar aparecen la definición del marco legal, la reacción de organismos nacionales y el impacto real sobre precios y consumo. También será clave evaluar si el esquema logra reducir la informalidad sin generar conflictos regulatorios.

Por ahora, la iniciativa instala una discusión de fondo: cómo adaptar la política comercial a una provincia que, por su geografía, opera en un mercado regional más amplio que el argentino.

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Retiran 383 kilos de monedas de las Cataratas del Iguazú

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El lecho del río Iguazú volvió a mostrar una intervención silenciosa pero significativa: durante una jornada de trabajo coordinada, se retiraron 383 kilos de monedas arrojadas por visitantes en las Cataratas del Iguazú. La tarea se realizó esta semana, aprovechando la estabilidad del caudal, en una zona de difícil acceso del lado brasileño del parque.

El dato no es menor. La magnitud del material extraído expone el volumen acumulado de una práctica prohibida dentro del área protegida y coloca en primer plano una tensión persistente entre turismo masivo y conservación ambiental.

Un problema que excede lo simbólico

La recolección fue llevada adelante por trabajadores y voluntarios de la empresa que administra el atractivo en Brasil, quienes descendieron a sectores donde habitualmente no acceden los visitantes. Entre rocas y corrientes, además de monedas, aparecieron objetos como gafas, botellas y gorras.

Aunque el gesto de arrojar monedas suele asociarse a rituales de deseo, su impacto dista de ser simbólico. Según lo informado, muchas de las piezas presentan corrosión, lo que implica la liberación de metales en el agua, con efectos potenciales sobre el ecosistema acuático.

La práctica, heredada de tradiciones como la de la Fontana de Trevi, está explícitamente prohibida dentro del parque. Sin embargo, continúa replicándose de forma sostenida, lo que sugiere límites en la efectividad de los controles o en la concientización de los visitantes.

Qué cambia tras la intervención

Del total recolectado, las monedas fueron clasificadas según su estado. Aquellas que aún conservan valor serán reutilizadas para financiar acciones ambientales dentro del parque, mientras que las deterioradas no podrán reintegrarse al circuito económico.

La operación solo fue posible por las condiciones excepcionales del río, ya que niveles más altos de caudal impiden el acceso seguro a esas zonas. Esto introduce una variable operativa clave: la limpieza no puede realizarse de manera continua, lo que favorece la acumulación progresiva de residuos.

Gestión ambiental bajo presión turística

El episodio vuelve a poner en discusión la capacidad de gestión ambiental en áreas de alta presión turística. Las Cataratas del Iguazú no solo son un emblema natural, sino también un activo económico estratégico para la región de las Tres Fronteras.

En ese marco, la persistencia de prácticas prohibidas plantea un desafío para los administradores del parque: equilibrar la experiencia turística con la preservación del entorno. La evidencia recogida en esta intervención muestra que, más allá de la normativa vigente, el comportamiento de los visitantes sigue siendo un factor crítico.

Al mismo tiempo, la reutilización parcial de lo recolectado para financiar acciones ambientales introduce una lógica de reinversión, aunque condicionada por la calidad del material recuperado.

Impacto ambiental

El retiro de residuos no solo implica un esfuerzo logístico y operativo, sino también costos asociados a la conservación. La acumulación de metales en el agua puede afectar la biodiversidad, lo que a largo plazo impacta en el valor ambiental del destino.

En términos económicos, el turismo en la región depende en gran medida de la calidad del entorno natural. Cualquier deterioro sostenido podría traducirse en una pérdida de atractivo, con efectos indirectos sobre la actividad.

Alerta para Misiones

Aunque la intervención se realizó del lado brasileño, el sistema de Cataratas es compartido con Argentina. Lo ocurrido funciona como señal de alerta para la gestión del lado misionero, donde el flujo turístico también es elevado.

Sin datos específicos sobre intervenciones similares en el parque argentino, el episodio sugiere un impacto potencial que trasciende fronteras administrativas y obliga a pensar estrategias coordinadas en toda la región.

La continuidad de estas prácticas abre interrogantes sobre la efectividad de las campañas de concientización y los mecanismos de control dentro del parque. También pone en agenda la necesidad de reforzar políticas de educación ambiental orientadas al visitante.

A futuro, variables como el volumen de turistas, las condiciones del río y la capacidad operativa para realizar nuevas extracciones serán determinantes para evaluar si el problema se contiene o se profundiza.

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