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Adorni reactiva la mesa política y acelera la reforma laboral

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a reunir este martes a la mesa política que encabeza para encarar las negociaciones parlamentarias de la reforma laboral, que se convirtió en la prioridad legislativa del Ejecutivo para las próximas semanas. En paralelo, durante febrero, deberá avanzar en una reducción del 20% de la estructura administrativa y del 20% del personal de la Jefatura de Gabinete, un ajuste que forma parte del rediseño interno del Gobierno.

La reactivación de la mesa política será el segundo encuentro del año y se da en un contexto de reorganización del poder interno, con Adorni consolidado como una figura clave del esquema libertario, respaldado de manera directa por el presidente Javier Milei y por Karina Milei, un aval que resulta central para la negociación con el Congreso y la coordinación de la gestión.

Reforma laboral, negociación política y nuevo esquema de poder interno

El eje de la agenda inmediata del jefe de Gabinete está puesto en un triángulo estratégico que combina negociación política, seguimiento de la gestión ministerial y monitoreo de la reforma laboral, que comenzará a tratarse en febrero en el Congreso. Desde el oficialismo admiten que este proceso demandará varias semanas de conversaciones parlamentarias.

La mesa política se intercala con una intensa agenda de reuniones bilaterales que Adorni mantiene con los ministros del Gabinete, en una dinámica que busca reforzar la coordinación interna. Según reconstruyó LA NACION, estos encuentros funcionan como reuniones de seguimiento, donde se evalúa lo realizado y se definen las prioridades del Presidente en cada cartera, con una mirada proyectada hacia adelante.

En ese marco, Adorni mantiene un respaldo político que, dentro de la Casa Rosada, sintetizan con una frase elocuente: “Manuel es Karina”, en alusión a la confianza directa de la hermana presidencial. Ese aval es considerado determinante para lograr acuerdos parlamentarios más estables que en la etapa anterior, encabezada por Guillermo Francos, tras la salida de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete del actual gobierno.

Ajuste en la Jefatura y mayor control de la gestión

Además de la agenda legislativa, febrero estará marcado por el recorte de la estructura de la Jefatura de Gabinete, que actualmente cuenta con más de 2.400 empleados. Según reconocieron fuentes oficiales, el objetivo es concretar una reducción del 20% tanto en la estructura como en el personal, en línea con la política de ajuste administrativo del Gobierno.

Desde los ministerios señalan que, tras el cambio de conducción, existe un mayor seguimiento de la gestión y una mejora en la articulación entre carteras, un aspecto que era señalado como una debilidad en la etapa anterior. “Ahora hay más seguimiento de lo que se hace y de lo que se necesita”, reconocen en distintas áreas.

Aunque no se expresan críticas directas a Francos, dentro del oficialismo predomina la percepción de que su gestión estaba más enfocada en el diálogo político que en la dinámica cotidiana de la administración, una lógica que Adorni busca revertir con controles más frecuentes y definición clara de prioridades.

Agenda internacional y reformas en reserva para el Congreso

En paralelo, el jefe de Gabinete participará de la Argentina Week en Nueva York, en una agenda que incluye el discurso del Presidente ante bancos y fondos internacionales, en un esquema organizado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Mientras tanto, en la Casa Rosada mantienen bajo estricta reserva los proyectos de ley que cada ministerio prepara, con el objetivo de no interferir en las negociaciones parlamentarias actuales. No obstante, admiten que el Ejecutivo proyecta enviar más de una treintena de iniciativas al Congreso durante 2026, una vez superada la etapa inicial de la reforma laboral.

“Hay que avanzar con las reformas y, en los próximos dos años, seguir avanzando con las cosas prioritarias que tienen que suceder en cada ministerio”, sintetizan en Balcarce 50. Por ahora, la mayoría de las carteras está abocada a asegurar la aprobación de la reforma laboral, mientras se pone en marcha el ajuste interno de la Jefatura de Gabinete.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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