A través de un cortometraje que participó del Programa “Cine Joven” 2016, alumnos del Centro Educativo Polimodal (CEP) 16 de Eldorado; invitan a que la comunidad reflexione sobre los hechos de violencia que ocurren en los hogares misioneros con el título “A todos nos pasa algo”. Así, a través del lenguaje audiovisual, se construye la angustia de una joven que tiene que lidiar con los golpes de su padre.
“Nos pasa algo”, es el fruto del trabajo dirigido por Sofía Báez, con la dirección de fotografía de Rocío Ortíz, la dirección de arte de Thalía Melo, la asistencia de Malena Gómez, la asistencia de arte de Milagro Coutinho, vestuario de Nicol Aguilar, sonido de José Ríos y las actuaciones de Griselda Méndez, Ignacio Benítez y Paola Rotela; todos alumnos del CEP 16.
La historia transcurre desde la perspectiva de una joven, que tiene que lidiar con la violencia que su padre ejerce sobre su madre, sobre ella, y por eso intenta escapar. Retrata la tristeza con la que la adolescente transcurre sus días y la desazón porque “a todos nos pasa algo”.
El Programa “Cine Joven” fue organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, el programa “Conozco Misiones y por el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la subsecretaría de Educación. En la actualidad, jóvenes de toda la provincia se capacitan y generan contenidos de ésta índole para expresar situaciones de vida desde el lugar de estudiantes.
En estos tiempos se habla de violencia de género como algo cotidiano. Casi todos los días podemos leer en los medios de comunicación “un nuevo caso de femicidio” y lastimosamente pasa cada vez más desapercibido. A pesar de que hay muchos proyectos legislados hay muchas falencias que tienen que ver con los poderes y áreas del Estado.
Pero ¿qué pasa realmente en nuestra sociedad con semejante problemática?
La gravedad de la situación que transitan las mujeres en nuestro país, demuestra lo urgente que es poner en marcha un plan que integre dos visiones: por un lado “corto y largo plazo” y en paralelo “verticalidad y horizontalidad” de las instituciones. Además, es fundamental integrar a las futuras políticas los ejes de prevención, investigación, sanción y reparación.
Es claro que la desigualdad de género es cultural y está arraigado en lo más profundo de nuestras sociedades. Por ello creemos que es fundamental que el poder legislativo continúe planteando a corto plazo políticas públicas, en conjunto con el poder ejecutivo en todos sus niveles – nacional, provincial y municipal- ya que exigen multisectorialidad e interdisciplina. Hace falta reforzar políticas, planes y programas al servicio de las víctimas, que necesitan protección prioritaria y urgente. A la par hay que escuchar e involucrarse con los distintos movimientos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de personas, que trabajan y se involucran con estas problemáticas en muchas veces solitario pero con un profundo conocimiento.
Hay cuestiones relevantes que padecemos día a día en nuestro barrio, en nuestra comunidad y tienen que ver sobre todo con el funcionamiento de las instituciones. La prevención es la gran ausente y es necesario que nazca una nueva etapa, a través de la prevención comunitaria. Se necesita investigación, sanción y mejora en las políticas de esta problemática, asociando a las diferentes organizaciones como la policía, fiscalías, defensorías y juzgados, según sus diferentes misiones y funciones, fueros e instancias.
Un total de 254 mujeres fueron asesinadas en 2016 en la Argentina, cuatro de ellas en Misiones. A nivel nacional, estos datos representan 8% más que el año anterior. El 6% de los agresores era pareja o ex pareja, una tendencia que se mantiene, según el último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
Además, registraron alrededor de cuatro mil llamadas en toda la provincia; y a pesar de las diversas respuestas que se dan en términos oficiales, todavía queda mucho por hacer. No podemos dejar que se sigan muriendo mujeres todos los días. Por eso estas políticas a corto plazo deben reforzarse, para generar cambios reales que impacten en el tan necesario cambio cultural de largo plazo.
Es de suma importancia decir que la corrupción es parte fundamental e influye sobre esta problemática, como en muchos de sus ámbitos, como la violencia sobre niñas, niños y adolescentes también demandan un enfoque nuevo más efectivo e integral.
A la vez, vale preguntarse: el sistema institucional tal cual está planteado actualmente ¿funciona? Creemos que NO.
La creación de Ministerios, Secretarías, Direcciones, que trabajan con esta problemática siguen funcionando de forma vertical: instituciones que generan protocolos, campañas y acciones de forma aislada e intentando insertarse en las demás esferas. Pero cuando hablamos de una realidad tan profunda, ¿por qué no cambiar la mirada a la horizontalidad? Instituciones que corten transversalmente a todas las esferas públicas: Gobierno, Salud, Educación, Fuerzas de seguridad.
Hay que determinar cuáles son las organizaciones o áreas del estado que integran el sistema de seguridad y justicia para la mujer en esta problemática e involucrarlas, comunicarlas y planear reformas estructurales. Tiene que haber cooperación y coordinación. Políticas de estado.
Digo esto porque es evidente que las respuestas que actuales que han venido dando son llegan tarde y los casos siguen aumentando. Hay que generar una institucionalidad diferente, a la altura de los casos actuales, de los distintos casos, ver la sociedad en su conjunto. La violencia es un delito que se debe denunciar, y el Estado debe garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones que atienden esta problemática.
La desigualdad de género no es “un tema más” de la agenda pública: es una realidad social que debe transformarse en lo más profundo. En todas nuestras instituciones, y a partir de ahí en los valores y actitudes humanas de los hombres y mujeres de toda sociedad.
SAN SALVADOR, New York Times — No quiero volver a El Salvador. Ese país, como ningún otro en América Latina, me hizo sentir miedo de ser mujer . El taxista que me recogió en el aeropuerto, el primer salvadoreño que conocí, me mostró que estaba entrando en territorio hostil. Viajábamos por la carretera y por hacer conversa, le pregunté por su familia. Me dijo que tenía un bebé, un gordito llamado JJ, y me enseñó su foto en la pantalla del teléfono.
-¿Vas a tener más?
– Quisiera tener otro pero que también fuera niño.
– Sabes que eso no se puede escoger.
– Sí, pero no quisiera tener una niña, las niñas son un problema.
Las niñas son un problema para una sociedad que viola y mata a niñas, adolescentes y mujeres todos los días. No lo sabía cuando llegué pero El Salvador ocupa desde hace algunos años uno de los primeros lugares en feminicidios a nivel mundial, detrás de Siria y Lesoto, y es el primero en América Latina.
Solo en 2016 hubo 524 mujeres asesinadas en el país, es decir, una de cada 5000. Pero eso es un subregistro. Se cuentan los cuerpos que llevan a la morgue, no los que se encuentran desmembrados en los cementerios clandestinos. ¿Quién las está buscando? ¿Quiénes están haciendo algo por las desaparecidas? Muy pocos.
Las salvadoreñas muertas no son un problema. Son, tal vez, la última prioridad. Los gobiernos de los últimos años han intentado planes de seguridad o treguas con las maras, las pandillas criminales que están presentes en casi todas las ciudades salvadoreñas e incluso en zonas rurales, para bajar la cantidad atroz de hombres muertos que deja la guerra entre las pandillas o entre las pandillas y el Estado. Ese indicador ha oscilado, hacia abajo con la tregua, hacia arriba con la represión. En cambio, la cifra de las mujeres asesinadas se ha mantenido prácticamente igual, según el monitoreo que realiza el Observatorio de la Violencia de Género contra la Mujer.
Las mujeres que sobreviven a la violencia física y a las agresiones sexuales —10 cada día— sí son un problema para la sociedad salvadoreña. Más aún cuando acuden a buscar ayuda a la policía, a la fiscalía o los hospitales, y se atreven a señalar a sus agresores.
Lo entendí cuando pasé una mañana en el consultorio de Zulma Jennifer Méndez, quien dirige el programa de pacientes con virus de inmunodeficiencia humana en el hospital público San Rafael de San Salvador. Durante varias horas escuché las historias de algunas de sus pacientes. Una de ellas se había fugado de las maras que la tenían secuestrada. Como sus hermanos no quisieron entrar a la pandilla, los mataron. Y, en venganza, la raptaron y la violaron varias veces. La infectaron con VIH.
La violencia que las maras ejercen contra las salvadoreñas —incluso contra las mismas mareras— aterra a los médicos que las atienden. Pero lo más perturbador es que las pandillas no son las únicas responsables de toda la violencia contra las mujeres. Los hombres que las violan también son sus propios maridos, sus padres, sus tíos, sus amigos, sus vecinos. El 74 por ciento de los hechos de violencia sexual ocurren en el lugar de residencia de las víctimas. Siete de cada diez son menores de 20 años. Por eso muchas ni se atreven a buscar ayuda, ni siquiera cuando quedan embarazadas.
El aborto es penalizado en El Salvador, en todos los casos. Pero algunas de las mujeres que han abortado o tenido partos extra hospitalarios en los que no sobrevive el bebé, como el caso de una joven de 19 años llamada Evelyn, han sido condenadas, no por aborto sino por homicidio agravado. El castigo es de 30 años en prisión, lo mismo que un marero condenado por asesinato. Y es común que sean los mismos médicos en los hospitales quienes llamen a las autoridades o amenacen a las mujeres con denunciarlas porque abortaron o intentaron hacerlo.
“Una vez me amenazaron con cárcel, acusándome de querer ayudar a una mujer que fue violada y el anticonceptivo de emergencia no funcionó. Llamé a Medicina Legal, toda inocente, diciéndoles lo que había pasado. La persona me dijo que ni me metiera a ayudarle porque presa podía ir”, me dijo Méndez.
¿Qué tipo de sociedad amenaza a quienes cuidan, atienden y protegen la salud física y mental de las mujeres? Una sociedad que también es incapaz de cuidarlas y protegerlas cuando van a denunciar los delitos de los que han sido víctimas para que no queden impunes.
Muchas salvadoreñas sienten que no pueden confiar en el sistema. A pesar de que la Ley de igualdad y la Ley especial integral para una vida libre sin violencia para las mujeres, ambas de 2011, ordenaron que las instituciones públicas empezaran a brindarles atención especializada, no todas han respondido con la misma celeridad y entusiasmo.
Los tribunales especializados en violencia de género tan solo ahora están empezando a funcionar, como me lo dijo una fiscal. Y aunque la policía ha creado decenas de unidades por todo el país, conocidas como Unimujer, tampoco puede protegerlas de la retaliación cuando su agresor se entera de que ha sido denunciado.
Si fuera una de esas víctimas, si tuviera que enfrentarme al sistema y a las respuestas de la sociedad salvadoreña, probablemente me habría ido del país. Sería una más entre decenas de miles que se han marchado en los últimos años porque creen que no pueden vivir tranquilas en su país. Tampoco quieren que sus hijos crezcan entre hombres y mujeres, en todos los sectores sociales, que siguen aceptando, perpetuando y a menudo justificando la violencia contra ellas.
¿De dónde sale tanto machismo y misoginia? Se lo pregunté a Méndez y a varios especialistas. Quería que sus respuestas me dieran alguna claridad y, sobre todo, algo de esperanza. Pero varios de ellos me dijeron lo que un extranjero nunca quiere escuchar cuando pregunta por un fenómeno aparentemente endémico: “Somos así”.
Cualquier iniciativa y apuesta por pensar y tratar distinto a las mujeres, impulsada desde el sector público o por las organizaciones de la sociedad civil, tendrá un impacto marginal si esa es la respuesta —o la disculpa— que una sociedad asume, como si fuera una condición genética inmutable. Como si no fuera posible cambiar.
Mariana Carbajal, periodista de Página 12, integrante del Colectivo Ni Una Menos, y la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista), esta semana disertará sobre violencia de género en Posadas. Entre sus publicaciones describe la competencia de los medios de comunicación para lograr una vida libre de violencia, donde hay que “señalar sistemáticamente el contexto de discriminación histórica hacia las mujeres, la violencia machista. Asimismo, estar atentos a los mensajes que se transmiten al contar una noticia: jamás justificar la violencia hacia las mujeres; hablar de femicidios, resaltando que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, y no por drama o crimen pasional que denota un “desborde de amor”, fortaleciendo la idea de amor romántico que tan mal nos hace, con el cual crecimos y que nuestras hijas e hijos siguen creciendo.
Esa idea de que el amor es para toda la vida, que por amor hay que aguantar todo, o que por amor la otra persona va a cambiar”, sostiene. Y refuerza el concepto de que “por más bonita que sea la jaula, es mejor la libertad”.
Estas declaraciones, formarán parte de la disertación que brindará en el marco del Foro de Políticas Públicas. Dictará talleres para periodistas, comunicadores e integrantes de la Justicia. Las actividades serán en la Legislatura y en el Centro de Capacitación Judicial. De acuerdo con lo que informó la diputada provincial Miryam Duarte, Carabajal tiene previsto, el viernes 28 a las 9.00, brindar una conferencia de prensa; luego una charla con periodistas, comunicadores y responsables de prensa de las unidades regionales; mientras que a las 18.00 horas realizará una charla en el Centro de Capacitación Judicial, ubicado en Córdoba 2343, 1er piso, de Posadas.
El sábado 29 por la mañana, hará lo propio, ante distintas organizaciones sociales en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara de Representantes, ubicado en el 2do piso del Edificio Anexo de la Legislatura.
El gobierno de Jujuy lanzó una campaña de concientizacion que pretende llegar a cada rincón de la provincia para dar batalla contra la violencia de género.
El gobierno de Jujuy lanzó este jueves una campaña comunicacional de concientizacion que pretende llegar a cada rincón de la provincia, con la adhesión por parte de la sociedad a un “compromiso” con el que se dé batalla a la violencia hacia las mujeres, a partir de estar informados e involucrarse en atacar la problemática.
“Todos tenemos que comprometernos en esta lucha porque se trata de una batalla cultural en la que no alcanza con las medidas de políticas públicas”, aseguró el gobernador Gerardo Morales, quien encabezó el lanzamiento del “compromiso provincial” ante la presencia de referentes de los distintos poderes y de la sociedad civil, que fueron los primeros en firmar el acuerdo.
Al convocar a todos los jujeños adherir a la iniciativa, y habiendo alcanzando Jujuy, en 2016, la tasa de femicidios más alta del país según datos de la Corte Suprema, el mandatario explicó que la idea es que todos puedan “conocer los protocolos, saber a qué número hay que llamar, cuándo hay que hacer una denuncia”, entre otros.
Hoy lanzamos en #Jujuy una convocatoria de adhesión a la lucha contra la violencia de género “Vivamos sin violencia hacia las mujeres”. pic.twitter.com/w5HbcDBo8Y
