En estos tiempos se habla de violencia de género como algo cotidiano. Casi todos los días podemos leer en los medios de comunicación “un nuevo caso de femicidio” y lastimosamente pasa cada vez más desapercibido. A pesar de que hay muchos proyectos legislados hay muchas falencias que tienen que ver con los poderes y áreas del Estado.
Pero ¿qué pasa realmente en nuestra sociedad con semejante problemática?
La gravedad de la situación que transitan las mujeres en nuestro país, demuestra lo urgente que es poner en marcha un plan que integre dos visiones: por un lado “corto y largo plazo” y en paralelo “verticalidad y horizontalidad” de las instituciones. Además, es fundamental integrar a las futuras políticas los ejes de prevención, investigación, sanción y reparación.
Es claro que la desigualdad de género es cultural y está arraigado en lo más profundo de nuestras sociedades. Por ello creemos que es fundamental que el poder legislativo continúe planteando a corto plazo políticas públicas, en conjunto con el poder ejecutivo en todos sus niveles – nacional, provincial y municipal- ya que exigen multisectorialidad e interdisciplina. Hace falta reforzar políticas, planes y programas al servicio de las víctimas, que necesitan protección prioritaria y urgente. A la par hay que escuchar e involucrarse con los distintos movimientos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de personas, que trabajan y se involucran con estas problemáticas en muchas veces solitario pero con un profundo conocimiento.
Hay cuestiones relevantes que padecemos día a día en nuestro barrio, en nuestra comunidad y tienen que ver sobre todo con el funcionamiento de las instituciones. La prevención es la gran ausente y es necesario que nazca una nueva etapa, a través de la prevención comunitaria. Se necesita investigación, sanción y mejora en las políticas de esta problemática, asociando a las diferentes organizaciones como la policía, fiscalías, defensorías y juzgados, según sus diferentes misiones y funciones, fueros e instancias.
Un total de 254 mujeres fueron asesinadas en 2016 en la Argentina, cuatro de ellas en Misiones. A nivel nacional, estos datos representan 8% más que el año anterior. El 6% de los agresores era pareja o ex pareja, una tendencia que se mantiene, según el último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
Además, registraron alrededor de cuatro mil llamadas en toda la provincia; y a pesar de las diversas respuestas que se dan en términos oficiales, todavía queda mucho por hacer. No podemos dejar que se sigan muriendo mujeres todos los días. Por eso estas políticas a corto plazo deben reforzarse, para generar cambios reales que impacten en el tan necesario cambio cultural de largo plazo.
Es de suma importancia decir que la corrupción es parte fundamental e influye sobre esta problemática, como en muchos de sus ámbitos, como la violencia sobre niñas, niños y adolescentes también demandan un enfoque nuevo más efectivo e integral.
A la vez, vale preguntarse: el sistema institucional tal cual está planteado actualmente ¿funciona? Creemos que NO.
La creación de Ministerios, Secretarías, Direcciones, que trabajan con esta problemática siguen funcionando de forma vertical: instituciones que generan protocolos, campañas y acciones de forma aislada e intentando insertarse en las demás esferas. Pero cuando hablamos de una realidad tan profunda, ¿por qué no cambiar la mirada a la horizontalidad? Instituciones que corten transversalmente a todas las esferas públicas: Gobierno, Salud, Educación, Fuerzas de seguridad.
Hay que determinar cuáles son las organizaciones o áreas del estado que integran el sistema de seguridad y justicia para la mujer en esta problemática e involucrarlas, comunicarlas y planear reformas estructurales. Tiene que haber cooperación y coordinación. Políticas de estado.
Digo esto porque es evidente que las respuestas que actuales que han venido dando son llegan tarde y los casos siguen aumentando. Hay que generar una institucionalidad diferente, a la altura de los casos actuales, de los distintos casos, ver la sociedad en su conjunto. La violencia es un delito que se debe denunciar, y el Estado debe garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones que atienden esta problemática.
La desigualdad de género no es “un tema más” de la agenda pública: es una realidad social que debe transformarse en lo más profundo. En todas nuestras instituciones, y a partir de ahí en los valores y actitudes humanas de los hombres y mujeres de toda sociedad.
