Nunca Más

Vidal junto a Carlotto: “La memoria no tiene banderas políticas”

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La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal inauguró junto a Estela de Carlotto el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en La Plata. “Cada uno tiene que hacer su parte desde el encuentro de lo que tenemos en común”, dijo la Gobernadora bonaerense. Por su parte, Carlotto también se mostró conciliadora al asegurar que “festejamos y agradecemos la voluntad política de este gobierno”.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal encabezó este viernes (23/03) un acto junto a la presidenta de la Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Juntas, inauguraron el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en La Plata.
“La memoria no tiene banderas políticas, es un lugar que nos reclama a todos. Agradezco a Estela, a las Abuelas y a todos los nietos que trabajaron para esto”, dijo Vidal, en un gesto de conciliación con los organismos de Derechos Humanos pero también en un tiro por elevación al kirchnerismo, que ha levantado esa bandera durante los últimos años.
“Tenemos que construir Memoria desde lo que nos une, y no desde lo que nos separa (…) Cada uno tiene que hacer su parte desde el encuentro de lo que tenemos en común”, añadió.
Por su parte, Carlotto también se mostró conciliadora al asegurar: “Festejamos y agradecemos la voluntad política de este gobierno”. “Podemos pensar distinto pero no somos enemigos”, añadió.
“Mirando hacia atrás vemos qué espacio nuevo se construyó para nuestra comunidad y cómo de esta manera, la memoria se afianza, no hay retroceso y hay una voluntad política. La festejamos, la agradecemos. Todo lo bueno que se haga desde el Estado debe ser agradecido. A pesar de que uno piensa que el Estado está para eso, para cuidarnos, para protegernos”, remarcó.
Carlotto agradeció a la gobernadora y al secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, a quien llamó “querido amigo”. “Se dio un paso importante para seguir trabajando la memoria”, había dicho antes el funcionario.
“No se puede perdonar ni olvidar que Argentina fue el país con dictadura con el más alto porcentaje de crueldad e inhumanidad”, dijo la titular de Abuelas, y agregó que “a los chicos hay que decirles que nos les va a pasar a ellos los que nos pasó a nosotros”.
El Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos fue construido donde funcionaba la Comisaría 5ª, en Diagonal 74 Nº 2873, entre 23 y 24, que durante la última dictadura militar, se convirtió en un Centro Clandestino de Detención y Tortura.
De este modo, el gobierno bonaerense cede el uso del inmueble, por los próximos 30 años, a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En uno de los sectores de este espacio funcionarán las nuevas oficinas de Abuelas.
Además, la Gobernadora anunció que pondrá a disposición de la Asociación el archivo histórico digital de todas las partidas de nacimiento de la Provincia registradas durante la dictadura. Esa información simplifica los procesos de investigación sobre cada caso de apropiación de nietos que buscan las Abuelas.
Vidal también anunció esta tarde la exoneración de policías de las fuerzas bonaerenses que tienen condenas por delitos de lesa humanidad. La Provincia ya exoneró a 11 policías retirados de distintas jerarquías, entre ellos a Miguel Etchecolatz.
 

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Por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia la Editorial Universitaria presenta nuevo libro

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El viernes 23 a las 18hs. vamos a presentar: “El agro misionero y la represión durante la última Dictadura
cívico-militar: testimonios” de Amelia Báez y Javier Gortari, una producción coordinada entre Edunam, la UNaM y la licenciada Amelia Báez, exsubsecretaria de Derechos Humanos provincial y compiladora del libro “Misiones. Historias con nombres propios” (Ministerio de Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Misiones).
Por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), invitamos a conocer esta nueva publicación que da continuidad a la difusión y al debate sobre lo ocurrido en la provincia de Misiones durante la última Dictadura cívico-militar.
El libro completo está disponible en PDF para su descarga en:
http://www.editorial.unam.edu.ar/images/digitales/978-950-579-465-2.pdf

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La Municipalidad conmemorará la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia con distintas actividades

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A 42 años del último golpe de Estado Cívico – Militar que inició el 24 de marzo de 1976, la Municipalidad de Posadas invita a toda la comunidad a participar de la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia.
El miércoles 21, a partir de las 10, en el SUM del 5° piso del edificio central municipal, se presentará el Parque de la Memoria y de Monumentos a las Víctimas del Terrorismo de Estado, diseñado y proyectado por la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE).
El jueves, desde las 9, con el acompañamiento sobrevivientes y testimonios en primera persona, el diario El Territorio pondrá a disposición del público los archivos referidos a esta etapa oscura de nuestra historia.
El viernes, a partir de las 9, se realizará el descubrimiento de un mural en la plazoleta de los Derechos Humanos, ubicada en la intersección de las avenidas Roque Pérez y Corrientes, bajo el eslogan “Memoria de ayer, ahora y siempre”. Luego, a las 10:30, se desarrollará el pañuelazo en la Plaza 9 de Julio, una tradición que nació con la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Para culminar con estas actividades, en el Salón de Usos Múltiples Juan Figueredo, de la Univerisdad Nacional de Misiones, situado en calle Colón casi Tucumán, se realizará la presentación del libro “El agro misionero y la represión durante la última dictadura cívico-militar”.
La directora general de Derechos Humanos, Clara Melgarejo explicó que “estas actividades buscan sensibilizar y tener siempre presente nuestra historia, donde durante siete años el sistema democrátco fue interrumpido, provocando violaciones a los Derechos Humanos. Por eso, es que trabajamos con diferentes instituciones, organizaciones, familiares y sobrevivientes de la ultima dictadura civico – militar, comprometidas en mantener viva la memoria, porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlas”.

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Comenzaron a investigar 55 casos de bautismos en la ESMA

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La causa la lleva adelante la Procuración General de la Nación. La prueba principal es el libro de registros de 256 bautismos que la Iglesia Católica entregó en los últimos días.
La Unidad especializada en apropiaciones de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación comenzó a investigar 55 casos de chicos bautizados en la capilla de la ESMA entre 1975 y 1981, a partir de información aportada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Los datos surgen de un libro con registros de 256 bautismos que la Iglesia católica entregó a la Justicia.
Según publicó el diario Página 12, a partir de un primer análisis, que permitió recortar el objeto de estudio, la unidad que encabeza el fiscal general Pablo Parenti informó que el registro incluye el caso de un joven que ya recuperó su identidad: el de Javier Penino Viñas, apropiado por el marino Jorge Vildoza, que fue jefe de la patota de la ESMA.
También figuran otras cuatro personas cuyas muestras de ADN fueron analizadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y no arrojaron correspondencia con el archivo genético de ese organismo.

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Etchecolatz deberá volver a una cárcel común

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La Cámara Federal de Casación Penal le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria al exjefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y genocida condenado Miguel Etchecolatz, por lo que deberá volver a una cárcel común.
Desde el 29 de diciembre pasado, Etchecolatz se encuentra con arresto domiciliario en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, tras ser condenado cinco veces a perpetua por delitos de lesa humanidad.
Etchecolatz gozaba del beneficio del arresto domiciliario desde fines de diciembre pasado. La decisión, adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 6, se basaba en razones de salud, ya que el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, que tiene hoy 88 años, padeció dos accidentes cerebrovasculares (ACV) y presenta problemas cardíacos y circulatorios, entre otras dolencias.
La decisión de revocar la prisión domiciliaria fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
Etchecolatz gozaba del arresto domiciliario en una casa del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. Según informaron fuentes judiciales, la decisión se tomó por mayoría con los votos de Hornos y Borinsky. Ambos jueces entendieron que “el estado de salud que presenta Etchecolatz no impide que permanezca alojado en el establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados para el tratamiento de sus patologías”.
Según informaron fuentes judiciales, ayer se celebró una extensa audiencia oral y pública en la que participaron, además de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, cuatro fiscales, las querellas y organismos de derechos humanos. La defensa de Etchecolatz no fue al encuentro.
En su voto, Borinsky afirmó: “En cuanto al estado de salud de Etchecolatz, supuesto también invocado por el para conceder el arresto domiciliario, cabe señalar que los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de las patologías que padece el imputado. Sin embargo, tal como fuera señalado por los impugnantes en sus recursos de casación, de dichos informes no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías”.
De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos presentados por la fiscal María Ángeles Castro, a cargo de cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y por el abogado de una de las querellas, Pablo Llonto.
Llonto, en el recurso, había sostenido que la decisión del TOF N° 6 de otorgarle el beneficio del arresto domiciliario había sido “dictado sin la debida fundamentación”.
El representante de una de las querellas afirmó, según se desprende del expediente judicial, que en ninguna parte de la resolución se “señaló cuáles eran los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió Etchecolatz, ni cuáles fueron las violaciones a las razones humanitarias que advirtieron los magistrados en el caso”.
Por su parte, en su recurso, la fiscal Ramos había sostenido que “lo resuelto por el Tribunal es nulo pues adolece de una aparente fundamentación y se sustenta en una interpretación errónea y parcial de las constancias reunidas en el legajo constituyendo, además, un claro caso de gravedad institucional estando en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino”
La representante del Ministerio Público afirmó que estaban “en tensión, por un lado, los derechos de las víctimas y la realización de la justicia y, por el otro, los derechos del imputado, su cuidado y resguardo de su persona”. Y agregó que Etchecolatz “no está en riesgo en la unidad, y este extremo no fue analizado debidamente por el tribunal, como tampoco fue explicitado por qué habría menos riesgos en su casa, fuera de cualquier control estatal”.
Al fundamentar su voto, Hornos explicó: “Debe señalarse que más allá de la edad que tiene el interno y de las patologías que sufre, el otorgamiento de la prisión domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión”.
Hornos dijo que están evidenciadas “las posibilidades con las que cuenta Etchecolatz para permanecer detenido dentro de un establecimiento penitenciario, recibiendo la debida atención, tratamientos y controles que sean resultan necesarios para sus patologías”.
En su voto, Gemignani afirmó: “Reiteradamente vengo sosteniendo que, enpleno entendimiento de los valores en pugna, en causas como la que nos ocupa, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto al derecho a la salud de los imputados”.
“En síntesis, en términos de este imperativo general de investigar y de establecer las responsabilidades y sanción, el Estado argentino debe adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura que azotó a nuestra sociedad; pues la impunidad de esos atroces hechos no será erradicada y, en consecuencia, no cesará aquel deber internacional, hasta que sus responsables sean sancionados y cumplan con la pena que eventualmente les fuera impuesta”, añadió.
“Sin embargo, esta obligación internacionalmente asumida por la Argentina no implica sortear los principios y garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, pues ello conllevaría al quiebre del Estado de Derecho. Sino, por el contrario, aquélla requiere -a lo que a la cuestión traída a revisión concierne- un análisis racional de los derechos y garantías en juego, principalmente, la ausencia de riesgos para la salud del imputado, atendiendo no sólo a la normativa nacional sino, además, a los estándares y obligaciones internacionalmente asumidos acerca de la vejez”, detalló el magistrado. Y concluyó: “Ello, pues, reitero, aquellas obligaciones no pueden jamás conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado o una interpretación diferente y más perjudicial a los intereses del encausado a la legalmente establecida”.

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