Juez Federal declaró la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de Lesa Humanidad

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Se conoció un fallo histórico de la Justicia Federal en Misiones, que declaró imprescriptibles las acciones civiles derivadas de delitos de Lesa Humanidad.

El Juez Federal, José Luis Casals  en un fallo del pasado 15 de junio, del caso María José Presa, comparte la idea de que el Estado debe indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado, manifestando que los mismos no deben estar sujetos a plazos de prescripción

“Misiones es una vez más vanguardia en cuanto a políticas de Derechos Humanos, ejemplo en el país, en este caso desde la Justicia Federal que pone en valor la independencia, a través de un dictamen que manifiesta el daño moral que significó para la ciudadanía el golpe militar”, así lo expresó la Ministra de Derechos Humanos Lilia “Tiki” Marchesini, respecto al fallo del Juez José Luis Casals sobre la causa llevada adelante por María José Presa.

En dicho fallo, con fecha de 15 de Junio del corriente año, el Juez Federal de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo comparte la idea de que el Estado debe indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado, manifestando que los mismos no deben estar sujetos a plazos de prescripción.

Con esta decisión, la misionera María José Presa, quien fuera detenida y perseguida durante la última dictadura cívico-militar, es la primera en el país en ganar una demanda contra el Estado, ya que “la sentencia del doctor Casals deja el precedente de que hubo daño moral, por eso este fallo es de suma importancia para todos nosotros porque dicta imprescriptibilidad” expresó.

En el documento se hace referencia a la reforma constitucional de 1994, al incorporar los tratados internacionales como un orden equiparado a la Constitución Nacional conforme artículo 75 inciso 22; “esto se debe a que las declaraciones incorporadas en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas importaron el reconocimiento preexistente de los hombres a no ser objeto de persecuciones por el Estado”. También alega fundamentos y principios rubricados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos donde se proclama los derechos básicos de las personas y deberes de los Estados para respetarlos.

Asimismo, se menciona a la ley 25.778 que otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Por otra parte el fallo manifiesta que “el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”.

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La Iglesia abre los archivos de la dictadura solo a los familiares

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa, luego de que en octubre del año pasado se anunciara que había concluido la digitalización de esos documentos.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) preciso que con este protocolo “se inicia la posibilidad de consultas y, de acuerdo a lo anunciado oportunamente, podrán solicitar información las víctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos obispos y superiores mayores”.

A través de un comunciado de prensa, aclara que la consulta “se realizará sobre el material donde aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información”.

Se trata de unas 3.000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la secretaria de Estado en la Santa Sede, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos durante la dictadura y reclamar gestiones ante los militares.

Por una decisión impulsada en forma conjunta por el Vaticano y la CEA, en octubre del año pasado se había anunciado la finalización del “proceso de organización y digitalización” de sus archivos de la dictadura y, ahora, con la aprobación del procedimiento, los interesados podrán comenzar a realizar las consultas correspondientes.

Para ello, se publicó este jueves un modelo de carta y el procedimiento a seguir para los interesados en consultar la documentación.

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Perpetua para los 10 represores imputados en la causa Guerrieri III en Rosario

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Son los militares retirados Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Marino Héctor González, y los ex agentes civiles de inteligencia Eduardo Costanzo, Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó hoy a la pena de prisión perpetua a los diez represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el marco de la causa denominada Guerrieri III.

Los delitos juzgados fueron perpetrados en perjuicio de 47 víctimas del terrorismo de Estado, de las cuales 24 siguen desaparecidas.
Los 10 condenados, entre ellos militares retirados y ex agentes civiles de inteligencia (PCI), operaron en el circuito represivo que comprendía los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio conocidos como Quinta de Funes, escuela Magnasco, La Calamita y La Intermedia, en la órbita del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en Rosario.
Los militares retirados Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Marino Héctor González, que integraron el Destacamento de Inteligencia 121, fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.
La misma condena recibieron los ex agentes civiles de inteligencia (PCI) de ese destacamento Eduardo Costanzo, Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
Querellantes, sobrevivientes y familiares de las víctimas que aguardaron el fallo junto a otros militantes de derechos humanos celebraron las condenas.
“Este fallo es una construcción de todos los que estamos acá. Sin la calle y las movilizaciones no tendríamos a estos genocidas condenados”, dijo Juane Basso, de HIJOS Rosario.
Por su parte, Norma Vermeulen, de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario, destacó que los condenados “no son viejitos buenos”.
“Son más jóvenes que yo y son personas malvadas que tienen que pudrirse en la cárcel común. Que lo paguen, eso es importantísimo”, añadió emocionada.
La abogada Nadie Schujman, de la querella de HIJOS, dijo ante el centenar de personas que aguardaron el fallo bajo una persistente lluvia que “estas condenas resultado de la lucha colectiva de cientos, de muchos que no están, de familiares que ponen el cuerpo y de los sobrevivientes que hacen esto posible”.
“La sentencia fue la mejor manera de terminar esta semana en que ganamos todas las batallas: llenamos todas las calles del país para frenar el fallo de la Corte y logramos las diez cadenas perpetuas que pedimos en este juicio”.
Sabrina Gullino Valenzuela Negro, militante de HIJOS Rosario y querellante en la causa, opinó que esta fue “una sentencia ejemplar por toda la lucha que se viene dando en estos cuarenta años, donde hubo subidas y bajadas, pero el amor de las Madres, de las Abuelas, la tenacidad de mis hermanos, de mis compañeros de HIJOS, y de todos los sobrevivientes que con tanto valor, en momentos en que eran muchos más difíciles que ahora declarar, pudieron ir reconstruyendo lo que hoy son los juicios”.
“Nuestro pueblo es el que va a poder doblar el destino para poder encontrar a todos los hermanos que nos faltan y saber qué pasó con nuestros padres, que hoy son nuestros compañeros porque luchamos por su memoria”, declaró tras la lectura de la sentencia.
El espía civil Rodolfo Isach fue el único de los diez hoy condenados sin una condena anterior –en los juicios “Guerrieri I y II”-, ya que estuvo prófugo entre septiembre de 2009 y febrero de 2012, cuando fue capturado en una vivienda de la localidad balnearia de Ostende.
En su legajo, incorporado a la causa, figura una evaluación realizada en aquellos años por su superior, Guerrieri, quien destacó que Isach era “versátil, criterioso y subordinado”, lo que lo convertía en “un verdadero agente especial”.
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Estela de Carlotto dijo que el 2×1 a los represores es “abominable”

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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, le pegó a Highton de Nolasco e H.I.J.O.S. a Rosatti y Rosenkrantz, pero todos culpan a Macri. Desde el Ejecutivo pidieron ser “respetuosos” del fallo de la Corte.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que el fallo de la Corte Suprema es “abominable”. Atacó a la única jueza por supuesta mente aceptar “presiones para mantener un status”. La agrupación de hijos de desaparecidos apuntó contra los jueces propuestos por el macrismo.

El fallo de la Corte Suprema que beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad generó las primeras críticas de las organizaciones vinculadas a las víctimas de la última dictadura militar.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó el fallo como “abominable” y una “estafa”. En tanto, la agrupación H.I.J.O.S. apuntó contra los jueces propuestos por el gobierno de Mauricio Macri, al que rotuló de “negacionista”.

Por mayoría, la Corte Suprema puso en vigencia la ley que habilita a que se compute como doble cada día en la cárcel que pase un detenido con prisión preventiva. Dicha ley, conocida como “2X1”, había sido derogada en 2001.

El fallo contó con los votos a favor de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Estos dos últimos fueron propuestos por Macri y luego avalados por el Senado. H.I.J.O.S. recordó que distintas organizaciones impugnaron las candidaturas. De todos modos, la organización evitó pronunciarse sobre Highton de Nolasco, quien fue propuesta por Néstor Kirchner, con quien tenía afinidad.

No fue el mismo caso del de Carlotto, quien vinculó su votó a “presiones para mantener un status”. Cabe recordar que la magistrada cumplirá 75 años este año y buscaría permanecer en la Corte más allá de la edad que fija la ley. Para ello necesitará que el Gobierno la vuelva a proponer.

“Estamos en un país de trastornados. Lo lamento por Elena Highton de Nolasco. Si vivimos bajo presiones para mantener el status que pongan un kiosco y que vendan golosinas”, dijo en declaraciones a AM 750.

Carlotto también responsabilizó al gobierno de Macri por el fallo de la Corte. “Esto es una estafa, no sirve para nosotros. Es una estafa a la moral de la sociedad. En esta administración no sólo nos están destruyendo en la economía, sino también en la moral y la física”, agregó Carlotto que adelantó que harán presentaciones en organismos internacionales para revertir el fallo de la Corte.

Luego explicó: “En esta lucha que tanto falta todavía es lamentable que tengamos estos retrocesos. Quieren borrar la historia. Tenemos un Gobierno de ladrones, incompetentes y mala gente. Esto no es malo para nosotros, es malo para sus hijos”.

“No existe la independencia de la Corte Suprema. Ahora quieren fusilarnos con este fallo del 2×1. Les mando un mensaje directo a la gente de la Corte y de este Gobierno”, concluyó.

El fallo del máximo tribunal llega en momentos de controversia entre las organizaciones de Derechos Humanos y la Iglesia Católica por el pedido de ésta de “reconciliación” entre familiares de desaparecidos y militares.

A través de Twitter, la organización H.I.J.O.S. lo relacionó con la sentencia de la Corte. La Iglesia propone reconciliación. La Corte Suprema reduce condena al genocida Muiña. El Gobierno ejerce el negacionismo. #Son30Mil”, tuitearon.


Por su parte, Carlotto dijo: “Estoy mal. No acabo de reponerme de lo que dijo la Iglesia cuando ahora me entero de este dos por uno aprobado por la Corte que es abominable”.

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Abuelas de Plaza de Mayo repudia un fallo a favor del represor Etchecolatz

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El organismo de DD.HH. repudió la prisión domiciliaria al represor y manifestaron su preocupación por este “nuevo intento de asignar privilegios al genocida”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron la prisión domiciliaria de la Cámara Federal de Casación Penal al represor Miguel Etchecolatz, que sin embargo no se hará efectiva por otras causas judiciales pendientes, y manifestaron su preocupación por este “nuevo intento de asignar privilegios al genocida”.

A través de un comunicado, la organización expresó que la decisión de la Cámara les “despierta preocupación”, ya que entienden que el fallo es un “nuevo intento de asignar privilegios al genocida”.

Desde Abuelas también recordaron que Etchecolatz “ya fue beneficiado con la (prisión) domiciliaria anteriormente y le fue revocada por violar las condiciones de cumplimiento al encontrarse armas en su domicilio, entre otras irregularidades,” y señalaron que “no puede pasarse por alto que Jorge Julio López desapareció tras declarar en su contra”.

Por otro lado, las Abuelas sostuvieron que por “su estado de salud puede ser adecuadamente tratado en el hospital penitenciario de Ezeiza, como surge del voto en minoría de la jueza Ana María Figueroa”.

“La prisión domiciliaria es una excepción, no un privilegio. Y es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dotar de recursos al organismo -Dirección de Control de Ejecución de la Pena- cuya función es fiscalizarlas”, agregaron en el comunicado.

Finalmente, exigieron “que se adopten medidas para garantizar que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta”.

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