OBLIGACIONES NEGOCIABLES

El BCRA flexibilizó el cepo para cancelar pasivos en moneda extranjera

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó en la normalización del régimen cambiario al modificar una normativa clave que habilita a las empresas a acceder al mercado oficial de cambios para cancelar deudas en dólares antes de su vencimiento. La medida, formalizada a través de la Comunicación “A” 8390, introduce ajustes en el texto ordenado de las normas sobre Exterior y Cambios y apunta a descomprimir el stock de pasivos corporativos heredados, un factor que aún condiciona la inversión, la planificación financiera y la repatriación de utilidades.

La decisión se inscribe en la estrategia gradual de salida del cepo corporativo y tiene impacto directo sobre la gestión de deuda de las empresas, en un contexto donde la acumulación de reservas y el acceso a los mercados voluntarios internacionales aparecen como condiciones necesarias para profundizar la flexibilización.

Qué cambia con la Comunicación “A” 8390 y cómo impacta en las empresas

La Comunicación “A” 8390 modifica el punto 3.6.4. del texto ordenado sobre Exterior y Cambios, que regula el acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) para la cancelación anticipada de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera y de obligaciones en moneda extranjera entre residentes.

Hasta ahora, el acceso anticipado al MLC requería, en principio, la conformidad previa del BCRA, salvo en supuestos excepcionales expresamente previstos. Con la nueva normativa, el Central elimina o amplía esas exigencias en determinados casos, facilitando la precancelación de capital e intereses cuando exista una refinanciación o reestructuración que mejore el perfil de vencimientos.

Entre los cambios centrales se destacan:

  • Acceso sin autorización previa del BCRA para la precancelación de capital e intereses cuando la cancelación se realice de manera simultánea con la emisión de un nuevo título valor comprendido en el mismo régimen o con una nueva financiación en moneda extranjera.
  • Condición de mejora en la vida promedio de la deuda: el nuevo instrumento debe tener una vida promedio mayor que la de la deuda que se cancela.
  • Límite en los vencimientos de capital: el monto acumulado de los vencimientos del nuevo título o financiación no puede superar, hasta la fecha de vencimiento original, el monto que hubiera acumulado la deuda precancelada.

De esta manera, el BCRA habilita un esquema que permite a las empresas reordenar pasivos en dólares, acceder al mercado oficial para cancelar deudas antes de su vencimiento y, al mismo tiempo, evitar un impacto adicional sobre el balance de pagos.

Normalización cambiaria, reservas y hoja de ruta 2026

Desde la óptica del Banco Central, la adecuación normativa forma parte de una hoja de ruta que busca avanzar hacia una mayor previsibilidad cambiaria para el sector privado. Fuentes de la autoridad monetaria señalaron que la flexibilización está condicionada al sostenimiento de la acumulación de reservas y al acceso del Tesoro a los mercados voluntarios internacionales, dos variables centrales para avanzar en la normalización del sistema.

La medida también apunta a reducir las distorsiones que todavía enfrentan las empresas con deudas comerciales o financieras preexistentes, muchas de ellas heredadas de períodos de fuertes restricciones cambiarias. En ese sentido, la Comunicación “A” 8390 amplía las excepciones para casos de canjes o refinanciaciones que impliquen extensión de plazos o entrada neta de divisas, aunque mantiene la prohibición general de acceso anticipado para deudas entre residentes concertadas después de septiembre de 2019.

Lectura del mercado

Analistas del sector financiero evaluaron la modificación como un avance concreto hacia una mayor previsibilidad para las empresas endeudadas en moneda extranjera. Sin embargo, advirtieron que el impacto pleno dependerá de la evolución de las reservas netas y de la eliminación progresiva de otras restricciones vigentes, como las vinculadas a dividendos y deudas comerciales acumuladas.

Para el sector corporativo, la medida abre una ventana para mejorar el perfil de vencimientos, reducir riesgos financieros y ordenar balances, especialmente en empresas con acceso al mercado de capitales o a financiamiento local en dólares. Al mismo tiempo, la flexibilización podría contribuir a dinamizar emisiones de obligaciones negociables y operaciones de refinanciación, en la medida en que se consolide un escenario de estabilidad cambiaria.

El propio BCRA dejó abierta la puerta a nuevas comunicaciones que profundicen este sendero de flexibilización en los próximos meses, siempre que se mantengan las condiciones macroeconómicas de estabilidad y fortalecimiento de reservas.

A8390 by CristianMilciades

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La CNV redefine el cambio de régimen de oferta pública y refuerza la protección a accionistas minoritarios

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha un proceso clave de reforma regulatoria al convocar a la ciudadanía y a los actores del mercado de capitales a participar del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” para modificar el régimen de oferta pública. A través de la Resolución General 1104/2026, publicada el 22 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, el organismo propone un nuevo esquema normativo que regula, con mayor precisión y tutela, el cambio de régimen de las emisoras, especialmente aquellas autorizadas a la oferta pública por acciones. La iniciativa apunta a equilibrar flexibilidad regulatoria, reducción de costos y protección de accionistas minoritarios, en un contexto de modernización del mercado de capitales argentino.

Una reforma orientada a flexibilizar sin perder control regulatorio

La Resolución General 1104/2026 se inscribe en el marco de las facultades conferidas a la CNV por la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Financiamiento Productivo, normas que buscan promover el desarrollo del mercado, ampliar el acceso al financiamiento y adecuar los requisitos regulatorios a la diversidad de emisoras existentes.

En los considerandos, la CNV reconoce que numerosas emisoras incluidas actualmente en el Régimen General de Oferta Pública —en particular aquellas que califican como PyME, presentan estructuras familiares o registran baja liquidez— enfrentan exigencias informativas y costos regulatorios desproporcionados respecto de su escala operativa. Sin embargo, el organismo subraya que estas compañías pueden necesitar seguir accediendo al mercado de capitales, aunque bajo regímenes de menores exigencias, sin quedar fuera del control estatal.

En este contexto, la norma propone incorporar la Sección XIV “Cambio de Régimen” al Capítulo V del Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.), estableciendo un procedimiento específico, con etapas claras, instancias societarias obligatorias y plazos definidos. Además, se introduce formalmente la definición de “Régimen General” en el artículo 2° del Título I, para unificar criterios interpretativos y reducir ambigüedades normativas.

Protección de accionistas minoritarios y obligatoriedad de la OPA

Uno de los ejes centrales del proyecto es la tutela reforzada de los accionistas minoritarios frente a cambios de régimen que impliquen una reducción sustancial de las exigencias informativas y de transparencia. La CNV advierte que el pasaje desde el Régimen General hacia regímenes especiales puede alterar derechos relevantes, como la preparación de estados financieros bajo NIIF, la adopción de Normas Contables Profesionales Argentinas (NCPA) o la restricción del universo de inversores habilitados a operar, en especial cuando la negociación queda circunscripta a Inversores Calificados.

Por ese motivo, la resolución establece que, en el caso de emisoras autorizadas a la oferta pública por acciones, el cambio de régimen estará condicionado a la realización previa de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Mercado de Capitales y el Título III de las Normas de la CNV. Este mecanismo es entendido como un supuesto asimilable al retiro del régimen de oferta pública, en tanto implica un cambio en los derechos de los accionistas.

La OPA deberá formularse a un precio equitativo, determinado según las pautas del artículo 88, Apartado II, de la Ley de Mercado de Capitales, y contar con garantías suficientes emitidas por entidades financieras o aseguradoras de reconocida solvencia. La CNV aclara que su autorización será de carácter formal y regulatorio, sin pronunciarse sobre la conveniencia económica del precio ofrecido, cuya determinación será responsabilidad exclusiva de la emisora y de los sujetos obligados.

Consulta pública, plazos y próximos pasos

Como continuidad de su política de diálogo regulatorio, la CNV resolvió aplicar el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Decreto N° 1172/2003. A tal efecto, invitó a la ciudadanía a presentar opiniones y propuestas sobre el proyecto de reglamentación, tomando como base el texto incluido en el Anexo I de la resolución.

Las presentaciones podrán realizarse a través del sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/cnv), utilizando el formulario aprobado como Anexo II. El plazo establecido es de quince (15) días hábiles, contados desde la entrada en vigencia de la norma, que se produce a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial. La Dra. María Laura Porto fue designada para dirigir el procedimiento participativo.

El alcance de la reforma es amplio: contempla tanto el cambio desde el Régimen General o el Régimen PyME CNV hacia regímenes especiales de menores exigencias, como la posibilidad inversa de que emisoras actualmente encuadradas en esquemas simplificados opten voluntariamente por un régimen de mayores requerimientos. En todos los casos, se busca dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a emisoras e inversores, en un mercado que combina la necesidad de financiamiento con estándares adecuados de transparencia y protección.

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Banco Macro vuelve al mercado internacional y capta USD 400 millones con una ON al 8%

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Banco Macro concretó una nueva colocación en el mercado internacional de capitales al obtener USD 400 millones mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON) clase “H”, con un plazo de cinco años y una tasa del 8% anual. La operación refuerza el acceso del sector corporativo argentino al financiamiento externo y confirma el renovado apetito de los inversores por activos locales, en un contexto de mayor estabilidad financiera tras las elecciones legislativas de octubre de 2025.

La emisión se inscribe en una estrategia de fondeo orientada a diversificar fuentes de financiamiento y capitalizar condiciones de mercado más favorables, tanto para el sistema financiero como para el conjunto de las empresas argentinas.

Detalles de la emisión y respuesta del mercado

La ON clase “H” —identificada como ON 2026— fue colocada a cinco años de plazo, con una tasa del 8%, por un monto total de USD 400 millones. Según informó la entidad, la operación registró una fuerte demanda, con un libro de órdenes que alcanzó los USD 1.150 millones, equivalente a casi tres veces el monto finalmente adjudicado.

“La transacción generó una fuerte tracción en el mercado”, destacó Banco Macro, al precisar que la emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a mediano plazo, autorizado por un valor nominal de hasta USD 1.500 millones.

Los colocadores internacionales de la operación fueron Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Latin Securities S.A. Agente de Valores, mientras que a nivel local participaron Macro Securities, Latin Securities y Balanz.

Desde la entidad señalaron que la colocación “confirma el continuo interés del mercado local e internacional por créditos corporativos argentinos, y la confianza de los inversores en Banco Macro”, una institución que cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y 558 puntos de atención en todo el país.

Regreso sostenido al financiamiento externo

Esta operación se suma a una colocación similar realizada en junio del año pasado, cuando Banco Macro —la entidad privada con mayor red de sucursales del país, presidida por Jorge Brito— volvió a emitir deuda a mediano plazo en los mercados internacionales luego de más de diez años sin operaciones en esa plaza.

En aquella oportunidad, el banco explicó que la emisión formaba parte de una estrategia financiera integral, orientada a diversificar el fondeo y aprovechar una ventana de oportunidad en los mercados. La sólida posición patrimonial de la entidad y su escala dentro del sistema financiero argentino contribuyeron al atractivo del instrumento entre inversores institucionales.

La continuidad de estas emisiones consolida el posicionamiento del banco en el mercado internacional y amplía su margen de maniobra financiera en un escenario de reapertura del crédito.

Contexto financiero y reapertura del crédito corporativo

La colocación de Banco Macro se produce en un escenario en el que las empresas argentinas emitieron deuda en los mercados internacionales por más de USD 7.000 millones tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. El ingreso de parte de esas divisas contribuyó a la estabilidad cambiaria local y a mejorar las condiciones de financiamiento.

El descenso del riesgo país posterior al resultado electoral favorable para el gobierno de Javier Milei facilitó nuevas emisiones de títulos, permitiendo a empresas y gobiernos provinciales acceder a tasas más competitivas y plazos más extensos.

En este contexto, compañías como YPF, Pampa Energía, Telecom, Banco Galicia, Vista Energy y Edenor realizaron colocaciones de Obligaciones Negociables por montos que oscilaron entre USD 2 millones y USD 750 millones, con tasas anuales de entre 7,62% y 10,37%. Las primeras operaciones se concretaron a fines de octubre, mientras que la reducción de la prima de riesgo impulsó una mayor actividad durante noviembre, diciembre y parte de enero.

La última colocación destacada fue encabezada por Telecom, que obtuvo USD 600 millones a una tasa del 8,5% y con un plazo de 9,5 años.

Según estimaciones privadas, durante el undécimo mes del año pasado se registró el mayor volumen de emisiones primarias de ON de la última década, reflejando una reapertura del crédito corporativo y una mayor participación del Tesoro, aunque sin absorber completamente la demanda del mercado.

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Más financiamiento externo: Telecom consiguió US$ 600 millones y refuerza su plan de inversiones

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Telecom Argentina concretó una nueva colocación de deuda por US$ 600 millones en el mercado internacional, en una operación que recibió un fuerte respaldo de los inversores y que, además, favorece la acumulación de reservas del Banco Central. La emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta US$ 4.200 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, y se destacó por su elevada demanda, el plazo alcanzado y la tasa obtenida.

La operación se inscribe en un contexto en el que empresas de primera línea vuelven a acceder al financiamiento externo, aportando divisas al sistema financiero local y contribuyendo a fortalecer la posición cambiaria, en línea con la estrategia oficial de recomposición de reservas.

Demanda récord y condiciones financieras destacadas

En esta emisión puntual, Telecom recibió ofertas por US$ 2.427 millones, a través de 174 órdenes, lo que permitió adjudicar un monto final de US$ 600 millones. De este modo, la demanda resultó 3,3 veces superior al monto emitido, un dato que refleja el apetito de los inversores por activos corporativos argentinos de alta calificación relativa.

Este resultado refleja la consistencia de la estrategia de negocios de la compañía y la solidez de su desempeño operativo, factores que generaron un fuerte respaldo por parte de inversores institucionales”, destacó la empresa en un comunicado oficial.

Los títulos se estructuraron a un plazo final de 10 años, con vencimiento el 20 de enero de 2036, y un plazo promedio de 9,5 años. La colocación se realizó a una tasa fija nominal anual del 8,50%, con un rendimiento del 8,625%, lo que representa el nivel más bajo de todas las emisiones internacionales de Telecom desde 2019. Además, la operación logró una compresión de 50 puntos básicos frente a la referencia inicial brindada al mercado.

Por estas características, la emisión se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de la compañía y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024.

Destino de los fondos y estrategia de largo plazo

Según informó la empresa, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo la refinanciación de pasivos existentes, entre ellos préstamos asociados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA). El objetivo es preservar un nivel de apalancamiento consistente con el plan financiero de largo plazo.

En paralelo, la operación permitirá seguir respaldando el plan de inversiones, que durante 2025 ascendió a aproximadamente US$ 2.000 millones, orientado a sostener y ampliar la infraestructura tecnológica y los servicios de conectividad.

Desde una mirada macroeconómica, este tipo de colocaciones corporativas en dólares contribuye a mejorar la oferta de divisas, facilita la acumulación de reservas por parte del Banco Central y envía una señal positiva al mercado financiero respecto de la capacidad de las empresas argentinas para acceder a financiamiento en condiciones competitivas, aun en un contexto de riesgo país elevado.

Participación de bancos globales y colocadores locales

La emisión contó con la participación de J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities como Global Coordinators y Joint Bookrunners en el exterior. En el ámbito local, actuaron como colocadores Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital, Latin Securities y Banco CMF.

El amplio respaldo de entidades financieras internacionales y locales refuerza el carácter estratégico de la operación y consolida a Telecom como uno de los principales emisores corporativos argentinos en el mercado de capitales global.

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La CNV fijó el pago de la tasa 2026 y actualizó aranceles del mercado de capitales

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una modificación integral del régimen de tasas de fiscalización, aranceles de autorización y otros servicios aplicables al mercado de capitales, en línea con las actualizaciones dispuestas por el Ministerio de Economía. La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 1103/2026, dictada el 8 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero, con vigencia a partir del día siguiente.

El nuevo esquema reglamenta la aplicación de los montos fijados por la Resolución 1/2026 del Ministerio de Economía, establece la fecha definitiva de pago de la tasa de fiscalización y control correspondiente al año 2026 y adecua la normativa vigente a los cambios introducidos en aranceles de autorización, el régimen de Emisor Frecuente y la incorporación de nuevos conceptos bajo la categoría de Otros Servicios.

Actualización normativa y pago de la tasa de fiscalización 2026

La Resolución General 1103/2026 se apoya en el artículo 14, inciso b), de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, que define los recursos de la CNV y establece que los montos de las tasas y aranceles deben ser fijados por el Ministerio de Economía, a propuesta del organismo.

En ese marco, la CNV reglamentó la determinación y el cronograma de pago de la tasa de fiscalización y control correspondiente al año 2026, luego de que la Resolución General 1098, del 23 de diciembre de 2025, suspendiera transitoriamente su percepción para otorgar previsibilidad a los sujetos regulados.

De acuerdo con el nuevo texto normativo, el pago de la tasa 2026 deberá realizarse entre el 3 y el 9 de febrero de 2026, conforme los montos establecidos por la Resolución 1/2026 del Ministerio de Economía, mientras que la suspensión de la percepción se mantiene vigente hasta el 2 de febrero de 2026 inclusive. La CNV aclaró que la suspensión no alcanza a los sujetos que registren mora en el pago de tasas correspondientes a ejercicios anteriores.

La obligación de pago alcanza a los sujetos previstos en los incisos a), b), c), e) y f) del artículo 3° del Capítulo I del Título XVII de las Normas, entre los que se encuentran Agentes Depositarios Centrales de Valores Negociables, Agentes de Custodia, Registro y Pago, Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación, Agentes Productores y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, registrados al 31 de diciembre de cada año.

Cambios en aranceles de autorización y Régimen de Emisor Frecuente

La resolución también sustituyó los artículos 5° y 6° del Capítulo I del Título XVII de las Normas, redefiniendo el esquema de aranceles de autorización aplicables a obligaciones negociables y fideicomisos financieros, tanto para emisiones autónomas como para programas y emisiones por series o clases.

El nuevo régimen precisa los momentos de acreditación del pago, estableciendo, según el caso, la obligación de abonar el arancel con carácter previo a la autorización definitiva o dentro de los cinco días posteriores a la colocación o publicación del suplemento correspondiente en la Autopista de la Información Financiera (AIF). Asimismo, se aclara que el cálculo del arancel debe realizarse sobre el valor residual de la serie o clase, definido como el remanente del valor nominal emitido luego de deducidas las amortizaciones y cancelaciones efectuadas.

En paralelo, se adecuaron las disposiciones relativas al Régimen de Emisor Frecuente (EF), teniendo en cuenta la supresión del arancel de inscripción y ratificación en dicho régimen, conforme lo dispuesto por el anexo II de la Resolución 1/2026 del Ministerio de Economía. A partir de ahora, el arancel se aplica exclusivamente sobre las emisiones de series o clases, las modificaciones de términos y condiciones y los aumentos de monto, con pautas de pago claramente definidas.

Las disposiciones alcanzan también a las emisiones de Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros Sociales, Verdes y Sustentables, así como a los instrumentos emitidos bajo regímenes especiales de financiamiento.

Nuevos cargos por “Otros Servicios” y alcance institucional

Entre las novedades incorporadas, la CNV sumó como “Otros Servicios” el pago del Certificado de vigencia de sociedades en el Régimen de Oferta Pública, que deberá acreditarse al momento de solicitar la emisión del certificado, conforme a la tasa prevista en la Resolución 87/2017 del ex Ministerio de Finanzas.

Desde una perspectiva institucional, la Resolución General 1103/2026 completa el proceso de adecuación normativa iniciado con las sucesivas resoluciones del Ministerio de Economía entre 2017 y 2026, consolidando un esquema de actualización periódica de tasas y aranceles que busca reflejar la actividad administrativa del organismo, los recursos involucrados y la capacidad contributiva de los sujetos regulados.

En términos prácticos, la norma impacta directamente en emisores, agentes y proveedores de servicios del mercado de capitales, que deberán ajustar sus cronogramas financieros al nuevo calendario de pagos y a las condiciones actualizadas de acreditación de aranceles, bajo un marco regulatorio que refuerza la previsibilidad y la seguridad jurídica.

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