Obras Públicas

Alem suma obras: quedó habilitada la calle San Vicente con empedrado y cordón cuneta

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El municipio de Leandro N. Alem continúa avanzando con obras que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos. En esta oportunidad, quedó habilitada la calle San Vicente, en el barrio Jannsen, luego de trabajos de cordón cuneta y empedrado que ya mejoran notablemente la circulación en la zona.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial que impulsa el Municipio, enmarcado en el programa “100 cuadras del Centenario”, una iniciativa que busca fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento de todos los barrios de la ciudad.

Pero más allá de la obra, el cambio se siente en el día a día.

“Antes no se podía transitar y ahora cambió totalmente. Estamos muy conformes y agradecidos”, contó Yolanda, vecina del barrio.

En la misma línea, Alcides Fontela destacó:

“Se nota el trabajo. Ahora llueve y salimos tranquilos, el barrio mejoró mucho”.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que estas obras no solo mejoran la transitabilidad, sino que también aportan mayor seguridad, orden y calidad de vida.

El intendente Matías Sebely señaló:

“Estas intervenciones transforman lo cotidiano. Seguimos trabajando para que cada barrio de Alem tenga la infraestructura que necesita para crecer”.

Con este tipo de acciones, Alem sigue consolidando su desarrollo urbano, llevando soluciones concretas a los barrios y avanzando hacia su centenario con una ciudad en movimiento.

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El Gobierno reordena el Ministerio de Economía y concentra funciones estratégicas en producción, energía y análisis económico

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El presidente Javier Milei dispuso una nueva reestructuración del Ministerio de Economía mediante el Decreto 146/2026, firmado el 11 de marzo de 2026 y publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el organigrama aprobado originalmente por el Decreto 50/2019 y redefine la arquitectura interna de la cartera que concentra buena parte del poder económico del Gobierno.

El movimiento no es menor: elimina varias subsecretarías, crea nuevas áreas técnicas y reorganiza las competencias dentro de secretarías estratégicas como Política Económica, Energía, Industria y Comercio y Obras Públicas.

La decisión llega en un momento en el que el Ejecutivo busca consolidar la conducción económica desde una estructura más compacta y con mayor capacidad de coordinación sectorial. La pregunta que sobrevuela la reforma es política: ¿se trata de una simplificación administrativa o de un intento por reforzar el control estratégico del Ministerio de Economía sobre áreas productivas y regulatorias clave?

Un nuevo mapa del Ministerio de Economía

El decreto sustituye completamente el apartado correspondiente al Ministerio de Economía dentro del organigrama de la Administración Pública Nacional. La cartera mantiene su estructura de secretarías pero introduce modificaciones relevantes en sus dependencias internas.

Entre los cambios más visibles aparece la creación de la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, dentro de la Secretaría de Política Económica, que pasa a concentrar la elaboración de diagnósticos y herramientas analíticas para el diseño de políticas macroeconómicas.

Al mismo tiempo, el decreto elimina los objetivos de dos áreas tradicionales del análisis económico estatal: Subsecretaría de Programación Macroeconómica y Subsecretaría de Programación Microeconómica

La supresión de ambas funciones y su reemplazo por una nueva unidad analítica sugiere un intento de reconfigurar el esquema técnico de producción de información económica dentro del Gobierno.

La estructura central del ministerio queda organizada alrededor de varios polos de decisión:

  • Secretaría de Política Económica
  • Secretaría de Hacienda
  • Secretaría de Finanzas
  • Secretaría de Energía
  • Secretaría de Minería
  • Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
  • Secretaría de Obras Públicas
  • Secretaría de Transporte
  • Secretaría de Asuntos Nucleares

En paralelo, se mantienen áreas de coordinación política como la Unidad Gabinete de Asesores y la Secretaría Legal y Administrativa.

Producción y pymes: concentración de áreas y redefinición de competencias

Otro de los movimientos institucionales más relevantes aparece en el área productiva. El decreto elimina la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y la Secretaría de Industria y Comercio, junto con varias subsecretarías dependientes.

En su lugar, el Gobierno consolida una nueva estructura bajo la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que pasa a concentrar: la política industrial, el desarrollo de pymes, el comercio exterior, y la defensa del consumidor

Dentro de esta reorganización se crean nuevas dependencias como la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento y se redefinen los objetivos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría de Coordinación de Producción, por su parte, recibe un rol más explícito: deberá articular la planificación y el seguimiento de planes estratégicos de Industria y Agricultura, lo que sugiere una mayor integración entre política productiva y sector agropecuario.

Energía: simplificación de la estructura regulatoria

El área energética también sufre un rediseño. El decreto elimina los objetivos de tres subsecretarías existentes: Subsecretaría de Combustibles Líquidos, Subsecretaría de Combustibles Gaseosos, y Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético

En su reemplazo, la estructura se reorganiza en torno a tres ejes: Subsecretaría de Energía Eléctrica, Subsecretaría de Hidrocarburos, y Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética

La lógica detrás del cambio parece apuntar a un esquema más concentrado de regulación energética, con foco en hidrocarburos, electricidad y gestión de información sectorial.

Infraestructura y barrios populares: una función que cambia de ubicación

El decreto también reubica funciones vinculadas a políticas urbanas. Las tareas relacionadas con la integración socio-urbana pasan a la órbita de la Subsecretaría de Obras y Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

Entre los nuevos objetivos asignados aparecen: diseño de políticas de integración urbana, transformación de barrios populares, desarrollo territorial, y gestión del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

El movimiento institucional es relevante porque incorpora formalmente estas políticas dentro de la estructura operativa de Obras Públicas, vinculándolas directamente con programas de infraestructura y desarrollo urbano.

Defensa del consumidor y competencia

La reorganización también redefine funciones regulatorias. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial amplía formalmente su marco de intervención.

Entre otras funciones, deberá asistir a la secretaría correspondiente en la aplicación de normas como: Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Tarjetas de Crédito, Ley de Lealtad Comercial, Sistema Métrico Legal Argentino, y Sistema de Identificación de Talles

Además, el área tendrá un rol explícito en el control tutelar de la Autoridad Nacional de la Competencia, lo que refuerza su peso dentro del esquema regulatorio del ministerio.

Reacomodamiento administrativo y transición interna

El decreto establece que la reestructuración entra en vigencia el mismo día de su dictado, aunque aclara que las aperturas estructurales de niveles inferiores a subsecretaría continuarán funcionando de forma transitoria.

Esto implica que: las áreas existentes seguirán operando, el personal mantendrá sus cargos y funciones, y la reorganización completa se implementará progresivamente

El gasto derivado de la medida será cubierto con los créditos presupuestarios ya asignados al Ministerio de Economía, lo que indica que el rediseño no prevé ampliaciones presupuestarias inmediatas.

Un movimiento técnico con lectura política

Las reformas administrativas suelen aparecer en el Boletín Oficial como ajustes técnicos, pero en la práctica definen cómo circula el poder dentro del Estado.

La reorganización del Ministerio de Economía apunta a tres movimientos simultáneos: Centralizar el análisis económico en una nueva unidad técnica. Concentrar la política productiva bajo una estructura más integrada. Y simplificar la regulación energética eliminando áreas intermedias.

    En términos políticos, el rediseño sugiere un intento de alinear la estructura administrativa con las prioridades estratégicas del Gobierno, especialmente en sectores productivos, energéticos y de infraestructura.

    Lo que habrá que observar

    La verdadera dimensión del cambio no se medirá en el organigrama sino en la dinámica del poder dentro del ministerio.

    En las próximas semanas será clave observar: cómo se implementa la transición entre subsecretarías eliminadas y nuevas áreas, qué rol adquiere la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica en el diseño de políticas, cómo se reorganizan las políticas para pymes, industria y economía del conocimiento, y qué capacidad de coordinación real tendrá la Secretaría de Coordinación de Producción

    Las reformas administrativas rara vez generan titulares inmediatos. Pero en la política económica argentina, la forma del organigrama suele anticipar la forma de las decisiones. Y este rediseño deja claro que el Gobierno está dispuesto a seguir ajustando la maquinaria estatal para ordenar su centro de gravedad económico.

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    El Gobierno redefinió el control sobre transporte y obras públicas dentro del Ministerio de Economía

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    El Gobierno nacional modificó el organigrama y los objetivos del Ministerio de Economía, reasignando funciones estratégicas de control sobre organismos clave de obras públicas, infraestructura y transporte. La medida, formalizada por decreto presidencial, busca ajustar la estructura administrativa a las necesidades de gestión y tiene impacto directo sobre entes reguladores, organismos descentralizados y empresas públicas.

    Mediante el Decreto 57/2026 (DECTO-2026-57-APN-PTE), dictado el 28 de enero de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones al Decreto 50/2019, que establece el organigrama de aplicación y los objetivos de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de subsecretaría.

    La norma redefine objetivos específicos de la Secretaría de Obras Públicas, de la Subsecretaría de Obras y Servicios y de la Secretaría de Transporte, todas bajo la órbita del Ministerio de Economía, y actualiza el listado de organismos desconcentrados y descentralizados que actúan en esa jurisdicción. El decreto entra en vigencia desde el día de su dictado.

    Nuevos objetivos en Obras Públicas: control tutelar y foco en infraestructura

    Uno de los cambios centrales del decreto recae sobre la Secretaría de Obras Públicas, cuyo Objetivo 23 fue sustituido para establecer expresamente que deberá “ejercer el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y del Instituto Nacional del Agua (INA)”.

    La redefinición formaliza bajo una misma órbita el control institucional de organismos técnicos clave vinculados a la valuación de activos públicos, la seguridad de presas y la gestión de los recursos hídricos. En términos administrativos, el control tutelar implica supervisión funcional, seguimiento de objetivos y alineamiento con las políticas definidas por la autoridad central.

    En paralelo, el decreto modifica el Objetivo 7 de la Subsecretaría de Obras y Servicios, que pasa a asistir a la Secretaría en la ejecución de programas, proyectos y acciones en materia de obra, infraestructura pública e infraestructura vial, además del fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento. El texto consolida una mirada integral sobre infraestructura física y servicios esenciales, con énfasis operativo.

    Transporte: redefinición del control sobre reguladores y seguridad

    El Decreto 57/2026 también introduce cambios relevantes en la Secretaría de Transporte, al sustituir su Objetivo 37. A partir de ahora, el área deberá “ejercer el control tutelar” sobre un conjunto ampliado y explícito de organismos estratégicos:

    • Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
    • Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
    • Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
    • Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
    • Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
    • Junta de Seguridad en el Transporte

    La definición refuerza la centralización del control político-administrativo sobre los entes reguladores del sistema de transporte terrestre, aéreo y vial, así como sobre los organismos de seguridad operacional. Desde el punto de vista institucional, el decreto refuerza la coordinación jerárquica y la responsabilidad política de la Secretaría frente a organismos con alta incidencia económica y regulatoria.

    Actualización del mapa institucional del Ministerio de Economía

    El artículo 4° del decreto sustituye íntegramente el Apartado IX del Anexo III del Decreto 50/2019, actualizando el detalle de organismos desconcentrados, descentralizados, empresas y entes del sector público nacional que actúan en el ámbito del Ministerio de Economía.

    La planilla anexa incorpora y ordena un amplio universo institucional que incluye, entre otros:

    • Organismos regulatorios como ENRE, ENARGAS, CNV y Superintendencia de Seguros.
    • Entes técnicos como INDEC, INTI, INTA, INA, SEGEMAR y SENASA.
    • Empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, YPF, Energía Argentina S.A., Nucleoeléctrica Argentina y Corredores Viales S.A.
    • Entidades binacionales y organismos vinculados a infraestructura energética, transporte y recursos hídricos.

    La actualización no crea nuevos organismos, pero redefine su encuadre jurisdiccional, lo que tiene impacto directo sobre los circuitos de supervisión, control presupuestario y articulación política dentro del Poder Ejecutivo .

    Fundamentos normativos y efectos administrativos inmediatos

    El decreto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional. Además, se apoya en el artículo 104 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 – T.O. 2017), que establece que las normas referidas a estructura orgánica entran en vigencia sin necesidad de publicación, aunque en este caso sí fue publicada.

    Desde el punto de vista práctico, la medida:

    • Ajusta formalmente responsabilidades políticas sobre organismos clave.
    • Ordena la cadena de control tutelar dentro del Ministerio de Economía.
    • Refuerza la centralización de funciones estratégicas en áreas sensibles como transporte, obras públicas e infraestructura.
    • Genera un marco institucional claro para la interacción entre secretarías, entes reguladores y empresas públicas.

    Para los sectores regulados —energía, transporte, infraestructura, servicios públicos— el decreto no introduce cambios operativos inmediatos, pero sí redefine el esquema de gobernanza y supervisión estatal, con potencial impacto en decisiones futuras de regulación, control y planificación.

    Una señal de ordenamiento institucional en la gestión económica

    El Decreto 57/2026 se inscribe en una lógica de reorganización administrativa del Estado nacional, orientada a adecuar el diseño institucional a los objetivos de gestión del Ministerio de Economía. Sin alterar el marco legal de fondo, la norma redefine roles y clarifica responsabilidades, en un contexto donde la coordinación entre áreas técnicas, reguladores y decisores políticos resulta clave para la ejecución de políticas públicas.

    La modificación del Decreto 50/2019 vuelve a poner en el centro la discusión sobre el alcance del control tutelar, la concentración de funciones estratégicas y el rol del Ministerio de Economía como eje articulador de áreas críticas para el funcionamiento económico e institucional del país.

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    Inversión provincial en Alba Posse, equipamiento vial, plazas y acceso al agua segura

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    El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este viernes una jornada de supervisión de obras y entrega de equipamiento en Alba Posse, con eje en infraestructura vial, espacios comunitarios y acceso al agua potable. La agenda, desarrollada el 9 de enero de 2026, combinó inversión en bienes de capital, mejoras urbanas y soluciones para zonas rurales, con impacto directo en la calidad de vida de cientos de familias y en la capacidad operativa del municipio.

    Equipamiento vial y fortalecimiento de la gestión local

    Uno de los hitos centrales de la visita fue la entrega de una retroexcavadora destinada a reforzar las tareas viales y de servicios en un municipio con amplia presencia de colonias rurales. La maquinaria permitirá realizar trabajos de mantenimiento de caminos, acopio de materiales y construcción de tajamares, entre otras funciones estratégicas para la producción y la conectividad local.

    Durante el acto realizado en la Plaza del Joven de Santa Rita, Passalacqua subrayó el enfoque de gestión basado en la ejecución concreta de obras: “La primera forma de comunicar es trabajar y con recursos se trabaja siempre mejor, por eso hacemos este esfuerzo y les entregamos esta retroexcavadora”. Vecinos presentes definieron la incorporación del equipo como “un hecho histórico y muy importante” para la localidad.

    El intendente Lucas Gerhard remarcó el impacto económico de la inversión y su destino social: “Hoy llegó una máquina de cuatrocientos millones de pesos que es para darle soluciones a todos los vecinos. Yo soy un mero administrador, pero estas herramientas son para la gente”. La declaración puso el acento en el rol del municipio como ejecutor de políticas públicas financiadas con recursos provinciales.

    Espacios públicos y tejido social: inversión en calidad de vida

    La agenda continuó en el barrio Los Inundados, donde el gobernador recorrió una plaza recientemente reacondicionada que funciona como espacio de encuentro para familias de al menos tres barrios: Los Inundados, 30 Viviendas y Zapani. El espacio alcanza de manera directa a cerca de 200 familias y fue concebido como un ámbito de recreación, integración y uso comunitario.

    En ese contexto, también se entregaron elementos deportivos a niños del barrio, reforzando el perfil social de la intervención. Passalacqua destacó el valor estratégico de estos espacios: “Es vital sostener y cuidar los lugares públicos para la felicidad y el crecimiento de nuestra gente. Me emociona sostener estos espacios públicos porque construyen sociedad, son espacios de socialización tan importantes como las escuelas”.

    La inversión en plazas y espacios públicos se inscribe en una política de infraestructura blanda que, si bien no genera retornos económicos directos, impacta en cohesión social, prevención y bienestar, especialmente en municipios de menor escala.

    Agua potable en zonas rurales: impacto sanitario y productivo

    Otro eje clave de la jornada fue la supervisión de obras de acceso al agua potable en el Paraje Cerro Grande, donde se habilitó un pozo con tanque elevado completo que garantiza agua segura a 28 familias. La obra incluyó una perforación de 175 metros, con un caudal superior a 2.000 litros por hora, además de bomba, poste, tanque y tablero inteligente.

    El titular del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), Joaquín Sánchez, explicó que la iniciativa respondió a una gestión municipal sostenida y a la disponibilidad de un terreno cedido en comodato por un vecino. “Desde allí al tanque hay 150 metros y desde ese punto se distribuye el agua a cada vecino. El tanque se ubicó en el lugar más elevado”, precisó.

    Passalacqua valoró el esfuerzo comunitario detrás de la obra y agradeció especialmente a los jóvenes que participaron en su finalización: “Hay que tener paciencia y no dejar de remar. Felicitaciones y gracias, es un esfuerzo compartido y de gran valor para todos”.

    En un plano más amplio, el IMAS ejecutó tres perforaciones clave en el municipio de Alba Posse. Además de Cerro Grande, se concretó una obra cerca de la Escuela N.º 292, en Tres Bocas, con un caudal similar de 2.000 litros por hora, destinada a alumnos y familias de la zona. En el Paraje San José, en tanto, se logró un caudal mayor, de 3.500 litros por hora, almacenado en un tanque elevado. En conjunto, estas intervenciones alcanzan a aproximadamente 350 vecinos y se implementaron con sistemas completos de impulsión, desinfección y seguridad.

    Recursos públicos y retorno social

    El ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, sintetizó el sentido político e institucional de la jornada al afirmar que estas acciones evidencian cómo los recursos provinciales regresan a la comunidad: “Acompañar al gobernador en la entrega de un bien municipal, estar en esta zona rural donde una perforación beneficia a numerosas familias y recorrer una plaza inclusiva construida con fondos provinciales nos permite ver concretamente cómo la inversión pública vuelve a la gente”.

    Desde la comunidad, la vecina Ivani Balke Linke expresó el impacto cotidiano de la obra hídrica: “Es un gran placer recibir al gobernador para inaugurar el pozo. Tener agua ahora es muy importante, porque antes era muy difícil acceder. Ahora nuestras familias están muy contentas con esto”.

    La jornada en Alba Posse dejó una postal de gestión territorial activa, con inversiones que combinan infraestructura pesada, servicios esenciales y espacios comunitarios. En términos económicos e institucionales, el esquema refuerza la lógica de descentralización operativa, fortalecimiento municipal y priorización de obras con impacto directo en la vida diaria de la población.

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    Posadas cerró el Presupuesto Participativo 2025 con once proyectos elegidos por votación ciudadana

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    Con una participación ciudadana que superó los 6.000 votos, el municipio de Posadas anunció los once proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025, una herramienta de democracia directa que permite a los vecinos decidir el destino de una parte del presupuesto municipal. El cierre del proceso coincidió con los diez años de vigencia del programa, consolidado como un mecanismo estable de planificación participativa e inversión pública local.

    La entrega de certificados a los referentes de las iniciativas seleccionadas se realizó en el SUM del Jardín Botánico “Alberto Roth”, luego de una votación que se extendió hasta el lunes 22 de diciembre, y que se desarrolló tanto de manera presencial como a través de la plataforma digital MuniDigital.

    Diez años de participación ciudadana y planificación territorial

    Desde el 9 de diciembre, los ciudadanos tuvieron la posibilidad de elegir entre distintas propuestas presentadas en sus zonas de residencia. Como resultado del proceso, cada una de las once delegaciones municipales será beneficiada con el proyecto que obtuvo la mayor cantidad de sufragios, garantizando una distribución territorial equitativa de las inversiones.

    Antes de la premiación, el secretario de Planificación Estratégica y Territorial, Marcelo Mazur, destacó el valor institucional del programa y su continuidad a lo largo del tiempo. “Estamos orgullosos de este cierre que marca los diez años del Presupuesto Participativo. A pesar de los desafíos enfrentados en este tiempo, el programa se mantuvo firme y las obras elegidas fueron ejecutadas”, afirmó.

    Mazur subrayó además el rol central de la ciudadanía en la definición de prioridades: “Quiero felicitar a los vecinos, quienes son el motor de esta herramienta: ustedes deciden en qué se invierte parte del presupuesto municipal. Felicitaciones a todos, hayan ganado o no, porque lo importante es ser partícipe de este proceso”.

    Digitalización, obras urbanas y ejecución descentralizada

    Por su parte, la coordinadora del programa, Thamara Ramos, valoró el compromiso comunitario y el funcionamiento del nuevo sistema digital. “Gracias a todos los que se adaptaron a la nueva plataforma. Estamos muy contentos de haber superado los 6.000 votos con esta iniciativa. Gracias por ayudarnos a pensar la Posadas del futuro y construir una ciudad más linda”, expresó.

    Los proyectos seleccionados abarcan mejoramiento urbano, espacios públicos, infraestructura peatonal, iluminación, plazas recreativas y deportivas, y una pista de atletismo urbana, lo que refleja una fuerte orientación a obras de impacto directo en la calidad de vida barrial y el uso del espacio público.

    Los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025 son:

    1. Delegación Villa Urquiza → Mejoramiento integral de equipamientos urbanos, barrio El Palomar – Chacra N° 5
    2. Delegación Itaembí Miní Oeste → Mejoramiento integral de equipamiento urbano – barrio Ingar
    3. Delegación Itaembé Guazú → Puentes peatonales – sectores 1, 2, 3, 4 y 5
    4. Delegación Dolores Sur → Mejoramiento integral urbano – barrio Cocomarola Oeste
    5. Delegación Santa Rita → Iluminación en la vía pública – Chacra 235
    6. Itaembé Miní Este → Plaza recreativa – barrios Acaraguá, Latinoamérica, 8 de Abril y Aeroclub Este
    7. Riveras del Paraná → Pista de atletismo urbana “Francisco Lenguaza”
    8. Delegación Miguel Lanús → Mejoramiento integral urbano – barrio Los Paraísos
    9. Delegación Villa Cabello → Plaza saludable y lúdica – barrio 20 de Junio, Chacra 91
    10. Delegación Dolores Norte → Plaza saludable y lúdica – barrio El Progreso
    11. Delegación 32-33 → Plaza deportiva – barrio Malvinas, Chacra 73

    Durante la ceremonia, los referentes de cada propuesta recibieron diplomas y certificados, y también se reconoció a los proyectos que alcanzaron el segundo lugar en la votación.

    Un mecanismo consolidado de democracia directa

    Del acto participaron el Escribano de Gobierno Municipal, Ángel Giudici; la secretaria de la Unidad de Coordinación y Gestión, Yolanda Asunción; la secretaria de Cultura y Educación, Mariela Dachary; delegados municipales y vecinos de distintos barrios.

    Con esta nueva edición, el Presupuesto Participativo se consolida como una herramienta institucional de democracia directa, basada en el debate, la participación y el voto ciudadano para definir la inversión pública en obras consideradas prioritarias por la propia comunidad, fortaleciendo la transparencia, la corresponsabilidad y la planificación urbana desde el territorio.

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