Vialidad centraliza la aprobación de permisos sobre rutas nacionales y endurece los requisitos para obras de terceros
La Dirección Nacional de Vialidad avanzó en una profunda reorganización del régimen que regula las intervenciones de terceros sobre la Red Vial Nacional. Mediante la Resolución 908/2026, el organismo eliminó el esquema de autorizaciones descentralizadas vigente desde hace más de tres décadas y concentró en la Administración General la facultad exclusiva para aprobar y firmar los Permisos Precarios de Uso de la Zona de Camino (PPUSO), un cambio que busca homogeneizar criterios técnicos, fortalecer los controles y reducir la dispersión administrativa.
La medida representa una modificación estructural en la gestión de las autorizaciones para obras e instalaciones que se desarrollan dentro de la denominada “zona de camino”, el espacio bajo jurisdicción de Vialidad Nacional donde empresas de servicios públicos, operadores de telecomunicaciones, municipios y otros actores ejecutan tendidos, cruces, ductos, accesos, redes e infraestructura complementaria.
Hasta ahora, esa facultad se encontraba delegada en los jefes de los distritos jurisdiccionales, bajo un esquema instaurado por la Resolución 1348/93. Sin embargo, el organismo consideró que la evolución normativa, la digitalización de los expedientes mediante Gestión Documental Electrónica (GDE) y la nueva estructura organizativa aprobada en 2026 justifican reemplazar ese modelo por uno centralizado.
La resolución deja sin efecto el antiguo procedimiento, deroga normas que regían desde 1959 y 1993 y aprueba un nuevo circuito administrativo que incorpora estándares uniformes para todo el país. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de los expedientes, unificar los criterios jurídicos y técnicos y reducir las diferencias de interpretación entre los distintos distritos.
Uno de los cambios de mayor impacto para empresas constructoras, prestadoras de servicios públicos y concesionarias es el endurecimiento de las condiciones para obtener los permisos. A partir de ahora, antes de la firma del PPUSO será obligatorio acreditar una póliza de caución equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, salvo determinadas excepciones previstas para proyectos de menor complejidad. También será requisito contratar un seguro de responsabilidad civil con montos mínimos que serán actualizados periódicamente por la Coordinación Técnica de Distritos.
La normativa establece además que ninguna obra podrá comenzar sin la firma previa del permiso correspondiente. Los distritos de Vialidad ya no podrán autorizar el inicio de trabajos hasta que el documento haya sido aprobado por la Administración General, lo que introduce un control previo más estricto sobre las intervenciones en rutas nacionales.
En paralelo, el organismo aprobó una batería de nuevos modelos normalizados de permisos, cláusulas contractuales, normas técnicas, modelos de resolución y formularios administrativos que serán de uso obligatorio en todas las jurisdicciones. El propósito es eliminar diferencias documentales entre distritos y garantizar mayor seguridad jurídica tanto para el Estado como para los privados que desarrollan obras sobre la infraestructura vial nacional.
Desde el punto de vista institucional, la reforma también fortalece el rol de la Gerencia Ejecutiva de Gestión Institucional y de la División Uso de Zona de Camino, que concentrarán la revisión técnica y administrativa de cada solicitud antes de su aprobación definitiva. La Subgerencia de Gestión Documental, por su parte, tendrá a cargo la implementación del nuevo procedimiento y la optimización de los circuitos internos.
La decisión se inscribe en el proceso de reorganización administrativa que atraviesa Vialidad Nacional tras su incorporación a la órbita del Ministerio de Economía y la redefinición de competencias impulsada por el Gobierno nacional. El nuevo esquema busca reforzar los mecanismos de control sobre un activo estratégico como la Red Vial Nacional, donde las intervenciones de terceros requieren coordinación permanente para preservar la seguridad vial, proteger el patrimonio público y minimizar interferencias con la circulación.
En términos económicos, la centralización apunta a generar mayor previsibilidad para futuros proyectos de infraestructura, aunque también implica un proceso de aprobación más concentrado que podría incrementar la exigencia técnica y documental para las empresas que requieran ejecutar obras dentro de la zona de camino. Para el Ejecutivo, la estandarización de procedimientos constituye una herramienta para mejorar la gobernanza de la infraestructura vial y reducir riesgos administrativos en un sector clave para la logística y la competitividad del aparato productivo argentino.
