OBRAS SOCIALES

Comenzó en Misiones la reunión de junta ampliada del Consejo de Obras Sociales Provinciales

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La Reunión de Junta Ampliada del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) comenzó hoy en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, informaron fuentes oficiales.

El encuentro culminará mañana, donde también se lleva a cabo un Taller de Enfermedades Crónicas no transmisibles (ECNT).

El acto de inauguración contó con la presencia del gobernador, Oscar Herrera Ahuad; el presidente del COSSPRA y del IPSS Tucumán, Fernando Avellaneda; el presidente del IPS Misiones, Lisandro Benmaor; el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón; el vicepresidente del Consejo y director del IAPOS, Oscar Broggi; el intendente de Iguazú, Claudio Filippa, y el presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social, Jorge Cesino.

Benmaor, presidente de la obra social misionera, destacó “la relevancia de unificar criterios a nivel nacional para poder hacer políticas públicas, siendo este uno de los principales objetivos del Consejo”.

Avellaneda señaló que las obras sociales provinciales “tenemos el desafío de dejar de ser seguros de enfermedad para ser seguros de salud y tratar de generar programas preventivos, ya sean primarios como secundarios”.

El titular de COSSPRA aseguró que “las obras sociales de provincias nos sumamos a las acciones preventivas y de promoción de la salud que tienen nuestros ministerios de Salud, porque no importa qué seguro de salud tenga uno, sino que todos los argentinos debemos tener los mismos accesos e idénticos derechos”, afirmó.

Y agregó que, “esperamos que al final del día los equipos técnicos nos acerquen conclusiones que nos satisfagan a todos y nos permitan seguir avanzando en una salud solidaria, de calidad y con acceso”.

Por su parte, el ministro Alarcón comentó que “Misiones puede darse el lujo de decir que su salud es igualitaria y equitativa, sin diferencias de cobertura”.

El titular de Salud Pública explicó que “desde hace muchos años el IPS tiene programas para tratar las ECNT, con 100% de cobertura, y desde hace un año sancionamos la Ley de Salud Integral, que va en el mismo sentido”, aseguró.

Para dar cierre al acto de apertura, el gobernador Herrera Ahuad dijo que “los equipos técnicos de las obras sociales provinciales aquí presentes tienen la responsabilidad de generar los programas y los referentes de cada organización hacerle entender a las autoridades provinciales que el presupuesto asignado a una obra social para la atención primaria y la prevención tiene que tener los números más grandes que los de terapia intensiva”.

Y añadió que “es medular que podamos trabajar en programas unificados en toda la Argentina. Es trascendental que todos ustedes hagan sinergia y se pongan de acuerdo en una trazabilidad única”.

“Para mí en estas reuniones de trabajo técnico no solo hay que lograr ser uniformes, sino también que nosotros tengamos desde la decisión política la información correcta. Los programas tienen que tener recurso financiero, metodología y resultados para poder exigir más”, concluyó el mandatario.

COSSPRA representa a las 24 obras sociales provinciales del país y en total agrupa a unos 7.200.000 afiliados.

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El Gobierno otorga $1.000 millones a 234 obras sociales para cancelar pagos a proveedores

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El Gobierno resolvió otorgar $ 1.000 millones a obras sociales para atender saldos pendientes de cancelación con proveedores, a través de la Resolución 249/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma aprobó el procedimiento de pago a cuenta a 234 agentes del seguro de salud, con saldos pendientes, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).

La crisis económica y financiera en las obras sociales es un tema de arrastre en los sindicatos que sólo se agravó por la pandemia durante 2020, por lo que fue vital el aporte estatal.

En esa línea, Alberto Fernández vuelve a ayudar a los gremios y les otorgó $ 1.000 millones para las obras sociales a fin de atender saldos pendientes de cancelación con proveedores, a través de la Resolución 249/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicada este viernes (5/2) en el Boletín Oficial.

Se trata de reintegros por prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado.

La norma aprobó el procedimiento de pago a cuenta a 234 agentes del seguro de salud, con saldos pendientes, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).

Las más beneficiadas son las obras sociales de los empleados de comercio y actividades civiles; construcción; camioneros; UTHGRA; supervisores de la industria metalmecánica; mecánicos; Unión Obrera Metalúrgica; y Sanidad.

En sus considerandos, la resolución precisa que, “en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para cumplir con la tarea asignada y la imposibilidad de cumplir con el análisis y evaluación de expedientes físicos desde sus hogares o por acceso remoto, sumado ello a la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, deviene necesario mantener la continuidad en el sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.

Además, remarca que “resulta imperativo” que la SSS adopte nuevas medidas con el objeto de “garantizar a través del reparto de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.

El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los agentes del seguro de salud, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro, según se especificó.

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El Gobierno distribuye hasta diciembre $ 3.000 millones entre las obras sociales

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A 17 días de las elecciones y en plena campaña electoral, Mauricio Macri decidió otorgarles por decreto a las obras sociales sindicales $ 3.000 millones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La decisión responde a las demandas de las últimas semanas de la CGT y otros gremios para recomponer las cajas de las obras sociales y ajustarlas por inflación. El desembolso también ocurre cuando la central obrera intenta la fusión con la CTA y ambas se acercan a Alberto Fernández.

Mauricio Macri decidió darle a las obras sociales sindicales durante octubre, noviembre y diciembre de este año, un total de recursos por $ 3.000 millones, de acuerdo con la cantidad de afiliados que posean cada una en su cartera. Se trata de una vieja demanda de la CGT desde las épocas del gobierno de Cristina Fernández y que Macri, cuando comenzó su mandato, saldó en parte.

A través del decreto 700/2019 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicado este jueves (10/10) en el Boletín Oficial, se estableció un régimen excepcional de afectación y distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución por $ 3.000 millones, cuyo destino será complementar el financiamiento de los agentes del seguro de salud.

Además se destacó que resulta necesario proceder a la instrumentación de medidas urgentes que permitan una mejor optimización y asignación de dichos fondos para ser destinados a aliviar la carga económica que, en la actual coyuntura, pesa sobre los agentes del seguro de salud en cuanto al sostenimiento de la cobertura de salud de sus beneficiarios.

Precisó que la Superintendencia transferirá la suma prevista durante octubre, noviembre y diciembre, y se distribuirá de manera directamente proporcional al número de afiliados de cada agente.

Al respecto puntualizó que el 90% de los recursos será destinado a aquellas obras sociales cuyo ingreso promedio por afiliado sea menor o igual a $ 1.450.

El 10% de los recursos restantes será destinado a aquellas obras sociales cuyo ingreso promedio por afiliado sea mayor a $ 1.450.

El decreto subrayó que el Sistema Nacional del Seguro de Salud fue creado como un sistema solidario de seguridad social, cuyo objetivo fundamental es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva.

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Arce participó de la asamblea de COSSPRA

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El presidente del IPS, Carlos Arce participó de la asamblea del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA)

En la tarde de hoy se realizó la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí estuvo el Presidente del Instituto de Previsión Social Misiones Dr Carlos Arce.

Entre el temario se desarrollaron y pusieron en consideración, aprobación o modificación de la memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Fiscalizadora.

La Aprobación de la gestión de las autoridades cesantes.

La elección de nuevas autoridades de la Junta Ejecutiva y de la Comisión Fiscalizadora.

Así también la inscripción de las modificaciones de la Carta Orgánica resueltas en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del pasado 8 de febrero de este año pendiente de registración. Y Autorizaciones varias.

Participaron los presidentes de las obras sociales de las provincias y avanzaron en cuestiones pendientes para mejorar atención a los afiliados

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Prepagas aumentan nuevamente en agosto un 7,5 por ciento

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Las prepagas se encarecen y van limitando a adherentes de las obras sociales. En lo que va del año el aumento es del 20% y en los dos últimos años y medio las cuotas han subido un 120%
Según el texto de la Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial por el Ministerio de Salud el incremento en las cuotas está “fundado en variaciones de la estructura de costos de las empresas” realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, teniendo en cuenta, entre otras cosas, “los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente del incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias” así como “el incremento de costos de recursos humanos”.En consecuencia del análisis realizado, el Ministerio de Salud consideró “razonable autorizar un aumento general, complementario y acumulativo, de aquel que fuera aprobado el 25 de abril del año 2018 mediante la resolución 798/2018 de 7,5% a partir del 1 de agosto de 2018″
La medicina prepaga es la formadora de precios de la salud y uno de las animadores estables del IPC que mide el INDEC: 10 empresas concentran el 83% de los asociados a un régimen de administración que funciona como un seguro, pero con la particularidad de que el 56% de los afiliados a obras sociales derivan el aporte obligatorio y pagan un plus para recibir prestaciones diferenciales. La asociación de consumidores denuncia cartelización en los periódicos aumentos de cuotas, que han acumulado 120% en los 2 años de gobierno de Mauricio Macri, argumentando que les dan a las 60 que integran el sector idéntico porcentaje sin importar las prestaciones y tamaños que las distinguen.
Con el aumento autorizado a las prepagas este mes que finaliza, los 6 millones de afiliados, entre casi 1,2 millones que se adhieren voluntariamente y los 4,5 millones de afiliados a obras sociales que pagan una diferencia para la cobertura privada de la salud, acumulan en el semestre 12%, que se agregan al 96% de los 2 primeros años de gestión del gobierno de Mauricio Macri y totalizan 120%.
Si el IPC de junio fuera del 3,5%, como señalan muchos de los pronósticos de consultores, en ese mismo período arrojaría casi 104%, de modo que la mensualidad de las empresas administr adoras de salud habría subido 15 puntos en términos reales en 2 años y medio.
La particularidad de estos incrementos regulados por el Ministerio de Salud y homologados por la Secretaría de Comercio es que se autorizan por igual a las 60 firmas, sin diferenciar su tamaño, la calidad del servicio, la cantidad de afiliados que atienden, si se trata de una pequeña cooperativa de salud o una corporación y la distribución geográfica.
La titular de la asociación de usuarios, Adecua, Sandra González, es terminante al respecto: “Están cartelizadas y el Gobierno lo permite”, protestó. Basta con ver que 83% de la masa de asociados se concentra en 10 entidades para entender cómo funciona esta actividad, que asimismo absorbe el 56% de afiliados de las 250 obras sociales empadronadas.
De este modo, actualmente, a un matrimonio con 2 hijos menores la cuota se le fue entre $ 8.000 y $ 11.000, según la cobertura sea la básica obligatoria o abarque mayores complejidades.
Después de materializarse el 6to ajuste en 12 meses, cada vez son menos los afiliados de obras sociales que derivan sus aportes a una prepaga: del 21,6% que lo hacía en 2015, en 2017 disminuyó al 17,3%. Y la afiliación voluntaria prepaga descendió del 11,2 al 10,7%. En dos años, una caída mayor a 5 puntos.
Antes de la última suba del 7,5% en junio, las cuotas de las prepagas habían sido incrementadas por última vez un 4% en febrero. Durante 2017, en tanto, los planes habían tenido ajustes acumulativos en diciembre (6%), septiembre (5%), agosto (5%), julio (6%) y febrero (6%).
En el 1er trimestre de este año, apenas el 6,1% de las familias porteñas declararon contar con un plan de medicina prepaga por contratación voluntaria para todos sus integrantes, el porcentaje más bajo de toda la serie, iniciada en 2015. En tanto que un año atrás, en el 1er trimestre de 2017, la marca había sido del 10%. En 2015 y 2016, oscilaba entre 7,5% y 9,8%.
Basándose en datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el periodista Ismael Bermúdez apunta que el 46,1% de la población porteña tiene cobertura a través de las obras sociales y 17,3% de las prepagas, pero por la vía de derivar los aportes o descuentos de salud sobre los salarios a una obra social.
La pirámide sanitaria
Sobre todo en los centros urbanos más importantes, la pirámide sanitaria combina, aunque en forma transversal, la medicina pública (hospitales), la social (OS y mutuales) y la privada (prepagas). Daniel Maceira, investigador del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), calculó para Chequeado que “en la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público, las prepagas atienden entre un 7% y un 10%, mientras las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60% de la población”. Las superposiciones están a la vista: un mismo paciente puede aportar a obra social y también atenderse ahí, y además optar por prepaga con un plus en la cuota.
Sin embargo, esta última posibilidad viene en caída, según el director administrativo de CEMIC, Hugo Magonza. “La afiliación voluntaria es decreciente: el sector de las empresas de medicina prepaga contaba con cerca de 3 millones de beneficiarios voluntarios hace algo más de 15 años, pero ahora no supera 1.200.000”, detalló.
En total, en el país, “el sector prepago ronda las 6 millones de cápitas, pero este número está fuertemente sustentado en la opción de cambio, que permite que afiliados a obras sociales deriven su aporte a una prepaga”, completa.
No obstante, son las obras sociales las que ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina: se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y emplead ores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5%.
Entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se deriva al Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Se trata de un fondo cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Además, se encarga de subsidiar a las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación. El Fondo se creó en 1980, está a cargo de la Superintend encia de Servicios de Salud y se financia con una parte de los aportes y recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes.
Comercio, UPCN y UOCRA fueron los sindicatos que más fondos recibieron. Se trata, a su vez, de 3 de las obras sociales más populosas.

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