Odebrecht

Perú: el presidente Pedro Kuczynski evitó la destitución

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La oposición no contó con los votos necesarios. Lo acusaban de incapacidad moral por haber negado vínculos con Odebrecht.

El Congreso unicameral de Perú no logró destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, al no alcanzar los 87 votos necesarios para declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” de la que había sido acusado por la oposición encabezada por el fujimorismo, que domina el Parlamento. Durante más de 13 horas los legisladores peruanos debatieron si declaraban o no la “vacancia” presidencial, mientras Kuczynski advertía que, en caso de ser destituido, el gran perjudicado será el país.

El pedido de destitución logró 78 votos, mientras que 19 votaron en contra y 21 se abstuvieron.

“El daño no me lo harán a mí, se lo harán al Perú”, había dicho el mandatario de centro-derecha al cerrar su defensa ante el plenario del Congreso, apenas comenzada la sesión, cerca del mediodía.

Las dudas sobre el resultado comenzaron cuando ya en el debate, el líder parlamentario del FA, Marco Arana, afirmó que su bloque, compuesto por 10 legisladores, emitiría un “voto de conciencia” contra “el golpe institucionalista, contra la corrupción de (la constructora brasileña) Odebrecht y contra el Estado capturado por los lobbies”.

“Lamentamos que la falta de carácter del presidente Kuczynski para aceptar una sucesión presidencial ahora coloca en bandeja la posibilidad de que Fuerza Popular (FP), que perdió las elecciones, termine presidiendo temporalmente el período de transferencia electoral y eso no es aceptable”, subrayó Arana durante el debate.

FP, el partido populista de derecha que lidera Keiko Fujimori -hija del ex presidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad y corrupción, y candidata a la Presidencia derrotada ajustadamente por Kuczynski en la segunda vuelta de junio de 2016-, tiene mayoría simple propia en el Congreso pero no los dos tercios necesarios para destituir al jefe del Estado. Para echar al presidente son necesarios 87 votos de los 130 del Congreso unicameral y el fujimorismo junto con una parte de la izquierda aspiraban a llegar a ese número, pero no era seguro.

La semana pasada, cuando se presentó el pedido para iniciar el trámite, hubo 93 congresistas que votaron a favor. Pero una jugada del oficialismo en las últimas horas podría haber llevado a algunos parlamentarios a cambiar de opinión: el oficialismo advirtió que ninguno de los vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, estaban dispuestos a suceder a Kuczynski si fuera destituido, por lo que, en ese caso, debería asumir el presidente del Congreso, Luis Galarreta, del fujimorista FP, y convocar a elecciones en un plazo de un año.

La posibilidad de que el fujimorismo retuviera el poder total en el Congreso y además sumara la presidencia transitoria habría hecho dudar a algunos congresistas de partidos que, en el pasado, fueron duros críticos del régimen del ex presidente Fujimori, entre 1990 y noviembre de 2000.

La oposición lo acusaba de “permanente incapacidad moral”. No por la relación con Odebrecht, sino por el hecho de haber negado inicialmente vínculos con la empresa ante el Congreso, y después reconocerlo en una radio local.

La propia Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, lo dejó mal parado. La semana pasada la constructora brasileña reveló que pagó más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, por asesorías entre 2001 y 2006, época en la que el actual mandatario era ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Y otro monto mucho mayor, de cerca de 8 millones de dólares, a otras dos consultoras relacionadas con Kuczynski.

En su alegato de ayer ante el Congreso, Kuczynski, que en los últimos meses negó repetidamente haber tenido relación con Odebrecht, reiteró que esos contratos son legales, pero aseguró que no los conocía porque fueron firmados por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba su consultora mientras él era ministro. “Lamento no haber advertido pero eso no me convierte en corrupto. Confieso no haber sido suficientemente prolijo con mis documentos, pero no he beneficiado a ninguna persona o empresa durante mi mandato como ministro”, señaló el mandatario. Afectado por la denuncia, Kuczynski sostuvo: “Hasta ahora no mentí. Yo no tuve conocimiento del vínculo entre Westfield Capital y Odebrecht hasta ahora. Westfield no es un vehículo de cobros ilegales. Todas sus transacciones son bancarizadas”.

“No soy corrupto y no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa, siempre he actuado de acuerdo a ley y a la ética profesional. Soy un hombre honesto. Jamás he recibido dinero, soborno o prebenda que haya torcido mi voluntad ”, se defendió.

Para Kuczynski, quien ha alternado en su vida la política con la consultoría de inversión, el proceso es “un asalto al orden constitucional” y está basado en “una mentira”.

El caso Odebrecht afectó a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora para adjudicarse contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos. La empresa brasileña admitió haber pagado 29 millones de dólares en coimas entre 2004 y 2015, periodo que abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo -en el que Kuczynski fue ministro-; Alan García y Ollanta Humala. Humala y su esposa permanecen en prisión preventiva, acusados de recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de 2011, mientras que contra Toledo pesa una orden de extradición desde EE.UU. por recibir presuntamente 20 millones de dólares en sobornos para conceder a Odebrecht la construcción de una ruta. El fantasma de Odebrecht también persigue a Keiko Fujimori.

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Prisión preventiva para el vice ecuatoriano por el caso Odebrecht

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El vicepresidente ecuatoriano fue detenido anoche en Guayaquil, por su presunto involucramiento en la trama de corrupción de Odebrecht. Mientras tanto, el Presidente de ese país, Lenín Moreno, lanza una consulta popular que apunta a desmontar el legado correísta.

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ingresó el lunes 2/10 a la noche a una cárcel de Quito para cumplir con la medida de prisión preventiva dispuesta por el juez Migual Jurada -solicitada por la Fiscalía-, por su presunta implicación en la trama de corrupción de la constructora brasileña, Odebrecht.

“(El fiscal) Carlos Baca solicita prisión preventiva para Jorge Glas por encontrarse nuevos elementos de convicción en investigación por asociación ilícita”, expresó a través de Twitter la Fiscalía, que también pidió la retención de cuentas y enajenación de bienes de Glas.

“Acato bajo protesta este infame atropello en mi contra; aún tengo fe en que la justicia se imponga, ante ella probaré mi inocencia”, selaño por su parte el vicepresidente a través de Twitter.

Tanto Glas como su tío, Ricard o Rivera, fueron detenidos por separado en Guayaquil, informó NTN24. A pesar de su situación legal, Glas continuará siendo vicepresidente dado que, según la ley ecuatoriana, ese cargo sólo queda vacante por renuncia, luego de 3 meses de abandono o por decisión de tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea después de un juicio político, donde el movimiento oficialista, Alianza País, tiene mayoría con 74 miembros entre un total de 137 legisladores.

El expresidente, Rafael Correa, puso el grito en el cielo a través de Twitter: “Un hombre honesto ha perdido su libertad. ¡Que tiemble el mundo!” escribió, acompañado de imágenes del expresidente ecuatoriano, Eloy Alfaro, y la frase: “La hora más oscura es la más próxima a la aurora”.

Recordemos que a comienzos de agosto, el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, había derogado de sus funciones a Glas por las acusaciones de corrupción en su contra (la derogación de sus funciones no significa la destitución). Esa fue la primera crisis que estalló en el gobierno de izquierda, pero fue solamente “el último capítulo de una lucha de poder en (el) seno del partido de gobierno que también involucra al expresidente Rafael Correa”, explicaba Matías Zibell del portal de la BBC. Según el periódico El Universo, la “relación forzada de Lenín Moreno y Jorge Glas logró una fórmula política que estalló.” 

Sucede que el expresidente ecuator iano deseaba que Glas fuera quien lo sucediera, pero terminó siendo candidato presidencial Lenín Moreno porque las encuestas mostraban que contaba con un mayor índice de popularidad.

En medio de la situación de la detención de Glas, el Gobierno de Moreno convocó el lunes a una consulta popular en la que tratará, entre otros temas, la supresión de la reelección indefinida, aprobada por su antecesor, Rafael Correa, la inhabilitación de por vida a políticos condenados por corrupción, y otros ítems que apuntan a desmontar el legado correísta, explica NTN24.

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Una investigación de Verbitsky afirma que Macri es socio de Odebrecht desde 1998

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El periodista Horacio Verbitzky publicó hoy en Página 12 una extensa nota de investigación en la cual afirma que la familia Macri es socia de Odebrecht desde 1998. A continuación, reproducimos la nota:

 

La desazón del gobierno nacional ante las investigaciones por el pago de sobornos por parte del consorcio brasileño Odebrecht y la insistencia por derivar de la justicia al Poder Ejecutivo las negociaciones con la megaconstructora brasileña se explican por un dato que hasta ahora no había entrado en el radar público: el Grupo Macrì es socio de Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macrì (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo.

La ley de responsabilidad empresarial enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso consiguió media sanción de la Cámara de Diputados, al costo de sacrificar el denominado Artículo Odebrecht, por el cual las negociaciones con la constructora brasileña y sus directivos por hechos previos a su sanción quedarían a cargo del Procurador del Tesoro de la Nación, es decir el abogado personal de Macrì, Bernardo Saravia Frías, designado en reemplazo de Carlos Balbín, cuyo dictamen sobre el Correo Argentino defendía los intereses del Estado que quería y no los de Macrì que se resistía a pagar. El gobierno, por medio de la Oficina de Encubrimiento de la Corrupción, cuya titular Laura Alonso visitó la última semana el Senado, insiste en reintroducir ese artículo clave.

Las propinas que un bolsero de Odebrecht dijo haber pagado al íntimo amigo de Macrì que conduce la agencia nacional de espionaje, Gustavo Arribas, la intervención que otro procesado en Brasil atribuye al vividor Jorge Rodríguez y a Javier Sánchez Caballero, principal ejecutivo de la constructora familiar Iecsa, también asociada con Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, son apenas la punta de un iceberg que recién comienza a emerger.

Se entiende mejor así porqué un banco caribeño de Odebrecht ayudó a los Macrì a  manipular las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso del Correo Argentino, soportando para ello fuertes pérdidas. Según el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín el Meinl Bank (filial de un banco austriaco en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda) compró créditos del BID y del Banco Mundial contra el Correo Argentino por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar sólo 8 millones. Según Boquín, el banco de Odebrecht “ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. El Meinl Bank también otorgó créditos a los principales accionistas del Correo, Socma, Sideco e Inversid, todas del Grupo Macrì, con garantía de acciones. Cuando el actual presidente comenzaba su tentativa de desasociar su imagen de la de su padre, Néstor Kirchner acuñó una frase ingeniosa: “Mauricio es Macrì”. Si aún viviera podría agregar: “Y Macrì es Odebrecht”.

Uno por uno

Estos son los socios que integran el grupo, tal como los caracterizaba en 2011 el propio holding Blackwood:

Odebrecht, una empresa brasileña con inserción mundial y pautas globales de servicio y calidad. Está presente en Norte, Sud y Centroamérica y el Caribe, África, Medio Oriente y Europa. Es líder en los sectores de ingeniería y construcción, química y petroquímica.

Sofinter, un grupo global integrado de empresas especializadas en el sector de generación de energía a vapor con distintos combustibles fósiles, biomasa y desechos municipales e industriales.

Sideco Americana, una empresa centrada en la construcción civil, concesiones y servicios públicos en la Argentina y otros países de Sudamérica.

Grupo Galileo, compañía líder en tecnología de gas natural comprimido y transporte de equipos para gas natural. Con sede en Buenos Aires, tiene una red internacional de asociados y representantes en Latinoamérica, Europa y Asia.

Minera Geometales, que realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.

Litsa SA, empresa especializada en la construcción operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía.

Civilia Engenharia LTDA, una compañía que administra las concesiones de rutas federales y provinciales en Brasil, su ampliación y mantenimiento.

Qualix S.A Environmental Services, empresa líder en la recolección de residuos en áreas urbanas, limpieza y operación de rellenos sanitarios y tratamiento de residuos.

Todos esos socios de Odebrecht (salvo quizás Sofinter), forman o formaron parte del Grupo Macri.

Si se cree en las palabras de Blackwood, el grupo busca empresas excepcionales con una clara visión del crecimiento en los sectores en que el holding se especializa, y como “no respondemos a accionistas externos, tenemos libertad para centrarnos en la construcción de relaciones de largo plazo y valor duradero”.

Busca inversiones en todo el mundo, no sólo en adquisiciones apalancadas de empresas maduras sino también recientes, fusiones y adquisiciones, inversiones en paquetes minoritarios, asociaciones corporativas o consolidación de industrias. Su actividad principal se centra en Energía, Petróleo y Gas y Minería también se especializa en regiones emergentes y de rápido desarrollo en Africa Occidental, Asia Central y Sudamérica, donde establece asociaciones locales y regionales. Entre las inversiones que menciona hay tres plantas térmicas de ciclo combinado en Nigeria, Ghana y Croacia y concesiones petroleras en Nigeria. Ofrece plantas llave en mano.

En tareas de consultoría enumera asesoramiento a la división Energía de Leman Brothers en África, Italia y Gran Bretaña; a Siemens en Afganistán, Libia e Irak; a Philip Holzmann, Hochtief, Isolux Corsan, Grupo Macri, Marsh& McLennan, Italbrokers, en proyectos financieros, de infraestructura, gas y petróleo, energía, minería y seguridad; a los gobiernos de Nigeria, Gana, Libia, Irak, Afganistán, Pakistán, China, República Centroafricana, Camerún, Kazajistán, Japón, Argentina, Brasil, Uruguay, Australia en proyectos de petróleo y gas, energía, infraestructura, finanzas,  telecomunicaciones, seguridad y seguros de riesgo político.

En Minería declara dedicarse al desarrollo de proyectos de exploración de óxido de hierro, cobre y oro en la Argentina y África y menciona explícitamente las actividades de Minera Geometales, del Grupo Macrì, a través de Sideco Americana, en Mendoza y San Juan. Sus fortalezas –dice– son su habilidad en la consolidación legal de la propiedad y la capacidad de invertir en exploración. Para ello, Minera Geometales “busca inversores que, actuando como socios, ayuden a agregar valor a proyectos lucrativos, de modo de ofrecer oportunidades de negocios a grandes empresas mineras”, lo cual parece el ofrecimiento más explícito posible en un documento público de lobby sobre los gobiernos para obtener concesiones y beneficios. El documento también describe el proceso por el cual Sideco Americana, que en la década de 1960 era una empresa constructora se convirtió en un grupo diversificado que se insertó con éxito en el mercado sudamericano. Su crecimiento se basó en cuatro pilares: su capacidad para generar asociaciones con líderes internacionales; su experiencia para desarrollar las estructuras financieras de los proyectos, incluyendo la implementación de confianza; el management profesional y de alta capacidad; el constante desarrollo de procesos de aseguramiento de la calidad, de modo de cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. También afirma que las principales áreas de negocios de Sideco Americana son Ingeniería y Construcciones, Inmobiliaria, Tratamiento de Residuos, Tecnologías de la Información, Gas Natural Comprimido, concesiones viales, generación y transmisión eléctrica y minería. Incluso se refiere a las leyes 24.196, de estabilidad impositiva; 24.402 de financiamiento de la inversión en bienes de capital; y 24.228 de federalismo minero con miras a la privatización e identifica a la Argentina como la última frontera occidental para la minería.

Los principios de Groucho

En su presentación el Blackwood Group afirma que no es un típico fondo de inversión que opera con dinero ajeno, sino que invierte el propio; que no está pendiente de las estrategias de salida sino de la creación de valor a largo plazo. No le interesa conducir las empresas sino aportar socios que lo hagan. “No tenemos parámetros estrictos a los que adherir, somos muy flexibles sobre empresas y estructuras de transacción”, una frase reminiscente de la que Groucho Marx empleó para definir sus principios.

Al paso de la carrera política de Maurizio Macrì, el grupo familiar se desprendió de algunos de esos negocios y enmascaró la propiedad de otros.

Galileo. Publicaciones recientes del blog El Disenso reseñaron que entre abril y mayo de 2016, los Macrì vendieron su participación en Galileo al grupo inglés Blue Water Energy. Al mismo tiempo el gobierno comenzó a estudiar una serie de beneficios promocionales para la fabricación y uso de vehículos eléctricos. Este año anunció aumentos en el precio del GNC que deberían equipararlo con el de la nafta súper y la instalación de una fábrica china de producción de vehículos eléctricos: DongFeng DTFC, propiedad del padre del presidente. YPF ya comenzó la instalación de los postes para carga de electricidad en estaciones de servicio. El costo por kilómetro recorrido será un tercio del de los combustibles líquidos, tal como ocurría hace veinte años con el GNC, cuya obsolencia fue decretada ahora por una decisión política.

Qualix, la Manliba brasileña, con 500 vehículos y 7.000 trabajadores, con sede en San Pablo y once filiales. Enfrentó procesos y denuncias por pago de coimas por la ejecución de sus contratos para la recolección y tratamiento de basura en diversas ciudades del país, como Porto Alegre, Cuiabá, Brasilia, San Pablo, Diadema, Rio Claro, Hortolandia, Várzea Grande, Feira de Santana y Teresina. La investigación sobre diversas irregularidades se denominó Caja de Pandora. Una empleada de la cual sólo se reveló el nombre de pila, Dominga, narró cómo se realizaba el pago de propinas a funcionarios, en cajas de archivo de cartón, que contenían entre 50 y 100 mil reales y que se trasladaban en el baúl de un auto. Según la revista digital Carta Capital entró en convocatoria de acreedores en 2010. Franco Macrì está bajo investigación policial por fuga ilegal de capital.

Civilia Engenharia Ltda. Fue adquirida por Franco Macrì a la familia Rossi en 1996 e inscripta en la Argentina en 2007. En 1997 ingresó al negocio del peaje en Brasil, con una concesión por 24 años, una inversión de 550 millones de dólares y una facturación anual de 50 millones de dólares. Quien figura como accionista es el hermano menor del presidente, Mariano Macrì. Tiene sedes en San Pablo y Buenos Aires. En 2008 se incorporó al Grupo ODS y en febrero de 2008 los Macri vendió la concesión de la ruta “Rodovias das Cataratas” a la italiana Impregilo, con la cual comparte en la Argentina la limpieza del Riachuelo y el soterramiento del Sarmiento. Desde 2012 cambió de nombre por Ingenium Obras e Servicos Ltda, aunque públicamente siguió usando la denominación original como nombre de fantasía. Eso le sirvió como defensa en procesos por infracciones previas a 2012 por actuar sin registro actualizado ni responsable técnico. Para la recolección de basura utilizaron la empresa Sistemas Ambientales S.A. en sociedad con Waste Management de Estados Unidos, igual que Manliba en la Argentina. En Energía se asociaron con Petrobras.

Minera Geometales, presentada en 2006 por Franco Macrì en una convención minera en Canadá. En 2016 inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo y a otros del Ejército en Campo de los Andes, que el gobierno de Maurizio Macrì puso a la venta, por el decreto 225 de este año. Habrá que ver quién los compra. Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la familia: Valentina, por la hija de Juliana Awada, Florencia, por la hermana menor del presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco. Despiadados para los negocios, pero sin perder la ternura.

* Con la colaboración de Mariana Escalada.

Fuente: Pagina 12

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Juez de Perú encarceló al exmandatario Humala y a su esposa por Odebrecht

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La Justicia peruana ordenó este jueves el ingreso en prisión del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, mientras se les juzga por lavado de activos y asociación para delinquir, con lo que ya son dos los exmandatarios peruanos con pedido de cárcel por el caso Odebrecht. 

El juez Richard Concepción Carhuancho decretó 18 meses de prisión provisional para el ex mandatario y su esposa, investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero “ilícito” procedente de Venezuela para la campaña de 2006.

Apenas se conoció el pedido de captura y prisión para Humala, el ex mandatario y su esposa se dirigieron desde su hogar a la sede del tribunal, en donde se espera que serán derivados a un penal para esperar allí el juicio. 

Inmediatamente los abogados defensores de Humala y Heredia, Wilfredo Pedraza y Julio César Espinoza, respectivamente, anunciaron que apelarán la decisión, que consideraron “arbitraria”. El exmandatario, antes de dirigirse al tribunal, cuestionó por twitter la decisión del magistrado.


Con esta decisión, Humala se une al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en los EE.UU de la Justicia peruana acusado de haber recibido 20 millones de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país, en la lista de mandatarios peruanos salpicados por la corrupción.

También será el segundo expresidente peruano encarcelado en el país, tras Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por varios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.

El juez Concepción aceptó el pedido de la fiscalía de encarcelar a la pareja, decisión que consideró “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar su presencia en el juicio que se seguirá en su contra.

Según el magistrado existe “un alto grado de probabilidad” de que ambos hayan cometido los delitos de los que se les acusa. 

El juez apuntó que con las nuevas pruebas que aportó la fiscalía confluyeron diversos criterios como la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, y la pertenencia a una organización criminal en el caso del exmandatario para justificar la sentencia.

Según las pruebas esgrimidas, Humala ya habría intentado manipular la acción de la justicia a través de presiones a testigos, y que eso le habría valido para salir absuelto en otros juicios como el que se siguió por el caso Madre Mía.

En cuanto a Heredia, el juez Concepción afirmó que la prisión preventiva evitará que pueda obstaculizar la acción probatoria y que se sustraiga de la acción de la Justicia, algo que a su juicio había intentado hacer al conseguir “de favor” un empleo en Ginebra en el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), al que posteriormente renunció.

Según dijo, ese empleo se debió a la vinculación con Odebrecht, con el Partido de los Trabajadores del expresidente brasileño Lula da Silva y con el director de la organización José Graziano, próximo al ex mandatario brasileño.

El magistrado también consideró como “elementos de convicción” las declaraciones de testigos que afirmaron que Heredia y Humala había recibido dinero de la embajada de Venezuela para su campaña electoral en 2006.

“Existe un alto grado de probabilidad de que han recibido dinero de Venezuela, dos personas han presenciado que sacaban maletas con billetes de la embajada”, y el tesorero del partido, Ilan Heredia, también recibía dinero del extranjero en mochilas, indicó Concepción.

Para la campaña del 2011, de acuerdo a la investigación fiscal, se les atribuye haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS que habrían colocado en la campaña presidencial, después de haber simulado aportes individuales a su partido.

“Comienzan a cerrarse los vacíos que se tenían inicialmente, Odebrecht viene y dice que OH es Ollanta Humala”, afirmó el juez, en referencia a las anotaciones del sentenciado dueño de la constructora sobre quienes recibieron los sobornos de esta compañía.

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En una sesión accidentada, se postergó la aprobación final del proyecto que penaliza a empresas corruptas

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Parlamentario. En una sesión accidentada que se convirtió en un preámbulo de la campaña electoral, la oposición logró postergar la votación artículo por artículo del proyecto de ley que penaliza a empresas por los delitos de soborno trasnacional y fraude contra el Estado. La iniciativa obtuvo en general 131 votos a favor y 63 en contra, pero al momento de la consideración en particular, no hubo acuerdo.

Cambiemos había conseguido bloquear, con 118 votos contra 83, la vuelta del proyecto a comisiones, pedida por el bloque Justicialista. Sin embargo, ante las numerosas modificaciones que reclamaban los distintos bloques, el interbloque se vio obligado a pedir un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene, y la iniciativa quedó en stand by.

El debate estuvo a punto de fracasar por falta de quórum. La sesión inició 45 minutos después del horario fijado, ya que el oficialismo no conseguía llegar a los 129 diputados presentes. Cuando había pasado la media hora de gracia, y había apenas algo más de 50 legisladores en el recinto, el jefe del bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde, pidió levantar la sesión, pero su par de Cambiemos, Mario Negri, solicitó esperar 15 minutos más.

Así fue como, pasadas las 12.30, y con la ayuda del Frente Renovador y otros bloques provinciales, el oficialismo consiguió el quórum. La diputada que garantizó el número mágico al sentarse en su banca fue la misionera Silvia Risko, del bloque que conduce el exgobernador Maurice Closs.

Sin embargo, el debate se demoró más de lo previsto, por una catarata de pedidos de apartamiento del reglamento, sumados a homenajes e incluso una discusión inédita, pero encendida, entre Graciela Camaño, y el macrista Eduardo Amadeo, quien publicó dos tuits que enfurecieron a la massista.

Superado ese escollo, y mientras sobrevolaba la posibilidad de votar la vuelta del proyecto a comisiones, el oficialismo defendió el proyecto de la mano de Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, en un debate plagado de acusaciones cruzadas, que tuvo la corrupción de Odebrecht como telón de fondo.

“Nadie habla de quitarle responsabilidad a aquellos que tuvieron que ver con hechos de corrupción, que tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, aclaró la radical Burgos, y lamentó que “muchos de esos funcionarios ahora lamentablemente siguen cumpliendo funciones como legisladores”.

Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal en la mira por el pago de coimas de Odebrecht en Argentina, estuvo ausente en el recinto. La encargada de advertirlo fue -como no podía ser de otra manera- la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. “¿Dónde está De Vido? No lo veo en el recinto… porque sino, le podemos dar la palabra…”, sugirió. Luego, se paró y se fue.

El diputado kirchnerista justificó su faltazo por “motivos de salud”, pero igual se descargó por Twitter contra Carrió. “No tengo nada que contar sobre Odebrecht. Que le pregunte por las coimas de Odebrecht a (Gustavo) Arribas, que recibió transferencias por 800 mil dólares en cuentas off shore, transferencias corroboradas y certificadas que no supo ni pudo explicar cuando visitó el Congreso”, retrucó De Vido.

El artículo de la polémica

En el centro del debate estuvo el acuerdo de colaboración eficaz, una posibilidad que abre el artículo 20, donde la empresa -hasta el momento de la elevación a juicio- podría comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a proveer información útil para la investigación, a cambio de “la suspensión de la persecución”.

El artículo 37 indica que las empresas jurídicas podrían solicitar el acogimiento voluntario a ese acuerdo “por hechos anteriores a la sanción de la ley”. En estos supuestos, intervendría únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación, con aval de la Sindicatura General de la Nación.

Además de ese punto, la oposición reclamaba incorporar al artículo 1 los delitos medioambientales y la trata de personas, para penalizar a las empresas que los cometan -por ejemplo, por los perjuicios que han causado las empresas mineras-.

El debate

Al abrir la discusión, Burgos remarcó que el proyecto ayuda a “prevenir” la corrupción, y negó que se le quite responsabilidad a los involucrados en estos delitos, tal como señaló la oposición a lo largo de todo el debate.

“La ley da mayor eficacia a las políticas de prevención en la lucha contra la corrupción, a través de la generación de incentivos, a fin de que sean las propias personas jurídicas las que puedan prevenir la comisión de delitos”, remarcó Burgos, miembro informante del oficialismo.

La radical jujeña aclaró que “nadie habla de quitarle responsabilidad a aquellos que tuvieron que ver con hechos de corrupción, que tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, y lamentó que “muchos de esos funcionarios ahora lamentablemente siguen cumpliendo funciones como legisladores”.

Por el Frente Renovador, Mónica Litza pidió incluir en el proyecto la imprescriptibilidad del aumento de penas y la extinción de dominio sobre los bienes provenientes del delito que competió la empresa. Además, reclamó sanciones más duras para las personas jurídicas, al advertir que “ir a fondo significa que los empresarios y funcionarios tengan un poquito de temor con esta ley”.

Además, apuntó al Gobierno y al kirchnerismo por igual: al primero, por “representar los intereses” de las compañías que ahora pretende sancionar, y al segundo, por “estar en connivencia durante más de una década con empresas que hoy tienen que dar muchas explicaciones”.

La posición más dura contra el proyecto fue encarnada por la rionegrina María Emilia Soria, del FpV-PJ, quien definió la iniciativa como un “manual” para las compañías que quieran “sortear las penas”, y también la calificó como “un salvoconducto para Odebrecht”, en un duro discurso contra el Gobierno.

“Es un descaro que bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción tengamos que discutir un manual para que las empresas puedan sortear la aplicación de una sanción penal, siempre que hagan un acuerdo de colaboración eficaz o incorporen en su estructura un programa de integridad”, argumentó.

Por el bloque Justicialista, Javier David advirtió que “el sistema de penas impuesto en la ley es amplio y arbitrario. “Un juez puede determinar una multa que va del 0,5% al 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa, que puede ser lo que el juez quiera”, precisó.

En la misma línea, el diputado detalló que “la misma ley tiene atenuantes y agravantes sin ningún tipo de lógica propia del derecho penal”, y pidió, sin éxito, la vuelta del proyecto a comisiones.

Margarita Stolbizer, precandidata a senadora del frente 1País junto a Sergio Massa, habló de un texto “defectuoso” que “no cubre las necesidades que un país como la Argentina, con una corrupción sistemática, necesita”. Añadió que “la corrupción no es el problema más grave, sino la impunidad de los corruptos”.

En tanto, Lucila De Ponti (Movimiento Evita) denunció que “es un proyecto hecho a medida de las grandes empresas, de los grupos económicos y de los estudios de abogados que los defienden, que bien podría llamarse ‘la ley Calcaterra’ o ‘la ley Macri’”.

“Es una ley hecha para institucionalizar la corrupción y seguir sometiendo al Estado argentino y al poder público a una posición de debilidad frente al poder económico”, condenó la santafesina, insistiendo en que responde a “los intereses de la familia Macri, enriquecida en el marco de la patria contratista”.

El proyecto de ley aprobado este miércoles, que ahora quedó en manos del Senado, es un requerimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); según subrayó Burgos durante el debate, Argentina es el único de los 40 países que integran esta entidad que hoy no tiene este tipo de regulación.

El proyecto

El proyecto castiga a las personas jurídicas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración.

De acuerdo al texto, son responsables cualquiera de sus dueños, socios, accionistas, asociados, apoderados, representantes, directores, gerentes, y cualquiera de sus representantes en contratos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso.

En el artículo cuarto se establece que en los casos de transformación, fusión, absorción o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente.

La sanción que se implementa consiste en una multa de entre 0,5% y 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.

Otras sanciones complementarias son la suspensión total o parcial de actividades -no más de 10 años-, la suspensión del uso de patentes y marcas -con el mismo techo-, la pérdida o suspensión de subsidios estatales, o, en última instancia, la disolución y liquidación de la persona jurídica, si es que fue creada con el sólo fin de cometer delitos o si ésa constituye su principal actividad.

La acción penal se extingue por cumplimiento de un acuerdo de colaboración eficaz, con el que la empresa -hasta el momento de la elevación a juicio- podría comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a proveer información útil para la investigación, a cambio de “la suspensión de la persecución”.

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