La prensa brasileña divulgó este lunes unos correos electrónicos que involucran a la constructora Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, en el supuesto cobro de coimas por parte de Odebrecht para la reactivación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Según publicó el periódico El Estado de San Pablo, el exgerente y hoy CEO de IECSA S.A., Héctor Javier Sánchez Caballero habría sido el “contacto” para tramitar el pago de sobornos en 2010.
La información surge de un suculento dossier de más de 100 páginas elaborado por la policía a pedido del Ministerio Público Fiscal brasileño, en el marco de la investigación por el denominado “Lava Jato”. Ese documento contiene decenas de mails y mensajes privados entre exdirectivos de Odebrecht, empresarios de la construcción y funcionarios. En algunos casos se hablan con seudónimos o mencionan a otras personas con sobrenombres.
El ingeniero de IECSA quedó envuelto en el escándalo por anotaciones registradas en la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, histórico ejecutivo de Odebrecht en la Argentina. Esa máquina fue secuestrada y analizada por la policía brasileña, que detectó escritos relacionados con el pago de coimas. Cinco de esos mensajes se relacionan con el soterramiento del Sarmiento.
Uno detalla el resultado de una reunión realizada en Buenos Aires con directivos de la constructora y lleva por asunto “Reunión Sarmiento 29/04/10”. En ese mensaje se especifica un presunto plan para reactivar las obras en el Sarmiento.
1 – Subetapa 1 – Ingeniería + obrador + 5 puentes
2 – Anticipo de 15% de $ 140 MM – U$ 21 MM
$ 13 MM de sellado + $ 4 MM = $ 17 MM
Dgi – $ 1 MM
3 – A 30 días – Informe de pontes – $ 100 MM
Dgi – U$ 3 MM
4 – A 90 días – $ 500 MM – Bonos Anses
Dgi – U$ 16 MM
Los tres periodistas brasileños que firmaron la nota Fabio Serapião, Beatriz Bulla y Fausto Macedo aseguran que la siglas DGI es el nomenclador utilizado por Odebrecht para identificar el monto de las coimas. Así se desprende de varios testimonios judiciales de arrepentidos detenidos de la constructora.
El mensaje que más compromete a la firma Calcaterra señala a Sánchez Caballero como “DGI-Contacto Directo” y fue enviado por Couri Ribeiro el 9 de junio de 2010 a las 16:33. “Asunto: Reuniao com Sánchez Caballero – 10/06” se titula. El breve texto también da cuenta de una serie de pasos a seguir en pos de reactivar las obras ferroviarias.
Reuniao com Sánchez Caballero – 10/06
1 – Dgi’s – Contacto directo
2 – Aprovar Director Tecnico
3 – Equipe do proyecto trabalhar juntos
4 -Organizar/Disminuir comites
En el extenso informe al que tuvo acceso ámbito.com se aclara que “hay un uso de las siglas en relación con los pagos por nombres en clave, un artificio utilizado por el Sector de Operaciones estructuradas para ocultar el verdadero beneficiario de pagos ilícitos” y cita como ejemplo, cinco seudónimos: “TATU, CHORAO, BIG BOSS, TOTTI y MORENO”.
Respecto del mail que menciona a Sánchez Caballero sostiene que es un mensaje a “pagos ilícitos (DGI) relacionados con obras y / o aditivos específicos”.
En el mail que se cita a Lourenço Ghella, de la empresa italiana Ghella, integrante de la UTE que se adjudicó la obra del Sarmiento junto con Odebrecht, Iecsa y Comsa, se totalizarían supuestos pagos por u$s 20 millones. Cuando estalló el escándalo del “Lava Jato” trascendió que Odebrecht había pagado sobornos por u$s 35 millones la Argentina.
Los investigadores brasileños vincularon los mensajes hallados en la PC de Couri Ribeiro a las intermediaciones del exfuncionario de la Secretaría de Transporte, Manuel Vázquez. El apresado exasesor de Ricardo Jaime es investigado por múltiples causas de corrupción en la Argentina y está procesado en la causa por enriquecimiento ilícito de su exjefe.
“Como detalles de Odebrecht en su acuerdo (de confesión ante la Justicia), la compañía del primo de Macri participó en las negociaciones para el pago de comisiones ilegales en la obra de Sarmiento y alimenta las cajas negras que llegaron los pagos de los miembros del gobierno de Kirchner”, escribieron los periodistas del país vecino.
• Pedido de informes
Una horas antes de que surja esta información, el fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó que mediante exhorto Brasil informe si Odebrecht cometió delitos en connivencia con funcionarios argentinos y empresas como IECSA.
El pedido es para que Brasil informe si en la causa por “Lava Jato”, el mayor caso de corrupción en la historia de ese país, consta información sobre las obras adjudicadas para el soterramiento de esa línea de ferrocarril. La denuncia se originó por los dichos de la expresidenta Cristina de Kirchner, en oportunidad de hablar de su relación con el grupo de la familia Báez.
Ante el juez Julián Ercolini, quien justamente la indagó por presunto fraude con la obra pública, y al intentar rebatir políticamente sus vínculos con Báez, Cristina había dicho que hubo irregularidades por parte del Gobierno de Macri en el financiamiento del soterramiento del tren Sarmiento con $ 45.000 millones, puesto que el mismo le correspondía asumir a la empresa IECSA, del cual es accionista Calcaterra.
Según se investiga, el 16 de junio de 2016 y por el decreto de necesidad y urgencia 797/2016 se modificó el presupuesto y se autorizó la contratación de obras y adquisición de bienes para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que había sido adjudicado ya en 2008 al consorcio IECSA S.A, a la constructora Norberto Odebrecht; COMSA S.A y Ghella Societa Per Azzionipor.
La denuncia hecha por la exmandataria es porque el financiamiento iba a provenir desde el exterior y, finalmente, en 2016 se resolvió que el Estado Nacional lo financiara. La sospecha va desde supuestos cohechos, defraudación en perjuicio a la administración pública y hasta posibles incumplimientos con los deberes de funcionario público.
Ahora, el juez federal Sebastián Ramos debe resolver el pedido hecho a fines de esta semana por Pollicita para que el Juzgado de la 13° Nominación Federal de la Circunscripción Curitiva, en Brasil, señale si en el informe elaborado por la Policía Federal de Paraná en la causa “Lava Jato” hay información sobre posibles delitos cometidos en el soterramiento del Sarmiento.
