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Derrota electoral y dólar en alza: el Gobierno cambia de estrategia con menor tasa y más Riesgo País

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La contundente derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre (más de 13 puntos de diferencia) alteró el delicado equilibrio político-económico que el Gobierno intentaba sostener hasta las presidenciales de octubre. El resultado precipitó un cambio de estrategia: menor tasa de interés, dólar más alto y un Riesgo País que ya superó los 1.100 puntos.

Así lo refleja el informe de la consultora Ecolatina, denominado “Ajustando expectativas”

Una economía en modo electoral no alcanzó para obtener lo que era un objetivo claro del Gobierno: tener un desempeño aceptable en las elecciones provinciales de septiembre (una derrota de 5 puntos como mucho) y luego alcanzar un buen resultado en las elecciones nacionales de octubre, mostrando así un apoyo contundente de la sociedad al programa económico.

La contundente derrota electoral (más de 13 puntos) tuvo un impacto negativo en el mercado. A pesar de la confirmación del rumbo económico del Gobierno, los hechos trajeron modificaciones con un esquema virando a menores tasas y dólar más elevado. El Central absorbió peso en el mercado a una tasa decreciente, impulsando la tasa de interés del sistema a la baja y facilitando un costo de endeudamiento menor para la licitación de la semana de Finanzas. Desde el lado de los dólares, el Tesoro parece haberse corrido del mercado y el nuevo equilibrio se ubicó por encima de los $1.400, incluso rozando el techo de la banda. En este sentido, la principal herramienta para contener el dólar está siendo la amenaza de ventas del BCRA en el techo de la banda. El desempeño electoral trajo a escena un Riesgo País al alza, importante para afrontar los próximos vencimientos de deuda en dólares.

Lo evidente: el resultado electoral no será el único factor que defina la dinámica del Riesgo País, también entran en juego las señales de gobernabilidad y la recomposición de Reservas. Incluso suponiendo que se retoma el acceso a los mercados, la actual política cambiaria posiblemente sea revisada de cara a la segunda mitad del mandato ¿Iremos a un régimen de flotación sucia? En tal caso, el nivel del tipo de cambio dependería más de la intensidad de los flujos de divisas (reales y financieras) y no sólo de las intervenciones oficiales. En tal sentido, si el BCRA define una trayectoria clara y transparente de recomposición de reservas, seguramente ayude a descomprimir el Riesgo País.

Hace algunas semanas veníamos marcando que la economía ya había entrado en modo electoral: el Gobierno buscaba contener el dólar para concentrarse en la desinflación como principal activo de campaña, relativizando los costos en materia de actividad. El objetivo era claro, tener un desempeño aceptable en las elecciones provinciales de septiembre (una derrota de 5 puntos como mucho) y luego alcanzar un buen resultado en las elecciones nacionales de octubre, mostrando así un apoyo contundente de la sociedad al programa económico.

En cuanto a la caja de herramientas utilizada, las autoridades evitaron comprar USD en el MULC (luego de adquirir USD 1.229 en julio) para no incrementar la demanda, e incluso realizaron ventas (unos USD 600 M en julio) de forma indirecta vía organismos públicos (es decir, ni el BCRA ni el Tesoro). Además, se impulsó un alza en las tasas de interés (endógenas a la dinámica del tipo de cambio) y una marcada intervención en los futuros del dólar para fomentar el carry trade con cobertura cambiaria (estimamos cerca de USD 4.500 M a finales agosto).

Como contrapartida, la inflación se mantuvo por debajo del 2% mensual en agosto por cuarto mes consecutivo, persistiendo la señal positiva de un pass-through acotado (el dólar subió 4,6% promedio). No obstante, el costo en materia de actividad es cada vez más palpable: en julio la industria cayó 2,3% mensual por segundo mes consecutivo, y borró casi toda la recuperación que había registrado desde el año pasado. Asimismo, en un escenario de mayor incertidumbre electoral y elevadas tasas de interés, las previsiones para agosto no son alentadoras. Por caso, los préstamos por Adelantos se desplomaron casi 11% en agosto e interrumpieron una racha nueve meses consecutivos al alza.

Como era esperable en las puertas de la contienda el electoral el escenario político-económico se fue tensando. Con un poder de fuego diezmado de los organismos públicos, el Gobierno se decidió a intervenir directamente en el mercado con los depósitos del Tesoro para contener el tipo de cambio. Los depósitos en dólares venían sufriendo un constante goteo desde el comienzo de agosto, y el martes 4/9 anunció oficialmente que intervendría el mercado de cambios. Tan sólo ese mismo día, Hacienda se desprendió de USD 200 M, acumulando una venta superior a los USD 500 M en las cuatro ruedas contenidas durante la semana (implicando 4 de cada 10 dólares comprados en julio).

Lo peor llegó el fin de semana, cuando el oficialismo obtuvo derrota contundente (por más de 13 puntos) a manos de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires. Claramente, la sorpresa electoral tuvo un impacto negativo no sólo para el Gobierno, sino también para los mercados: 1) El Merval cayó un 16% en dólares, la mayor caída diaria desde las PASO de agosto del 2019; 2) Los bonos soberanos en USD cayeron en promedio un 9% y llevaron al Riesgo País por encima de los 1.100 puntos básicos (el nivel más alto desde octubre del 2024); y 3) El tipo de cambio oficial abrió a $1.450 (más de un 6% arriba del cierre del viernes previo y apenas un 1,2% por debajo del techo de la banda), aunque luego se estabilizó en la zona de $1.420.

En este marco, el Gobierno comunicó que no cambiaría el rumbo económico, reafirmando el esquema cambiario-monetario trazado en un contexto de mayores expectativas de devaluación. No obstante, los movimientos en el mercado del Central en la semana señalaron un nuevo cambio pragmático en la estrategia del Gobierno. Concretamente, durante las primeras ruedas el Central tomó mayor protagonismo absorbiendo pesos en el mercado a una tasa decreciente, que pasó del orden del 45% TNA a los 35% TNA en la previa de la licitación de Finanzas el miércoles 10 (habría absorbido cerca de $1,1 bn entre el martes y miércoles). Así, la tasa de caución a 1 día que abrió la semana en 45% TNA PP en MAE, llegó el miércoles a la zona del 33% TNA PP; y el precio de los instrumentos a tasa fija subió en promedio 1,3%, comprimiendo los rendimientos desde una zona del 5% TEM a los 4% TEM.  

Este marco permitió que Finanzas obtenga una buena licitación, donde adjudicó $6,6 bn sobre ofertas de $7,4 bn, lo que significó un rollover de 91,4%. En una semana compleja, el Tesoro logró renovar gran parte de los vencimientos sin la asistencia de una suba de encajes del BCRA a los bancos en la previa (algo que se había hecho habitual), y logró renovar a una tasa casi en línea a la del mercado en un contexto de menores rendimientos.

Por el lado de los dólares, el Tesoro se habría corrido del mercado. En palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, el Tesoro se habría retirado del mercado durante la semana, aunque los depósitos sufrieron una nueva baja de cerca de USD 65 M entre el lunes y el martes, con una suba de los depósitos en pesos (expresados en dólares) de casi la misma magnitud (+USD 56 M). Más allá de lo indicativo de los números, lo cierto es que, de existir tales ventas, se encuentran muy por debajo de los registros de la previa electoral (USD 120 M diarios).

De todas formas, la principal herramienta para contener el dólar está siendo la amenaza de ventas del BCRA en el techo de la banda. Si bien el Tesoro cuenta con cerca de USD 1.100 M en sus depósitos y tiene que afrontar vencimientos en USD por la misma magnitud hasta las elecciones de octubre (razón por las cual habrían dejado correr inicialmente el dólar en lugar de frenarlo), el BCRA dispone de más de USD 15.000 M en Reservas Internacionales Líquidas (Reservas Brutas – SWAP – oro) para intervenir en caso de que sea necesario.

Consecuentemente, el mercado parece creer en el techo de la banda cambiaria (al menos hasta las elecciones), y no descartamos que intente en algún momento hasta octubre testear el comportamiento de las autoridades. De hecho, en la jornada de hoy, justo cuando apareció un offer en el mercado en el techo de la banda por USD 100 M (levantando sospechas de que el BCRA estaría detrás), Federico Furiase, integrante del equipo económico, posteó en X respecto al poder de fuego del Central que la creencia o no de la misma no depende de ellos y que “sólo lo comprobarán si lo testean”, aludiendo a que actuarán si la divisa llegara a cotizar $1.471 (techo la de banda).

En suma, las cosas sí cambiaron. El esquema cambiario-monetario acusó recibo y se reconfiguró en un equilibrio de tasas reales elevadas para contener el dólar a uno de menores tasas de interés y dólar más elevado.

Más allá del cambio de estrategia, si el BCRA vende reservas o no, cuándo comienza a hacerlo y a qué ritmo son factores que no son inocuos para la sostenibilidad del esquema una vez superadas las elecciones. Pongámoslo en números: si suponemos que el BCRA arranca a intervenir a fines de septiembre (justo un mes antes de las elecciones) y que su intervención diaria es en promedio USD 120 M (en línea con las ventas del Tesoro en las ruedas previas a la elección de PBA), la autoridad monetaria se estaría desprendiendo de USD 2.400 M. Si bien luce un número no tan grande en comparación con el poder de fuego del BCRA, no creemos que sea una señal positiva para el mercado financiero, dado que explicaría más de la mitad de los vencimientos en USD de bonos soberanos que tiene que afrontar el Tesoro en enero.

En materia electoral, si bien la primera impresión del resultado en PBA es que hoy un triunfo categórico de La Libertad Avanza a nivel nacional luce más improbable que antes, lo cierto es que el tránsito hasta octubre es largo y el gobierno aún tiene chances de “recrear” la sensación de “triunfo”. En este marco, frente a vencimientos en dólares por cerca de USD 20.000 M en 2026, el principal interrogante de cara a los próximos meses es si un buen (o aceptable) resultado electoral es suficiente para bajar el riesgo país y volver a los mercados internacionales de deuda, clave para la sostenibilidad del esquema económico.

Lo evidente, la expectativa electoral sufrió un shock. La crispación del clima político se materializó en una batería de leyes (hasta el día de hoy en discusión) que pusieron en jaque el equilibrio fiscal, principal ancla del programa económico. Los virtuales costos políticos de los vetos y una política monetaria-cambiaria con claro impacto negativo en la actividad suscitó dudas lógicas de si la performance del Gobierno sería la esperada. Desde la baja registrada en el Índice de Confianza del Gobierno de Di Tella en agosto (algo que toma el mercado como predictor electoral), el riesgo país saltó del orden de los 700-750 a los 850-900 puntos básicos, para pasar a los actuales 1.000 p.b. tras la derrota de PBA. Local o no, la nacionalización de la elección ocurrió y dejó en el centro de la escena el virtual apoyo popular al programa económico.

Otra cuestión, ahora más evidente: el resultado electoral no será el único factor que defina la dinámica del riesgo país, también entran en juego las señales de gobernabilidad (diálogo con gobernadores) y la recomposición de reservas. Incluso suponiendo que se retoma el acceso a los mercados, la actual política cambiaria posiblemente sea revisada de cara a la segunda mitad del mandato ¿Iremos a un régimen de flotación sucia? En tal caso, el nivel del tipo de cambio dependería más de la intensidad de los flujos de divisas (reales y financieras) y no sólo de las intervenciones oficiales. En tal sentido, si el BCRA define una trayectoria clara y transparente de recomposición de reservas, seguramente ayude a descomprimir el riesgo país.

Dólar oficial al alza

Con el resultado electoral como trasfondo, el dólar oficial spot finalizó la semana en $1.453 (+7,2% respecto al viernes previo), saltando 4% al cierre del lunes y otro 1,5% en la jornada de hoy. Por otro lado, las Reservas Brutas finalizaron en USD 40.309 M y las Reservas Netas descontando los depósitos del Tesoro, BOPREAL y DEG habrían cerrado en USD 1.300 M (+USD 6.600 M si no se descuentan aquellos ítems).

La brecha cambiaria se mantiene estable

En la semana, los dólares alternativos finalizaron con subas. En números, el dólar minorista subió 5,8% ($1.468) respecto al viernes de la semana anterior, el dólar MEP operado con AL30 ascendió 6,3% ($1.473), el dólar CCL operado con GD30 se deslizó 5,2% ($1.449) y el blue aumentó 4,0% ($1.425). Frente a un deslizamiento mayor del tipo de cambio mayorista, la brecha cambiaria promedio finalizó en la zona del 1%.

Los futuros de dólar suben

Los contratos a futuro del dólar acompañaron el movimiento del spot. En detalle, los contratos de septiembre a noviembre subieron 4,7%, y aquellos con vencimiento desde diciembre +4,4%. Respecto a las devaluaciones implícitas, el mercado cerró con una devaluación próxima al 4,5% para el trimestre septiembre-noviembre, y promedia un 12,8% para el trimestre siguiente.

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Consenso económico entre Oficialismo y oposición

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El informe mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) hace foco en los acuerdos y consensos necesarios para sacar al país del estancamiento económico.

Es recurrente escuchar reclamos sobre la necesidad de que distintas corrientes políticas lleguen a acuerdos y consensos para sacar a la Argentina del estancamiento de la última década. Sin embargo, aunque los distintos espacios políticos prefieran resaltar sus diferencias, consideramos que es posible definir un consenso entre las principales fuerzas políticas (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) que incluye también al Fondo Monetario Internacional en algunos puntos clave. Ese consenso se puede resumir en cinco puntos:
● Necesariamente hay que acordar con el FMI
● Ausencia de un programa antiinflacionario definido
● Búsqueda de equilibrio fiscal
● Ingreso de dólares por la explotación de recursos naturales
● Necesidad de controles cambiarios

En este informe, nos detenemos a analizar los flancos abiertos que deja cada punto y las razones por las cuales puede llegar a fracasar este consenso. Lo delicado de un programa fallido con estas características es que no afecta sólo a una de las fuerzas políticas sino que involucra a toda la dirigencia protagonista desde la post convertibilidad. Ese escenario intensifica el desencanto de la población con la “política” facilitando la expansión de versiones extremas por derecha y por izquierda, en el caso de que el Frente de Todos no pueda dar respuesta a la crisis iniciada por Juntos por el Cambio.

La principal discusión de las fuerzas políticas en torno al acuerdo con el Fondo no es la necesidad de un acuerdo – que ambos consideran indispensable- sino quién paga los costos políticos de ese eventual acuerdo. Respecto a la inflación, después de los fallidos experimentos monetaristas y los acuerdos de precios heterodoxos de bajo impacto, los programas antiinflacionarios que corten la inercia del 50% siguen pendientes. En ese sentido, el consenso es la imposibilidad de aplicar un programa de estabilización y enfrentar los costos si no funciona. El equilibrio fiscal, a distintas velocidades, apunta a ser un objetivo en común de oficialismo y oposición, que se resume en el planteo de Guzmán respecto a que el superávit fiscal “no es de izquierda ni de derecha”. El rol de conseguir dólares para desplazar la restricción externa queda reducido, para ambas fuerzas, a la expansión del sector primario (agropecuario, hidrocarburífero y minero). Los controles cambiarios, aunque son criticados por los efectos nocivos de la brecha cambiaria por estos mismos sectores, son una restricción que nadie se anima ya a levantar de un día para el otro, como hicieron Macri, Sturzenegger y Prat Gay en 2015. Estos, sintéticamente, son los puntos de un consenso entre los dos grandes polos que hoy organizan la oferta política argentina.

Consenso 1: De la mano con el Fondo

Llevar el acuerdo con el FMI al Congreso le permite al gobierno diluir parte de las responsabilidades y los costos que estén asociados al programa acordado. Sin embargo, cuando toque hacer el balance electoral dentro de dos años no va a poder desentenderse de los resultados prácticos del acuerdo sobre la economía, ni descargar los costos de un plan fallido con el FMI en la oposición.

Hoy en día, ni el gobierno ni las consultoras ortodoxas plantean que el acuerdo vaya a traducirse en una buena noticia para la economía argentina. El principal argumento para cerrar el acuerdo es que la alternativa es peor, pero nadie se anima a plantear que un acuerdo con el Fondo puede ser positivo por sí mismo. Por eso, la discusión pasa a ser sobre quién paga el costo político.

Desde el año pasado, hemos insistido en que los acuerdos por la deuda no se traducen en una mejora en la actividad de la actividad económica traccionada por las expectativas y el ingreso de inversión extranjera directa (ver el informe de Marzo 2020). Ese era un canto de sirenas que esgrimía Macri al acordar con los fondos buitres ni bien asumió. La necesidad de pactar con el FMI para estabilizar las expectativas del mercado en 2018, fue también el fallido argumento que utilizó para firmar el histórico préstamo por más de USD 50.000 millones. Sin embargo, el resultado de ambos acuerdos fue un fiasco.

Aceptar las condiciones que imponían los fondos buitres sólo sirvió para relanzar un ciclo especulativo insustentable de corto plazo. El pacto con el FMI, lejos de evitar el derrumbe de ese ciclo, lo potenció, dejando a su paso la pesada herencia de las presiones del organismo internacional.

El establishment volvió al consenso de no “caernos del mundo” para llevar al gobierno del FdT a negociar rápidamente con el sector privado y con el FMI ni bien asumió. Incluso, parte del gobierno planteó que la reestructuración privada tendría ese efecto positivo. Sin embargo, la brecha cambiaria se agrandó y los títulos cayeron cerca de un 40% desde que empezaron a cotizar post reestructuración.

Luego de esa experiencia, ya se abandonó esa posición optimista de las reestructuraciones y sólo se plantean como el mal menor. A contramano de aquel consenso, la última experiencia de expansión económica sostenida (2002-2011)
se produjo en un escenario de default y reestructuración incompleta de la deuda, que bloqueaba el financiamiento externo de la economía. Estar “aislados del mundo” no parece ser tan negativo como sugiere el Consenso 1, y un mal acuerdo con el FMI puede terminar siendo más perjudicial para la estabilidad de la economía (y ni que hablar para el fortalecimiento político del oficialismo), que la ausencia de acuerdo.

Consenso 2: Si no puedes derrotar a la inflación, únetele

La inflación tiró al tacho los programas heterodoxos y ortodoxos aplicados en los últimos años. Cada corriente eligió su “ancla” (el dólar y las tarifas para la heterodoxia, la base monetaria para la ortodoxia) y aún así no pudieron frenar la inercia inflacionaria. En el caso del FdT, el retraso tarifario y cambiario de este año no pudo bajar la inflación del 50%. Si vemos las alternativa que aplicó JxC en 2019, a pesar del experimento de congelar la base monetaria durante un año, rompió récords de inflación. Por eso, comparten la falta de brújula frente al problema inflacionario.

Respecto a las últimas medidas tomadas por la Secretaría de Comercio, en el informe de octubre analizamos en detalle el impacto que tienen los acuerdos de precios sectoriales. Nuestro diagnóstico es que el efecto que tienen es el de contrarrestar las aceleraciones bruscas de precios que se pueden dar en los mercados concentrados en un contexto inflacionario pero no inciden sobre el componente inercial de los precios.

En sus últimas declaraciones, el Ministro Guzmán parece sugerir la necesidad de un acuerdo integral que involucre al sector empresario. Algo similar se esbozó a principios de 2021 pero sólo se consiguió el fuerte compromiso del sector sindical. Ya avanzado el 2021, no era realista plantear algo de esas características porque en el contexto electoral no se puede sacar compromisos fuertes del sector privado y el gobierno no quiere mostrarse débil en una negociación mientras va a las urnas. El 2022 puede llegar a ser el año en el que se avance en algún acuerdo de congelamiento más integral, las condiciones están dadas aunque tampoco está claro que el gobierno tenga voluntad de ir por ese camino, ni que las negociaciones se encaminen hacia un programa que ataque de frente los componentes inerciales de la inflación. Al respecto, en esta propuesta detallamos la secuencia de política que se puede seguir para reducir la inflación inercial.

Consenso 3: El superávitfiscal no es de izquierda ni de derecha

Plantear que el superávit fiscal es un objetivo de la derecha o del FMI no es novedad. Que el gobierno peronista lo ponga como un objetivo en el corto o mediano plazo, sí lo es. Incluso, a principios de 2021, el equipo económico actual planteó que la inflación se reduciría por las señales de reducción del déficit que se daban desde el gobierno. Luego de que se sobrecumplieran esos objetivos, la inflación se movió en el sentido opuesto y ese libreto se dejó de lado. Hoy, desde lo discursivo, no se presenta al equilibrio fiscal como un instrumento para moderar la inflación sino que se hace énfasis en su componente multicausal, destacando el rol de los acuerdos de precios.

En una economía que reparte muy desigualmente los ingresos del crecimiento económico, la inyección de recursos fiscales puede terminar siendo una fuente de presión sobre la brecha cambiaria. Dicho de otra forma: lo que el Estado gasta, el privado lo gana y termina en pocos bolsillos que prefieren dolarizarse. En el caso de las tarifas de energía es evidente. El subsidio que va a los hogares con capacidad de ahorro termina dejando disponibles los pesos que van a la dolarización. Por el contrario, un aumento de las tarifas disminuye el déficit fiscal y achica la capacidad de ahorro de las familias, reduciendo su demanda de dólares para atesoramiento.

En ese sentido, un menor déficit ayuda a la estabilidad de la brecha cambiaria aunque a costa de un menor excedente del sector privado. De modo similar, la recesión también suele reducir la demanda de dólares tanto por el menor excedente a dolarizar como por las menores importaciones. Recientemente fueron las devaluaciones las que generaron el equilibrio en las cuentas fiscales: dispararon la inflación y, con los gastos congelados en el corto plazo, el resultado fiscal mejoraba. Por su parte, la inflación acelerada por la mayor devaluación del peso, carcome los bolsillos de la población y tiende a deprimir la actividad económica, induciendo de esa manera una menor demanda de divisas.

Así las cosas, una fuerte suba de tarifas y del dólar pueden plantearse como una política de reducción de la demanda de dólares, por la vía de su impacto fiscal y sobre el poder de compra de la población. Pero esas impopulares medidas corren el riesgo de fracasar si, al acelerar la inflación y la incertidumbre cambiaria, terminan generando una mayor demanda de divisas para atesoramiento. Es decir, si el efecto sustitución en las carteras de los agentes, termina superando el efecto menores ingresos dolarizables.

Algunas voces dentro del FdT pueden disentir con el objetivo de achicar el déficit fiscal. Sin embargo, en esta visión, el déficit tiene un rol semejante al que tiene en las economías desarrolladas: un estímulo a la demanda agregada para impulsar el nivel de actividad. La limitación de este enfoque es que lleva rápidamente a chocarse con la restricción externa si no se eligen los sectores en los que se pretende incentivar la actividad económica. Como hemos venido sosteniendo desde el Plan Hornero, el impulso a los sectores tiene que ser más selectivo en función de la demanda de dólares que genere y, sobre todo, que esté vinculado a la solución de problemas sociales concretos. Por ejemplo, el consumo de bienes durables suele ser muy deficitario en términos de dólares y no da respuesta a los problemas de vivienda y medioambientales que afectan las condiciones de vida de la población.

Consenso 4:Ingreso de dólares por la explotación de recursos naturales

La escasez de dólares ha sido, de 2011 para acá, la gran restricción al crecimiento de la economía argentina. Las recurrentes crisis, disparadas por el desbalance del sector externo, estimularon el surgimiento de un sector dentro del pensamiento heterodoxo que se fue acercando a posiciones históricamente ortodoxas. Así, los neodesarrollistas que dominan gran parte del gabinete económico oficial, subordinan cualquier objetivo económico, político, social y ambiental, a la necesidad de generar dólares vía expansión de las exportaciones. Dada nuestra histórica inserción comercial, la expansión de las exportaciones descansa casi totalmente sobre actividades extractivas de escaso valor agregado.

En la búsqueda por evitar caer en los mismos problemas económicos de la última gestión de CFK, se lanzaron a promover proyectos de grandes inversiones orientadas principalmente a la explotación de recursos naturales. Si bien se presentaron otro tipo de proyectos para el desarrollo de la industria (como el caso de la promoción de la industria del cannabis y del cáñamo, o la ley de movilidad sustentable), la explotación minera aparece como el único sector con capacidad concreta de tentar a los capitales extranjeros para desarrollar una actividad con perfil exportador en el corto plazo.

Lo novedoso es que un núcleo de economistas heterodoxos haya hecho de la explotación de los recursos naturales su principal bandera y haya logrado hacerse conocer por fuera de los círculos académicos gracias a su posicionamiento sumamente agresivo ante las críticas que reciben este tipo de proyectos.

Según estas prioridades, el ambientalismo (“falopa”, como suelen agregarle en las redes como un aporte a la calidad del debate) sería una de las principales barreras que impide el desarrollo nacional por frustrar el ingreso de dólares.
Llamativamente, desde la tradición de la economía política, relegaron completamente la dimensión política del problema. El propio gobierno nacional se valió de las necesidades de un gobierno provincial muy debilitado (salió tercero en las últimas elecciones) que, sin dar mayores explicaciones, dio un giro de 180 grados respecto de su posición sobre la minería en la meseta chubutense. Aún considerando la posibilidad de que haya razones genuinas para abandonar uno de los slogans de campaña, estos cambios deben ser claramente expresados ante la sociedad y fundamentados con absoluta transparencia. De otro modo, modificar el escenario de votación de los proyectos creyendo que se esquiva la movilización popular, sólo contribuye a reforzar la imagen de una corporación política cooptada por el establishment económico. Se tiene que llevar a cabo un procedimiento impecable si se pretende que un gobierno que no cumplió los acuerdos paritarios a los dos meses de haberlo firmado – en marzo de 2018 comenzó a pagar los sueldos públicos en cuotas-, sea visto como una garantía para el cuidado del agua y el ambiente frente a las corporaciones internacionales.

Al llevar la discusión desde los papers sobre modelos de desarrollo hacia su aplicación concreta, se olvidaron un componente fundamental que es la persuasión del resto de los actores respecto de la viabilidad de esos proyectos. La miopía política, envuelta en economicismo, termina por llevar al gobierno nacional a una derrota, donde un estallido popular obliga al gobierno provincial a dar marcha atrás y derogar la ley de zonificación minera. A la hora de medir los resultados, no lograron avanzar con lo necesario para desarrollar la minería y dejaron a pagar un costo político al gobierno nacional en una provincia que se le hace cada vez más esquiva en términos electorales. Por eso el proyecto de desarrollo nacional debe trabajar económica y políticamente sobre las restricciones que enfrenta ponderando tanto la disponibilidad de dólares como las condiciones sociales y las demandas ambientales.

Esta lección es fundamental para otros proyectos que están pendientes como el Programa de Desarrollo Minero Argentino o la prospección de la cuenca hidrocarburífera offshore en la costa bonaerense. La generación de consensos para estos proyectos debe estar desde el inicio porque es una condición necesaria del desarrollo nacional que tenga el acompañamiento de la propia comunidad. Las alternativas más autoritarias o tecnocráticas impuestas por una élite dirigencial y académica no tienen chances de prosperar, y terminan frustrando tanto el desarrollo de los proyectos exportadores como el sostenimiento político del oficialismo.

Consenso 5: Sin controles cambiarios, la chocamos

Hoy por hoy, nadie se anima a avanzar ni proponer un programa de rápida liberalización cambiaria y financiera, en algunos casos más a fuerza de realidad que de convicción. Ni siquiera dentro de Juntos por el Cambio se arriesgan a sugerirle al gobierno que levante el cepo, tal como lo exigían en la campaña de 2015, dado que los controles actuales fueron impuestos por Mauricio Macri en sus últimos meses de gobierno.

Incluso, en el informe publicado por el FMI que analiza ex-post el resultado del programa financiero acordado en 2018, el organismo señala que estos controles deberían haberse aplicado mucho antes para evitar el la salida de capitales. Dentro de las “lecciones” señala: “El programa de Argentina podría haber sido más sólido si hubiera contado con medidas para administrar los flujos de capitales (CFMs)” (pág 66).

El Fondo convivió con restricciones a la compra de divisas en los casos de Islandia y Nigeria. Siempre incorpora la necesidad de salir de esos esquemas pero en el caso de Islandia llevó una década y, actualmente, con Nigeria hace observaciones sobre las decisiones discrecionales del gobierno al intervenir sobre la brecha cambiaria. En el caso de Argentina, el consenso dentro de los sectores de poder es su necesidad en el corto plazo y mucha cautela para levantar los controles cambiarios ante el riesgo de generar una espiral devaluatoria e inflacionaria como las vividas durante los 80.

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“Si a Macri le va mal, nos va pésimo a todos los argentinos”

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En su paso por la ciudad de Mendoza para distintas actividades, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey se reunió en Casa de Gobierno con Alfredo Cornejo, gobernador local. Ambos mandatarios provinciales se manifestaron a favor de ayudar al Gobierno de la Nación en un trabajo conjunto que involucre al oficialismo, a los actores de la oposición que quieren que Argentina vaya para adelante y a todos los sectores productivos. Luego, Urtubey y Cornejo presentaron en el estadio Malvinas Argentina, de la ciudad de Mendoza, 2 partidos del seleccionado argentino de rugby Los Pumas: el sábado 25/08 en ese lugar y el 06/10 en Salta
En diálogo con el programa “Otra manera” de MDZ Radio (Grupo Terranova), Juan Manuel Urtubey no descartó la posibilidad de sumar a Sergio Massa, a Roberto Lavagna y hasta a Marcelo Tinelli a su espacio político y realizar una gran PASO peronista en 2019.
“Si no alcanza con el peronismo hay que conversar con otros sectores para construir una alternativa superadora de esta grieta entre macrismo y kirchnerismo. Podemos hacer algo competitivo y ganar las elecciones”, aseguró el gobernador salteño, y agregó: “Con Massa y Lavagna podríamos estar en el mismo espacio”.
“Lo importante es determinar qué queremos para Argentina, qué rol queremos que ocupe el peronismo y quiénes estamos de acuerdo. No sirve de nada unirnos si no pensamos qué queremos hacer con la Argentina. No coincido con el sector que plantea la conducción de Cristina Kirchner”, continuó Urtubey.
Urtubey anticipó que visitaría a su colega Alfredo Cornejo para continuar discutiendo la integración de los gobernadores de provincias fronterizas y el Presupuesto Nacional 2019: “La idea es colaborar para que el Gobierno tenga el Presupuesto, obviamente discutiendo algunas cuestiones con respecto a los intereses de cada provincia. No soy de Cambiemos ni lo seré, pero voy a ayudar para que les vaya bien. Si a Macri le va mal, nos va pésimo a todos los argentinos”, explicó el mandatario salteño.
Precisamente, en la comunicación oficial de la visita de Urtubey a Cornejo se hizo hincapié en la coincidencia de ambos en que “los argentinos tenemos la oblig ación moral de ayudar a construir entre todos esa Argentina que todavía nos debemos, más allá de donde venga cada uno, más allá de nuestras convicciones político partidarias.”
Urtubey destacó que “hay que colaborar ya porque la gente necesita resultados y los necesita ya”.
El salteño indicó que “la unica manera de salir de esta crisis es hacerlo todos juntos y comprometidos, sobre todo, con los sectores más vulnerables”.
A su vez, Alfredo Cornejo señaló que “primero hay que actuar con franqueza y hablarle muy claro a la dirigencia política, sindical y empresaria”, y remarcó que “debemos comprometerla en este triple acuerdo entre el Gobierno, la oposición razonable y el FMI para sacar adelante la economía del país”.
Precisamente este viernes 24/08, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se mostró “confiado” en la posibilidad de “llegar a un acuerdo” con los gobernadores por el presupuesto para el año 2019.
“Faltan unas semanas para presentar el presupuesto y creo que vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a mostrarle al mundo que, no solamente el presidente (Mauricio Macri) y su equipo, sino que todos los que tenemos responsabilidad en la cosa pública estamos de acuerdo”, enfatizó el ministro del Interior.
Ambos gobernadores participaron luego en la presentación de los próximos partidos que Los Pumas jugarán en el marco del Rugby Championship.
En Mendoza, el seleccionado nacional enfrentará a Sudáfrica este sábado 24/08 en el estadio Malvinas Argentinas, y el 06/10 Salta recibe a los Wallabies ya que los australianos se medirán con los Pumas en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña.
Ambos partidos son parte del calendario del Rugby Championship en el que el seleccionado argentino debutó visitando a Sudáfrica.
“El espejo que refleja en las provincias el deporte, particularmente el rugby, es mucho más fuerte y profundo”, indicó Urtubey al referirse a la visibilidad que adquieren las jurisdicciones con este tipo de eventos de alcance internacional.
Urtubey agradeció la hospitalidad de los mendocinos y destacó cómo a partir de la presencia de Los Pumas hay cada vez más chicos jugando al rugby: “Es un instrumento muy importante de promoción de valores y eso hace que cada vez más chicos estén practicando deportes”.
“Queremos que haya referentes que transmitan que vale la pena practicar deportes y vivir una vida sana”, indicó el gobernador.
Según Urtubey, desde que se confirmó la presencia de Wallabies en Salta, su Administración recibe consultas permanentes de empresarios austra lianos con fuerte presencia en la Provincia – especialmente en minería – interesados en invertir y trabajar en la Provincia.
El plus del encuentro será una semana de actividades que incluirán rondas con empresarios de Australia y Argentina (“Semana de Argentina y Australia en Salta”).
Urtubey señaló que, particularmente, el partido entre los Pumas vs. Wallabies es un escenario propicio para atraer inversiones “que tanta falta hacen a la Argentina” y que supera la sola promoción a nivel internacional.
Urtubey agradeció a la Unión Argentina de Rugby señalando que a Los Pumas les va bien en Salta y en Mendoza y también agradeció y destacó el trabajo que realiza la Unión de Rugby de Salta.
Cornejo manifestó el orgullo de tener a Urtubey presentando también el partido que se jugará en Salta. “Nos asocia en un tarea que tiene que ver con difundir valores”, indicó.
El gobernador mendocino destacó también la promoción del turismo que genera este tipo de eventos indicando que estos partidos ayudan a difundir la marca, a traer gente y promover empleo.

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El oficialismo presentó un proyecto para reformar la Procuración

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El oficialismo presentó hoy un proyecto en la Cámara de Senadores de la Nación para introducirle modificaciones al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, que fue también apoyado por algunos legisladores de la oposición peronista. 

La iniciativa lleva la firma del presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, y está acompañada por las rúbricas del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, y del peronista entrerriano Pedro Guastavino, entre otros.

El proyecto ingresó esta tarde por Mesa de Entrada de la Cámara alta y será discutido en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Carlos Guastavino (FPV-PJ), a partir de la semana que viene.

En tanto, cuenta El Cronista, Diputados también tiene en estudio un proyecto para reformar el accionar del Ministerio Público Fiscal y modificar la forma de elección y la duración del mandato del procurador. Sin embargo, allí el debate fue postergado en octubre del año pasado.

 

La presentación se produce cuatro días después de que la procuradora Alejandra Gils Carbó oficializó su renuncia, que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre de este año.

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