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Organizaciones de Misiones redoblan la presión contra la reforma de la Ley de Tierras y piden a los senadores que voten en contra

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A poco más de dos semanas del tratamiento previsto en el Senado de la Nación, crece en Misiones la oposición al proyecto de ley denominado “De inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que, según denuncian organizaciones agrarias, sindicales, ambientales, sociales y partidos políticos de la provincia, implicaría en los hechos la derogación de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales y abriría una nueva etapa de extranjerización del territorio argentino.

La posición quedó plasmada en un documento conjunto titulado “No al proyecto de entrega de tierras en el Congreso Nacional”, donde decenas de organizaciones advierten que la propuesta facilitaría la adquisición de tierras rurales por parte de empresas, personas y Estados extranjeros, eliminando uno de los principales límites establecidos para preservar el control nacional sobre un recurso considerado estratégico.

Los firmantes sostienen que la discusión excede el plano jurídico y se vincula directamente con el futuro del desarrollo productivo argentino. En ese sentido, afirman que la eventual derogación de la Ley de Tierras favorecería una mayor concentración de la propiedad y otorgaría mayor discrecionalidad sobre el uso de recursos estratégicos como la tierra, el agua superficial y los acuíferos.

En el documento recuerdan que actualmente más de 12 millones de hectáreas del país ya se encuentran en manos extranjeras y aseguran que, en el caso de Misiones, el 14% de las mejores tierras productivas pertenece a propietarios extranjeros, una situación que, sostienen, podría profundizarse si prospera la iniciativa que será debatida el próximo 6 de agosto en la Cámara alta.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia en un contexto que las organizaciones describen como de fuerte vulnerabilidad para el sector agropecuario provincial. Según expresan, la crisis que atraviesan miles de pequeños y medianos productores —agravada por la desregulación del mercado de la yerba mate— está acelerando procesos de concentración de la tierra y debilitando la capacidad de permanencia de cooperativas y emprendimientos familiares.

“En nuestra provincia, solo tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural. Al mismo tiempo, la profunda crisis agraria está llevando a la ruina a miles de pequeños y medianos productores, favoreciendo aún más la concentración de la propiedad”, advierte el texto difundido por la multisectorial.

Como contrapunto al proyecto nacional, el documento recupera una de las frases más recordadas del fallecido obispo de Iguazú, monseñor Joaquín Piña, uno de los impulsores de la defensa del acceso a la tierra en Misiones: “Queremos que la tierra sea propiedad privada de muchos y no de unos pocos”.

Las organizaciones destacan que ese principio inspiró la Ley Provincial de Colonización sancionada en 2004, política pública que permitió el acceso a la tierra a más de 2.000 familias en el noroeste misionero, una región que consideran ejemplo de desarrollo basado en el arraigo y la producción familiar.

El documento concluye con un mensaje directo dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta. Los firmantes solicitan a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen de manera unánime la iniciativa cuando llegue al recinto, al considerar que está en juego “el patrimonio de la provincia y la soberanía nacional”.

La convocatoria reúne a un amplio espectro de actores del entramado social y productivo misionero. Entre ellos figuran la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Agrario de Misiones, Productores Independientes de Piray, la Red de Agricultura Orgánica Misiones, la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organizaciones ambientales y de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia (SerPaJ) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), además de centrales sindicales como la CTA Autónoma Misiones, ATE Misiones, la CGT Regional Misiones y la Unión de Docentes Universitarios de Misiones.

El respaldo también alcanza a espacios políticos como Unidad Popular, Partido Agrario y Social (PAyS), Libres del Sur, Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Patriótico, Frente Patria Misiones y otras agrupaciones provinciales, que coinciden en advertir que el debate parlamentario trasciende una modificación normativa y plantea una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo, la distribución de la tierra y la preservación de recursos estratégicos para las futuras generaciones.

Con este nuevo pronunciamiento, la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública de Misiones, donde organizaciones de perfiles diversos buscan transformar el debate legislativo en una discusión sobre soberanía, producción y arraigo territorial.

No Al Proyecto de Entreg a de Tierras en El Congreso Nacional 2026 by CristianMilciades

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Alem lanzó su Bono SI y distribuye cien millones de pesos entre ONG locales

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En Leandro N. Alem comenzó la edición 2026 del Bono Solidario Institucional (Bono SI), un esquema que articula al Estado municipal con el entramado social para canalizar recursos directos hacia organizaciones locales. La iniciativa se formalizó con la entrega de los primeros certificados a entidades de la comunidad, en un acto encabezado por el intendente Matías Sebely.

El programa permite que asociaciones intermedias comercialicen los bonos y retengan la totalidad de lo recaudado, mientras que la Municipalidad asume el costo de los premios. En conjunto, el esquema moviliza unos 100 millones de pesos que se distribuyen bajo una lógica de esfuerzo compartido orientada a fortalecer el tejido social.

La entrega se realizó en el despacho del jefe comunal y alcanzó, en esta primera instancia, al cura párroco de la iglesia Santa Teresita, Julio Orlando Freitag; a la directora del Hogar de Niños Norberto Haase, Alicia Clarck; a la directora de la Escuela N.º 552, Mirna Schwertner; y al presidente del Club Atlético Alem, Oscar Tanovich.

Sebely precisó que en esta edición se imprimieron 25.000 certificados, autorizados por Resolución N.º 056 del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC). En ese marco, destacó el acompañamiento del organismo provincial, encabezado por Héctor Rojas Decut, por el asesoramiento técnico brindado.

Un modelo de financiamiento directo para ONG

El Bono SI se implementará en dos etapas. La primera contempla la distribución inicial de los certificados, con un valor unitario de 4.000 pesos. La segunda fase se desarrollará en el segundo semestre, con nuevos sorteos y premios especiales en el marco de las celebraciones por el centenario de la ciudad.

El esquema establece sorteos periódicos: el primero será el 27 de mayo, con un iPhone 13 como premio; el 24 de junio se sorteará una bicicleta; y el cierre de esta etapa será el 29 de julio, con una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Todos los sorteos se realizan ante escribano público y con transmisión en vivo, exclusivamente entre los certificados vendidos.

Para participar, las organizaciones deben inscribirse en el Registro Único de Entidades Intermedias (RUEnI), a través de la plataforma oficial del municipio. Una vez completado el registro, se les asigna un turno para retirar los bonos.

El reglamento aprobado por el IPLyC establece que los ganadores cuentan con 30 días para reclamar el premio. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, el premio se adjudica a la institución que haya comercializado el bono ganador.

Sebely subrayó el impacto social de la herramienta: “Podemos ayudar a muchos grupos de la ciudad que trabajan todos los días con niños, adultos y adultos mayores. Desde la Municipalidad aportamos los premios y ellos generan recursos para seguir desarrollando sus proyectos”.

El Bono SI se consolida así como una herramienta de financiamiento directo para organizaciones sociales, en un contexto donde la articulación entre el sector público y las ONG se vuelve clave para sostener y ampliar el alcance de las acciones comunitarias.

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