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Argentina fortalece su alianza con Suiza: récord de exportaciones, inversiones y expectativas por el acuerdo Mercosur-EFTA

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Mientras la Selección Argentina vuelve a cruzarse con Suiza en una instancia decisiva de la Copa del Mundo, la relación entre ambos países también atraviesa un momento histórico fuera de las canchas. El comercio bilateral alcanzó niveles récord durante 2025, impulsado por las exportaciones mineras, un superávit comercial sin precedentes y un crecimiento sostenido de las inversiones suizas en el país. En paralelo, la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) aparece como el próximo paso para profundizar un vínculo económico que ya muestra cifras inéditas.

El análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que 2025 marcó un punto de inflexión en la relación entre Argentina y el bloque integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Las exportaciones argentinas al EFTA alcanzaron los 2.094 millones de dólares, el mayor valor de la historia, con un crecimiento interanual del 25%. La particularidad es que más del 98% de esos envíos tuvieron como destino Suiza, consolidando al país europeo como el verdadero motor del intercambio comercial con el bloque.

El 2025 cerró con máximos históricos de exportaciones, superávit comercial e inversiones con Suiza y con el EFTA, el bloque que integra el próximo rival de la Selección. Con el acuerdo Mercosur – EFTA ya firmado, avanza su ratificación parlamentaria.

Este sábado desde las 22 hs de nuestro país, la Selección Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El historial marca dos victorias argentinas en copas del mundo: 1-0 en Brasil 2014 y 2-0 en Inglaterra 1966. Pero el Mundial también invita a mirar más allá de la cancha: la relación comercial entre Argentina y Suiza atraviesa un momento histórico, y con ella el vínculo con todo el bloque económico que este país integra.

Cómo destacamos en un artículo anterior, en cualquier ranking de PIB per cápita vamos a encontrar a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein entre los primeros lugares. Pero, para sorpresa de algunos, ninguno de estos países pertenece a la Unión Europea, sino que entre ellos conforman su propio bloque económico: la Asociación Europea de Libre Comercio o EFTA (por sus siglas en inglés, European Free Trade Association). Este bloque mantiene múltiples acuerdos con la UE: sus miembros adhieren al Espacio Schengen y, con la excepción de Suiza, integran desde 1994 el Espacio Económico Europeo, mientras que el país helvético cuenta con sus propios tratados de libre comercio y libre movilidad con la Unión.

Los números del comercio con este bloque no dejan lugar a dudas. En 2025 las exportaciones argentinas al EFTA alcanzaron los US$ 2.094 millones, un récord histórico. De esta manera, anotaron un crecimiento del 25% respecto del 2024, año que ya había marcado un máximo. Hoy hablar de exportaciones al EFTA es hablar de exportaciones a Suiza, ya que estas representan más del 98% de los bienes despachados al bloque. Naturalmente, las exportaciones a Suiza también marcaron un récord histórico en 2025. 

El gran protagonista de este salto exportador vuelve a ser el oro. Suiza es el principal comprador del oro argentino, que se origina principalmente en Santa Cruz y San Juan, y se consolida como el primer mercado de las exportaciones mineras nacionales. De hecho, Suiza es el principal socio comercial de Santa Cruz y San Juan, siendo destino del 33% y 49%, respectivamente, de las exportaciones originadas en cada provincia. 

El país helvético es sede de las principales refinadoras de oro del mundo, lo que explica su alta demanda de este metal producido en Argentina. El precio internacional del oro, que encadenó máximos históricos a lo largo de 2025, apuntaló fuertemente el valor del comercio en dólares con el bloque.

Las importaciones argentinas desde el EFTA, por su parte, totalizaron US$ 779 millones en 2025. Así, el intercambio comercial bilateral superó los US$ 2.870 millones, el mayor registro de la historia. Con exportaciones que más que duplican a las importaciones, el superávit comercial con el bloque también marcó un récord el año pasado: US$ 1.315 millones, superando el máximo previo de 2019 y acumulando once años consecutivos de resultados positivos para nuestro país.

La relación excede largamente al comercio. Con un stock de inversiones por más de US$ 8.500 millones al segundo semestre de 2025, Suiza marcó máximos en su Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina el año pasado. Si sumamos los otros tres países del bloque, nos encontramos con un stock de IED de US$ 9.511 millones al cierre del año pasado, lo que convierte al EFTA en el quinto inversor extranjero en Argentina. 

Más allá del peso del complejo oro y plata, los rubros con mayor potencial de crecimiento en este exigente mercado europeo son los bienes agroindustriales. En este sentido, se esperan crecimientos de la demanda de carnes, miel, lácteos, frutas frescas, trigo, maíz, aceites vegetales y vinos, en un mercado de 14 millones de habitantes cuyo PIB per cápita casi triplica al argentino.

Tras el cierre de las negociaciones el 2 de julio de 2025, el Tratado de Libre Comercio Mercosur – EFTA se firmó el 16 de septiembre de 2025 en Río de Janeiro. El acuerdo creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas, con un PIB combinado de más de US$ 4,3 billones y mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de las exportaciones de ambos bloques.

El proceso de ratificación avanza a paso firme. El pasado 17 de junio el Senado de Brasil y la Cámara de Diputados de Uruguay dieron sanción definitiva al acuerdo. Como el tratado entra en vigor de manera bilateral a medida que cada país lo ratifica, resta ahora la aprobación parlamentaria de Argentina y Paraguay, además de las ratificaciones de los países del EFTA. Estos avances se suman a la entrada en vigor del acuerdo Mercosur – Unión Europea el pasado 1° de mayo. Del lado europeo, Islandia y Noruega ya ratificaron el acuerdo, a la espera de la aprobación de Suiza y Liechtenstein. 

Así como la Selección buscará el sábado su pase a las semifinales del Mundial, la agenda comercial argentina tiene su propio partido por delante: una pronta ratificación del acuerdo con el EFTA permitiría potenciar un vínculo que ya rompe récords, diversificando las exportaciones y destinos, y consolidando las inversiones de uno de los socios más dinámicos que tiene nuestro país.

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El Banco Central resiste la auditoría sobre el oro enviado al exterior

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A casi dos años del primer traslado de lingotes de oro al exterior, el Banco Central mantiene bloqueado el intento de auditoría sobre esas operaciones y tensiona su relación con los organismos de control del Estado. La entidad conducida por Santiago Bausili continúa sin entregar la documentación requerida por la Auditoría General de la Nación (AGN), incluso después de que la Justicia ordenara responder los pedidos de acceso a la información pública.

El episodio no es menor dentro de la arquitectura institucional del país. En juego está la capacidad de los órganos de control vinculados al Congreso para supervisar la administración de las reservas internacionales del Banco Central, uno de los activos más sensibles de la política económica.

Según fuentes vinculadas a la AGN, el organismo aún no recibió precisiones sobre dónde se encuentra el oro enviado al exterior ni bajo qué condiciones se realizó la operación, lo que impide avanzar con el trabajo técnico de auditoría.

La tensión abre una pregunta de fondo: si el Banco Central puede limitar el acceso a la información sobre una operación vinculada a las reservas o si debe someterse plenamente a los mecanismos de control institucional.

Transferencias de lingotes y documentación ausente

El origen del conflicto se remonta a cuatro transferencias de oro realizadas en 2024, que la AGN identificó en la documentación oficial. Las fechas registradas son 18 de junio, 2 de julio, 31 de julio y 13 de agosto de ese año.

En cada envío se trasladaron 250 lingotes de oro.

Cuando el organismo de control intentó iniciar la auditoría, solicitó documentación básica para reconstruir el procedimiento administrativo y financiero de las operaciones. Entre los materiales requeridos se encontraban actas, dictámenes e informes internos.

Sin embargo, el Banco Central no entregó esa información. Según lo reconstruido por fuentes cercanas al proceso, el argumento central de la entidad fue el carácter confidencial y reservado de los expedientes vinculados a las reservas internacionales.

La respuesta del Central introdujo además un elemento inesperado: en notas internas enviadas al organismo de control sostuvo que no existen contratos de colocación de los lingotes con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con otros depositarios del exterior, ni en la actualidad ni al cierre de 2024.

La afirmación complica la reconstrucción administrativa de las transferencias y alimenta la controversia sobre el alcance real de la operación.

El límite del control parlamentario

La AGN es el órgano técnico encargado de auditar la administración del sector público y depende institucionalmente del Congreso de la Nación. Por ese motivo, el conflicto con el Banco Central adquiere una dimensión política que excede la discusión técnica.

A fines de 2025, cuando el organismo todavía no tenía completo su cuerpo de auditores, su conducción —encabezada por Juan Manuel Olmos— optó por elevar el caso a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso, sugiriendo que se evaluaran medidas legales para garantizar el acceso a la información.

Ese paso marcó el ingreso formal del conflicto en la arena parlamentaria.

Con la posterior designación de los auditores faltantes, la AGN recuperó plenas facultades institucionales para avanzar con acciones legales destinadas a exigir al Banco Central la documentación necesaria para la auditoría.

Confidencialidad versus control público

El Banco Central sostiene que la información solicitada tiene carácter secreto y confidencial y que se encuentra en expedientes reservados. Bajo ese argumento, el organismo ofreció una modalidad de acceso restringido: permitir que los auditores revisen los documentos desde computadoras del propio Central.

El problema es que esa propuesta impide copiar, fotografiar o tomar notas, lo que en la práctica imposibilita construir evidencia documental para un informe técnico.

Para el equipo de la AGN, esa limitación convierte el acceso en un ejercicio meramente visual, insuficiente para respaldar una auditoría formal.

La discusión gira en torno a un punto clave del sistema de control público: si un organismo auditado puede imponer condiciones que vuelvan impracticable el trabajo de fiscalización.

El argumento final del Banco Central

Cuando la AGN evaluó aceptar parcialmente las condiciones propuestas por el Banco Central, apareció una nueva objeción.

La entidad sostuvo que no existe ningún contrato que pueda ser auditado, lo que según su interpretación dejaría sin objeto el análisis técnico solicitado por el organismo de control.

“Los informes del servicio jurídico del BCRA respecto de cada contrato no se han tenido que elaborar ya que no hay contratos”, indicaron desde el Central.

Ese planteo refuerza el carácter atípico del caso. En operaciones financieras vinculadas a reservas internacionales, la existencia de acuerdos formales suele constituir la base documental para cualquier auditoría posterior.

Antecedentes que tensionan el argumento oficial

Desde la AGN señalan que existen antecedentes recientes que contradicen la negativa del Banco Central.

En 2024, el organismo aprobó el informe titulado “Procedimientos empleados por el BCRA para la administración de reservas internacionales”, una auditoría que incluyó el análisis de la totalidad de las reservas del Central, no solo del oro.

En esa oportunidad, el Banco Central proporcionó la información solicitada para la revisión técnica.

La diferencia de criterios entre aquel proceso y el actual refuerza la percepción dentro del organismo de control de que el conflicto responde más a una decisión institucional que a una limitación operativa.

La intervención judicial

El caso también ingresó en el terreno judicial. El 22 de diciembre del año pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central que responda los pedidos de acceso a la información pública relacionados con el traslado de los lingotes.

A pesar de esa resolución, la AGN sostiene que no recibió la documentación necesaria para avanzar con la auditoría.

El incumplimiento o la demora en la respuesta abre un nuevo frente institucional que podría derivar en medidas judiciales adicionales si el conflicto se prolonga.

Un episodio que pone en juego el sistema de control del Estado

Más allá del destino específico del oro, el conflicto expone una discusión más amplia sobre el funcionamiento de los organismos de control en la estructura del Estado.

El Banco Central, por su autonomía institucional, mantiene una posición particular dentro de la administración pública. Pero la AGN tiene mandato constitucional para auditar la gestión de los recursos públicos, incluidas las reservas.

El choque entre ambos criterios deja en evidencia una zona gris del sistema institucional: hasta dónde llega la confidencialidad financiera y dónde comienza el control parlamentario.

Un frente que todavía no se cerró

Con la AGN nuevamente integrada y con el antecedente de una orden judicial vigente, el conflicto parece lejos de resolverse.

En las próximas semanas se definirá si el organismo de control avanza con nuevas acciones legales o si el Banco Central modifica su posición y habilita el acceso pleno a la documentación.

Lo que está en juego no es solo el seguimiento de una operación puntual. También se discute el alcance real de los mecanismos de control sobre uno de los activos estratégicos del país: las reservas internacionales.

La historia, por ahora, sigue abierta.

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