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Cómo crear empleos para los 1200 millones de nuevos trabajadores del mundo

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El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advierte por una brecha de 800 millones de empleos y lleva el debate al G7 y el G20. Banga plantea que el desafío demográfico es económico y de seguridad nacional

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, puso sobre la mesa una cifra que reconfigura la agenda global: en los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, pero las tendencias actuales indican que solo se crearán unos 400 millones de empleos. La brecha potencial de 800 millones no es, según su planteo, un problema sectorial ni una consigna de desarrollo; es un desafío económico estructural y, cada vez más, de seguridad nacional.

El diagnóstico adquiere relevancia política en un calendario marcado por foros internacionales. Tras pasar casi inadvertido en la última reunión de Davos, el tema podría emerger con mayor fuerza en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las cumbres del G7 y el G20. La tensión es clara: ¿los líderes priorizarán las crisis inmediatas o asumirán una “fuerza de baja frecuencia” que, si se ignora, puede derivar en inestabilidad sistémica?

Demografía, empleo y arquitectura institucional

Banga enmarca el fenómeno dentro de transformaciones de largo plazo como los cambios demográficos, la globalización y la escasez de recursos. A diferencia de guerras o crisis financieras —que dominan titulares—, el crecimiento acelerado de la población joven en economías en desarrollo avanza sin estridencias, pero con impacto acumulativo.

El planteo institucional del Grupo Banco Mundial se estructura en tres pilares. Primero, crear infraestructura física y humana. Sin electricidad confiable, transporte, educación y salud, la inversión privada no se traduce en empleo. El ejemplo citado es un centro de formación en Bhubaneswar, India, que capacita a casi 38.000 personas al año en alianza con el Gobierno y el sector privado, alineando habilidades con demanda real del mercado.

Segundo, promover un entorno regulatorio previsible. Normas claras y marcos estables reducen incertidumbre y habilitan la expansión de empresas, especialmente microemprendimientos y pymes, responsables de la mayor parte del empleo.

Tercero, facilitar crecimiento empresarial mediante capital accionario, financiamiento, garantías y seguros contra riesgos políticos. Se menciona un esquema reciente de garantía para financiamiento comercial del Banco do Brasil, que libera aproximadamente USD 700 millones para pequeñas compañías brasileñas, en particular del sector agrícola.

La estrategia focaliza en cinco sectores con alto potencial de empleo: infraestructura y energía, agroindustria, atención primaria de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado. No se trata de una expansión indiscriminada, sino de asignación selectiva de recursos limitados.

Impacto político y correlación global

La advertencia tiene implicancias directas para la gobernabilidad de los países en desarrollo. Si 1200 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral y solo 400 millones encuentran empleo, la presión sobre instituciones, migración irregular y conflictos se vuelve previsible. El empleo funciona como amortiguador social.

Para economías desarrolladas, el razonamiento es pragmático. Hacia 2050, más del 85 % de la población mundial vivirá en países en desarrollo. Eso implica la mayor expansión histórica de fuerza laboral y, al mismo tiempo, del universo de consumidores y mercados. Desde esta óptica, invertir en empleo no es altruismo; es una apuesta por estabilidad de cadenas de suministro, reducción de presiones migratorias y ampliación de demanda global.

El sector privado aparece como actor central. La creación de empleo a gran escala depende de su capacidad de inversión. El rol de las instituciones de desarrollo, según el planteo, es reducir riesgos reales y percibidos para catalizar capital.

La correlación de fuerzas en foros como el G7 y el G20 será clave. Si las potencias priorizan seguridad tradicional sobre seguridad económica y social, el desafío puede quedar relegado. Si lo incorporan como eje estratégico, el financiamiento y las reformas regulatorias podrían acelerarse.

Un dilema de anticipación

La tesis es sencilla pero exigente: actuar temprano o enfrentar consecuencias acumuladas. La expansión demográfica no es una hipótesis; es una proyección basada en tendencias firmes. El interrogante es político.

En los próximos meses habrá que observar si los compromisos multilaterales incorporan metas concretas de generación de empleo, si se amplían garantías financieras y si los países en desarrollo adoptan reformas regulatorias que faciliten inversión privada.

La decisión no es sobre si la demografía moldeará el futuro. Eso ya ocurre. La discusión gira en torno a si la comunidad internacional convertirá esa presión en motor de crecimiento o permitirá que derive en inestabilidad. En ese margen se juega buena parte del equilibrio económico y político de las próximas décadas.

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El FMI advierte que 71 países aún no alcanzan el umbral del 15% del PBI en recaudación tributaria

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El FMI advierte que 71 países aún no alcanzan el umbral del 15% del PBI en recaudación tributaria y pide reformas integrales para fortalecer el desarrollo.

El informe “Building Tax Capacity for Growth and Development”, elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, analiza el desafío global de la movilización de ingresos internos y destaca el compromiso de Sevilla como meta estructural para los países en desarrollo.

Un umbral clave para el desarrollo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que 71 países en desarrollo mantienen una presión tributaria inferior al 15% del PBI, un nivel considerado crítico para garantizar la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico.

El informe “Building Tax Capacity for Growth and Development: Evidence-Based Analysis for Mobilizing Domestic Revenue” (2025), elaborado por un equipo encabezado por Katherine Baer, Ruud De Mooij y Vítor Gaspar, sostiene que alcanzar y sostener una relación impuestos/PBI de al menos 15%, reconocida por la ONU en el Compromiso de Sevilla, es condición indispensable para construir Estados modernos, financiar servicios públicos e impulsar el desarrollo sostenible.

“La capacidad tributaria es el núcleo de la capacidad estatal. Sin una base impositiva sólida, los países quedan atrapados en un ciclo de bajo crecimiento y escasa gobernanza”, advierte el FMI.

América Latina y África, en el centro del desafío

Según el informe, 23 de los 71 países con presión fiscal inferior al 15% del PBI son Estados frágiles o afectados por conflictos, mientras que 38 son economías ricas en recursos naturales y 40 pertenecen al grupo de bajos ingresos.

En promedio, los países de bajos ingresos podrían movilizar hasta un 5% adicional del PBI mediante una reforma tributaria integral, aunque el principal obstáculo sigue siendo la limitada capacidad institucional.

El FMI remarca que el fortalecimiento de la recaudación no debe basarse en subir impuestos, sino en ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia del IVA, racionalizar exenciones e incentivos y reforzar la administración impositiva mediante digitalización y gestión de riesgos.

“Enfoque de sistema tributario”: política, ley y administración integradas

El documento destaca la necesidad de aplicar el “tax system approach”, una estrategia integral que combina política fiscal, legislación y administración tributaria.
Entre las principales recomendaciones:

  • Ampliar bases imponibles, revisando gastos tributarios y limitando exenciones.
  • Optimizar impuestos indirectos como el IVA y los selectivos al consumo (combustibles, tabaco, bebidas).
  • Revisar incentivos a la inversión, privilegiando créditos fiscales o depreciación acelerada antes que exenciones totales.
  • Reforzar el cumplimiento fiscal mediante educación, transparencia y herramientas digitales simples.
  • Fomentar la moral tributaria, promoviendo la confianza y la buena gobernanza.

“La construcción de capacidad tributaria es, ante todo, un proceso político nacional —sostiene el FMI—, pero el desarrollo de capacidades internacionales puede acelerar la consolidación institucional”.

Un llamado a la acción coordinada

El informe resalta la creación de la Asociación Mundial para las Finanzas Públicas, una iniciativa del FMI que busca coordinar la asistencia técnica y el aprendizaje entre países, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, recuerda que el Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (junio de 2025), insta a los Estados y organismos multilaterales a duplicar el apoyo a la movilización de ingresos internos antes de 2030.

“Lograr un ratio impositivo sostenible no es un fin en sí mismo, sino la base para un desarrollo inclusivo y la estabilidad macroeconómica a largo plazo”, concluye el documento.

BTCGDEA by CristianMilciades

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