Un informe especial del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES muestra que, a lo largo de los últimos tres años, el 50% de los países de la región sancionó o multó a evasores identificados entre los Panama Papers. Entre los miembros del G-20, el 40% de los países del bloque recuperaron una porción de los impuestos evadidos por los beneficiarios finales de las estructuras offshore montadas con la colaboración de Mossack Fonseca.
La cifra global recuperada a lo largo de los últimos tres años es significativa: más de USD 900 millones. El monto, sin embargo, se vuelve insignificante frente a los billones de dólares de riqueza ocultos en las guaridas fiscales.
“Las historias que periodistas de investigación de todo el mundo revelaron hace tres años muestran que América Latina es una convidada de piedra frente a las guaridas fiscales. El mundo offshore es utilizado por ricos, poderosos y corruptos para ocultar, evadir y lavar sus activos. Esas maniobras de evasión, fuga, lavado y ocultamiento no solo restan recursos para la inversión en educación, infraestructura y salud sino que incrementan la vulnerabilidad económica de los países”, afirmó Adrián Falco, coordinador del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo Productivo de Fundación SES.
A pesar de la relevancia que tuvieron las revelaciones del 3 de abril de 2016, el 25% de los miembros del G-20 no registró ningún tipo de consecuencias internas. Japón, China, Arabia Saudita, Sudáfrica y Rusia son los cinco países del grupo donde no fue posible identificar reacciones judiciales, administrativas, políticas o normativas asociadas a la megafiltración.
“Alrededor del mundo se lograron avances gracias a la presión ejercida por la ‘militancia’ de la sociedad civil, los periodistas de investigación y los movimientos sociales. Sin embargo, debemos reconocer que las medidas sistémicas necesarias para poner fin a los abusos de las guaridas fiscales no fueron implementadas. El mundo offshore goza de buena salud”, expresó Falco.
El relevamiento elaborado frente al tercer aniversario de los Panamá Papers recaba las investigaciones judiciales, operativos, policiales, reclamos administrativos, sanciones económicas y modificaciones regulatorias vinculadas a la megafiltración en los países de América Latina y los miembros del G-20. El listado total de casos nacionales analizados asciende a 39 ya que a esos dos grupos se suman otros cuatro países donde los Papeles de Panamá tuvieron un impacto político significativo como son Islandia, Pakistán, Malta y España.
El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó su renuncia ante el presidente Mauricio Macri y de esa forma dejará su cargo en medio del escándalo por figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.
La salida de Díaz Gilligan fue confirmada por fuentes oficiales a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. El funcionario era el segundo de Fernando De Andreis, su padrino político.
El ahora exfuncionario estuvo este lunes unas seis horas en la Casa Rosada, ingresó a las 10:00 y se retiró a las 16:00, y después de varias reuniones con hombres de la primera línea del macrismo presentó su renuncia.
Este domingo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había defendido al subsecretario general de la Presidencia, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron “previo a su paso” por el Ejecutivo y no se trata de “fondos públicos”.
Se trata del primer funcionario del Gabinete Nacional que deja su cargo envuelto en cuestionamientos sobre actividades presuntamente ilegales. De manera, puede pensarse que el Gobierno cambió su estrategia para estos casos ya que al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se lo mantuvo tras el caso “Sandra” y se retuvo en su cargo al ministro de Finanzas Luis Caputo que tiene una causa similar a la de Díaz Gilligan.
El ahora exsubsecretario tiene abierto un pedido de informes en la Oficina Anticorrupción y durante esta jornada se presentó una denuncia penal que cayó en el juzgado de Bonadio.
“Hay delincuentes dondequiera que mires. La situación es desesperada”, escribió en su blog este lunes la reconocida periodista maltesa Daphne Caruana Galizia.
Pocas horas después, montó en un coche que había alquilado en el poblado de Bidnija, en el norte de Malta y que a pocos metros de su casa, explotó.
Según informó la prensa local, la bomba era tan potente que hizo volar el vehículo por el aire y lo lanzó a un campo cercano.
El asesinato de la periodista y bloguera, una de las figuras más conocidas por sus denuncias contra el gobierno local por supuesta corrupción durante la investigación de los Panama Papers, causó conmoción en la isla y en la comunidad internacional, al punto que el FBI estadounidense se ofreció a investigar las circunstancias del hecho.
El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, a quien Caruana Galizia acusó de corrupción a inicios de este año, condenó los hechos y aseguró que su gobierno, en colaboración con la agencia de investigación estadounidense, trabajará para encontrar a los responsables.
“Condeno sin reservas este ataque bárbaro contra una persona y contra la libertad de expresión en nuestro país”, aseguró en una declaración televisada.
El mandatario se refirió a las investigaciones que realizó Caruana Galizia, que lo vinculaban a él y a su esposa con la utilización de cuentas bancarias secretas en el extranjero para ocultar supuestos pagos de la familia gobernante de Azerbaiyán, algo que ambos niegan.
“Todo el mundo sabe que Caruana Galizia fue una dura crítica mía, tanto política como personalmente, pero nadie puede justificar este acto bárbaro de ninguna forma”, dijo.
La periodista, que era conocida en Malta por su blog, una de las principales palestras para la denuncia de la corrupción en el país, ganó reconocimiento internacional tras su participación en la investigación de los Panama Papers, realizada por reporteros de investigación de varios medios internacionales a partir de una filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
La filtración reveló los entresijos de decenas de casos de corrupción de personalidades relevantes a nivel internacional, que incluían evasión de impuestos, ocultamiento de propiedades de empresas o evasión tributaria.
Las denuncias de Caruana Galizia contra el primer ministro llevaron a este a convocar elecciones adelantadas en junio pasado, en las que se convirtió en ganador por amplia mayoría.
Posteriormente, Muscat inició un litigio para demandar a la periodista por difamación.
Malta Televisión informó que Caruana Galizia presentó hace dos semanas una notificación a la policía en la que aseguraba que había recibido amenazas contra su vida.
El líder opositor Adrian Delia aseguró que la bloguera fue víctima de un “asesinato político” y pidió una investigación independiente sobre su muerte.
“No aceptaremos una investigación del Comisionado de Policía, el comandante del ejército o el magistrado de turno, todos los cuales estaban en el centro de las críticas de Caruana Galizia “, dijo.
Manfred Weber, jefe del bloque conservador en el Parlamento Europeo, consideró que la muerte de la periodista constituía un “Un día oscuro para la democracia”.
La Justicia dictaminó este miércoles que el presidente Mauricio Macri no fue “socio ni accionista” de las sociedades off shore Fleg Trading y Kamegusha, involucradas en la causa de los denominados Panamá Papers, y que tampoco percibió “dividendos ni utilidades ni ganancias” de esas empresas ni fue titular de cuentas bancarias de las mismas.
La resolución del juez nacional en lo civil Andrés Guillermo Fraga, a la que accedió Télam, determinó que Macri “no fue socio, ni accionista de la sociedad Fleg Trading LTD” y “no percibió dividendos, ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna” de esa firma.
También se aclaró que el jefe de Estado “sólo aceptó el cargo de director de Fleg Trading, para el que fue designado por su padre, Franco Macri, al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar”, y se precisó que “no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno” de esa firma.
En el fallo, Fraga indicó que Macri tampoco “fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, ni percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución”.
En cuanto a la sociedad panameña Kagemusha S.A., el magistrado señaló en su fallo que el primer mandatario “no fue socio de su padre Franco Macri” en esa firma “ni accionista de la misma”, y que “no aceptó el cargo de director para el que fue designado” por su padre, “ni realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácitamente” esa designación.
La Cámara Federal porteña resolvió que la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por dos sociedades off shore, conocida como “Panamá Papers”, pase del fuero federal porteño al penal económico al dejar firme por falta de apelación fiscal ante esa instancia el cierre de la investigación por el delito de lavado de activos, según una resolución de la sala II del Tribunal de Apelaciones.
Por un lado, la causa pasará al fuero Penal Económico para investigar si las empresas off shore en las que participó Macri cometieron lavado de dinero y en la justicia de instrucción se investigará si el Presidente debía o no declarar su participación en esas compañías, informaron a Infobae fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que confirmaron una decisión de Sebastián Casanello.
El juez Casanello sostuvo en abril pasado que no había elementos para sostener que desde las empresas “Fleg Trading” y “Kagemusha” se había cometido lavado de dinero. Por eso desestimó ese delito y dispuso que la causa se investigue por evasión de impuestos. También si Macri estaba obligado a declarar esas empresas ya que no lo había hecho. Para eso tramo de la causa ordenó que pase al juzgado de Instrucción 20 donde el Presidente está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
El fiscal Federico Delgado apeló para que el expediente continúe en el fuero federal. Señaló que hay medidas pendientes y que dividir el expediente impedirá una investigación completa.
La causa llegó a la Cámara. Primero el fiscal del tribunal, Germán Moldes, dictaminó que no había lavado de dinero y que debía pasar al fuero Penal Económico. Pero señaló que Casanello debía seguir investigando a Macri por la omisión. La Cámara ratificó la decisión del juez.
“Dado el modo en que han quedado ceñidos los agravios ante esta instancia, sólo procede receptar el desistimiento formulado en lo que atañe a la intervención del fuero penal económico y hacer lugar a la pretensión vinculada a la declinatoria dispuesta a favor de la justicia ordinaria, bastando con remitirle copias de este proceso al juzgado interviniente”, sostuvieron los camaristas.
La causa por la omisión maliciosa de las empresas se incorporará a la causa que tramita la jueza Elizabeth Paisan. Se trata de una magistarda subrogante que fue propuesta por el gobierno de Macri para ser titular y cuya aprobación está a consideración del Senado de la Nación.
La Cámara aceptó que “Panamá Papers” pase al fuero Penal Económico pero hizo una aclaración. “La hipótesis de trabajo sobre la que se dispuso la intervención del fuero penal económico no es actual sino eventual, en tanto su existencia se reconoce anclada a cuanto pudiera surgir de las actuaciones que se desarrollan en la Administración Federal de Ingresos Públicos”, señalaron los camaristas.
