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Los salarios formales cayeron fuerte contra la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

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El poder adquisitivo de los salarios registrados volvió a deteriorarse en 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes del sector público y privado crecieron 28,8% en el año, frente a una inflación acumulada del 31,5%, lo que implicó una caída real del 2,1% interanual.

La merma se explicó íntegramente por el desempeño del último cuatrimestre. En diciembre, los salarios aumentaron 2% mensual, por debajo del 2,8% de inflación, profundizando el retroceso real.

El golpe fue más fuerte en el sector público. En diciembre, los salarios estatales subieron apenas 1%, lo que implicó una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo en el mes. En el sector privado registrado, los ingresos avanzaron 2,5%, pero aun así mostraron una leve caída real de 0,3%, según estimaciones privadas en base a los datos oficiales.

En términos anuales, el deterioro se concentró en los últimos cuatro meses, cuando el salario real se contrajo 2,5%. El fenómeno estuvo vinculado a la aceleración inflacionaria de fin de año y al rezago típico de las actualizaciones salariales, que suelen ajustarse con base en inflación pasada. Cuando los precios se aceleran, los ingresos quedan temporalmente por detrás.

Si se amplía la comparación al período iniciado en noviembre de 2023 —momento del salto inflacionario posterior a la devaluación— la pérdida acumulada es mayor. Desde entonces, el conjunto de trabajadores registrados registra una caída real del 7,1%. La brecha sectorial es marcada: el empleo público acumula una pérdida del 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que el privado registrado retrocede 1,55%.

Aunque durante parte de 2024 los salarios mostraron cierta recuperación real, el cierre de 2025 deja un balance negativo. El dato confirma que la recomposición salarial sigue condicionada por la dinámica inflacionaria y por el desfase entre precios y negociaciones paritarias.

En un contexto de desaceleración económica y menor utilización de capacidad instalada, la evolución del salario real se convierte en una variable clave para el consumo interno y la actividad.

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Empresarios mayoristas respaldaron la reforma laboral y pidieron eliminar aportes obligatorios que encarecen el empleo

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Empresarios del sector de autoservicios mayoristas expresaron su apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Senado de la Nación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) consideró que la iniciativa constituye un paso clave para incentivar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes, en un contexto de altos costos laborales y márgenes ajustados para el comercio. Durante un encuentro con equipos técnicos del Senado, la entidad detalló cuatro ejes centrales del proyecto que, a su entender, modernizan las relaciones laborales y corrigen distorsiones que hoy desalientan la contratación.

La posición de CADAM se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura de costos del empleo en la Argentina y el rol de los aportes obligatorios a cámaras empresarias y entidades vinculadas a los convenios colectivos. Para el sector mayorista, la reforma laboral abre una ventana para revisar prácticas que consideran anacrónicas y poco transparentes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los cuatro puntos de la reforma laboral que apoyan los mayoristas

La comitiva de CADAM estuvo encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, quien expuso ante los equipos técnicos del Senado los principales aspectos del proyecto que la entidad considera positivos. En primer lugar, destacaron la implementación del banco de horas como un mecanismo de flexibilidad laboral acordado entre las partes, que permitiría adaptar la jornada a los picos de actividad sin incrementar de manera automática los costos.

En segundo término, respaldaron la posibilidad de celebrar convenios laborales adaptados a la realidad de las pymes, con esquemas más acordes a la escala y dinámica de los pequeños comercios. El tercer punto señalado fue la habilitación de las billeteras virtuales como medio para acreditar salarios, una medida que apunta a modernizar los mecanismos de pago y reducir fricciones operativas. Por último, CADAM valoró el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y solicitó que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

A estos ejes se sumó un reclamo puntual: la eliminación de aportes solidarios y contribuciones que, según los empresarios, “encarecen innecesariamente el costo laboral”. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, que se aplica esté o no afiliado el trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y conflicto de intereses en las paritarias

Uno de los tramos más críticos de la postura de CADAM estuvo centrado en el esquema de aportes obligatorios a cámaras empresarias dentro del sector comercio. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, al cuestionar el rol de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de esos aportes. Para los mayoristas, esta situación configura un “evidente conflicto de intereses”.

CADAM puso como ejemplo el aporte obligatorio que cada empleado de comercio realiza al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según la entidad, esos fondos “se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional”. El planteo apunta a que, con cada aumento salarial acordado en paritarias, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, pese a ser actores centrales de la negociación. “Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación”, sostuvieron.

El reclamo no es aislado. De acuerdo con CADAM, desde el año pasado numerosas entidades empresarias expusieron sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina. El denominador común es la crítica a los mecanismos compulsivos de financiamiento que, en la práctica, se trasladan a mayores costos laborales.

Impacto en pymes y expectativas sobre el debate legislativo

Desde la óptica del sector mayorista, la reforma laboral tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes, que concentran buena parte del empleo formal en la Argentina. “La libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, al tiempo que remarcó que el proyecto “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión”.

El respaldo de CADAM suma presión al debate legislativo en el Senado, donde la reforma laboral se analiza como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. Si bien el texto final aún está en discusión, el posicionamiento de los empresarios del comercio mayorista anticipa un alineamiento del sector con aquellas medidas que reduzcan costos, introduzcan flexibilidad y limiten los aportes obligatorios. El resultado de ese debate será clave para definir el impacto real de la reforma sobre la competitividad de las pymes y la creación de empleo formal en los próximos años.

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El Gobierno prorrogó las pautas salariales para el sector público nacional

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El Poder Ejecutivo Nacional resolvió extender durante todo 2026 los lineamientos de negociación salarial para el Sector Público Nacional, mediante la Decisión Administrativa 43/2025, firmada el 31 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La medida prorroga la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, que fija pautas uniformes para las negociaciones colectivas, con el objetivo explícito de optimizar los recursos del Estado, reducir el gasto público y mantener criterios homogéneos en materia salarial.

La decisión se inscribe en la política de administración del gasto y ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno y alcanza a las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Antecedentes normativos y objetivos de la prórroga

Los lineamientos salariales que ahora se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 fueron establecidos originalmente por la Decisión Administrativa 28 del 1° de febrero de 2024, en el marco de las facultades conferidas por la Ley 18.753, que asigna a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la responsabilidad de estudiar y coordinar una política salarial armónica en el ámbito estatal.

Posteriormente, la Decisión Administrativa 1 del 6 de enero de 2025 prorrogó esas pautas durante todo el ejercicio presupuestario 2025, con el argumento de avanzar en la reducción del gasto público y la eficiencia en la administración estatal. Según se desprende de los considerandos de la nueva norma, desde su implementación “se ha logrado avanzar de manera ininterrumpida hacia el logro de los objetivos señalados, manteniendo durante el Ejercicio Presupuestario 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios”.

La Decisión Administrativa 43/2025 sostiene que, en virtud de esos resultados, resulta “pertinente prorrogar los lineamientos oportunamente establecidos […] para el Ejercicio Presupuestario 2026”, reforzando la continuidad de un esquema centralizado de pautas salariales para todo el sector público nacional.

Impacto en las negociaciones colectivas y el gasto público

La medida tiene incidencia directa sobre las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito estatal, reguladas por la Ley 14.250 (t.o. 2004), y sobre el funcionamiento de las comisiones negociadoras definidas por los Decretos 183/1988 y 322/2017. En particular, reafirma la representación del sector empleador del Estado nacional en las discusiones paritarias y la aplicación de criterios comunes en organismos centralizados, descentralizados, instituciones de seguridad social y entes estatales comprendidos en la Ley 24.156.

Desde el punto de vista fiscal, la prórroga busca preservar previsibilidad presupuestaria y consolidar un esquema de control del gasto salarial, uno de los componentes más relevantes del gasto corriente del Estado. En ese sentido, la norma aclara que todas las referencias previas a la Ley de Presupuesto 27.701 y al Decreto 88/2023 deberán entenderse realizadas al instrumento que apruebe el Presupuesto 2026, alineando las pautas salariales con el marco presupuestario vigente.

Alcance institucional y continuidad de la política salarial

La decisión fue adoptada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1, 2 y 7 de la Constitución Nacional, y contó con la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, así como de los servicios jurídicos competentes.

En términos institucionales, la prórroga consolida una política salarial coordinada y centralizada dentro del Sector Público Nacional, reforzando el rol de los organismos rectores en la definición de pautas comunes y limitando la dispersión de criterios entre jurisdicciones. La continuidad de este esquema durante 2026 anticipa un escenario de negociaciones salariales condicionadas por parámetros fiscales y presupuestarios uniformes, en línea con la estrategia general de ordenamiento del gasto público.

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El índice de salarios del INDEC superó a la inflación en octubre y acumula 33,7% en 2025

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Los salarios volvieron a ganarle a la inflación en octubre: el índice subió 2,5% y acumuló 33,7% en 2025

El índice de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró en octubre de 2025 un incremento mensual del 2,5%, superando levemente a la inflación del período, que fue del 2,3%. De esta manera, los ingresos laborales retomaron una dinámica de recuperación real en el corto plazo, aunque con fuertes diferencias entre sectores y con un desempeño que todavía muestra tensiones frente al nivel general de precios acumulado en el año.

En términos acumulados, los salarios crecieron 33,7% en los primeros diez meses de 2025, mientras que en la comparación interanual mostraron un avance del 43,1%, por encima de la inflación del período, que se ubicó en 31,3%. El dato refuerza la señal de mejora relativa del poder adquisitivo, especialmente traccionada por el sector informal, aunque con rezagos persistentes en el empleo público y en el sector privado registrado.

Una mejora heterogénea: el sector informal lideró la recuperación

El informe del INDEC correspondiente a octubre expone con claridad la disparidad entre los distintos segmentos del mercado laboral. El sector privado no registrado fue el único que logró superar con holgura la inflación mensual: los salarios informales subieron 4,2% en octubre, consolidándose como el principal motor del índice general.

En contraste, el sector privado registrado mostró un incremento mensual del 2,1%, mientras que el sector público avanzó apenas 1,9%. En este último caso, el aumento se explicó por una suba del 1,2% en el ámbito nacional y del 2,1% a nivel provincial, lo que evidencia una dinámica salarial más contenida en el empleo estatal.

La brecha se amplía al observar la variación interanual. En octubre de 2025, los salarios crecieron 43,1% respecto del mismo mes del año anterior, impulsados por un aumento del 113,2% en el sector privado no registrado, frente a subas del 30,5% en el sector privado registrado y del 31,9% en el sector público. Estos datos reflejan un proceso de recomposición más acelerado en los ingresos informales, aunque partiendo de niveles históricamente más bajos y con mayor volatilidad.

El acumulado del año y el desafío de sostener la recuperación real

En lo que va de 2025, los salarios acumularon una suba del 33,7%, como resultado de incrementos del 22,9% en el sector privado registrado, del 26,2% en el sector público y del 84,5% en el sector privado no registrado. El dato confirma que la mejora del promedio general está fuertemente influenciada por el desempeño del empleo informal, que explica una parte significativa de la variación total.

Sin embargo, el contexto macroeconómico introduce matices. Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que el dato positivo de octubre debe leerse con cautela: “Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema”.

El economista señaló además que el salario “empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, lo que sugiere que la recomposición del ingreso real aún enfrenta límites estructurales, especialmente en los sectores más formalizados de la economía.

Impacto económico y perspectivas

La evolución del índice de salarios tiene implicancias directas sobre el consumo interno, la recaudación tributaria y la negociación salarial en curso. La mejora del ingreso real, aunque moderada, podría aportar cierto sostén a la demanda, mientras que la heterogeneidad sectorial anticipa tensiones en paritarias y reclamos salariales diferenciados.

En el plano institucional, los datos del INDEC vuelven a poner en agenda el desafío de consolidar una recuperación salarial sostenible, en un contexto de inflación aún elevada y con un mercado laboral fragmentado. La clave hacia fin de año estará en si los salarios logran mantener una dinámica que no solo iguale, sino que supere de manera consistente al índice de precios, evitando que la mejora observada en octubre quede como un alivio transitorio.

salarios_12_25 INDEC by CristianMilciades

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Suba de las ART y “costos ocultos”, el combo que preocupa al sector empresario y frena la generación de empleo

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Empresarios alertan por el aumento del costo laboral y advierten un freno a la generación de empleo formal.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su preocupación por el incremento sostenido del costo laboral en Argentina, impulsado por la suba de las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los denominados “costos ocultos” de las paritarias.
El sector advierte que esta combinación de factores está afectando la competitividad y limitando la creación de empleo formal, en un contexto donde la informalidad laboral supera el 43% de la fuerza de trabajo.

La eliminación de topes a las ART encareció el costo empresario

La preocupación del sector empresario se intensificó tras la Resolución Nº 18/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que eliminó los pisos y techos que regulaban las tarifas de las ART, calculadas como un porcentaje de las nóminas salariales.
La medida, vigente desde enero, derivó en aumentos directos en las primas que deben pagar las empresas, generando un impacto inmediato sobre el costo laboral total.

Desde CADAM señalaron que esta decisión se suma a una serie de cargas y contribuciones que afectan la estructura de costos y reducen los márgenes de rentabilidad, particularmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio y la distribución.

En paralelo, un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) —dependiente del IIEP (UBA-CONICET)— reveló que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, equivalente a cuatro de cada diez trabajadores.
El estudio también subraya que más del 65% de los jóvenes se desempeñan en la informalidad, reflejando el impacto de los altos costos y la rigidez normativa sobre la empleabilidad.

Los “costos ocultos” de las paritarias: aportes y contribuciones que persisten

A la suba de las ART se agregan los llamados “costos ocultos” de las paritarias, que trascienden los incrementos salariales y comprenden una red de aportes obligatorios, contribuciones solidarias y seguros complementarios que los empleadores deben afrontar.
Entre los casos más relevantes en el convenio de Comercio, que agrupa a 1,2 millones de trabajadores, CADAM destacó tres ítems que presionan las estructuras de costos:

  1. Contribución Solidaria por COVID-19 (OSECAC): implementada en 2021 durante la pandemia, continúa vigente y se cobra por cada empleado, incluso si no está afiliado a esa obra social.
  2. Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): exige un aporte equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se destina a un fondo que recauda más de $30.000 millones anuales, según declaraciones judiciales de la institución.
  3. Seguro complementario de retiro La Estrella: implica una contribución del 1,6% del salario, sin posibilidad de elección de otro sistema. El 50% se acredita a cuentas individuales, mientras que el otro 50% se dirige al fondo solidario de retiro. Para acceder al beneficio, el trabajador debe haber aportado al menos 20 años.

“Muchos trabajadores nunca llegan a percibir el beneficio porque cambian de actividad, y quienes solicitan el rescate sólo reciben el 50% de lo depositado”, advirtieron desde el sector.
Además, el ajuste del capital invertido por La Estrella generó controversias por su dependencia de los rendimientos financieros de la aseguradora.

Impacto sobre la competitividad y el empleo formal

CADAM subrayó que estas erogaciones adicionales —junto con las cargas sociales y tributarias— elevan significativamente el costo laboral argentino, reducen la capacidad de inversión de las pymes y desalientan la creación de empleo formal.

“El sector privado es el motor del crecimiento, pero con este nivel de presión es muy difícil sostener nuevas incorporaciones”, expresaron empresarios nucleados en la cámara.

La preocupación empresarial se alinea con los diagnósticos de los institutos de investigación laboral, que advierten que la estructura de costos y la superposición de cargas fomentan la informalidad y restringen la competitividad, en especial entre las pequeñas y medianas empresas.

La expectativa del sector está puesta en que el gobierno nacional revise el esquema de contribuciones obligatorias y restablezca mecanismos de control sobre las ART, para equilibrar la protección del trabajador con la viabilidad económica de las empresas.

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