Un mate amargo
El rey Felipe VI estiró su mano y lo saludó, escuchando atentamente las palabras de Mauricio Macri: “Él es un representante del campo argentino”. Fue al único al que dispensó un trato familiar en medio de la fanfarria real.
Después, ya en la cena oficial, el representante del campo se mostró como uno más. Con un elegante frac se inclinó ante su majestad, heredero de aquel Rey ante quien se declaró la Independencia en 1816. El Momo Venegas, representante del campo y ya no de sus trabajadores, no se quedó corto en la admiración: “Argentina tiene muchas cosas que España necesita, y España es un país del cual debemos aprender. No tengo duda que este encuentro será muy bueno”, aseguró el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Lejos del glamour real, en Misiones, los tareferos tomaban a la fuerza la sede de la Uatre local y pedían la cabeza de su delegado por quien no se sienten representados. Venegas, tal como fue presentado por Macri ante el Rey, se pasea como representante del campo, pero está cada vez más alejado de las penas de sus trabajadores y dentro de un esquema en el cuál el libre mercado es el gran ordenador, aunque quede gente afuera.
La pelea de la yerba mate expresa muy bien la cadena económica y qué sucede cuando el Estado mira hacia un costado. La ley de Adam Smith no equilibra a los actores, sino que profundiza la fragilidad de los peones cuando el “mercado” decide que el precio de la materia prima debe echarse abajo porque hay una sobreoferta de materia prima.
Venegas se codea con la realeza, alejado de los avatares de sus representados. Forma parte de un ensamble ideológico que desprecia el rol del Estado y que, en buena parte, desconoce la realidad de las distintas economías regionales. Por eso no sorprendió demasiado cuando el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile deslizó que la protesta que desde hace varios días llevan adelante productores y tareferos, tiene motivaciones políticas. “Acá hay responsabilidades y queremos escuchar qué van a hacer las provincias y cuánto tiene que ver con la realidad y cuánto tiene que ver con un año electoral”, destacó Buryaile.
El ministro se despegó del problema al advertir que Nación tiene solo “un integrante” en el directorio del INYM, por lo que poco puede hacer para cambiar la realidad yerbatera.
Parece desconocer el ministro cuánto puede hacer por la yerba mate. Es Agricultura, ante la falla de origen del INYM, la que define el precio. Es Nación la que puede dar transparencia al mercado con los controles de AFIP, Trabajo, Renatre o el aval tardío al Centro de Transacciones, impulsado por Misiones. Después, en una reunión de más de tres horas con el ministro del Agro de Misiones, José Luis Garay, se mostró más comprensivo.
Buryaile ni Macri son pioneros en esto de mirar con desdén la situación de los productores. El secretario de Comercio de Cristina, Guillermo Moreno, siempre elegía definir a la baja el precio de la yerba y se burlaba de las patas sucias de los colonos misioneros.
Sin embargo, es el Estado el que puede inclinar la balanza. Lo fue siempre. Temprano, en 1935 se conformó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate con poderes para prohibir plantaciones y establecer cupos de cosecha. Un año después se creó el Mercado Consignatario para garantizar un precio mínimo. El Estado buscó mantener siempre un delicado equilibrio en la distribución de la renta agraria, exceptuando la dictadura cívico militar que persiguió, encarceló y asesinó a los dirigentes chacreros. Fue así hasta 1991, cuando Domingo Cavallo, durante el menemato, desreguló el mercado. La concentración de la renta en un puñado de empresas, fue inmediata, al mismo tiempo que los productores se sumían en la pobreza y eran empujados a malvender sus chacras provocando un interminable éxodo rural. Según cita el actual rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, en 1998, ocho empresas concentraban el 70 por ciento de la renta y las tres primeras, acaparaban el 50. Los hipermercados hicieron –hacen- el resto en la feroz competencia por vender a precio de oferta lo que cuesta más caro producir.
El tractorazo de 2001 obligó al Estado a volver a inmiscuirse en la distribución de la renta, cuando la hoja verde de yerba valía 0,20 centavos el kilo. Pero fue a instancias del Gobierno de Misiones y no de la Nación, ocupada por ese entonces en su propia crisis de gobernabilidad.
La Secretaría de Agricultura de la Nación y los tecnócratas de la fundación Mediterránea alentaban como solución la erradicación de 60 mil hectáreas de yerbales degradados para reducir la oferta.
El INYM surgió como herramienta para equilibrar la cadena productiva y fijar los precios. Pero salvo en las primeras oportunidades, cuando cualquier aumento era una fortuna en comparación, nunca cumplió cabalmente su cometido. Generalmente no hubo acuerdo y cuando si, los precios fueron fijados a la baja. Fue siempre el Gobierno provincial el que bregó por aumentar los precios de la materia prima no solo por la rentabilidad del productor, sino por el inmediato derrame en la economía. Ese es un elemento determinante para Misiones. Aunque en volumen la producción de pasta celulósica tiene un valor económico mucho mayor, las ganancias están concentradas en un puñado de firmas. Las de la yerba, se distribuyen a lo largo y ancho de la provincia.
Lo admiten incluso los representantes del sector industrial: no se trata únicamente de un problema de oferta y demanda, sino que también hay un problema de consumo. Y el año pasado cayó. Entonces, más allá del control de la inflación, interés que compartían kirchneristas y macristas, una nueva suba del producto en góndola podría generar mayor retracción. ¿Excusa perfecta para no hacer nada? Es allí cuando debe intervenir el Estado. Ese rol, en los últimos años lo ocupó el Gobierno provincial, mientras que la Nación buscó siempre achatar los valores para que no haya impacto en las góndolas de los supermercados porteños.
La Renovación, antes aliada al kirchnerismo, supo enfrentársele para reclamar subas mayores a las autorizadas.
Fue el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el que marcó un nuevo piso a la discusión de precios. Consideró que la hoja verde debe valer, como mínimo, 50 centavos de dólar, esto es, a valores de hoy, unos ocho pesos, tres pesos y monedas más de lo que está fijado ahora como precio oficial y no se cumple. Por supuesto, eso estiraría los valores hacia arriba, pero el beneficio sería enorme para productores e incluso el sector industrial.
No son pocos los que advierten que el mercado yerbatero debe definirse y regularse en Misiones, como provincia productora por excelencia.
Quienes hoy están en el Gobierno nacional, fueron durante la última década, oposición, aunque el radicalismo estuvo en los orígenes del INYM, como partido principal de la Alianza que encumbró al fugaz Fernando De la Rúa. El radicalismo –Buryaile es radical y el presidente del INYM, Juan Ré, es un radical apadrinado por Ricardo Barrios Arrechea- se jactó siempre de tener la receta para solucionar la problemática yerbatera. Ahora, nuevamente en el Gobierno como socio menor de Cambiemos, no atina a dar respuestas concretas ni se anima a cuestionar a intermediarios y sector industrial que incumplen los precios fijados por el organismo valiéndose de la ley más poderosa, la del mercado.
La Provincia es la que impulsa un Centro de Transacciones para dar transparencia a la cadena y el aval de Buryaile demuestra que el INYM no está cumpliendo con su rol. Es el Gobierno provincial el que logró descomprimir la protesta de productores y tareferos con recursos propios para mejorar la situación social a la espera de que el INYM tome alguna decisión de fondo.
Claro que la protesta es política. Como debe ser la respuesta. Aunque esa respuesta se da de bruces con el rumbo elegido por la Nación, de “transparentar” los mercados a través de subas de tarifas y poca presencia del Estado.
Esa misma línea se repite en otros sectores de la economía. La industria forestal, agobiada por la dificultad de sacar exportaciones con un dólar demasiado bajo en paralelo a la apertura de importaciones, está soportando una crisis silenciosa que no se hace visible por los esfuerzos del Gobierno provincial en asistir a algunas empresas. Los Repro, herramienta que utilizó el kirchnerismo para sostener el empleo, prácticamente dejaron de ser utilizados durante el año pasado y son ingentes los esfuerzos del ministerio de Trabajo local para lograr que la problemática sea atendida.
La decisión política, en Misiones, es sostener el empleo y evitar que el ajuste sea soportado por los trabajadores. Fue la primera provincia en lograr un acuerdo salarial inicial con los docentes, pero las clases no se iniciarán en la fecha prevista por el paro nacional convocado por CTERA ante la negativa de la Nación de abrir las paritarias federales y planchar los aumentos en un 18 por ciento, cuando la inflación del año pasado superó el 40 por ciento.
Misiones puede sostener esta postura por la férrea administración de los recursos que posicionan a la provincia como una de las pocas sin necesidad de endeudarse.
El país marcha a contramano. La economía confirmó una caída del 2,3 por ciento en el primer año del gobierno de Macri. Hay 43.603 trabajadores menos en el sector privado que a diciembre de 2015, pero, dato llamativo, aumentaron 0,9% las contrataciones de empleados públicos. El Estado sumó 28.862 trabajadores, y también creció el número de cuentapropistas, que sumaron a sus filas 68.010 trabajadores (entre monotributistas, trabajadores de casas particulares y autónomos).
Los despidos, una economía que no arranca y los sucesivos “errores” del Gobierno se conjugan para deteriorar su propia imagen y abrir un enorme interrogante de cara a las legislativas. Como hace unos días el consultor Gustavo Córdoba, ahora Ricardo Rouvier revela que la imagen presidencial sigue cayendo y que el 65,2% de los encuestados en su última muestra nacional, considera que el Gobierno actuó mal respecto a la controversia del Correo Argentino.
Las expectativas en relación a la economía, continúan disminuyendo. Este mes se registra el valor negativo más alto. El 40,6 por ciento cree que empeorará.
El gobernador Hugo Passalacqua acaba de finalizar una gira por Estados Unidos donde fue el único en no tomar deuda: los otros cuatro gobernadores que acompañaron al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y al de Finanzas, Luis Caputo, suscribieron un acuerdo por 120 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Passalacqua expuso en Washington sobre la potencialidad económica de Misiones con el objetivo de atraer inversiones. Con el BID se abrieron puertas para eventuales programas de financiamiento como un paso a futuro en virtud del orden de las cuentas públicas. Las ofertas de crédito son muchas. Misiones es una de las pocas provincias que califica bien para emitir, aunque la decisión es no hacerlo, salvo que sea estrictamente necesario y para obras de infraestructura.
La idea de la Renovación es fortalecer las raíces del misionerismo como concepto político. Es un modelo que muestra resultados concretos en Misiones y que se sostiene más allá del cambio de color político nacional.
Passalacqua aporta a la gobernabilidad nacional, al igual que los legisladores renovadores, que, sin embargo, marcan diferencias con algunas políticas tomadas por Macri.
En el terreno electoral, la Renovación tiene que ratificar el modelo, mientras que la oposición todavía se mueve en arenas movedizas.
La necesidad de Cambiemos de mostrarse “unido” choca con el creciente malestar del radicalismo por el poco espacio dentro del Gobierno. La cumbre radical de Córdoba, que tuvo a varios misioneros como protagonistas, cerró con un pedido de “evitar errores” como el perdón de la deuda del Correo o la baja de las jubilaciones. “Somos la fuerza política que tiene necesidad de devolverle la política al Gobierno nacional”, dijo el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en el discurso inicial del conclave marcando lo que a su juicio es un déficit en la alianza de gobierno. Ricardito Alfonsín marcó distancias y sostuvo que no se debe perder de vista que Cambiemos “ganó por la Unión Cívica Radical”.
El misionero Luis Pastori, coordinador de la mesa de debate económico, pidió “practicar más el dialogo” antes de tomar decisiones”. “Es implica que los radicales tengamos los canales asegurados para influir “ex ante” y no “ex post” en las soluciones que demanda el país. Es prioritario y urgente, a fin de que Cambiemos concurra a las urnas con la mayor fuerza y representatividad posible, dos grandes garantías para obtener el mejor resultado electoral. Si logramos dar este paso, el peligro y el fracaso de regresar al populismo será nada más que un lejano recuerdo”, insistió.
Los reclamos no sólo tienen que ver con cargos, como reiteraron los referentes boinas blancas, sino que dejan en evidencia que no hay diálogo en el Gobierno y que las decisiones son tomadas por la mesa chica de Macri. Apenas un tridente.
En la cumbre cordobesa no pasó desapercibida la presencia de Alfonso Prat Gay, el ex ministro de Economía, eyectado hace poco del Gobierno, víctima de la mesa chica presidencial. Prat Gay no es precisamente radical. Pero el economista que celebró sacarse de encima la “grasa militante” de los empleados públicos, podría convertirse en el candidato presidencial del radicalismo en una eventual interna de Cambiemos. Su promotor, aseguran, es el operador en las sombras Enrique “Coti” Nosiglia, el misionero que maneja los hilos del partido desde el gobierno de Raúl Alfonsín.
Nosiglia es un misionero nacido en Apóstoles, al igual que Ramón Puerta, el ahora embajador en España y anfitrión de Macri y el Momo Venegas durante la gira que concluyó el viernes. Como el ex gobernador, también tiene plantaciones de yerba, aunque desde hace años su vida pasa por la política en Buenos Aires. Es, como el Momo Venegas, parte de Cambiemos. Pero como él, mira de lejos la problemática de la producción. El mate, sin embargo, siempre está. Hasta el Rey Felipe VI fue fotografiado con un mate en la mano, con el sonriente embajador al lado.
