mar. Ago 4th, 2026

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El Ministerio de Justicia reglamenta el nuevo régimen de mediación en salud y fija honorarios para mediadores

By Redacción Economis 11 meses ago
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El Ministerio de Justicia oficializó la Resolución 1062/2025, que introduce cambios clave en la aplicación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), recientemente creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 379/2025. La medida establece el marco operativo, la digitalización de trámites, un nuevo esquema de honorarios para los mediadores especializados y mecanismos de recupero de fondos, en un intento de fortalecer el acceso a la justicia y ordenar los crecientes conflictos vinculados a prestaciones de salud.

La Ley 26.589 regula la mediación prejudicial obligatoria antes de iniciar un juicio. Hasta este año, la materia de salud estaba exceptuada del procedimiento. Sin embargo, el DNU 379/2025 incorporó a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y entidades reguladas por las leyes 23.660, 23.661 y 26.682, obligando a que los reclamos contra ellas pasen previamente por la instancia de mediación.

Ese mismo decreto creó el PROMESA, un procedimiento específico para controversias sanitarias que, según el Ministerio de Justicia, “atiende a la naturaleza federal de las prestaciones de salud y a la necesidad de mediadores especializados”. A partir de ahora, toda persona que reclame contra un agente del sistema de salud deberá iniciar primero esta instancia ante un mediador habilitado.

Honorarios, digitalización y recupero de fondos

La Resolución 1062/2025 introduce tres ejes principales:

  1. Registro y digitalización:
    • Se habilita la inscripción de mediadores en materia de salud (REGMESA) a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), eliminando la exigencia de trámites presenciales.
    • Se actualiza el funcionamiento del Registro Nacional de Mediación, que llevará una matrícula diferenciada para estos profesionales.
    • El sistema MEPRE será el único habilitado para generar y gestionar actas de mediación, derogándose los formularios previos.
  2. Honorarios de mediadores:
    • El artículo 8 del DNU 379/2025 establece que el mediador percibirá honorarios equivalentes al ítem I de la escala del Decreto 1467/2011 (“cuestiones sin valor pecuniario”).
    • La nueva resolución multiplica por cinco (5) veces ese valor cuando la mediación concluya con acuerdo, para reconocer la especificidad del trabajo en salud.
    • En caso de mediaciones sin acuerdo, el Fondo de Financiamiento de la Ley 26.589 abonará los honorarios, que luego deberán ser reintegrados si el reclamante no inicia demanda en un plazo de 30 días o si hay condena en costas.
  3. Recupero de fondos:
    • El Anexo II (IF-2025-95560067-APN-UGA#MJ) establece el procedimiento administrativo y judicial para recuperar los honorarios pagados por el Fondo.
    • La Dirección Nacional de Mediación deberá informar semestralmente los casos sin acuerdo y elevarlos a la Subsecretaría de Gestión Administrativa, que instruirá acciones judiciales de cobro contra las partes deudoras.
    • Las sumas recuperadas se depositarán en la cuenta oficial del Fondo, garantizando su sustentabilidad.

Impacto en el sistema de salud y la justicia

La implementación del PROMESA tiene múltiples impactos institucionales y económicos:

  • Para los pacientes y afiliados: se crea una instancia más ágil y obligatoria antes de litigar, que podría facilitar acuerdos rápidos con obras sociales y prepagas, evitando juicios largos y costosos.
  • Para los prestadores de salud: implica una nueva obligación procesal que podría multiplicar los reclamos formales, pero también reducir litigiosidad si se logra una tasa alta de acuerdos en mediación.
  • Para los mediadores: se abre un campo de especialización en conflictos de salud, con un régimen diferenciado de honorarios y exigencias de capacitación.
  • Para el Poder Judicial: se busca descomprimir los tribunales federales, que reciben gran parte de los amparos y demandas por cobertura médica y medicamentos.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Patricia Bullrich, remarcó que la entrada en vigencia es inmediata desde la publicación en el Boletín Oficial (2 de septiembre de 2025). Sin embargo, la implementación plena dependerá de:

  • La adaptación tecnológica del sistema TAD y MEPRE en todo el país.
  • La inscripción y formación de mediadores especializados en salud.
  • El financiamiento y recupero efectivo de honorarios para evitar un desfinanciamiento del Fondo de la Ley 26.589.
  • La reacción de las entidades de salud, que podrían cuestionar la carga de nuevas obligaciones procesales y financieras.

En términos políticos, la medida se inscribe en una agenda de modernización del sistema judicial y en la creciente conflictividad en materia de salud, donde los fallos judiciales suelen tener un fuerte impacto presupuestario en obras sociales y prepagas.

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Marcelo Pérez: “La seguridad ciudadana no admite divisiones ni dilaciones”

By Redacción Economis 1 año ago
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El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, participó este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una nueva sesión del Consejo de Seguridad Interior (CSI), convocada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y que reunió a los responsables del área de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada marcó un nuevo paso en la articulación federal de políticas públicas orientadas a combatir el delito, con foco en el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos tecnológicos.

“Estos encuentros son fundamentales para debatir las problemáticas de seguridad que atraviesan las distintas regiones, avanzar en la firma de convenios de cooperación y coordinar políticas públicas que fortalezcan la prevención del delito, especialmente en el interior del país”, expresó Pérez tras el encuentro.

Durante la reunión se anunciaron importantes medidas como el despliegue del Anillo Digital Federal, una red nacional de control vehicular basada en la lectura automática de patentes, el acceso en tiempo real al sistema SIFCOP y nuevas herramientas de verificación remota, con el objetivo de actuar de inmediato ante delitos vinculados al robo automotor.

También se formalizaron convenios clave: el Programa ForCIC de ciberseguridad, la adhesión nacional al Registro de Antecedentes de Conducta (RENAC), la expansión de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y un nuevo acuerdo para fortalecer el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

En ese marco, Pérez subrayó: “La seguridad ciudadana no admite divisiones ni dilaciones. Solo mediante la articulación y el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado es posible brindar respuestas concretas, eficaces y sostenidas en el tiempo”.

La ministra Bullrich, por su parte, presentó avances en la transformación de la Policía Federal en una fuerza federal de investigaciones con presencia en todo el país, y destacó que con la Ley Antimafia ya se logró desarticular organizaciones delictivas en Rosario, Mendoza y Orán. “Nuestro objetivo es tener, en seis meses, el mapa federal completo de las organizaciones criminales activas”, afirmó.

En su intervención, Pérez valoró la importancia de los acuerdos interjurisdiccionales: “Impulsamos el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, con una mirada federal, un compromiso local y una responsabilidad institucional que nos interpela a todos. El Estado presente, unido y activo, es siempre más fuerte que cualquier amenaza”.

La ministra también repasó indicadores positivos en materia de seguridad, como la baja en los homicidios y el reconocimiento internacional del modelo argentino, y anunció que a fin de mes llegará al país la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, interesada en conocer la experiencia argentina, especialmente en Rosario.

La jornada cerró con un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, en un nuevo aniversario del ataque. En ese contexto, se reflexionó sobre el fenómeno del terrorismo en la región y se renovó el compromiso con la memoria y la justicia.

“La agenda común debe sostener los buenos resultados. Como dijo la ministra, así como la Selección busca su cuarta estrella, nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos como el país más seguro de América del Sur. Y eso solo se logra con decisión, tecnología y coordinación”, concluyó Pérez.

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Bahía Blanca: el Gobierno amplía el acceso al subsidio SUR para damnificados por inundaciones

By Redacción Economis 1 año ago
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El Ministerio de Seguridad ajusta el mecanismo de asistencia a damnificados por inundaciones en Bahía Blanca. Se amplían los criterios y validaciones para el acceso al Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), con el objetivo de garantizar mayor equidad y transparencia

Con el objetivo de optimizar el acceso a los subsidios destinados a los damnificados por las inundaciones del 7 de marzo en Bahía Blanca, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una serie de modificaciones al régimen del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR). La medida, formalizada mediante la Resolución 760/2025, establece nuevas instancias de verificación, habilita mecanismos de corrección documental y extiende el alcance de los criterios de elegibilidad.

El SUR es una prestación monetaria no contributiva por única vez, creada por el Decreto 238/2025 como herramienta de asistencia directa para los residentes de viviendas afectadas por el evento climático. A través de este ajuste normativo, el Gobierno busca mejorar la eficiencia del proceso, reducir la exclusión por errores administrativos y garantizar que los fondos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

La nueva resolución incorpora al esquema de evaluación de solicitudes el uso de bases de datos de otros organismos de la administración pública nacional, y establece un criterio de priorización en casos donde existan múltiples solicitudes de un mismo requirente para diferentes domicilios.

Asimismo, se habilita una “Instancia Complementaria” de 72 horas —comunicada a través del correo oficial sur@minseg.gob.ar— para que aquellos inscriptos que no lograron validar su información en la etapa inicial, ya sea por inconsistencias con los registros de la empresa EDES o por dificultades en el acceso digital, puedan subsanar errores y completar la documentación requerida.

El rediseño del procedimiento pone el foco en los sectores más vulnerables, particularmente aquellos que no contaban con medidor de luz o que presentaron dificultades tecnológicas al momento de la inscripción inicial. Según la norma, esta etapa especial apunta a garantizar que ninguna vivienda afectada quede fuera del beneficio por obstáculos administrativos o técnicos.

Además, se actualiza el lenguaje de los formularios oficiales para reflejar la digitalización del proceso, sustituyendo la mención a “Formulario Vivienda Vulnerable” por “Formulario Digital”.

Patricia Bullrich: “La ayuda debe ser rápida, transparente y llegar a todos”

“La urgencia de la situación exige mecanismos ágiles, transparentes y efectivos”, sostiene la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich, en línea con lo planteado en la normativa fundacional del fondo especial para emergencias.

El esquema se encuadra dentro de las competencias de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, y responde a la lógica del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que articula las respuestas estatales ante desastres naturales.

Con estas modificaciones, el Ministerio de Seguridad busca fortalecer la legitimidad y eficacia del SUR, en un contexto donde la transparencia en la asignación de subsidios y la inclusión de los sectores más golpeados por la emergencia se vuelve crucial. La implementación operativa ya se encuentra en marcha, y se espera que la instancia complementaria permita alcanzar a un mayor universo de hogares afectados, especialmente en los sectores periféricos de Bahía Blanca.

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Ciberpatrullaje: denuncian que con una resolución Bullrich modificaría el Código Penal

By Redacción Economis 2 años ago
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Urgente24 – En una nueva resolución, el Gobierno decidió ampliar el ciberpatrullaje de las fuerzas federales. Especialistas aseguran que hay vacíos legales y un cambio del Código Penal.

Una resolución ministerial no puede modificar el Código Penal: es un tema en el que insiste la Administración Javier Milei, que insiste en errores que le costaron amputar gran parte del texto de su proyecto Ley Bases. En este caso es la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, quien quiere profundizar un ciberpatrullaje, en particular contra el comercio de criptomonedas.

Patricia Bullrich había enunciado su ciberpatrullaje en mayo y generó todo un revuelo y críticas sobre la constitucionalidad y legalidad de este método.

En principio, cuando se anunció que iniciarían los trabajos de ciberpatrullaje, se autorizaba a las fuerzas federales a realizar el monitoreo en los casos vinculados con: amenazas y otras formas de intimidación o coacción; venta o permuta de artículos cuyo origen, presumiblemente, provenga de la comisión de un acto o de un hecho ilícito u obtenidos en infracción a las disposiciones aduaneras; y falsificación y comercialización de instrumentos públicos en sitios web y otros espacios virtuales.

A su vez, el ciberpatrullaje también es aplicable para conductas que puedan comportar situaciones de acoso; amenaza o extorsión de dar publicidad a imágenes sin consentimiento; trata de personas y tráfico de personas; lavado de activos; terrorismo; venta libre de elementos para los cuales se requiera autorización o dispensa legal; y cualquier otro delito del que se pueda obtener noticia a través del ciberespacio.

Pero ahora, mediante la publicación de la resolución 1330/2024 en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió ampliar el listado y ahora también podrán monitorear delitos de intermediación financiera con criptomonedas.

Código Penal

Antes de avanzar, es importante recordar qué establecen los artículos 153, 153 bis y 154 del Código Penal:

“Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.

La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.

Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)

ARTICULO 153 BIS. – Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.

La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.

(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)

ARTICULO 154. – Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.”

El Gobierno tendrá problemas jurídicos

Lo que establece el Código Penal para la correspondencia privada alcanza al correo electrónico y las comunicaciones telefónicas. ¿Puede modificar lo establecido una Resolución que, además se instrumentará en parte por Disposiciones, normativas que están muy por debajo de una Ley de la Nación?

En los hechos, la nueva resolución describe que se incorporó a los hechos que pueden ser monitoreados los “delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos”.

“El constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos”, reza la resolución para argumentar la decisión del Gobierno.

Sin embargo, diversos expertos en temas jurídicos advirtieron a Urgente24 sobre la vulnerabilidad de la intimidad y la inconstitucionalidad de la resolución ministerial. “Esto inevitablemente va a terminar en la Justicia”, aseguraron las fuentes.

Sucede que para aplicar el monitoreo o ciberpatrullaje, la resolución deja claro que se violentarían conversaciones personales (casilla de correo electrónico, por ejemplo) de los ciudadanos. Esto quiere decir que se estaría incurriendo en un delito y se violaría entonces un derecho constitucional que establece “la inviolabilidad de la correspondencia”.

“La inviolabilidad de la correspondencia es un derecho constitucional, eso está en la Constitución… Y si bien no establece ‘la inviolabilidad del email o del IP, porque en ese tiempo (1853) no había ni teléfono, ni email’, en la actualidad, y por tratarse de la correspondencia, involucra, por ejemplo, al correo electrónico… Si se monitorea o se hace ciberpatrullaje en ese ámbito, ahí se estaría incurriendo en un delito que es el de violentar las conversaciones personales”, explicó una fuente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

De todos modos, la normativa inicial publicada en mayo pasado, establece que el ciberpatrullaje solo puede realizarse en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas, las que fueron definidas como “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias”.

Además, aclara que “las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no podrán acumular información recabada con motivo de las investigaciones previas realizadas y, una vez concluida la actividad preventiva o decidida la no judicialización, deberá destruirse el material y datos obtenidos”.

Aún así, los juristas aseguran que este tipo de monitoreos de carácter sensible no deben limitarse solo a una resolución ministerial, debido a los vacíos legales que este implica y las trabas en términos constitucionales que pueden aparecer al querer aplicar el ciberpatrullaje.

“Inevitablemente esto va a terminar en la Justicia, que será la que decidirá si se puede o no modificar cuestiones de rango constitucional y amparadas en leyes vigentes, con simples resoluciones ministeriales”, enfatizaron.

Finalmente, la resolución establece que en su trabajo, los agentes responsables tendrán prohibido:

  • Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política.
  • Emplear métodos ilegales, prohibidos, invasivos y violatorios de la dignidad de las personas para la obtención de información.
  • Comunicar o publicitar información que viole los principios descriptos en el artículo anterior, como así también incorporar datos o información falsos.
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¿Vuelve la colimba? Bullrich presentó el Servicio Cívico con “valores, disciplina y trabajo para jóvenes argentinos”

By Redacción Economis 2 años ago
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Se trata de un programa que ya había implementado en el 2019, durante su paso por el gobierno de Cambiemos. Aseguran que no es militar ni obligatorio.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes el regreso del Servicio Cívico, un programa que había impulsado en su última gestión durante el gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri de presidente. Según aclararon a Infobae, “no se trata de un servicio militar”, sino que es una instrucción de valores cívicos y la inscripción es voluntaria. “Es una capacitación que puede servir para el empleo público, privado e incluso para quienes quieran pertenecer a una fuerzas de seguridad”, agregaron.

“Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores. De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales”, expresó Bullrich en sus redes sociales junto a un video en el que se la ve junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según anunció la ministra de Seguridad, el programa se implementará en 11 ciudades del país donde “esperan que haya una buena recepción”, confesaron en su equipo. Se espera que en los próximos días se anuncien los detalles, como por ejemplo, los modos de inscripción, requisitos y locación. A diferencia de la última implementación, este año contarán con el apoyo y participación del Ministerio de Capital Humano.

El Servicio Cívico fue implementado en 2019, a través de la Gendarmería Nacional. En total se anotaron 1200 jóvenes, de entre 16 y 20 años, para compartir una “experiencia educativa y reflexionar sobre los valores democráticos, sus derechos y responsabilidades”.

El anuncio de Patricia Bullrich en redes sociales

El programa estuvo compuesto por talleres basados en temáticas de promoción de la salud, orientación vocacional e inmersión al mundo educativo y laboral, liderazgo y trabajo en equipo. Además, hubo capacitación en construcción de la ciudadanía y prevención y reducción de riesgos ante situaciones de desastres o catástrofes, así como talleres de oficios para que los jóvenes aprendan distintas tareas. Contó con sedes a lo largo y a lo ancho del país, siendo un primer paso para que los jóvenes puedan acceder a un mejor futuro, con más herramientas.

En ese entonces, las sedes fueron Campo de Mayo, Ciudad Evita, González Catán y Mercedes, en provincia de Buenos Aires; sumadas a las de Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. En el primero que se dictó se anotaron 1.200 jóvenes. “Fue una experiencia para compartir una experiencia educativa y reflexionar sobre los valores democráticos, sus derechos y responsabilidades”, suele recordar la ministra de Seguridad.

El programa fue coordinado por el director de Violencia Institucional, Daniel Barberis, y buscaba el fomento del “compromiso personal y para con la comunidad de hábitos responsables, el estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”, se informó en el decreto de su creación.

La puesta en marcha del Servicio Cívico en Córdoba tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello”, ubicada sobre la calle 28 de Julio 1635, Jesús María, y estuvo a cargo de Gabriel Huespe, director de Elaboración Legislativa y Normativa. “Orden, disciplina y aprendizaje. Si tuviera que definir al Servicio Cívico Voluntario en Valores, esas serían las palabras precisas: un verdadero camino hacia la libertad, la autonomía y el cumplimiento de los sueños de los argentinos”, expresó Bullrich cuando encabezó el acto de lanzamiento que se realizó en Campo de Mayo.

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