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Senado: Milei avanza con la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II

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El Gobierno consiguió este miércoles un avance parlamentario clave para su programa económico: el Senado otorgó respaldo en comisión a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y al proyecto conocido como Inocencia Fiscal II. La Libertad Avanza buscará convertir ambas iniciativas en ley el jueves 17 de septiembre, antes de que la Cámara de Diputados comience a discutir el Presupuesto 2027.

El resultado representa un activo político para la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, después del traspié sufrido durante la misma jornada, cuando debió suspenderse la sesión prevista para este jueves en la que iba a tratarse la reforma del régimen de biocombustibles.

El oficialismo consiguió reunir el respaldo de bloques aliados para obtener dictamen sobre la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. En el caso de Inocencia Fiscal II, al cierre del debate restaba una firma para completar el despacho de mayoría.

Bullrich apunta ahora a convocar una sesión que incluya ambos proyectos económicos, el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires y la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.

El calendario tiene una razón política y económica. El Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 el 15 de septiembre, por lo que el oficialismo pretende llegar a ese debate con dos reformas consideradas estructurales para su programa económico ya encaminadas.

Un Banco Central con menos margen para financiar al Estado

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA plantea redefinir las prioridades de la autoridad monetaria. El objetivo central que propone el Gobierno es la preservación del valor de la moneda y, en paralelo, una limitación a la posibilidad de que el Banco Central financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

La iniciativa avanzó después de las exposiciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. El dictamen fue tratado en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión, presididas por el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde.

La lógica oficial detrás de la reforma apunta directamente a uno de los ejes del programa de Javier Milei: reducir el vínculo entre emisión monetaria y financiamiento del déficit fiscal.

El proyecto también propone eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas. Desde la perspectiva del Gobierno, esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria y desvían al BCRA de su objetivo principal.

La discusión, en términos económicos, no se limita a modificar artículos de una carta orgánica. Define qué margen tendrá el Banco Central para intervenir en la economía y cuál será su relación institucional con el Tesoro y los distintos niveles del Estado.

Durante el debate, Bullrich defendió la reforma bajo una premisa que sintetiza la posición oficial: “cuidar el valor de la moneda”.

Inocencia Fiscal II: el intento de formalizar dólares

El segundo proyecto que consiguió avanzar apunta a otro problema central de la estrategia económica oficial: cómo incorporar al circuito formal recursos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero y tributario.

Inocencia Fiscal II busca ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y facilitar la incorporación de fondos al circuito formal. Entre los cambios propuestos aparece la eliminación de los topes actualmente establecidos para acceder al régimen simplificado.

La iniciativa modifica además el criterio de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede impugnar una declaración simplificada.

De acuerdo con el proyecto, una diferencia será considerada significativa cuando implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El debate tuvo como expositores al contador especializado en Derecho Tributario Martín Caranta y al abogado especializado en Derecho Tributario Juan Martín Jovanovich.

El objetivo económico del Gobierno es generar condiciones para que capitales actualmente fuera del circuito formal puedan ingresar al sistema. El desafío político estará en construir un equilibrio entre simplificación tributaria, formalización y capacidad de control del Estado.

El tercer componente: incentivos para inversiones de más de US$12 millones

En paralelo al avance de las dos iniciativas del Ejecutivo, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, PYMES y Legislación General dio dictamen favorable al proyecto del senador Eduardo “Peteco” Vischi para crear el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR).

La propuesta está dirigida a compañías medianas del tramo 2 que realicen inversiones superiores a US$12 millones. El régimen se concentra exclusivamente en bienes muebles nuevos y obras productivas y excluye los activos financieros.

Entre los incentivos contemplados aparecen la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA, además de mecanismos orientados a promover inversiones vinculadas con tecnología agropecuaria y energética.

El esquema propone beneficios progresivos según el tamaño de la empresa, desde microemprendimientos hasta grandes compañías.

A diferencia de la reforma del BCRA, que busca modificar las reglas de funcionamiento de la política monetaria, y de Inocencia Fiscal II, que apunta a facilitar la formalización de capitales, el RIIR coloca el foco en la inversión productiva.

Los tres movimientos conforman, desde perspectivas diferentes, una misma discusión económica: qué condiciones institucionales y fiscales pueden favorecer la estabilidad monetaria, la formalización del ahorro y la transformación de capital en inversión.

La batalla que sigue será en el recinto

El dictamen no equivale todavía a la sanción de las reformas. La Libertad Avanza deberá ahora construir las mayorías necesarias para llevarlas al recinto y convertirlas en ley.

El resultado en comisiones, sin embargo, muestra que el oficialismo logró recomponer capacidad de negociación después de no poder sostener la sesión sobre biocombustibles. La estrategia de Bullrich será concentrar el debate económico el 17 de septiembre y aprovechar el momento parlamentario previo a la discusión del Presupuesto 2027.

La reforma del BCRA representa una apuesta por consolidar un esquema monetario con menor asistencia al financiamiento estatal. Inocencia Fiscal II busca reducir barreras para que recursos no formalizados ingresen al circuito económico. El RIIR, por su parte, intenta que parte de los incentivos fiscales se traduzcan en activos productivos, tecnología y obras.

El resultado de esta agenda no se medirá únicamente por la aprobación legislativa. Su impacto dependerá de cómo esas nuevas reglas modifiquen las decisiones de ahorro, financiamiento e inversión de empresas y familias.

En el corto plazo, el oficialismo busca una victoria parlamentaria antes del Presupuesto. En el mediano plazo, la apuesta es más profunda: consolidar un marco económico en el que la estabilidad monetaria, la formalización de capitales y la inversión productiva funcionen como piezas de una misma arquitectura.

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El Senado avanza con una nueva ley de biocombustibles hasta 2036

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El Senado dio un paso clave hacia un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Un plenario de comisiones emitió dictamen de mayoría sobre una iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, con respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, que eleva los porcentajes obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiésel y extiende hasta 2036 un régimen de transición para las empresas del sector.

El acuerdo establece que el corte de bioetanol pasará del actual 12% al 15% después de un año de vigencia de la nueva norma, mientras que el biodiésel subirá del 7,5% al 10% en el mismo período. El proyecto también incorpora límites a la participación de cada empresa para evitar una concentración excesiva del mercado y busca otorgar un horizonte regulatorio de 15 años.

El avance representa una señal política para las provincias vinculadas a la producción de biocombustibles. El bioetanol tiene como principales materias primas la caña de azúcar y el maíz, con fuerte presencia productiva en Tucumán, Salta y Jujuy, mientras que la industria del biodiésel tiene un núcleo relevante en Santa Fe a partir del procesamiento de aceite de soja.

Un nuevo mapa para el biodiésel

El dictamen mantiene inicialmente un corte obligatorio de biodiésel del 7,5% para todo gasoil o diésel oil comercializado en el país. A partir de los 12 meses de la sanción de la ley, ese porcentaje subiría al 10%.

El esquema establece además dos segmentos de empresas: las integradas, que pueden participar en distintas etapas de la cadena productiva, y las no integradas. Para estas últimas se fija inicialmente un cupo equivalente al 6,5% del mercado total.

Ese porcentaje tendrá una reducción progresiva: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 3% en 2031. Desde 2032, el 7% podrá ser comercializado entre todas las firmas, de acuerdo con el esquema previsto en el dictamen.

El proyecto incorpora además un límite para evitar que una compañía concentre una porción dominante del mercado. Según lo planteado durante el debate, ninguna empresa podrá acceder a más del 10% del cupo correspondiente al segmento de las no integradas.

La discusión, sin embargo, dejó una tensión sectorial sin resolver. Las pymes elaboradoras de biodiésel rechazan el nuevo esquema porque pretenden conservar el 7,5% de participación que actualmente tienen asignado y cuestionan la reducción progresiva de su espacio dentro del mercado.

Por ese motivo, el senador peronista Fernando Salino anticipó la presentación de un dictamen de minoría, con el argumento de que la propuesta no contempla el reclamo de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Bioetanol: 15% y competencia por el cupo

Para el bioetanol, el proyecto plantea mantener durante un año el corte obligatorio del 12% y luego llevarlo al 15%. La composición de ese porcentaje preservará la participación de las dos principales materias primas: 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y 6% proveniente del maíz.

El 3% restante quedará destinado a un esquema de competencia, según explicó la senadora salteña Royón durante el debate.

La arquitectura busca evitar que el incremento del corte se traduzca automáticamente en una concentración de los negocios en los actuales grandes proveedores. Por eso, el proyecto incorpora reglas sobre cupos y participación empresarial.

La senadora Beatriz Ávila consideró que el dictamen constituye un avance trascendente porque la legislación vigente había quedado desactualizada. También destacó que el nuevo esquema incorpora previsibilidad durante 15 años, declara la actividad de interés público, contempla beneficios impositivos y permite que las provincias puedan incrementar los cupos.

El límite a la concentración, en el centro del acuerdo

Uno de los puntos políticos y económicos más relevantes del dictamen es la incorporación de límites a la concentración. El texto establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente, mientras que para el segmento de compañías no integradas del biodiésel se establece un límite específico del 10% del cupo.

La discusión sobre la estructura del mercado no es secundaria. El aumento de los cortes obligatorios amplía de manera automática la demanda de biocombustibles, por lo que la distribución de esos nuevos volúmenes puede determinar quién captura el crecimiento generado por la nueva regulación.

Para las empresas, el horizonte hasta 2036 busca reducir la incertidumbre regulatoria y permitir decisiones de inversión de mayor plazo. Para las pymes, en cambio, el punto crítico será la forma en que se distribuyan los cupos durante la transición.

La propuesta, por lo tanto, intenta resolver dos objetivos simultáneos: aumentar el uso de biocombustibles y evitar que el crecimiento regulado de la demanda quede concentrado en pocos jugadores.

Exenciones y una discusión que llegó al gasoil patagónico

El dictamen también contempla excepciones al corte obligatorio de biodiésel. Quedan alcanzados por ellas los combustibles destinados a embarcaciones fluviales y marítimas, minería, primeros llenados, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos y centrales eléctricas, además de determinadas zonas frías patagónicas.

Durante el debate, el senador Agustín Coto planteó precisar qué debe entenderse por “zonas frías patagónicas” y propuso utilizar como referencia la normativa IRAM, debido a que el combustible mezclado puede presentar dificultades operativas bajo temperaturas extremadamente bajas. El planteo fue aceptado por los demás senadores.

La autoridad de aplicación también conservará la posibilidad de modificar excepcionalmente el porcentaje obligatorio mediante una resolución fundada, cuando existan situaciones comprobadas de escasez que puedan afectar el abastecimiento interno o razones técnicas y de calidad que lo justifiquen.

Una señal para las provincias productoras

El consenso alcanzado en comisiones tiene además una dimensión federal. La ampliación del mercado de bioetanol puede beneficiar a las cadenas productivas vinculadas con la caña de azúcar y el maíz, mientras que el nuevo esquema de biodiésel impactará especialmente sobre la industria aceitera y los establecimientos productores de Santa Fe.

Por eso, el acompañamiento de legisladores de distintos espacios adquiere una lectura que excede el debate energético. Royón, el radical Flavio Fama, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Carolina Moisés respaldaron el dictamen, aunque Moisés lo hizo con disidencia parcial.

La aprobación del dictamen no implica todavía la sanción de la nueva normativa. El próximo desafío será trasladar el acuerdo alcanzado en comisión al recinto, donde deberán resolverse las diferencias que permanecen abiertas, en particular la situación de las pymes de biodiésel.

El Gobierno logró así una primera convergencia con sectores dialoguistas alrededor de una reforma que combina mayor demanda obligatoria, reglas contra la concentración y un horizonte regulatorio extendido. La discusión pendiente será determinar si ese nuevo mercado consigue distribuir los beneficios de la expansión entre grandes empresas, pymes y las provincias que aportan las materias primas.

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El Senado busca aprobar 67 pliegos judiciales y cinco acuerdos internacionales

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El Senado de la Nación sesionará este jueves a las 11 para aprobar 67 pliegos de jueces y fiscales federales que ya obtuvieron dictamen en la Comisión de Acuerdos. La agenda, definida por la Comisión de Labor Parlamentaria, incorpora además cinco acuerdos internacionales que requieren aval legislativo para su entrada en vigencia.

El capítulo judicial concentra buena parte del peso político de la sesión. Entre los pliegos se encuentran los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor incidencia sobre expedientes vinculados con corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado.

La eventual designación de ambos magistrados adquiere particular relevancia por el tipo de causas que podrían quedar bajo la órbita del tribunal. Entre ellas aparecen investigaciones de alto impacto político para el Gobierno nacional, como el expediente relacionado con la criptomoneda $LIBRA y la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En esta última investigación fue apartado de su cargo el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, mientras que el expediente también alcanza al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La Cámara Federal porteña podría tener intervención en distintas instancias de procesos de esta naturaleza.

El tribunal también podría recibir la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y que actualmente tramita ante el juzgado de Ariel Lijo. El magistrado le otorgó una prórroga de 15 días para que presente documentación destinada a justificar su patrimonio.

Bertuzzi y Yadarola ya atravesaron sus exposiciones ante la Comisión de Acuerdos sin mayores obstáculos. La instancia tuvo una particularidad política: los principales opositores del bloque Justicialista, conducido por José Mayans, no participaron de la audiencia, lo que redujo el nivel de cuestionamiento durante el tratamiento de las candidaturas.

El oficialismo negoció con aliados para garantizar la sesión

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un papel central en la construcción de los acuerdos necesarios para llevar adelante la sesión. El oficialismo consiguió respaldo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, aunque esas negociaciones también expusieron demandas para ampliar la agenda parlamentaria.

Los aliados plantearon incorporar proyectos con mayor impacto económico y social, pero esas iniciativas no formarán parte del temario de este jueves. Su tratamiento podría avanzar en las próximas semanas si consiguen los dictámenes correspondientes en las comisiones.

Entre los expedientes que ya comenzaron a discutirse aparecen dos iniciativas impulsadas por la salteña Flavia Royón y la misionera Sonia Rojas Decut sobre el marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental vinculados con el mercado voluntario de carbono.

También continúa el debate sobre la Ley de Biocombustibles. Un proyecto de la senadora tucumana Beatriz Ávila propone modificar los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol incorporados al gasoil y las naftas. La discusión involucra a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

El expediente reúne además iniciativas de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los senadores de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el peronista Jorge Capitanich. Patricia Bullrich también presentó una propuesta sobre la materia.

El dato político relevante para Misiones es que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aparecen dentro de una discusión que puede impactar sobre una actividad vinculada con la matriz energética y productiva regional. Sin embargo, el proyecto todavía debe atravesar la instancia de comisiones antes de convertirse en parte de una sesión.

Mercosur, Ucrania y Chile, en la agenda internacional

La sesión también contempla la aprobación de cinco acuerdos internacionales. El tratamiento será fundamentado por el senador libertario Francisco Paoltroni, titular de la Comisión de Relaciones Internacionales.

Entre los instrumentos figura el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Su tratamiento conecta la agenda parlamentaria con uno de los principales desafíos comerciales del bloque regional: ampliar mercados y profundizar vínculos económicos fuera de sus socios tradicionales.

También se encuentra el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, junto con el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado.

La agenda se completa con el Tratado sobre Traslado de Personas Sentenciadas con Ucrania y el Tratado de Extradición con Chile, que incorpora además disposiciones relativas a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica.

Así, la sesión combinará una definición de fuerte contenido institucional —la cobertura de 67 vacantes judiciales— con acuerdos internacionales que amplían el marco jurídico de cooperación y comercio de la Argentina. El resultado de la jornada también permitirá medir la capacidad del oficialismo para sostener acuerdos con sus aliados y, al mismo tiempo, anticipar qué proyectos económicos y productivos podrán ganar espacio en la agenda del Senado durante las próximas sesiones.

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La Casa Rosada reactiva su agenda política y busca destrabar las reformas clave en el Congreso

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Con el objetivo de recuperar la iniciativa política y legislativa tras la pausa generada por el Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno nacional reunió este martes a la Mesa Política en la Casa Rosada para delinear la estrategia del segundo semestre. El encuentro, encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tuvo como eje la reactivación del Congreso y la construcción de consensos que permitan avanzar con las principales reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Durante casi dos horas, los principales referentes de La Libertad Avanza analizaron el escenario parlamentario y definieron los lineamientos para intentar destrabar proyectos que permanecen pendientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La reunión reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la senadora Patricia Bullrich; al asesor presidencial Santiago Caputo y a otros integrantes del gabinete político.

El diagnóstico compartido por el oficialismo es que la segunda mitad del año será determinante para consolidar el programa de reformas económicas e institucionales que el Gobierno considera centrales para profundizar su esquema de estabilización y modernización del Estado. Por ello, la estrategia combinará negociación política, acuerdos con gobernadores y una agenda parlamentaria escalonada.

Entre las iniciativas consideradas prioritarias figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, modificaciones al régimen de Zona Fría, cambios vinculados a la protección de la propiedad privada y la denominada Inocencia Fiscal II, un proyecto orientado a introducir nuevas modificaciones en materia tributaria y de administración fiscal.

La intención del Ejecutivo es que estas propuestas comiencen a debatirse una vez finalizado el receso invernal, período en el que el Gobierno buscará fortalecer los acuerdos necesarios para superar la fragmentación parlamentaria que caracteriza al Congreso desde el inicio de la gestión.

Además del frente legislativo, la Mesa Política también avanzó sobre la planificación electoral de cara a 2027. El oficialismo entiende que la construcción territorial y la articulación con las provincias serán factores decisivos tanto para la aprobación de las reformas como para consolidar su proyecto político en el mediano plazo.

En ese marco, Diego Santilli confirmó que continuará la ronda de reuniones con gobernadores para formalizar convenios vinculados a obras de infraestructura y fortalecer la coordinación institucional con las provincias. Entre los próximos encuentros figuran autoridades de Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero, con una agenda que incluye el traspaso de obras viales, proyectos de acueductos y nuevas plantas potabilizadoras.

La estrategia refleja un cambio de enfoque respecto de los primeros meses de gestión. Si inicialmente el Ejecutivo priorizó los instrumentos administrativos y regulatorios para avanzar con parte de su programa, ahora el énfasis vuelve a concentrarse en la construcción de mayorías legislativas que otorguen mayor estabilidad jurídica a las reformas estructurales.

El cronograma previsto por el Gobierno comenzará a acelerarse esta misma semana. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, que será enviado a la Cámara de Diputados, mientras que el presidente Javier Milei anunciará la próxima semana la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las iniciativas económicas más relevantes del segundo semestre.

Para el oficialismo, el desafío ya no pasa únicamente por diseñar reformas, sino por construir los consensos políticos necesarios para convertirlas en ley. En un Congreso sin mayorías propias, la negociación con gobernadores, bloques provinciales y sectores dialoguistas vuelve a convertirse en una pieza central para sostener la agenda de transformación impulsada por la Casa Rosada.

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El Gobierno volvió a quedarse sin los votos y postergó la ley de Propiedad Privada hasta agosto

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El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés legislativo al no conseguir los votos necesarios para aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la falta de consensos, el oficialismo solicitó postergar nuevamente el debate, que quedó reprogramado para el próximo 6 de agosto, luego del receso invernal.

Se trata de la cuarta oportunidad en la que el proyecto, impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, llega al recinto sin lograr ser tratado. La iniciativa había obtenido dictamen el 20 de mayo, pero desde entonces el oficialismo no consiguió consolidar una mayoría suficiente para su aprobación.

El cuarto intermedio fue solicitado por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien pidió que la sesión continúe el 6 de agosto con este proyecto como uno de los principales temas del orden del día. La moción fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

Nuevas diferencias con las provincias

Las negociaciones volvieron a trabarse en las horas previas a la sesión. Según trascendió, el dictamen ya acumulaba quince modificaciones y persistían diferencias entre el oficialismo y bloques aliados respecto de aspectos centrales de la iniciativa.

Uno de los principales reclamos apuntaba a incorporar una cláusula que habilitara a las provincias a establecer un régimen jurídico propio para regular la venta de tierras a extranjeros, una propuesta que finalmente no fue aceptada por La Libertad Avanza.

Entre las observaciones planteadas por representantes de Misiones también figuró la eliminación del mecanismo de “silencio administrativo” o “silencio positivo”, criterio que implicaba considerar aprobados determinados trámites por el solo transcurso del tiempo sin respuesta del Estado. La postura impulsada desde la provincia proponía preservar la intervención expresa de las administraciones provinciales en materias vinculadas a sus competencias.

Además, se promovió reforzar el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales y establecer restricciones para impedir la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o sociedades con participación estatal.

La lupa estaba puesta en los senadores misioneros, después de un exhorto público de la Red de Mujeres del Movimiento -alineada con el gobernador Hugo Passalacqua- que reclamaba a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Göerling -pro libertario- que rechacen la ley por entender que avanza sobre soberanía y recursos naturales que son de propiedad primigenia de las provincias.  

Los tres dieron quórum, pero no tuvieron que revelar cómo iban a votar ya que el propio oficialismo pidió postergar el tratamiento. 

Una sesión con otros acuerdos

Antes de postergar el tratamiento del proyecto, el Senado sí avanzó con la aprobación de una serie de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. Entre ellos quedó confirmado el pliego del magistrado Víctor Pesino, cuya designación había sido cuestionada por la CGT debido a fallos relacionados con la reforma laboral y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Además, por unanimidad, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina, en reconocimiento a su papel histórico como sede de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. La iniciativa fue aprobada con 67 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.

Con este nuevo aplazamiento, el Gobierno suma otro capítulo de dificultades para reunir mayorías parlamentarias en uno de los proyectos que considera estratégicos dentro de su agenda de reformas.

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