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“La Tarjeta Alimentaria para familias tareferas se debe a la lucha de organizaciones sociales”

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Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles que en Misiones integran la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha (CPTL), hacen saber a la opinión pública, que “Apoyamos y reconocemos el reclamo genuino de cada familia tarefera, y de todos los sectores que exigen derechos postergados y enfrentan al ajuste en la provincia y en el todo el país”.
Desde hace varios días, un grupo de familias tareferas provenientes de la Zona Centro, sostienen un acampe frente a las Oficinas del  Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Posadas.
En ese contexto, en algunas publicaciones, se acusa al diputado del PAyS, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) el Movimiento Evita, Martín Sereno de “haber negociado en nombre de quienes están acampando frente a la Delegación Nacional del Ministerio de Desarrollo Social, y de no haber recibido ningún tipo de ayuda”.
Éstas críticas se atribuyen a la “vocera de la protesta, Sandra Vera”, quien firma que “el diputado provincial y responsable del Movimiento Evita, junto al ministro de Desarrollo Social de la provincia, Lisandro Benmaor, firmaron un acuerdo para manejar las Tarjetas Alimentarias y el Salario Social Complementario”.
Cabe destacar que la señora tarefera, Sandra Vera, junto con su grupo, fue empadronada para recibir el beneficio de la Tarjeta Alimentaria. Así como hubo Sindicatos y Asociaciones Tareferas, que sin formar parte de la Coordinadora Provincial fueron invitados a participar en el relevamiento y en la lucha, algunos aceptaron y otros desestimaron la lucha.
Las organizaciones populares siguen en lucha
Lo primero que aclara la Coordinadora, es que tanto el logro de la Tarjeta Alimentaria, que Nación otorgará a las tareferas y tareferos de la provincia, como otros beneficios e instancias de negociación, por ejemplo el consenso para la creación por ley del Fondo Especial Yerbatero (FEY), fueron conseguidos gracias a la lucha de las organizaciones populares, que con sucesivos acampes, marchas y protestas forjaron la apertura de una mesa de diálogo que redundó en el beneficio de las tarjetas alimentarias.
“El compañero Martín Sereno, como dirigente de la CTEP y del Movimiento Evita, fue y es uno más de los representantes de las organizaciones, en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, por tanto, la acusación que profiere Vera sobre nuestro compañero Sereno, carece de todo sustento y veracidad”.
Las organizaciones que integran la Coordinadora: la Corriente Clasista y Combativa, la CTEP, el Movimiento Evita, ATE Misiones, CTA Apóstoles, CTA Montecarlo; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Federación Juvenil Comunista de la Argentina (FEDE); Barrios de Pie; el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), y la Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones (COTRUM), entre otras, “rechazamos absolutamente esas falsas acusaciones, reconociendo en ellas, la intención de dividir a las movimientos sociales en lucha”.
Responsabilidad y transparencia
El acuerdo histórico que posibilitó el futuro beneficio de las Tarjetas Alimentarias para las familias tareferas, por el periodo de un año para la compra de alimentos, es parte del acuerdo que lograron el 9 de octubre, los movimientos populares con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Esta mesa de negociación se abrió luego de un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Carolina Stanley, del cual participaron cerca de 300 tareferos. Esta instancia, fue precedida por numerosas etapas de lucha, tanto en Misiones como en Buenos Aires.
Una vez obtenido el acuerdo del beneficio de la Tarjeta Alimentaria, fueron las organizaciones populares de la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, quienes con responsabilidad y transparencia, “abrimos un proceso de convocatoria e inscripción en toda la provincia, para que tareferas y tareferos que cumpliesen con los requisitos mencionados, pudieran inscribirse, con el objetivo de recibir la Tarjeta Alimentaria. Todo este proceso fue debida y amplíamente difundido en los medios de comunicación de la provincia”.
Trabajo y recursos al servicio del relevamiento
También, fueron las organizaciones -y no el Estado- quienes “pusimos el cuerpo y los recursos para garantizar que la inclusión en este listado sea genuina, libre de todo clientelismo y de cualquier tipo de partidismo y uso político. Pero además es importante reiterar que participaron del empadronamiento, organizaciones y Asociaciones de Tareferos que no forman parte de la Coordinadora Provincial.
Logramos así, la inscripción de 11.209 tareferos y tareferas que presentaron la documentación requerida, y se encuentran en condiciones de percibir el beneficio de la Tarjeta Alimentaria que otorgará la Nación”.
La pata judicial
En medio de esta lucha, la jueza, Alba Kunzmann de Gauchat, del Juzgado de Instrucción de Oberá, ordenó la detención del dirigente tarefero Hugo Silva, “en una clara maniobra para intentar disciplinar el reclamo tarefero.
Fue esta Coordinadora Provincial la que se puso al frente de la campaña por la libertad del compañero Silva, quien gracias a esa lucha fue liberado el pasado 7 de noviembre”.
Mejorar el subsidio interzafra
Se consiguió además, mantener abierta la discusión con el Estado en torno al mejoramiento del subsidio interzafra, otro de los reclamos importantes de las bases tareferas.
“Si por alguna razón, hubiese tareferos que no pudieron inscribirse dentro de los plazos establecidos, debemos exigir que se abra la posibilidad de incluirlos; pero no existe responsabilidad alguna sobre ese tema, de ninguna organización ni dirigente de esta Coordinadora.
Creemos que las aseveraciones falaces e infundadas contra dirigentes de organizaciones populares, sólo contribuyen a generar suspicacias sobre un proceso que fue abierto y transparente, buscando así la división del campo popular”.
Ataques para quebrar la unidad contra el ajuste
En tiempos en que la arremetida de vulneración de derechos adquiridos, y los ataques a las organizaciones sociales y sindicales es feroz, buscando quebrar la unidad en la lucha contra el ajuste, “consideramos que conquistas como las de la Tarjeta Alimentaria para las familias tareferas y otros avances como la futura creación del Fondo Especial Yerbatero (FEY), en la discusión tendiente a mejorar las condiciones del sector, enaltecen el valor de la lucha en unidad, camino por el que, pese a quien le pese, desde esta Coordinadora vamos a seguir andando sin retroceder.
Solicitamos en este sentido, a los medios de comunicación, rigurosidad en la información, quedando a entera disposición para ser consultados cada vez que alguna acción de esta Coordinadora se vea involucrada en el tratamiento informativo”, expresan los referentes de las organizaciones que integran la CPTL.

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La Justicia ordenó suspender el primer desalojo después de aprobarse la Ley del RENABAP

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En el barrio Prosol 1 de Posadas, la Justicia ordenó la primera suspensión de desalojo luego de que el Congreso Nacional aprobara la Ley del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración (RENABAP) en octubre de este año, después de una lucha larga e intensa de las organizaciones sociales. En ese barrio viven seis familias desde hace diez años en tierras privadas.
En noviembre del 2017 comenzaron a ser hostigadas por un abogado que representaba a un propietario, con la amenaza de desalojarlos con la anuencia de un juez. Un grupo de familias que el año pasado fueran censadas por el Registro Nacional de Barrios Populares, y obtuvieron el Certificado de Vivienda Familiar que las ampara, acompañadas por el Movimiento Evita de Misiones.
“Censamos a las familias con la compañera Marisa Villalba, y con una vecina del barrio, Roxana, corroboramos que la Anses le entregara los certificados del RENABAP que protege a las familias, hicimos gestiones en el Iprodha, de acuerdo a la Ley de Prórroga de Desalojos para que no las expulsen. Hubo un acuerdo con la Justicia para que éstas familias cuidaran que ninguna otra persona se asentara en las tierras. Pero aún así, hace dos semanas volvió al barrio el abogado que representa al propietario Luis Pedro Calgaro, advirtiendo que tenían un mes para abandonar el terreno, porque iban a ser desalojados el próximo 2 de diciembre.
A partir de ahí el diputado (Martín) Sereno junto con la coordinadora regional del RENABAP, Charo López del Valle iniciaron gestiones ante la Nación, que accionó rápidamente para que se hiciera cumplir la Ley Nacional; la Justicia accionó y ordenó suspender el desalojo”, reseñó la militante del PAyS y del Evita, Gisela Troche.
Familias que ya no serán amedrentadas
La Resolución firmada por la titular del Juzgado Civil y Comercial 3, Georgina López Liva, especifica, entre otras cosas que “… De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nacional 27453, se suspende el cumplimiento del mandamiento del desalojo del inmueble antes mencionado…”.
Las seis familias con más de 15 niños y niñas que viven en el barrio Prosol de Posadas, en situación de pobreza, se asentaron hace muchos años en esas tierras, y en todo este tiempo fueron permanentemente amedrentados con que los iban a expulsar de ese lugar, varias veces con órdenes de desalojo firmadas por funcionarios judiciales.
La mayoría de esos jefes y jefas de hogar están desocupadas y realizan changas, sobreviven en viviendas precarias y con instalaciones de servicios de agua potable y energía eléctrica de manera irregular. Ahora, gracias a la lucha de los movimientos sociales ya no correrán el riesgo de ser expulsados de las tierras que ocupan.
Beneplácito de la Cámara de Representantes
El 10 de octubre de este año, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial de Barrios Populares (RENABAP), donde se expropia a los 4416 barrios populares de Argentina, que busca declarar de utilidad pública y expropiar las tierras privadas sobre las que están asentados los barrios. También se exige a las empresas avanzar en las obras necesarias de servicios básicos, exigiendo un 20% de participación de trabajadores de la economía popular y a su vez, suspende los desalojos por cuatro años.
Esa misma semana, el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, que preside Martín Sereno, declaró a través de un Proyecto de Comunicación, el beneplácito para esa Ley, recordando que en el 2017, se creó por Decreto del Poder Ejecutivo, el Registro Nacional de Barrios Populares que sintetiza el trabajo que desde el 2016 desarrollaron las organizaciones sociales a nivel nacional, constituyendo la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Según el relevamiento en todo el país entre los dos últimos años, existen más de 4000 barrios populares que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, y que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento. Hay un gran déficit en el acceso formal a los servicios básicos, y más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad.
Un hecho histórico
“Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que los movimientos populares logramos gracias a la organización y a la lucha, en un trabajo que realizaron los militantes relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta Ley se garantiza que se suspendan los desalojos, y que puedan exigir con el respaldo normativo, los derechos por el acceso a la luz, agua, cloacas y a la integración urbana en los barrios.
Es un gran paso en un contexto adverso para los más vulnerables, aunque esta batalla continúa hasta que todas las familias tengan un techo digno”, expresó con alegría el diputado Sereno, secretario político de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita.
La norma declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios; suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo.
En Misiones hay más de 160 asentamientos informales distribuidos en varias localidades, y según el relevamiento de quienes participaron del proceso diagnóstico y ejecución como la CTEP, el Movimiento Evita, la CCC, Techo y Barrios de Pie, son unas 21.700 las familias que residen en esos barrios populares.

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Lenguaza: “La calidad institucional es materia pendiente en muchos municipios”

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Lo aseguró el diputado provincial Isaac Lenguaza (PAyS) quien se refirió así a los conflictos institucionales que atraviesan varias comunas por inconducta, posible comisión de delitos, falta de transparencia y manejos arbitrarios de los presupuestos por parte de sus intendentes. En este contexto, resaltó “el rol fundamental que tienen los concejales en la corrección de estas situaciones, más allá de las presiones que soportan y los costos personales que pagan por investigar a los capangas de los pueblos”.
Lenguaza puntualizó que en este momento son varios los municipios que atraviesan procesos de investigación de sus alcaldes, siendo los dos más complejos los de Alba Posse y Fachinal, sin contar con el grave incidente de violencia de género e instigación al ataque sexual protagonizado por el intendente Claudio Filippa, de Iguazú, contra la periodista Norma Devechi.
“En el primero de los casos, el Concejo Deliberante activó los mecanismos tras la denuncia penal de un particular que acusó al intendente Celso Carvalho de comprar un camión y ponerlo a su nombre, pero pagarlo con plata de la municipalidad, lo que estaría probado por la emisión de los cheques correspondientes”, recordó el legislador.
En este caso el Concejo Deliberante, presidido por Marcelo Zapani (Partido Agrario y Social) citó nuevamente para el martes al jefe comunal para que dé las explicaciones del caso, presente las pruebas de su accionar y enfrente la comisión investigadora.
“El Concejo está dado los pasos legales que tiene que dar ante una situación de gravedad institucional mayúscula, porque literalmente estaríamos ante el robo descarado de plata de la gente en beneficio patrimonial del intendente” agregó Lenguaza.
Fachinal, desmanejos presupuestarios
También en Fachinal, el Concejo Deliberante presidido por Arturo Kauffman (PAyS) activó la comisión investigadora para analizar la inconducta y posible malversación de fondos públicos por parte del intendente José Aguirre, a quien el Tribunal de Cuentas le rechazó las rendiciones presupuestarias desde 2014 en adelante.
“Es importante resaltar la valentía de los concejales de cada municipio que enfrentan este tipo de crisis institucionales y que deciden activar los mecanismos para investigar. Son impresionantes las presiones que soportan y los costos personales que paga cada concejal que se hace cargo de su responsabilidad” resaltó Lenguaza, y refirió que esta tarea “a veces se hace en soledad, sin recursos económicos como en el caso de Fachinal, donde el intendente le cortó el presupuesto al Concejo y les impide contratar a los asesores técnicos para llevar a cabo seriamente la investigación, por lo que están corriendo ellos con esos costos”. “Es ahí donde los partidos políticos tenemos que estar para acompañar, incluso el propio oficialismo, que seguramente también busca terminar con estas situaciones que ya no son tolerables en democracia”, agregó.
Iguazú, caso paradigmático
Lenguaza recordó que fueron varios los casos de intendentes que se manejaron con permanentes muestras de inconductas y falta de decoro, arbitrariedades, y hasta denuncias por la comisión de delitos. “El Partido Agrario y Social tiene una historia de compromiso con la calidad institucional en las comunas donde tiene concejales, así fue que nuestros ediles lograron la destitución de dos intendentes en El Soberbio (“Coleco” Krysvzuk y Jair Pereyra) y activaron la destitución de Cristóbal Barboza en Arroyo del Medio, localidad que fue intervenida por la provincia tras la presentación de un proyecto de Ley también del PAyS.
“En Iguazú no tenemos concejales, pero sin dudas si el PAyS tuviera representación, ya mismo estaría activando la revocatoria de mandato por iniciativa popular, que es la única vía que permite la Carta Orgánica para la destitución de un intendente. Esta falencia de la carta orgánica de Iguazú le garantiza a los alcaldes la permanencia sin mecanismos formales posibles más que la revocatoria, pero para llevarla adelante debe haber decisión política. Entendemos que el actual Concejo Deliberante debe tomar nota y actuar en consecuencia, a la altura de la gravedad de la conducta”, finalizó.

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Andresito: Reclaman construcción de puente sobre arroyo Siete Vueltas de un paraje rural

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En la última reunión de la Comisión de Obras, Transporte y Servicios Públicos, antes del receso legislativo, obtuvo dictamen un Proyecto de Comunicación del diputado Carlos “Cali” Goring (Partido Agrario y Social), que espera se concrete cuanto antes.
Se trata del pedido al Poder Ejecutivo, para que a través la Dirección Provincial de Vialidad, realice la construcción de un puente sobre el Arroyo Siete Vueltas que atraviesa el Paraje 28 de Diciembre de la localidad de Comandante Andresito.
“Trabajamos en la elaboración de este proyecto para la construcción de un puente, a raíz de que cuando estuve recorriendo Andresito y llegué al paraje rural. Ahí, un grupo de vecinos me planteó que hace mucho tiempo que solicitan un puente. Son seis familias, cuyos hijos e hijas tienen que atravesar el arroyo para ir y volver al Aula Satélite del Paraje, y los adultos para realizar trámites, y acceder a diversos servicios.
Creemos que es muy importante para esos colonos contar con el puente, porque cuando llueve y crece un poco el arroyo, es imposible el cruce, y quedan totalmente aislados”, explicó el diputado.
Familias cruzan sobre “planchones” de madera
Entre los fundamentos de su iniciativa, el legislador acompañado por sus pares de bloque, Martín Sereno, Giuliana Perini e Isaac Lenguaza, destaca que actualmente ante la falta del puente, para cruzar el Arroyo Siete Vueltas, los pobladores transitan por unos “planchones” de madera muy precarios, y cuando llueve quedan aislados por las precipitadas crecientes del mencionado curso de agua.
Los niños y niñas de estas familias, cotidianamente cruzan el arroyo para estudiar en Aula Satélite 02 de la Escuela 707 que funciona en el Paraje. “No es difícil imaginar los riesgos y continuos esfuerzos que deben realizar, para acceder a su educación formal en el nivel primario”.
Desde hace varios años, los vecinos reclaman ante el Gobierno municipal, que se concrete la construcción de un puente en mejores condiciones, sin embargo hasta ahora no tuvieron respuesta. “Desde el Partido Agrario y Social instamos al Ejecutivo provincial para que se brinde una pronta respuesta a esa demanda”, manifestó.
 

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Bárbaro: Hay muchas personas indocumentadas por la burocracia de la Justicia

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El barrio San Miguel está poblado por familias en situación de vulnerabilidad. Nélida Beatriz Dos Santos, jefa de una de esas familias no tiene Documento Nacional de Identidad. Nació en la Picada Santa Rosa, de San Vicente, y nunca la inscribieron. Tiene seis hijos que sí están documentados. En el 2015 comenzó el trámite de inscripción fuera de término para obtener su DNI, que no prosperó, y quedó detenido en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de San Vicente.
En su recorrida por los parajes de esa localidad, el presidente de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones, Héctor “Cacho” Bárbaro, llegó hasta la precaria vivienda de Nélida, y conoció su realidad.
“Ella me habló de su preocupación por la falta de documentos. La mayor de sus hijas, de 18 años está embarazada, y desde hace tiempo mantiene sola a sus seis hijos, porque a causa de la violencia de su marido hacia ella, lo denunció y se separó”, señaló Bárbaro.
Lamentó que esta mujer no cuente con el derecho a la identidad, porque eso la priva de todo. “Sale a changuear para sobrevivir porque al no tener DNI no puede cobrar la Asignación Universal por Hijo, ni ningún otro beneficio. Cada tanto recibe algunas bolsas de mercaderías de la Dirección de Acción Social del Municipio de San Vicente.
Viven en una casa muy precaria, y desde ACTIM estamos gestionando alguna ayuda, queremos conseguir algo de madera para mejorar su casa”, dijo el diputado mandato cumplido.
Expedientes “dormidos” en los Juzgados
Nélida Dos Santos apenas sabe leer y escribir, y muchas veces en las oficinas públicas la maltratan, porque no tiene DNI. “La acompañé al Juzgado de San Vicente para ver en qué instancia estaba el trámite para su documento. Hablamos con la fiscal, y argumenta que tanto en el caso de Nélida, como en el de otras 30 personas que iniciaron sus trámites en ese Juzgado, se elevaron los oficios a la Dirección Nacional de Migraciones, que deben constatar sus antecedentes, y corroborar que no figuren con algún documento extranjero -algo que suele ocurrir-. Pero hasta el momento las autoridades no respondieron. Ante la insistencia del dirigente del Partido Agrario y Social, reiteró el pedido.
“Creo que hay una falta de coordinación entre los Juzgados y la Oficina de Migraciones para agilizar los trámites y que no haya tanta demora. Esto había cambiado a partir de la modificación de la Ley provincial que aprobamos en la Cámara de Diputados, y actualmente las inscripciones fuera término se hacen en los Juzgados de Paz. Pero ahora vemos que modificamos la ley para que sea más efectiva y aún así todavía sigue la burocracia en la Justicia, que no insiste una y otra vez hasta que Migraciones envíe los papeles”, manifestó.
La inscripción fuera de término no puede tardar años
Con el reclamo por el tema de Nélida Dos Santos, el Juzgado reiteró el pedido a Migraciones, y mientras no llegue esa respuesta, ella tendrá que seguir esperando ser reconocida como una persona con derechos.
“El expediente estaba armado en el Juzgado, con un oficio que emitió el juez Demetrio Cuenca, a la Dirección de Migraciones para certificar que no tenga otra identidad, brasileña o paraguaya, y ese organismo nacional debe dar respuesta al pedido del Juzgado,
Pero una inscripción fuera de término no puede durar más de un año, y esta mujer que es argentina, hace tres que inició el trámite”.
Bárbaro afirmó que hay un gran desconocimiento entre quienes no tienen DNI. “Muchos piensan que se presentan, llevan los testigos y ya les entregarán el documento, y no es así. Hay que hacer un seguimiento constante. Ahora se reactivó el expediente de Nélida; pero es necesario que Migraciones responda a los oficios que manda la Justicia; el problema está ahí; pero el Juzgado debe insistir.
Indudablemente sigue habiendo mucha lentitud en todo lo relacionado a trámites de la Justicia. Tenemos un caso similar al de Nélida. Se trata del oficio de un abuelo que es ciego y sordomudo, y desde ACTIM le estamos tramitando el documento para que pueda tener ese y otros derechos”, explicó Bárbaro.
Seguimiento de los trámites
El otro problema -aunque menos no menos importante- es que los hijos de Nélida Dos Santos que sí tienen DNI; cuando ella logre obtener el suyo, y esos chicos crezcan, sus partidas de nacimientos deberán ser rectificadas porque actualmente no figura el número de documento de la madre.
El dirigente agrario, sostuvo que sigue habiendo una gran cantidad de indocumentados, y eso se debe, entre otras razones, a la lentitud y burocracia de la Justicia. “Hay que indagar, preguntar, investigar, porque muchas veces a esas personas cuando son adultas, les da vergüenza reconocer ante los demás que son indocumentadas”.
Le propuse a la fiscal que arme una carpeta con todos los casos parados que tenga en el Juzgado de San Vicente, con nombres y apellidos, para que la abogada de ACTIM, se ocupe de hacer el seguimiento, porque ahí está el problema y los expedientes quedan dormidos.
A nosotros, los que trabajamos con los sectores vulnerables, nos preocupa que no se agilicen los trámites como habíamos previsto con la ley que aprobamos junto con la ex diputada (María) Losada, y el PAyS. Y en este tema mucho depende del oficio del juez, ya que una vez que tiene las pruebas presentadas, puede solicitar al Registro de las Personas la inscripción de partidas de nacimiento”, reiteró el titular de la ACTIM.

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