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Freno al tarifazo en las garrafas y gestiones por el gasoducto, reclamaron desde el Pays

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En la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia, el Partido Agrario y Social (PAyS) reclamó controles efectivos para asegurar el cumplimiento del precio oficial de la garrafa de gas (GLP) y “gestiones concretas ante la Nación para la continuidad de la obra del Gasoducto del NEA, de la que Misiones quedó afuera el año pasado por decisión del gobierno nacional”, según explicó el legislador de este espacio, Isaac Lenguaza.
El diputado solicitó el tratamiento preferencial de dos proyectos de su autoría referidos a los dos temas “que lamentablemente están conectados, porque no seríamos rehenes de la dictadura de la garrafa si tuviéramos acceso al gas natural”.
En la primera iniciativa, Lenguaza reclamó controles efectivos y sanciones a quienes especulan con el precio de la garrafa de GLP, que en algunos barrios se paga hasta 400 o 500 pesos, según remarcó.  “De este tarifazo pocos hablan, pero es uno de los que más sufren los sectores mas humildes” refirió. Al mismo tiempo solicitó que se tramite ante la Anses la actualización del subsidio conocido como programa Hogar, ya que en la actualidad no refleja la última suba registrada. Finalmente pidió que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor o mediante la invitación a las municipalidades, organice operativos de venta de garrafas a precio oficial en barrios humildes, tal como se realizan en Santa Fe, Chaco y algunos municipios de Corrientes.
“El gasoducto del nunca jamás”
La segunda iniciativa que tendrá tratamiento preferencial según lo decidido en la sesión, es un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que remita a la Legislatura las constancias de las gestiones que se realizaron ante el gobierno nacional para darle continuidad a la obra del gasoducto del NEA, que por decisión de Enarsa, quedó “concluida” en la última licitación del año pasado, dejando afuera de los planes oficiales a Misiones y Corrientes.  “Ahora sí que es el gasoducto del Nunca Jamás”, refirió.
También solicitó saber si se han realizado gestiones o registrado avances en el plan de obras propuesto por la empresa Gas Nea al gobierno nacional, en el que contemplaba la conexión gasífera del sur de Misiones con el gasoducto que ya existe en Paso de los Libres.
Finalmente, si se tramitaron compensaciones al costo de la energía a nivel nacional en base al “aislamiento gasífero y la discriminación” que padece Misiones en este sentido, ya sea solicitando un precio subsidiado de la energía que adquirimos en el mercado eléctrico mayorista, o beneficios similares.
“Si se hicieron estas gestiones necesitamos saber en qué estado se encuentran o cómo resultaron; si el gobierno nacional nos ignora, si pese a los reclamos no han contemplado ni la continuidad de las obras, ni su financiación, ni la conexión con Paso de Los Libres, ni compensaciones al precio de la energía, es necesario que esta situación quede claramente expuesta ante los habitantes de la provincia”, agregó.
Lenguaza recordó que en los últimos días el gobierno nacional publicó una publicidad en los diarios locales en las que nos recomienda a los misioneros “cómo ahorrar en tus facturas de gas”, en una “clara burla a nuestra situación de discriminación”.  “Así nos ven desde el país central, así desconocen nuestra realidad. No podemos resignarnos y dejar de luchar por la llegada del gasoducto a la provincia”, concluyó.

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Solicitan relevamiento provincial de personas con discapacidad en zonas rurales

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A través de un Proyecto de Comunicación, el diputado Carlos “Cali” Goring, del Partido Agrario y Social, solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de Discapacidad, realice un relevamiento provincial y diagnóstico socioeconómico de personas con discapacidad en zonas rurales.
Entre los fundamentos, el autor de la iniciativa, acompañado por sus pares, destaca que en el año 2000, con la creación del Consejo Provincial de Discapacidad, por Ley I – N° 115 (Antes Ley 3698), el organismo tiene entre sus objetivos “impulsar la implementación del funcionamiento de un Banco de Datos que contenga un relevamiento de personas con discapacidad, y toda la información actualizada referida a la temática”.
En la integración del Consejo participan representantes de distintos Ministerios, Subsecretarías, entes autárquicos, Organizaciones No Gubernamentales, así como también la Universidad Nacional de Misiones y el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi); la información que conforma el Banco de Datos proviene principalmente del Ministerio de Salud Pública (a partir de los registros producidos por las juntas evaluadoras encargadas de la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD); la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) y los Consejos Municipales de Discapacidad.
Pero en su mayoría, la información relevada se produce en los centros urbanos, precisamente la ENDI tuvo lugar en las principales ciudades del país entre noviembre 2002 y el primer semestre de 2003 y se realizó en los centros urbanos con 5000 habitantes o más.
Necesidad de diagnóstico socioeconómico
En función de este relevamiento, es posible estimar que una importante población residente en zonas rurales no está contemplada en las encuestas. “También nos preguntamos acerca de cuál es el grado de sistematización y profundidad de la información, y con qué periodicidad se realizan las actualizaciones a nivel provincial. Sabemos que la calidad de la información depende de cómo es producida, y que contar con diagnósticos e informes consistentes es una instancia indispensable para la implementación de políticas públicas de amplio alcance”, sostiene el diputado.
Esta preocupación lleva al Bloque del PAyS, a solicitar que el organismo con competencia en la definición de políticas inclusivas para personas con discapacidad, realice un registro provincial exhaustivo, que permitirá conocer la situación de las personas con discapacidad residentes en zonas rurales. Esta acción, indudablemente, implicará contar con el asesoramiento de profesionales y técnicos especializados para el diseño de los instrumentos adecuados, para recabar los datos más sustanciales, pero también necesariamente se deberán incluir a los encuestadores y trabajadores de campo, para cubrir las distintas zonas.
En ese sentido, “consideramos que la concreción de un relevamiento provincial y de un diagnóstico socioeconómico es posible en cuanto se avance en un proceso de articulación con distintos actores públicos y de la sociedad civil.
Creemos que es una tarea viable y necesaria para poder avanzar en la resolución de problemas que afectan a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad misionera, debido al impacto del uso de agrotóxicos en la producción agraria, y por encontrarse en condiciones de pobreza estructural”, manifestó Goring.

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Lenguaza consideró el discurso del Gobernador como “moderado”

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Luego de la apertura de sesiones encabezada por el Gobernador Hugo Passalacqua y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el diputado del PAYS, Isaac Lenguaza consideró al discurso como “moderado” y pidió medidas urgentes para paliar las asimetrías que afectan al comercio misionero.
Para el diputado Isaac Lenguaza el mensaje que leyó el gobernador Hugo Passalacqua en la apertura formal del nuevo período de sesiones parlamentarias fue “moderado, marcado por la relación Nación-Provincia”. “Entiendo la necesidad de asegurar gobernabilidad pero también quedó claro que Misiones da todo y la Nación no da nada en esta relación”, observó el legislador del Pays.
Lenguaza señaló que el mandatario misionero admitió la reducción de fondos que llegan a la provincia desde Nación “por la imposición compulsiva del pacto fiscal”. Y sostuvo, además, que el Gobernador admitió que hay 120 médicos menos atendiendo a los más humildes porque se recortaron programas nacionales. “Habló del aumento del costo de la compra al por mayor de la energía y cómo nos afecta”, recordó.
El legislador del partido Agrario y Social indicó que Passalacqua también se expresó en relación a la desregulacion del mercado yerbatero que quiere Macri. “Pero me hubiera gustado que diga claramente que se opondrá en forma terminante y contundente, y que del mismo modo se manifestarán los legisladores nacionales de la Renovación”, apuntó.
En tanto, Lenguaza manifestó que en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura el Gobernador “tampoco habló de la deuda de mil millones de pesos que tiene la Nación con la familia tabacalera y eso nos preocupa, porque vemos que en este escenario en el que el gobierno misionero tiene que surfear la ola, hay sectores que no van a tener la defensa que necesitan tener ante el atropello nacional”.
Además, según el Diputado del PAyS “tampoco hubo referencias a las asimetrías que desangran a Posadas”, el legislador pidió que la provincia tome medidas para poder proteger al empresariado local por ser generadores de empleo.
Como positivo resaltó el interés por acercar soluciones a los sectores vulnerables en lo habitacional y al problema de la tenencia de la tierra, “que son los más graves que tiene la población humilde y la que vive en áreas rurales”.
“Me parece que ésta debiera ser la prioridad número uno de la gestión y que en este mensaje tendríamos que haber escuchado la proyección en números, no sólo en intenciones”, consideró finalmente

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El PAyS también se opone a la desregulación yerbatera y exige mejorar representación en el INyM

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“Esta es la oportunidad que tenemos los misioneros de presionar para que se reforme el Estatuto y los productores y tareferos  tengan representación legítima en el Directorio” señaló el legislador del Partido Agrario y Social Isaac Lenguaza, en referencia a  dos proyectos que tomarán estado parlamentario en la primera sesión ordinaria de este año, referidos a la crisis yerbatera.

El primero plantea el rechazo formal de la Legislatura al avance en la desregulación del precio de la materia prima que propugna el presidente Mauricio Macri; el segundo, en tanto, solicita al Poder Ejecutivo que instruya a su representante en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INyM) a impulsar la reforma del Estatuto que rige el funcionamiento de la institución.

“Todas las decisiones que tomó el organismo en los últimos años favorecieron a los intereses de la industria y la molinería, a la concentración del mercado y el debilitamiento de la capacidad de negociación de los pequeños productores, con claro perjuicio también para los tareferos. Ni unos ni otros se sienten representados por sus directores” refirió el legislador, que explicó que “esto pasa porque  para la integración del Directorio, el INyM pone requisitos que no posibilitan la participación de las  asociaciones más representativas, que con suerte llegan a un lugar como suplentes. Es momento de corregir al INyM si no queremos que las políticas neoliberales se lleven puestos a 13 mil pequeños productores”, señaló Lenguaza, que defenderá la iniciativa del bloque en el recinto.

Desde el Pays, advierten que “la desregulación es inviable  en este escenario que por un lado, tiene al 75% de los productores con menos de 10 hectáreas y en la otra punta, cuatro firmas dominantes en la industrialización que concentran el 80% del mercado. Si el Estado no interviene para proteger a los débiles de la cadena, estos cuatro se van a sentar a tomar un café y a decidir cuánto se paga por el producto primario, y es casi un hecho que los chicos no sobrevivirán a un embate así”.

 

Una mesa inclinada

La propuesta contempla la reforma del Artículo 13 del Estatuto para que los tres representantes de los productores primarios sean electos por las asociaciones en asambleas o en elecciones democráticas. También,  que las asociaciones que puedan inscribirse en el Registro de Entidades del INyM para poner directores en la mesa, sean las que tengan más socios productores yerbateros y no las más antiguas, como pasa en la actualidad.

Finalmente, se solicita que el INyM haga un cruzamiento para verificar que los socios de una asociación que quiera poner un director, realmente sean productores inscriptos en el Registro Obligatorio de Operadores.

“Esto no es imposible y de hecho se da con el tabaco, que tiene registros totalmente blanqueados y cada productor está inscripto como tal. Ninguna asociación que no acredite tener como socios a productores tabacaleros inscriptos, puede definir ni participar de las políticas públicas relacionadas al sector y la recaudación del Fondo Especial del Tabaco. En la yerba, en cambio, el INyM no termina nunca el registro obligatorio de productores, y recién ahora empiezan a contabilizar las hectáreas de los que no son propietarios. Esto siempre favoreció la venta en negro, además de restarle legitimidad a los que llegan al Directorio y luego votan a favor de Corrientes y la industria”, agregó Lenguaza. Finalmente, aseguró que “la mesa del INYM tiene las herramientas legales para planificar, controlar, y tomar las decisiones que sean necesarias para anticiparse a una superproducción y asegurar el precio, pero su composición siempre desfavorece a los chicos”.

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Por crisis de farmacias, temen se afecte a los abuelos de localidades pequeñas

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Lo advirtieron los diputados del Partido Agrario y Social Isaac Lenguaza Y Giuliana Perini, quienes mantuvieron reuniones con propietarios de farmacias de menor estructura comercial en poblaciones del interior. Es por el nuevo convenio con el PAMI y por lo efectos del pacto fiscal firmado entre la Nación y Misiones que les subió impuestos.

“Hay serio riesgo de que las farmacias de estructura chica no puedan aguantar este contexto y deban cerrar. En algunos pueblos y municipios, son la única alternativa para los abuelos jubilados del PAMI.  Entendemos que el gobierno provincial va a tener que atender esta particular situación para no perjudicar a cientos. Ya no se trata de una lucha de un sector claramente desfavorecido por la política de concentración de grandes capitales que afecta a pequeños y medianos productores, comerciantes, emprendedores y trabajadores; se trata de un tema urgente de salud pública”, señaló Lenguaza, quien adelantó que el bloque elevará un proyecto de comunicación para canalizar la alarma por las vías institucionales.

Perini, quien también participó de las charlas con referentes del sector farmacéutico en Oberá, detalló la actual situación de crisis en el acceso a los medicamentos: “desde que asumió Cambiemos los abuelos vienen padeciendo atropellos indignantes. Con el nuevo convenio del PAMI y las farmacias se habló de congelamiento de los precios, pero solo para droguerías. Los farmacéuticos con los que mantuvimos contacto nos contaron que en algunos casos hasta compran más caro de lo que pueden vender, y así no pueden aguantar. Si cierran no solo hay que pensar en lo abuelos que quedan sin acceso a los remedios en las localidades chicas, sino también en la gente que puede quedar sin su fuente de trabajo”.

A este problema se les suma la presión impositiva mayor surgida por la aplicación del Pacto Fiscal federal al que adhirió Misiones, y que como consecuencia, les elevó el IIBB al 5%.

“Para las farmacias chicas, la venta al PAMI representa el 50% de su movimiento comercial y con el nuevo convenio esto se cae. Además, les subieron la carga impositiva. Nos comentaron que no se trata solo de cortar servicios a los abuelos sino de la existencia misma de las farmacias” agregó Lenguaza, que advirtió que con estas medidas se va a concentrar el comercio en las grandes cadenas, que pueden obtener descuentos por volumen de compra.

 

Atención mínima desde hoy

Según un comunicado emitido por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de la provincia este miércoles 11, desde hoy las farmacias comenzaron con un esquema de atención mínima a afiliados del PAMI.  “Se han firmado acta acuerdos entre Pami y la industria farmacéutica (que no es lo mismo que las farmacias), con las siguientes características: a partir del 1 de abril del 2018 existe un precio PAMI resultante de aplicar un 5% de descuentos al precio de venta al público vigente al 28 de febrero de este año. La diferencia entre el precio de venta al público y el de venta al Pami serán retribuidas en notas de crédito en un 70% a las farmacias por parte de la industria farmacéuticas” (droguerías que le venden el medicamento a las farmacias) y añadieron, “manteniéndose además las condiciones de pago”; (una espera de 4 meses) “y con una baja en la bonificación del 1%”. “Las instituciones farmacéuticas continúan solicitando al Pami, que la devolución sea del 100% (y no del 70%) y en el menor tiempo posible”, explicaron en el comunicado.

Explicaron que “ante esta situación se ha decidido brindar las prestaciones mínimas; sustituir las marcas comerciales cuando sea necesario por DCI (denominación común internacional) según ley 25.649, e informar que el precio del medicamento no bajó, solo se ha fijado un precio de venta al público, exclusivo para medicamentos PAMI”.

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