A raíz del anuncio del gobierno nacional que se conoció esta semana, de que se ampliará la canasta del programa Precios Cuidados, que regula la oferta y los precios en supermercados, la diputada provincial Giuliana Perini, del Partido Agrario y Social (PAyS), recordó que en enero de este año presentó un proyecto de comunicación a través del cual solicitó al gobierno que gestione la ampliación y cobertura del Programa Nacional a todos los municipios de la Provincia.
La legisladora lamentó que “hace ya varios meses presentamos ese proyecto, pidiendo que el programa llegue a toda la provincia y no solo en Posadas como ocurre desde su implementación, pero lamentablemente el gobierno no tuvo en cuenta el reclamo, encajonaron el proyecto y nunca lo aprobaron”.
En su proyecto Perini planteaba que, al implementarse el programa en Misiones, solo tres supermercados, todos de la capital, cumplían con tener en sus góndolas los productos incluidos en el programa: “Esta situación representa una enorme preocupación para nosotros, ante la lógica de que los únicos supermercados que contarán con la aplicación del servicio se encuentran en la Capital de la Provincia, dejando a la gente del interior de las colonias aún más desamparados”.
Por ello, consideró que “todos los misioneros deberían poder acceder al menos a un comercio que tenga la ventaja de los Precios Cuidados, de este modo, velaremos por los derechos de todos en nuestra Provincia y colaboraremos con el “descentralismo” que tanto pedimos, que los beneficios no se concentren solo en las capitales y lleguen realmente a todos”.
El anuncio de Nación
Desde la Secretaría de Comercio Interior de la Nación informaron días atrás que en octubre se actualizará el programa Precios Cuidados y se ampliará el listado de productos de la canasta.
En ese sentido, anunciaron que se sumarán artículos de limpieza e higiene y se reforzará la canasta de productos aptos para celíacos, es decir libres de gluten, presentes en el trigo, la avena, el centeno y la cebada (TACC). Además, comunicaron que se agregarán más pymes proveedoras.
Lo harán a través de ordenanzas para que cada municipio active un sistema uniforme que consigne cantidad y ubicación de las herramientas agrícolas. La idea es dimensionar con datos precisos la situación que ocasionó un “tractorazo” la semana pasada.
El Concejo Deliberante de Colonia Aurora ya aprobó una ordenanza para crear el registro municipal de tractores usados que trabajan en las unidades productivas de la localidad; mientras que en San Vicente, Andrade, Panambí, El Soberbio, 25 de Mayo, Santa María, Puerto Libertad, Aristóbulo del Valle, Alba Posse, Mojón Grande y San Antonio, los concejales pertenecientes al Partido Agrario y Social (PAyS) ya presentaron proyectos en el mismo sentido o solicitaron sesiones especiales para tratar la iniciativa.
Buscan, según explicaron, que se dimensione con datos actualizados la real influencia de la maquinaria agrícola en el desempeño productivo de cada localidad a los fines de fundamentar una eventual solución de fondo que legalice la tenencia de los tractores que fueron importados de Brasil sin aval aduanero a lo largo de los últimos años.
“Sólo en la zona de Colonia Aurora habría mil tractores en estas condiciones, y en la mayoría de los casos son la única herramienta en las chacras. Necesitamos documentar para que no queden dudas sobre la importancia de cada tractor para la producción, y para que vean que no son casos aislados sino de una dinámica fronteriza arraigada con el paso de los años por la falta de acceso a línea de apoyo y tecnificación en nuestro propio país” graficó el intendente local, Cali Goring (PAyS). En el caso de Colonia Aurora, la municipalidad entregará una certificación de ese registro a cada productor.
Fue justamente en ese municipio que el pasado martes 15, los productores protagonizaron una impresionante movilización de tractores para reclamar que las fuerzas federales dejaran de secuestrar la maquinaria en distintos operativos, con la consecuente criminalización y judicialización, más la pérdida permanente de las herramientas.
Los registros locales también ayudarán a sostener la “tregua” acordada entre productores y autoridades de Prefectura Naval Argentina tras el tractorazo y mientras se busca una solución más permanente para esta situación. Ésta podría darse mediante un Decreto nacional, o a través de la aprobación del proyecto de Ley del diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro que propone un régimen especial de importación de maquinaria agrícola con destino a pequeños productores en zona de frontera y a tasa cero, y prevé la posibilidad de inscribir en el sistema registral a los ingresados con anterioridad.
Ese proyecto de Ley contó con el acompañamiento de los diputados nacionales por la Renovación Ricardo Welbach y Flavia Morales; del Pro Alfredo Schiavoni; de la UCR Luis Pastori; y del Frente de Todos (bloque al que pertenece Bárbaro) Cristina Brítez, Jorge Antonio Romero y Leonardo Grosso; en tanto fue declarado “de interés provincial” por la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.
El flamante diputado del Partido Agrario y Social, Jorge Raúl Páez -juró el martes 10 de diciembre- completará los dos años de mandato que le quedaban a Carlos “Cali” Goring, quien asumió como intendente de Colonia Aurora.
Ya en su nuevo rol, continúa el trabajo militante que realiza desde hace muchos años como dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y COTRUM en Comandante Andresito y otras localidades de la Zona Norte.
“Estoy muy contento con la posibilidad de acompañar y trabajar junto al Bloque de Diputados del PAyS a partir de ahora. Somos conscientes del nuevo camino que se abre con la reconstrucción de nuestro país de la mano de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y sentimos que el desafío es más grande todavía.
Esta tarea en la etapa del nuevo gobierno nacional, después de cuatro años de tierra arrasada de Mauricio Macri nos genera esperanzas, y muchas más ganas de trabajar. Venimos de un tiempo en el que el bienestar de nuestro pueblo estuvo muy dañado. Y creemos que ésta es una etapa de reconstrucción y de llevar adelante proyectos que sean inclusivos”, señala.
Expectativas en el Frente de Todos y Todas El legislador coincide con el Presidente Fernández en que la urgencia es el hambre. “Estamos ante una grave problemática en un país rico; pero mal administrado y con muchísimos derechos perdidos.
Conocemos las señales que hay en el Frente de Todos y Todas a nivel nacional, y desde el PAyS como parte de ese Frente, vamos a trabajar en sintonía con la esperanza de muchos misioneros y misioneras, y por supuesto de los argentinos”, manifestó.
Proveniente del sector rural, Páez trabaja en espacios de los pequeños productores, campesinos, comunidades originarias, y en los últimos años se abocó especialmente a las problemáticas sociales, productivas, ya no sólo en el sector rural, sino en pueblos y ciudades, particularmente del norte de la provincia.
“Pensamos que el objetivo es trabajar desde ahí, ya que todo lo que se hace en ese espacio político y en el FPAyS también es parte de mi agenda.
Confiamos en desarrollar desde la Cámara de Representantes, la gestión y construcción de ámbitos de organización popular; lograr transformaciones que cambien las condiciones de vida de nuestro pueblo que tanto necesita”, subraya.
Abrir centros educativos y no lugares para calmar el hambre El diputado Páez sostuvo que así como lo hace en su tarea diaria, el proyecto de llevar adelante y en alto la bandera de Tierra, Techo y Trabajo, es una lucha que está más presente que nunca “y hacia ahí nos dirigimos”. Cuestionó que no haya muchas posibilidades para producir, y no se respete el derecho del acceso a la tierra, al crédito, a la producción de alimentos centralmente.
“El productor está muy golpeado porque cada vez tiene menos posibilidades y ve como su chacra y su producción se vienen abajo. Por otra parte el consumidor no puede acceder a los alimentos frescos y sanos que es lo mejor que tenemos, y así nos encuentra esta crisis desde el 2016: Haciendo crecer merenderos y comedores populares por la demanda de los sectores en situación de vulnerabilidad, cuando en realidad lo que quisiéramos es establecer centros educativos para los niños y no lugares para calmar el hambre”, enfatizó el diputado del PAyS.
La Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes invierte en la construcción de la antena y la dotación de routers para cada familia. Ya colocaron antenas en cuatro parajes que estaban completamente incomunicados.
Salir a la ruta después de caminar kilómetros para mandar un mensaje o recibirlo; buscar el punto más alto de un cerro para que te llegue un whatsapp; quedarse después de hora en la escuela para poder bajar información para el trabajo práctico; ir a la radio a mandar un aviso a algún pariente… todos estos dramas cotidianos del aislamiento tecnológico en la zona rural quedarán atrás desde el lunes para setenta familias del paraje Invernadita, de Itacaruaré, donde la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) terminó de construir la antena que recepta la señal de Internet que ahora cada casa recibirá con señal de wifi.
No es la primera inversión de este tipo de la novel asociación, que nuclea a 3500 productores de tabaco: ya terminaron una antena de 40 metros en Mojón Grande que le da señala 40 familias; otra de 50 metros en Paraje El Portón de San Vicente, donde hay 80 familias conectadas; y otra más de 40 metros en Puerto Argentino, en San Pedro, con otras 40 familias beneficiadas.
“Lo lindo de este plan es que los propios socios invierten en la antena porque pagamos todos los materiales con lo que se recauda por cuota societaria, y además los beneficiarios ayudan en la construcción. Tienen que ver lo que es el paraje cuando llega la antena, todos trabajando juntos para hacer las excavaciones, colocar los tensores, ajustar los equipos. Es muy emocionante, equivalente a cuando llega la luz eléctrica”, contó Cacho Bárbaro, el exdiputado del Pays que es presidente de ACTIM y fue promotor de la idea que ya tiene una demanda importante desde otros parajes. La inversión de la Asociación también beneficia a las escuelas de la zona, ya que también les llega el wifi que pueden usar libremente los alumnos.
Al cerro para mandar mensajes
El lunes, cuando se conecten los routers en Invernadita, la vida va a dar un vuelco para los colonos y sus familias. “Invernadita está en un pozo rodeada de cerros. Si un vecino tiene que comunicarse, camina mínimo diez kilómetros. Y si quiere señal de celular hay que ir hasta Alem nomas. Hay una salita que está arriba del cerro y siempre hay quince, veinte motos paradas en el patio. No son pacientes, es gente que sube para mandar mensajes” contó Isidro Villalba, tesorero de ACTIM, que está a cargo del plan en forma directa y coordina los detalles operativos y técnicos.
Lo primero –explica- es evaluar el nivel de aislamiento, la cantidad de socios de Actim que viven en el paraje (a los que se les subsidia también entre el 50 y el 100% del valor del router, según el proveedor) y el interés de todas las familias para hacerse cargo del abono mensual. “Es notable que a partir de esta acción de ACTIM, los proveedores de internet comenzaron a interesarse también por colocar sus propias antenas en distintos lugares aislados. Antes no tenían a esas familias como potenciales clientes, pero la verdad es que están dispuestas a pagar los abonos mensuales porque para ellos, significa un antes y un después, especialmente para los jóvenes, para los estudiantes que ahora hasta pueden seguir una carrera a distancia, para los padres que están comunicados con los hijos, que pueden escuchar las noticias online, y hasta ver videos de tutoriales sobre técnicas nuevas de producción”, agregó.
El beneficio es tan notorio que “a los socios les pedimos paciencia porque hay mucha demanda, mucha expectativa. Cada antena cuesta 120 mil pesos y es plata que tenemos que juntar. Si Dios quiere, a fin de año vamos a colocar dos más en la zona rural de Panambí y San Vicente”.
Bárbaro, feliz por los resultados, recordó que desde 2014 está vigente la Ley 27068, conocida como “Argentina Digital” que concibe a las comunicaciones y las telecomunicaciones como un derecho humano que el Estado debe garantizar, difundir y promover con políticas activas: “Ojalá que el gobierno provincial vea que no son inversiones multimillonarias las que se necesitan en las chacras para sacar a la gente del aislamiento. Ya no es posible imaginar que un joven se quede en la chacra sin comunicación, sin Internet. Si verdaderamente queremos frenar el éxodo rural, hay que atender el derecho a la comunicación” finalizó.
Son una decena de entidades que trabajan para la inclusión de personas con discapacidad, protección animal, veteranos de Malvinas (entre otros) que apoyan un proyecto legislativo.
El autor del proyecto, el legislador Isaac Lenguaza, lo presentó el año pasado pero la iniciativa sigue en estudio. Por eso, las entidades que nuclean a un amplísimo sector afectado por la pirotecnia de estruendo decidieron darle impulso con una serie de reuniones con los demás bloques legislativos, con el objeto de conseguir el consenso necesario para su aprobación.
En la pasada sesión parlamentaria, los referentes de las asociaciones estuvieron frente al Palacio legislativo para expresar el fuerte interés en la futura norma, que prohibiría el uso de la pirotecnia sonora con efecto de estruendo, la más dañina de todas. Volverán a estar en la sesión de este jueves y en todas las que quedan antes del final del período.
Las asociaciones que impulsan la iniciativa (que prevé la reforma del Código contravencional) están juntando firmas en distintos puntos de la provincia para apoyar el proyecto. Además, siguen sumando organizaciones. Las planillas para las firmas están en manos de las ONGs Creando puentes de inclusión, Asociación misionera de asistentes y acompañantes terapéuticos, Fundación Ser Ángeles Guardianes, Asociación Arte Uno, Asociación Civil Yayará en acción; Libre relincho, Asociación Civil Adoptame Misiones, Ministerio de Derechos Humanos, Asociación Civil de Paracaidistas de Malvinas y Otras armas de Misiones; entre otras.
Entre los apoyos concretos a la iniciativa, ya lograron los compromisos públicos del vicegobernador y gobernador electo Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables Juan Manuel Díaz; la ministra de Derechos Humanos Tiki Marchesini y diputados de diferentes bloques.
Pese a tanto apoyo, la futura Ley choca con los intereses económicos de los proveedores de estos artilugios que dañan la salud, que ya intentaron frenar iniciativas similares en otros lugares del país.
Sin embargo, según explicó Lenguaza, “hay una responsabilidad del Estado para con la salud pública, una responsabilidad que no se puede eludir con la excusa del interés económico de un pequeño grupo”. “Acá hay niños con alguna condición como el autismo, el rett y otros síndromes, que tienen verdaderos ataques de pánico con la pirotecnia de estruendo; hay abuelos con problemas cardíacos, personas con hipersensibilidad auditiva, veteranos que reviven el trauma, animales seriamente dañados y hasta niños y adultos quemados que deben ser atendidos cada año en el sistema público de salud. En tiempos de incendios, la pirotecnia también es una de sus causas. La lista de las afectaciones es más larga que los intereses económicos”, finalizó.
