PEAJES

Vialidad abre una consulta pública para actualizar las tarifas de peaje en los corredores viales

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para avanzar con la aprobación de un nuevo esquema tarifario en los peajes concesionados a Corredores Viales S.A. La medida, formalizada mediante la Resolución 42/2026, habilita un período de consulta ciudadana de 15 días hábiles administrativos y constituye un paso previo obligatorio antes de la eventual actualización de tarifas, en línea con los criterios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y transparencia en servicios públicos esenciales.

La decisión fue adoptada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial los días 14 y 15 de enero de 2026, bajo el número 1808/26, en el marco del expediente EX-2025-138657392-APN-DNV#MEC.

Consulta ciudadana y actualización tarifaria: el procedimiento que activa Vialidad Nacional

La Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC declara formalmente la apertura del procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N.° 1.172/2003, para el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios aplicables a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Tramos I al X.

El proceso se inicia a partir de una solicitud presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la aplicación del apartado 8.2 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión, junto con el Artículo 49° para los Tramos I a V y el Artículo 50° para los Tramos VI a X de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En ese marco, la concesionaria sometió a consideración un cuadro tarifario para su análisis y eventual aprobación.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía conforme al Decreto N.° 644/2024, y bajo el control tutelar de la Secretaría de Obras Públicas según el Decreto N.° 866/2025, elaboró los informes técnicos correspondientes, los cuales fueron remitidos a dicha Secretaría. A partir de ese análisis, se consideró “apropiada la implementación de la tarifa propuesta por la empresa concesionaria”.

Posteriormente, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones confeccionó los nuevos cuadros tarifarios, respetando la escala entre categorías de vehículos prevista en los contratos de concesión vigentes, y promovió la actualización para los Tramos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Fundamentos constitucionales, participación y resguardo de los usuarios

La resolución pone el acento en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno, así como el deber del Estado de controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En ese sentido, la Subgerencia de Atención al Usuario destacó que la implementación de un procedimiento participativo previo al dictado de actos de alcance general “es altamente beneficiosa”, ya que permite una mayor eficacia administrativa y un mayor grado de acierto en decisiones que impactan directamente sobre los usuarios del sistema vial.

La medida también se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando el fallo CSJN 339:1077, donde el máximo tribunal fijó criterios rectores sobre la razonabilidad de la política tarifaria en servicios públicos esenciales. Según ese precedente, el Estado debe actuar con “especial prudencia y rigor” al fijar tarifas, asegurando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, y evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Bajo ese marco, Vialidad Nacional resolvió aplicar el mecanismo previsto en el Anexo V del Decreto N.° 1.172/03, que regula la participación ciudadana en la elaboración de normas, designando como autoridades responsables del procedimiento a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones y a la Subgerencia de Atención al Usuario.

Plazos, acceso a la información y canales habilitados

A partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Oficial, los interesados cuentan con un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos para acceder a los proyectos de norma y a los cuadros tarifarios propuestos.

La documentación estará disponible en el sitio web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la sección “Espacios Participativos”, y también podrá ser consultada a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), seleccionando la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Asimismo, se aprobó el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas” (Anexo II – IF-2026-02978183-APN-RRIICP#DNV), conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento y el Anexo VI del Decreto N.° 1.172/03. Dicho formulario podrá descargarse, completarse y enviarse en formato PDF a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar dentro del plazo establecido.

Las opiniones y propuestas recibidas serán incorporadas en un Registro que funcionará en la Subgerencia de Atención al Usuario, consolidando así el proceso de consulta pública previo a la definición final del nuevo esquema tarifario.

Impacto institucional y proyección del proceso

La apertura de este procedimiento constituye un paso institucional clave en la redefinición de las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados, al articular los derechos de los usuarios, las obligaciones contractuales de la concesionaria y las facultades regulatorias del Estado.

El proceso participativo no implica aún la aprobación definitiva de los nuevos valores, pero habilita el marco formal para que la ciudadanía y los actores interesados expresen sus opiniones antes del dictado del acto administrativo final, que quedará en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme al Artículo 20° del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.

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Red Federal de Concesiones: rutas clave del Mercosur pasan a manos privadas sin subsidios

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En la antesala de un vencimiento de deuda relevante, el Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos que habilitan la concesión, explotación y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas del Mercosur. Se trata de los primeros tramos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, un esquema sin subsidios públicos y financiado con peajes, que busca trasladar la gestión vial al sector privado, pero que ya genera cuestionamientos por el impacto en los usuarios, el estado de la infraestructura y la ausencia de compromisos de obras de ampliación.

La medida quedó oficializada a tres días de un vencimiento clave de deuda, en un contexto fiscal restrictivo y de fuerte ajuste del gasto público. A partir del 7 de enero, las empresas adjudicatarias asumirán la operación de corredores centrales para el transporte de cargas y pasajeros, en una decisión con implicancias económicas, logísticas e institucionales.

Rutas estratégicas del Mercosur y un cambio de modelo de gestión

Las concesiones alcanzan a 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes al Tramo Oriental y al Tramo Conexión, los primeros segmentos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). En el caso del Tramo Oriental, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la explotación de la red, que pasará a denominarse Autovía del Mercosur. En tanto, el Tramo Conexión, rebautizado Conexión Alto Delta, quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.

El Tramo Oriental incluye rutas nacionales clave como la RN 12, RN 14, RN 135, RN A015 y RN 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Este corredor constituye una pieza central del Mercosur terrestre, al articular la logística regional y el comercio con Brasil y Uruguay mediante pasos fronterizos estratégicos como Colón–Paysandú, Concordia–Salto Grande y Paso de los Libres–Uruguaiana.

Por su parte, el Tramo Conexión comprende el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe, que refuerza el flujo comercial hacia el Gran Rosario, uno de los principales nodos productivos y portuarios del país.

Desde el Ejecutivo, la designación de estas concesiones es presentada como un hito en la política vial, con el objetivo de incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en etapas sucesivas bajo el esquema de la RFC, desplazando la administración directa del Estado y promoviendo la inversión privada en infraestructura.

Concesiones sin subsidios, peajes y supervisión estatal

Según el comunicado oficial, el nuevo modelo funcionará sin subsidios del sector público, a diferencia del esquema anterior, que requería aportes estatales aun sin garantizar mejoras sustantivas para los usuarios. Los contratos otorgan a las concesionarias la gestión integral de las rutas, que incluye operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias.

El financiamiento de estas obligaciones se realizará a través de un sistema de peajes, que será la principal fuente de ingresos para las empresas. En ese marco, el ministro Luis Caputo celebró públicamente el anuncio de la Etapa I de las concesiones viales, destacando el avance del esquema en línea con el objetivo de equilibrio fiscal.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo responsable de la supervisión de los contratos, con la tarea de evaluar resultados y exigir condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de los corredores. Al frente de la DNV se encuentra el ingeniero Marcelo Jorge Campoy, quien ya había ocupado el cargo en 1999 durante el gobierno de Menem y regresó a la conducción del organismo en julio de 2024, tras la renuncia de Raúl Bertola.

Críticas, reclamos provinciales y la denuncia de un “Club del Peaje”

Pese a los objetivos oficiales, la iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Gobernadores de distintas provincias expresaron públicamente su preocupación por el estado de las rutas nacionales. A mediados de 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó incluso a recomendar a los conductores utilizar rutas provinciales en lugar de nacionales, al describir el estado de estas últimas como “catastrófico”.

Desde el Gobierno nacional, los recortes en mantenimiento se inscriben en el plan de Déficit Cero, aun cuando, según distintos actores, esas decisiones impactan negativamente sobre la productividad y los costos logísticos del país.

En ese contexto, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales deriva en tarifas de peaje elevadas, sin compromisos claros de obras de ampliación o mejoras estructurales. Según advirtió, las concesiones se limitarían a tareas básicas como corte de pasto y bacheo, una crítica publicada por el sitio Construar.

Lasca calificó el esquema como un “Club del Peaje”, al sostener que no ofrece beneficios concretos ni contraprestaciones reales para los usuarios y que funciona como una “caja fácil” para empresas vinculadas al poder. En una entrevista concedida el 05/01 al medio Realpolitik, afirmó: “Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al tránsito, también en Córdoba y en Santa Fe. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei”.

Licitación, antecedentes y expectativas oficiales

La puesta en marcha de los tramos concesionados es el resultado de un proceso de licitación pública nacional e internacional, que atrajo a múltiples oferentes y fue lanzado en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los corredores podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, reducir tiempos de traslado y bajar costos logísticos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.

Sin embargo, el debate permanece abierto. A pocos días de un vencimiento financiero relevante, la decisión de avanzar con concesiones sin subsidios y con peajes como principal fuente de financiamiento vuelve a poner en discusión el equilibrio entre ajuste fiscal, calidad de los servicios públicos y el impacto directo sobre los usuarios y la producción.

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Corredores Viales: Economía habilitó la Etapa II del nuevo sistema de concesiones bajo la Ley 17.520

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Economía avanza con la privatización de Corredores Viales y lanza la licitación internacional de la Red Federal de Concesiones – Etapa II

El Ministerio de Economía autorizó el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 504-0013-LPU25 para concesionar los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 1843/2025, constituye un paso central en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado por la Ley 27.742 y habilitado por el Decreto 97/2025.

Un paso clave en la privatización de Corredores Viales S.A.

La Resolución 1843/2025, firmada el 19 de noviembre de 2025, profundiza la reconfiguración del esquema vial nacional al autorizar formalmente la licitación para concesionar bajo el régimen de la Ley 17.520 los tramos definidos en la Etapa II del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

El proceso se inscribe en la estructura de privatizaciones previstas por la Ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a Corredores Viales S.A., empresa constituida por Decreto 794/2017 y actualmente operadora de corredores nacionales asignados sucesivamente mediante los Decretos 1010/2017, 659/2019, 779/2020 y 1036/2020.

El Decreto 97/2025 habilitó la privatización total de la compañía mediante concesión de obra pública por peaje, a la vez que designó al Ministerio de Economía como autoridad encargada del proceso, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En ese marco, la cartera económica dictó la Resolución 1284/2025 que dio inicio al procedimiento privatizador y encargó a la Secretaría de Transporte la propuesta de tramos, el relevamiento del estado de la infraestructura y la elaboración de la documentación licitatoria.

Cómo será la Etapa II: tramos, audiencias públicas y documentación licitatoria

La Etapa II incorpora cuatro tramos estratégicos —Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa— integrados por sectores de las rutas nacionales 3, 205, 226, A-005, así como de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Jorge Newbery y Riccheri.

Para avanzar con esta etapa, la Dirección Nacional de Vialidad convocó audiencias públicas mediante la Resolución 827/2025, en cumplimiento del Decreto 1172/2003. Las audiencias se realizaron el 11 y 12 de junio de 2025, y sus Informes de Cierre fueron aprobados por la Resolución 1136/2025.

En paralelo, Vialidad presentó la tasación previa exigida por el artículo 19 de la Ley 23.696, paso indispensable para cualquier proceso de privatización.

La resolución firmada por Economía aprueba un extenso cuerpo documental compuesto por:

  • Pliego de Bases y Condiciones Generales (IF-2025-127089568-APN-DNV#MEC)
  • Pliego de Bases y Condiciones Particulares
  • Formularios de Cotización
  • Modelo de Contrato
  • Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
  • Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de cada tramo
  • Reglamento de Explotación
  • Reglamento de Infracciones y Sanciones

Toda la documentación estará disponible en el portal CONTRAT.AR, de acuerdo con el Decreto 416/2025.

Fechas clave del proceso licitatorio y creación de la comisión evaluadora

La Resolución 1843/2025 establece un cronograma preciso para el procedimiento: Consultas a los pliegos: hasta el 21 de enero de 2026 a las 13:00. Presentación de ofertas: hasta el 6 de febrero de 2026 a las 12:00. Apertura de ofertas: 6 de febrero de 2026 a las 13:00, mediante acto público electrónico en CONTRAT.AR

Además, el Ministerio ordena publicar el llamado: 7 días en el Boletín Oficial y la web del Ministerio, 3 días corridos en el sitio internacional DGMARKET del Banco Mundial

Para garantizar la evaluación técnica y económica, se crea una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por:

Titulares: Marcelo Roberto Saenz Urquiza, José Manuel Urdiroz, Luciano Lissi. Suplentes: Martha Karina Dipp, Marcelo Guillermo Bianchi, Micaela Renée Lapuente.

La Secretaría de Transporte queda facultada para emitir circulares aclaratorias durante el proceso.

Impacto institucional: un cambio estructural en la gestión vial nacional

La Etapa II de la Red Federal de Concesiones representa una transformación profunda del esquema de operación y mantenimiento de rutas nacionales. La resolución señala que el objetivo es permitir que el sector privado gestione tramos críticos para: construcción y ampliación de infraestructura, mantenimiento y conservación, prestación de servicios al usuario, y la generación de nuevas explotaciones complementarias.

El Ministerio de Economía subraya que el nuevo sistema apunta a “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”, en línea con las metas generales de reducción del gasto y reordenamiento del sector público.

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Autovía y el consorcio ObrIng se quedan con los primeros tramos de la Red Federal de Concesiones

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Economía adjudica la primera etapa de la Red Federal de Concesiones y desestima dos ofertas por incumplimientos formales

La Secretaría de Transporte aprobó la segunda etapa del proceso licitatorio para la concesión por peaje del Tramo Oriental y del Tramo Conexión de la “Red Federal de Concesiones – Etapa N° 1”, adjudicando ambos segmentos a empresas privadas y rechazando dos ofertas por apartamientos del pliego. La medida se formalizó mediante la Resolución 80/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Un proceso enmarcado en la Ley 17.520 y en la reorganización iniciada por la Ley 27.742

La resolución se dicta en el marco del esquema regulatorio definido por la Ley 17.520 —modificada por la Ley 27.742—, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas bajo la modalidad de peaje. Asimismo, retoma los lineamientos del Decreto 713/2024, que designó al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, y del Decreto 28/2025, que dispuso la licitación de los tramos de la Red Vial Nacional incluidos en el Anexo IF-2025-00934117-APN-DNV#MEC.

La Secretaría de Transporte había convocado al proceso licitatorio mediante la Resolución 29/2025, posteriormente complementada con la Resolución 71/2025, que precalificó ofertas y abrió el segundo sobre el 4 de noviembre. La licitación 504-0007-LPU25 comprendió dos unidades: el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, ambos pertenecientes a la etapa inicial del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

Conforme lo establece el artículo 5° de la Resolución 29/2025, las publicaciones del llamado se realizaron en el Boletín Oficial, el sitio DG Market, el portal oficial de la Secretaría de Transporte y el sistema CONTRAT.AR. La apertura del segundo sobre quedó registrada en el Acta de 4 de noviembre, en la que participaron seis grupos de empresas oferentes.

Ofertas desestimadas y adjudicación final de los tramos licitados

La Dirección de Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura informó el cumplimiento de los plazos de vista y observaciones previstos en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Los oferentes Benito Roggio S.A., JCR S.A.–Rovella Carranza S.A.–Losi S.A. y Panedile S.A. tomaron vista de las actuaciones.

Tras el análisis técnico-económico, la Comisión de Concesiones observó que dos ofertas incorporaban “condicionamientos ajenos al modelo de Formulario de Cotización” dispuesto en los pliegos: las de ELEPRINT S.A.–SUPERCEMENTO S.A.I.C.–PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.E.I. y JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.–BENITO ROGGIO E HIJOS S.A..

La resolución señala que estos agregados representan “un apartamiento sustancial” de los requisitos del pliego, afectan la comparabilidad y vulneran el principio de igualdad entre oferentes. En consecuencia, ambas propuestas fueron desestimadas conforme a los artículos 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 17.1 del Pliego de Bases Generales.

En cuanto a las ofertas admisibles, la Comisión concluyó que: AUTOVÍA Construcciones y Servicios S.A. presentó la propuesta más conveniente para el Tramo Oriental, cumpliendo con todas las exigencias técnicas y económicas. El consorcio integrado por OBRING S.A. – ROVIAL S.A. – EDECA S.A. – PITÓN S.A. – PIETROBONI S.A. resultó adjudicatario del Tramo Conexión, ajustándose plenamente a los pliegos.

El dictamen de la comisión, publicado en el portal CONTRAT.AR según el artículo 15.7 del Pliego General, no recibió impugnaciones. De este modo, la Resolución 80/2025 formaliza la adjudicación y notifica a todas las empresas oferentes listadas en el procedimiento.

Próximos pasos

La Secretaría de Transporte resolvió aprobar lo actuado en esta segunda etapa, adjudicar los tramos mencionados y desestimar las ofertas que no se ajustaron al pliego. La resolución instruye, además, la notificación a todas las compañías participantes y dispone la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

El acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades delegadas al Ministerio de Economía por el artículo 2°, inciso c) del Decreto 28/2025.

Con esta medida, el Gobierno completa una instancia clave del proceso licitatorio para la Etapa N° 1 de la Red Federal de Concesiones, en un marco normativo que busca reorganizar la gestión y el financiamiento de obras viales bajo esquemas de peaje administrados por operadores privados.

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Modernización vial: Nación posterga un año la adopción total del sistema de peaje electrónico

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El Gobierno prorrogó hasta diciembre de 2026 la implementación obligatoria del sistema de peajes automáticos “free flow” en todas las rutas nacionales.

La medida, establecida por el Decreto 733/2025, busca dar mayor flexibilidad a Vialidad Nacional para adecuar los plazos de acuerdo con las condiciones técnicas y contractuales de cada tramo concesionado.

Nuevo cronograma para modernizar el cobro de peajes

El Gobierno nacional modificó este lunes el cronograma de implementación del sistema de peajes automáticos “free flow” en la red vial nacional, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, según el Decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia interino Mariano Cúneo Libarona.

La disposición sustituye el artículo 20 del Decreto 196/2025, que establecía una adopción más acelerada del sistema sin barreras, otorgando ahora a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la facultad de modificar los plazos cuando las condiciones técnicas, operativas o contractuales de cada tramo así lo requieran.

De este modo, la DNV —dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— deberá fijar un nuevo cronograma de implementación que contemple la coexistencia de vías automáticas canalizadas con barreras y vías “free flow”, hasta completar la transición hacia el sistema plenamente automatizado.

De los peajes manuales al sistema inteligente

El “free flow” constituye la etapa final del proceso de modernización iniciado con el Decreto 196/2025, que había dispuesto la instalación progresiva de peajes automáticos sin barreras en todas las rutas nacionales concesionadas.

El sistema utiliza identificación electrónica de vehículos mediante el dispositivo TelePASE, cámaras y sensores que registran automáticamente el paso del vehículo, eliminando la necesidad de detenerse en cabinas. Con ello se busca reducir tiempos de tránsito, evitar congestiones y mejorar la seguridad vial.

La norma define cuatro tipos de vías:

  • Manuales: con barreras y cobro presencial;
  • Automáticas canalizadas: con identificación por TelePASE y barreras que se levantan automáticamente;
  • Mixtas: que operan de forma manual o automática;
  • Free flow: sin barreras ni detenciones, totalmente automatizadas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) participó en el proceso de revisión técnica del decreto, asegurando que la transición hacia el sistema electrónico mantenga los estándares de seguridad y control en la circulación.

Según el texto oficial, el Gobierno considera “prioritaria la construcción de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas y autopistas del país”, promoviendo la participación del sector privado en la inversión, operación y mantenimiento de los corredores viales.

Contexto normativo y objetivos de la medida

La medida se inscribe dentro del proceso de concesión y privatización de la empresa Corredores Viales S.A., autorizado mediante el Decreto 97/2025, bajo el régimen de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520.

El Decreto 28/2025 había fijado que los tramos de la Red Vial Nacional serían licitados en un plazo de 12 meses bajo dicho régimen, mientras que el Decreto 196/2025 introdujo la obligación de incorporar el sistema de cobro automático “free flow” en cada ruta concesionada.

El nuevo Decreto 733/2025 ajusta el cronograma a las “realidades operativas de cada tramo”, otorgando a Vialidad Nacional un margen de acción para administrar los tiempos de instalación e integración tecnológica.

En los fundamentos, el Ejecutivo destaca que la política pública en materia vial apunta a promover el uso obligatorio del TelePASE como herramienta base del nuevo esquema de cobro, garantizando el pago del servicio y desalentando la evasión.

Asimismo, busca asegurar la previsibilidad y sustentabilidad económica de las concesiones viales, fortaleciendo la recaudación y reduciendo costos operativos mediante la digitalización del sistema.

Impacto y proyecciones del nuevo esquema vial

La transición hacia un sistema de cobro totalmente automático representa una transformación estructural del modelo de gestión vial. Permite reducir los costos de operación y mantenimiento, mejora la fluidez del tránsito y disminuye la emisión de gases contaminantes generados por la detención de vehículos en las cabinas tradicionales.

No obstante, el proceso requiere inversiones significativas en infraestructura tecnológica, readecuación de contratos de concesión y compatibilidad con los distintos sistemas de peaje vigentes en las rutas nacionales y provinciales.

El Gobierno apuesta a que, hacia fines de 2026, toda la red nacional concesionada funcione bajo esquemas automáticos canalizados y/o “free flow”, dando un paso hacia un sistema vial inteligente y más eficiente.

De acuerdo con la nueva redacción del decreto, la DNV podrá extender los plazos más allá de 2026 si las condiciones técnicas o contractuales de ciertos tramos así lo justifican, asegurando una implementación “eficaz, previsible y adaptada a las realidades regionales”.

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