PEAJES

Privatización vial: se posterga la definición de las concesiones para la etapa tres que incluye a Misiones

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A través de la Resolución 607/2026, el Ministerio de Economía oficializó una prórroga en los plazos de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”. La nueva fecha de apertura de ofertas, fijada para el 22 de mayo, posterga la transferencia al sector privado de tramos críticos para la logística misionera, como el Corredor Mesopotámico y el Noreste, en un proceso que busca eliminar el déficit operativo de Corredores Viales S.A.

El Palacio de Hacienda, bajo la firma de Luis Caputo, introdujo la Circular Modificatoria N° 1 que recalibra el cronograma de la Etapa III del plan de privatizaciones. Esta fase es la más sensible para la estructura de costos del NEA, ya que abarca la administración, mantenimiento y ampliación de las arterias que conectan a Misiones con los centros de consumo y los puertos de exportación. El nuevo esquema bajo la Ley 17.520 (Concesión de Obra Pública) no solo implica la transferencia de la operación de peajes, sino que faculta a los nuevos adjudicatarios a desarrollar explotaciones colaterales para garantizar la rentabilidad de las unidades de negocio, un punto de inflexión para el sector logístico regional.

Implicancias en el esquema de costos y servicios

Para el empresariado misionero, la transición de una gestión estatal deficitaria a una concesión privada bajo el modelo de “Red Federal” conlleva una serie de vectores de impacto directo:

Logística y Fletes: La calidad del mantenimiento en el Tramo Mesopotámico es determinante para la competitividad de la madera y la yerba mate. Un retraso en las obras de infraestructura vial se traduce en mayores costos de amortización de flota y tiempos de tránsito incrementados.

Tarifas de Peaje: El nuevo modelo busca el equilibrio fiscal eliminando subsidios nacionales. Esto anticipa una readecuación tarifaria basada en costos operativos reales, impactando directamente en el costo por kilómetro transportado.

Inversión en Seguridad Vial: La licitación incluye la obligación de realizar obras de ampliación y conservación, fundamentales para reducir la siniestralidad en rutas que, por el relieve misionero, exigen intervenciones constantes que el Estado Nacional ha postergado.

Misiones y el desafío de la integración

A diferencia de los corredores del centro del país (como el Tramo Centro o Cuyo), el Corredor Noreste y Mesopotámico opera como el cordón umbilical de una provincia con el 90% de su frontera internacional. Mientras en Buenos Aires las rutas tienen un carácter predominantemente de consumo interno, en el NEA son rutas de exportación y tránsito internacional (Mercosur). La eficiencia de estas concesiones definirá si Misiones puede capitalizar las asimetrías fronterizas a través de un comercio más fluido con Brasil y Paraguay o si, por el contrario, la infraestructura se convierte en un cuello de botella.

Voces y perspectivas del sector

Desde las cámaras de transporte y la industria maderera, la expectativa es de cautela propositiva. Si bien la eliminación del déficit de las empresas públicas es un objetivo macroeconómico compartido, la preocupación radica en la transparencia de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. Los tomadores de decisiones locales priorizan que los ingresos generados por los peajes en la región se reinviertan efectivamente en los tramos del NEA y no se desvíen para subsidiar corredores con menor densidad de carga pero mayor peso político en el centro del país.

Escenario a mediano plazo

La apertura de sobres del 22 de mayo será el termómetro del interés real del capital privado por el riesgo argentino en infraestructura. Habrá que monitorear de cerca la solvencia de los grupos adjudicatarios y el cumplimiento de los planes de inversión inicial. Para el bolsillo del misionero, el impacto se sentirá no solo en el costo de los viajes particulares, sino en la traslación de los nuevos cuadros tarifarios de peaje a los precios de góndola, dada la dependencia absoluta del transporte terrestre para el abastecimiento de la provincia.

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Economía modifica pliegos y reprograma la licitación clave de rutas bajo el esquema de privatización

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El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de una nueva circular modificatoria en la licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU25, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 555/2026, redefine el cronograma del proceso y fija nuevas fechas para la presentación y apertura de ofertas en uno de los proyectos clave del esquema de privatización de la infraestructura vial.

Según lo dispuesto, el cierre para la presentación de propuestas se realizará el 11 de mayo de 2026 a las 12:00 horas, mientras que la apertura del Sobre N°1 quedó establecida para ese mismo día a las 13:00, a través del sistema CONTRAT.AR.

Privatización y rediseño del sistema vial

La modificación se inscribe en el proceso iniciado por el Gobierno tras declarar sujeta a privatización a Corredores Viales S.A., en el marco de la ley 27.742 y bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la ley 17.520.

El esquema forma parte del proyecto “Red Federal de Concesiones”, una arquitectura diseñada para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de tramos estratégicos de la red vial nacional. El objetivo explícito es eliminar el déficit operativo y reordenar las cuentas públicas en el área de infraestructura.

La licitación en cuestión abarca los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, e incluye no solo la gestión vial sino también la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Ajuste de tiempos en una licitación en marcha

La Resolución 555/2026 no altera el contenido técnico ni las condiciones estructurales del proceso licitatorio, pero introduce un cambio operativo relevante: la reprogramación de los plazos de presentación y apertura de ofertas.

La Circular Modificatoria N° 2, incorporada a los pliegos, responde a una intervención de la Secretaría de Transporte y se suma a modificaciones previas que ya habían ajustado la documentación licitatoria.

En términos concretos, el Gobierno redefine el calendario en una etapa sensible del proceso, donde se espera la participación de oferentes nacionales e internacionales.

Control del proceso y señal al mercado

El movimiento revela un doble objetivo. Por un lado, el Ministerio de Economía mantiene el control fino sobre el ritmo del proceso de privatización, ajustando plazos en función de la dinámica administrativa y del interés del mercado.

Por otro, la decisión funciona como señal hacia potenciales inversores: el proceso sigue activo, pero bajo una lógica de administración centralizada donde el Estado define tiempos y condiciones.

En un esquema de concesiones de largo plazo, el calendario no es un dato menor. Define la competencia efectiva y la calidad de las ofertas, lo que impacta directamente en la adjudicación futura.

Infraestructura, inversión y peajes

El proyecto apunta a movilizar inversión privada en infraestructura vial, trasladando al concesionario la responsabilidad de construcción, mantenimiento y explotación.

Esto implica que los ingresos del sistema estarán asociados al cobro de peajes y a actividades complementarias autorizadas en los contratos.

Aunque la resolución no modifica variables económicas directas, sí incide en el timing de una inversión potencialmente significativa, en un contexto donde el Gobierno busca reducir el gasto público y apalancarse en capital privado.

Competencia, adjudicación y modelo de gestión

La reprogramación del cronograma deja abierta una serie de variables clave. Entre ellas, el nivel de competencia en la licitación, la calidad de las propuestas y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso sin nuevas modificaciones.

También queda en juego la respuesta del mercado ante un esquema que combina apertura a la inversión privada con fuerte conducción estatal del proceso.

El 11 de mayo marcará un punto de inflexión: la apertura de ofertas permitirá medir el interés real por un modelo que redefine el rol del Estado en la infraestructura vial.

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Hidrovía: el Gobierno avanza con la licitación y deja solo a dos oferentes en carrera tras filtrar la primera etapa

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la licitación de la Vía Navegable Troncal al aprobar, el 19 de abril de 2026, la primera etapa del proceso y dejar en carrera a solo dos oferentes. A través de la Resolución 21/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se precalificaron las propuestas de JAN DE NUL N.V. junto a SERVIMAGNUS S.A. y de DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que se declaró inadmisible la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA. La apertura del Sobre N° 2 —clave para definir la adjudicación— quedó fijada para el 22 de abril a las 13 horas. La decisión ordena el proceso, pero también delimita la competencia en una licitación estratégica: ¿se consolida un esquema de concentración o se garantiza competencia real en el control de la hidrovía?

Un proceso bajo control estatal y reglas estrictas

La licitación se enmarca en el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias, con el objetivo de modernizar, ampliar y mantener el sistema de señalización y dragado desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior. Se trata de un corredor clave para el comercio exterior argentino.

El esquema institucional fue redefinido en 2025 con la creación de la ANPYN, que absorbió las funciones de la ex Subsecretaría de Puertos y de la Administración General de Puertos. Desde allí se centraliza la conducción del proceso licitatorio, con facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para llamar, evaluar y adjudicar.

Antes de llegar a esta instancia, el Gobierno habilitó una etapa de observaciones al pliego, con participación de actores del sector y recomendaciones internacionales. Ese proceso derivó en ajustes técnicos y en la apertura formal de la licitación a fines de 2025.

En febrero de 2026 se recibieron tres ofertas. Tras el análisis técnico del Sobre N° 1, la comisión evaluadora consideró admisibles dos propuestas y recomendó su precalificación. La tercera fue descartada por no cumplir un requisito clave: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

Reglas formales y tensión con los oferentes

El rechazo de DTA ENGENHARIA LTDA no solo reduce la competencia, sino que expone el peso de las condiciones formales en el proceso. La empresa intentó cuestionar el dictamen de evaluación, pero su presentación fue desestimada por no cumplir con los requisitos de impugnación, entre ellos la garantía correspondiente.

La resolución subraya un punto sensible: las instancias para cuestionar el pliego o las condiciones del proceso ya habían concluido. En ese marco, cualquier intento de revisión fuera de término es considerado improcedente.

El mensaje es claro: la administración prioriza la estabilidad jurídica del proceso y el respeto estricto a las reglas. Pero esa misma rigidez también redefine el escenario competitivo, dejando a dos actores en la instancia decisiva.

Impacto en la puja por la hidrovía

Con dos oferentes precalificados, la licitación entra en su fase más sensible. El Sobre N° 2 contendrá las variables económicas que definirán la adjudicación de una concesión que abarca dragado, señalización y mantenimiento de la principal vía de exportación del país.

La reducción de competidores puede tener efectos directos en la dinámica de la puja. Menos oferentes implica menor presión competitiva, aunque también puede interpretarse como un filtro que garantiza estándares técnicos y financieros.

Desde el punto de vista político, el Gobierno avanza con una licitación que considera estratégica para la economía nacional. El proceso busca combinar inversión privada con control estatal en un sector donde históricamente se concentran intereses económicos de alto impacto.

Definición inminente y foco en el resultado

La apertura del Sobre N° 2, prevista para el 22 de abril, marcará el inicio de la etapa final. Allí se pondrán en juego las condiciones económicas de las propuestas, incluyendo tarifas, peajes u otras formas de remuneración.

El proceso llega a esta instancia sin impugnaciones formales vigentes, lo que fortalece su validez administrativa. Sin embargo, la atención estará puesta en la transparencia de la adjudicación y en el equilibrio entre competencia y concentración.

La hidrovía vuelve a ser un eje de poder económico y político. La resolución ordena el procedimiento, pero la definición de fondo —quién controlará el principal corredor fluvial del país— todavía está en construcción.

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El Gobierno delega en provincias la concesión de rutas nacionales y redefine el esquema de poder vial

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El Gobierno avanzó con una reconfiguración concreta del mapa de poder sobre la infraestructura vial: a través del Decreto 253/2026, delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

La decisión, formalizada el 16 de abril, introduce un cambio operativo relevante. Las provincias podrán licitar, adjudicar y firmar contratos con privados o entes públicos para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas, aunque sin perder de vista un límite clave: el dominio y la jurisdicción siguen en manos del Estado nacional.

El movimiento se inscribe en una lógica más amplia de reorganización estatal y plantea una tensión de fondo: ¿se trata de un avance hacia un federalismo más dinámico o de una transferencia de responsabilidades sin cesión real de poder estructural?

Delegación sin pérdida de control

El decreto se apoya en la Ley 17.520 de concesiones de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 sobre el sistema troncal y la Ley 27.742, que promueve la reorganización del Estado. Sobre ese entramado, el Ejecutivo construye una figura específica: delegación funcional, limitada, temporal y revocable.

No hay transferencia de activos ni de jurisdicción. Sí hay traslado de facultades clave: las provincias podrán diseñar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. En términos prácticos, pasan a ser concedentes.

Pero ese poder está condicionado. Cada proceso deberá pasar por convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica, y por la aprobación de la Secretaría de Transporte. Además, el sistema mantiene auditoría y supervisión nacional.

El esquema fija plazos concretos. Las provincias tendrán un año para convocar licitaciones desde la aprobación del convenio y hasta 90 días hábiles para adjudicar y firmar contratos. Si no lo hacen, la delegación cae. Y aun cuando se concreten, los contratos no podrán superar los 30 años.

En paralelo, el decreto establece restricciones operativas: los ingresos por peaje no podrán financiar otras obras y los tramos no podrán integrarse en corredores que involucren distintas jurisdicciones. La lógica es segmentada, no sistémica.

Provincias empoderadas, Nación supervisora

La medida fortalece a los gobiernos provinciales en un terreno sensible: la infraestructura vial, clave para el desarrollo económico y la logística regional. Les otorga herramientas concretas para gestionar financiamiento, especialmente a través del sistema de peaje.

Al mismo tiempo, preserva el rol estratégico del Estado nacional. Retiene la titularidad, el control técnico y la capacidad de reasumir la gestión por razones de interés público. Es un equilibrio deliberado: descentralización operativa con centralización normativa.

En términos políticos, el decreto puede reordenar relaciones entre Nación y provincias. Aquellas que ya manifestaron interés —las nueve incluidas— pasan a tener un canal directo para intervenir en rutas nacionales. Otras jurisdicciones podrán sumarse, pero deberán solicitarlo formalmente.

También hay implicancias económicas. El esquema habilita nuevas concesiones y, con ellas, posibles inversiones privadas en infraestructura. Pero introduce una variable: cada provincia definirá condiciones económicas —como tarifas y plazos— dentro de parámetros generales. La homogeneidad del sistema podría tensionarse.

Ejecución, contratos y coordinación

El decreto abre un proceso más que cerrarlo. El primer paso será la firma de convenios con Vialidad Nacional, donde se definirán tramos específicos, condiciones y responsabilidades. Luego vendrán las licitaciones, con un plazo exigente de un año.

El foco estará en la capacidad de las provincias para estructurar proyectos viables, con financiamiento claro y equilibrio económico-financiero. También en la coordinación con el Estado nacional, que mantiene la supervisión y podrá intervenir si detecta desvíos o riesgos para el sistema vial.

En paralelo, queda latente una cuestión estructural: cómo impactará este esquema en la integración del sistema troncal nacional. La fragmentación en tramos gestionados por distintas jurisdicciones puede mejorar la respuesta local, pero exige coordinación para evitar asimetrías.

El decreto no modifica la titularidad de las rutas, pero sí altera quién toma decisiones cotidianas sobre ellas. Ese desplazamiento, aunque condicionado, reconfigura el mapa de poder en la obra pública.

Habrá que observar si la implementación consolida un modelo de gestión más ágil o si emergen tensiones entre niveles de gobierno, especialmente cuando entren en juego intereses económicos, tarifas y contratos de largo plazo.

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La ANPyN extendió el descuento del 16,7% en el peaje del Canal Martín García

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una nueva bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las Secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida, formalizada por la Resolución 6/2026, rige desde el 3 de febrero de 2026 y por 40 días corridos, y busca preservar las condiciones de navegabilidad y ordenar el tráfico en un corredor estratégico para el comercio exterior argentino.

Marco normativo y continuidad de la política de bonificaciones

La resolución se inscribe en una secuencia regulatoria iniciada con los Decretos 427/2021, 699/2024 y 709/2024, que definieron el esquema de concesión, declararon servicio público a las actividades de dragado, balizamiento y control hidrológico, y habilitaron el llamado a licitación bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o servicio público conforme a la Ley 17.520.

Posteriormente, el DNU 3/2025 creó la ANPyN como ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar en el derecho público y privado, y la estableció como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En ese marco, la Agencia asumió las facultades de Autoridad de Aplicación y Control del contrato de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná (Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, incluyendo el Canal Ingeniero Emilio Mitre y los tramos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y Paraná–Océano Atlántico.

La bonificación ahora prorrogada da continuidad a las establecidas por las Resoluciones 56/2025 y 65/2025, y a su renovación por Resolución 1/2026, que habían fijado el mismo descuento por plazos acotados. El vencimiento de ese esquema y la evaluación de resultados motivaron la nueva extensión temporal.

Alcance operativo y objetivos de la medida

La bonificación del 16,7% se aplica en ambos sentidos del tramo Sección 0.0 a Sección 1.2 del contrato vigente, exclusivamente para buques que utilicen el Canal Martín García. Según los considerandos, el objetivo central es mantener las condiciones de navegabilidad y optimizar el ordenamiento del tráfico en el Río de la Plata, en un contexto de reordenamiento de las actividades de mantenimiento y control hidrológico.

Desde el punto de vista institucional, la medida reafirma el rol de la ANPyN como autoridad técnica y regulatoria, al tiempo que articula con la Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación), que tomó intervención en el proceso. La decisión se adoptó con la intervención del servicio jurídico permanente, y se dictó en ejercicio de las facultades conferidas por el DNU 3/2025.

Impacto y proyección

En términos económicos, la prórroga del descuento reduce costos operativos para los buques que transitan el canal bonificado, con impacto directo en la competitividad logística del sistema fluvial y marítimo. Al tratarse de un corredor clave para la salida de cargas, la medida puede mejorar la previsibilidad de costos en el corto plazo y evitar desvíos de tráfico hacia rutas alternativas más onerosas.

La naturaleza temporal —40 días corridos desde el 3 de febrero de 2026— deja abierta la evaluación de nuevas prórrogas o ajustes en función de los resultados operativos y del avance del proceso licitatorio y de transición del contrato de concesión. En ese sentido, el esquema de bonificaciones aparece como una herramienta de gestión transitoria, alineada con el objetivo de regularidad, continuidad y eficiencia del servicio público de la Vía Navegable Troncal.

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